COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Hay silencios que pesan más que un discurso. Y luego está el silencio de toda la clase política de la frontera norte frente a uno de los problemas que, literalmente, tiene atorados a millones de personas: las interminables filas para regresar a México.

Paradójicamente, el problema ya no es cruzar hacia Estados Unidos. El verdadero viacrucis comienza cuando uno intenta volver a su propio país. Es ahí donde empieza el castigo. Dos, tres y hasta cuatro horas de espera para recorrer unos cuantos cientos de metros, bajo el sol del verano o el frío del invierno, respirando emisiones contaminantes, desperdiciando combustible y perdiendo horas de vida que nadie devolverá.

Y mientras eso ocurre todos los fines de semana, ¿dónde están nuestros representantes populares? ¿Dónde están los gobernadores de los estados fronterizos? ¿Los alcaldes? ¿Los diputados federales que presumen gestionar recursos para la frontera? ¿Los senadores que aseguran defender los intereses de Baja California? ¿Los congresos locales? Parecen haber cruzado por una aduana distinta, una donde el requisito indispensable para pasar es guardar absoluto silencio.

En medio de esa ausencia de voces, resulta casi irónico que quien hoy encabece el reclamo ciudadano no sea un funcionario público, sino el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval.

Le ha tocado hacer el trabajo que otros, por obligación constitucional y política, tendrían que estar realizando. Señalar el problema, documentarlo, exigir soluciones y recordar que la frontera no solamente sirve para las fotografías oficiales cuando inauguran una obra o reciben a algún funcionario federal.

Sandoval ha puesto el dedo en la llaga: desde que la operación de las aduanas mexicanas quedó en manos de las Fuerzas Armadas, el flujo para ingresar al país se ha convertido en un monumental cuello de botella. No se trata de cuestionar la honestidad de los militares ni su compromiso con el combate al contrabando. Ese no es el debate. El problema es que administrar una aduana con criterios eminentemente militares no necesariamente significa administrarla con criterios de eficiencia logística.

El resultado está a la vista.De catorce carriles disponibles, en muchas ocasiones apenas funcionan cuatro o cinco. Más adelante se reducen a dos y finalmente todos terminan formando una sola fila al pasar al semáforo fiscal. Y si la suerte no acompaña, aunque aparezca el ansiado verde, todavía existe la posibilidad de que un elemento militar decida enviarlo a revisión secundaria. Es decir, la ruleta rusa burocrática.

Lo grave no es únicamente la molestia para quienes cruzan todos los días por trabajo o estudio. El problema ya empieza a convertirse en un asunto económico y de competitividad regional. Miles de turistas estadounidenses prefieren ya no venir a Baja California durante los fines de semana porque saben que el regreso será una pesadilla. Comercios, restaurantes, hoteles y pequeños negocios dejan de recibir consumidores. Las ciudades fronterizas pierden atractivo y dinamismo. El costo económico todavía nadie lo cuantifica con precisión, pero basta observar las filas kilométricas para entender que ahí se están evaporando millones de pesos cada mes.

Y, sin embargo, el gobierno sigue actuando como si nada ocurriera. Tal vez porque quienes toman las decisiones no hacen fila. No esperan tres horas para regresar a su casa. No ven subir el indicador del combustible mientras el vehículo permanece inmóvil. No escuchan llorar a los niños desesperados ni observan a adultos mayores agotados dentro de un automóvil convertido en horno.

Ellos cruzan por accesos especiales, escoltas, agendas oficiales o simplemente sobrevuelan los problemas desde la comodidad de un escritorio climatizado. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando el costo de una política que privilegió el control sobre la eficiencia, sin encontrar el indispensable punto de equilibrio entre seguridad y movilidad.

La solución tampoco parece un misterio. Abrir la totalidad de los carriles disponibles; incrementar el personal operativo en los horarios de mayor demanda; incorporar sistemas tecnológicos de análisis de riesgo que permitan seleccionar inspecciones inteligentes y no revisiones indiscriminadas; coordinar permanentemente las autoridades mexicanas con sus contrapartes estadounidenses y establecer indicadores públicos de tiempos de cruce que obliguen a rendir cuentas. Nada de eso requiere una reforma constitucional. Sólo voluntad política. Pero esa voluntad tampoco aparece en la fila.Quizá porque, como ocurre con demasiada frecuencia en este país, los problemas dejan de existir cuando no afectan a quienes gobiernan.

Y mientras los ciudadanos seguimos atrapados entre conos, semáforos fiscales y revisiones aleatorias, Octavio Sandoval continúa haciendo el trabajo que muchos políticos abandonaron hace tiempo: darle voz a una frontera que parece condenada a esperar… incluso para poder regresar a casa. Quizá por eso el problema no les quita el sueño. Al fin y al cabo, algunos ni siquiera cuentan con visa para cruzar a Estados Unidos, así que jamás experimentarán la ironía de pasar más tiempo intentando regresar a México que entrando al país vecino.

Y quienes sí la tienen, probablemente cruzan por los carriles de cortesía, con escoltas o invitaciones oficiales. Las filas, como tantas otras incomodidades del servicio público, quedaron reservadas para los ciudadanos que pagan impuestos… y la paciencia.

Los retenes…otra vez

Creí que nunca volvería a escribir sobre este tema. Pensé que el país había aprendido que una carretera no puede convertirse en un castigo para quien trabaja, produce o simplemente viaja con su familia. Me equivoqué.

En los años de Francisco Sahagún Baca y la temida Policía Judicial Federal, los retenes eran el símbolo de una guerra contra las drogas que se medía en toneladas decomisadas y conferencias de prensa. Mientras los funcionarios presumían estadísticas, los ciudadanos acumulaban horas perdidas, malos tratos y la certeza de que, para la autoridad, todos eran sospechosos hasta demostrar lo contrario.

Querobabi, en Sonora, se convirtió en el ejemplo perfecto. Como reportero de “El Imparcial” documenté durante meses las interminables filas, los abusos y la desesperación de automovilistas y transportistas.

Las denuncias llegaron tan lejos que obligaron al gobierno federal a modernizar el punto de revisión. Parecía que alguien había entendido que seguridad y respeto al ciudadano no eran conceptos incompatibles.

Pero México es un país con una extraña fascinación por tropezar con la misma piedra… y luego colocarle presupuesto.Hoy regresan los retenes. Vuelven las filas de cuatro, seis u ocho horas; regresan las pérdidas para los transportistas, el encarecimiento de los productos y la irritación de miles de familias.

Lo curioso es que, mientras los delincuentes parecen moverse con sorprendente agilidad, quienes permanecen inmóviles son los ciudadanos que cumplen la ley.

Resulta una estrategia singular: para combatir a quienes burlan la autoridad, primero se detiene a quienes sí la respetan. El retén entre Sonora y Baja California ya empieza a generar el mismo hartazgo de hace décadas.

Y la historia demuestra que cuando las filas se vuelven interminables, las protestas no tardan en aparecer.

Tal vez sea momento de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval, coloque este asunto sobre la mesa. Porque aquí ya no hablamos únicamente de seguridad pública.

Hablamos de competitividad, de productividad y de millones de pesos perdidos mientras los motores permanecen encendidos y el reloj sigue avanzando.

La seguridad nunca debería medirse por el número de vehículos detenidos, sino por el número de delincuentes capturados. Lo demás es burocracia con uniforme.Y cuidado. Porque los retenes tienen una curiosa habilidad: empiezan revisando cajuelas y terminan agotando la paciencia de todo un país.

Ya lo vivimos una vez. Sería imperdonable descubrir que, después de tantos años, lo único que realmente evolucionó fue el tamaño de las filas.

Varios son los reportes que han llegado a esta redacción sobre el comportamiento hostigador de la subrecaudadora Bianka Viramontes Cervantes, quien se subió a un ladrillo y perdió el piso.

Ustedes se preguntarán por qué puede hacer lo que le de la gana, correr gente, ponerle cámaras, ordenarle a las subalternas que se pinten el cabello porque a ella no le gusta el color, etcétera, y pues la información que nos hacen llegar señala que la subrecaudadora tiene una relación sentimental con uno de los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante, lo que explicaría la falta de acción para resolver el tema.

Uno de los mensajes se pregunta si en realidad es tiempo de mujeres, ya que ni Bustamante ni Claudia Beltrán, actual oficial mayor del Municipio, hacen algo para impedir que Viramontes abuse de su poder.

“Hasta ahorita son 9 empleados que la acusan de hostigamiento, humillaciones, malos tratos y acoso laboral, con suficientes pruebas y denuncias ante la Sindicatura”, precisa una de las quejas que piden sea anónima.

Una de las afectadas, junto con el personal del Sindicato de Burócratas -que tampoco parece tomar cartas en el asunto, dejando a sus agremiados desprotegidos- acudieron con Claudia Beltrán, la cual se lavó las manos y pasó el tema al jefe de recursos humanos Julián Alanís. El caso es que nadie hace nada, las denuncias no proceden y la recaudadora sigue imponiendo su poder, agregan.

“Es muy mala; todos somos sindicalizados, no tenemos horario, lo cambian de un momento a otro, hace comentarios de desprecio y se jacta de que no le han hecho nada, ni le harán nada”, reportaron los empleados.

Una publicación en redes sociales relata: “Toda la Recaudación le tiene miedo porque aparenta tener cara de santa pero nada que ver, se cree mucho porque es novia de uno de los hijos de la Presidenta Municipal, por eso ha estado dos administraciones. Así como igual se han vistos temas de que ha metido amigas suyas a trabajar y el mismo día o a la semana las corre”.

Quien hizo la publicación, añadió que trabajó en el área de predial con un contrato de 3 meses; que tenía una compañera “muy linda” y que Viramontes la discriminaba por tener el cabello rubio. Llegó a decirle que “ese cabello sólo lo usan las put*s zorr*s, y que se lo pintara de negro o no le iba a permitir nunca más el acceso a la Recaudación”.

Además del hostigamiento, hay paranoia por parte de la subrecaudadora, yq eu instaló cámaras por todos lados y les quita el celular antes de entrar a quienes pasan a su oficina para que no la graben en audio ni video, porque sabe que dice y hace cosas que no debería.

Hace unos días trascendió que Blanca Esmeralda Vera Martínez, presunta víctima y empleada de recaudación de rentas municipal, presentó una denuncia hace semanas en contra de Bianka Viramontes por hostigamiento y acoso laboral.

“En todo este tiempo que he laborado con ella, he visto como compañeros y compañeras han entrado y salido del área por disposición de ella, ella ha manejado a la gente ahí como quiere, personas que hemos sido hostigadas, muchas están amenazadas por perder su trabajo”, reveló.

Qué pena que el gobierno que dice defender a las mujeres acumule tantos casos de acoso y hostigamiento y se hagan patos. Esto va desde las empleadas municipales con el tema anterior, una mujer que trabajaba en la oficina de la gobernadora, y un diputada morenista insultada por un pseudoperiodista a quien el propio gobierno le sigue pagando publicidad como si nada hubiera ocurrido.

Y hablando de funcionarias, resulta que Mónica Medina, hija del doctor Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, ya no trabaja en Issstecali, donde nunca debió haber trabajado.

Primero la acomodaron como staff de la gobernadora, y andaba dando vueltas en la sala Gobernadores con un chícharo en el oído, los miércoles de mañanera. Luego se les ocurrió la genial idea de acomodarla en un instituto quebrado, el Issstecali, poniéndole más carga burocrática.

Total, si Dagoberto Valdez metió a los “Marinos de Marina”, pues inventar el cargo de relaciones públicas para una recomendada, pues qué más da. A la influencer no parece irle mal anunciando tacos, gimnasios o calzones menstruales, así que la suplente de Jaime Cantón no tenía necesidad de desangrar al Issstecali (ni su papá de quemarse con ese acto de nepotismo).

En otros temas, nos llega la queja de que mientras la Toyota anda haciendo maletas, el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui anda ocupado promocionando el café de su novia. Por cierto que debió salir Kurt Honold a responder ese tema, ya que tiene que ver más con economía que con trabajo -por ahora.

Finalmente, la fiscal general María Elena Andrade, está como Sócrates: solo sabe que no sabe nada. Se le cuestionó sobre las acusaciones de empleados retirados a quienes se les está negando el derecho a que se les otorgue su pensión por invalidez toda vez que ya fueron debidamente dictaminados por un médico de Salud Ocupacional de ISSSTECALI, negándose siquiera a notificarles su dictamen de manera formal por parte de la Directora de Capital Humano y/o el Oficial Mayor de la Fiscalía, Ricardo Daniel Garduño Barrera.

También se le cuestionó el asunto de la funcionaria de fiscalía, amiga de la gobernadora, quien lleva tres años consecutivos haciendo las fiestas infantiles de su hija en las oficinas de la FGE. Esta última vez acudió visitaduría a la hora del festejo, levantó un acta y horas más tarde ordenaron romperla y aquí no pasó nada. Pues la fiscal dijo hoy que no sabe nada de ambos casos. Si no sabe qué pasa en sus oficinas, qué podemos esperar que sepa de lo que pasa fuera de ellas.

Pues resulta que el Ayuntamiento de Mexicali no hace otra cosa que quedar mal una y otra vez con los bomberos. A finales de abril pasado anunciaron con bombo y platillo una jornada de espirometrías. Se proyectó la evaluación de cerca de 300 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad, “un hito histórico para la corporación”, ya que durante años no se habían evaluado integralmente de esta manera. Este estudio sirve para detectar a tiempo anomalías pulmonares, identificar daños respiratorios y crear un historial clínico preventivo para los rescatistas. Y nada, que los dejaron esperando sentados.

Luego en junio les habían prometido a los bomberos jubilados y pensionados el pago de sus finiquitos, hasta les habían dado fecha, y luego les salieron con que “habían calculado mal los impuestos” para no cumplir su promesa. Una excusa bastante malita y que no convenció a nadie.

Ahora les salen con la novedad de que el Ayuntamiento no tiene dinero para cumplir su palabra sobre uniformes y equipos para los “tragahumo”, y que los de recursos materiales y recursos humanos del ayuntamiento, están buscando un crédito con los proveedores “para hacer la compra más rápido”… pobrecitos. Pero sí hubo para rentar el Lux más de un año sin que pasara absolutamente nada con ese inmuble en ruinas; o para comprar “asesorías” por 25 millones el 2024 y otros 25 millones el 2025, mayoritariamente con el exjefe de la hija de la alcaldesa; o hacerse de la vista gorda con los moches que se lleva “el tigre”, el hijo tranza de Norma Bustamante.

Nos dicen los bomberos que en la zona sur del valle de Mexicali no hay ambulancias: El Faro, el Carranza, El km 43, el ejido Michoacán de Ocampo, El 57, el ejido Nuevo León, el Delta y el Sansón Flores, así que evite tener algún percance por allá.

Miguel Ángel Hinojosa Aguilar, alias El Rodilla.

Pues nos cuentan los que saben, que está raro el caso del tal Miguel Ángel Hinojosa Aguilar, alias “El Rodilla”, cuya detención fue muy cacareada por la Fiscalía General del estado (FGE) como “presunto relacionado” con las desapariciones de personas encontradas en las fosas del poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali.

Nos dicen que seguramente la acusación de la FGE no es por desaparición forzada, sino sería un delito menor, de tal forma que esa mención de “podría tener relación” pudiera tratarse de apariencia de resultados en el caso del panteón clandestino, pero sin bases firmes.

Y conste que no defendemos al tal Rodilla, porque es un pájaro de cuenta y fiscalía ha tenido muchísimas oportunidades de separarlo de la sociedad, si hubiera hecho bien su trabajo. Aquí la lista de antecedentes del angelito: usa tres alias; ha sido detenido por portación de arma prohibida, delitos contra la salud, tres veces por robo de vehículo; tres veces por robo; cuatro veces por falta al bando; usar un vehículo con placas robadas;violencia familiar y robo calificado a lugar cerrado.

Tiene en su haber averiguaciones previas por amenazas, robo simple, extorsión, lesiones calificadas, daño en propiedad ajena intencional, robo de vehículo, violación, homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y robo en casa habitación. ¿Por qué estaba en libertad después de todo eso?