El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el estado, Octavio Sandoval, opinó que aunque ya había un antecedente sobre la importación de hidrocarburos por parte del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, es el mejor ejemplo de caja china o distractor que pueda haber en estos momentos tras darse a conocer el tercer audio filtrado de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Dijo en entrevista telefónica que si hay conductas empresariales irregulares, que se le investigue, pero no hay que mezclar las dos cosas; la política y una investigación seria sobre la posible comisión de delitos.

En los audios que se han filtrado, manifestó, la propia mandataria involucró a Jaime Bonilla, quien aprovechó para destapar a Montserrat Caballero. Las grabaciones son ilícitas, pero ella ha reconocido su autenticidad, y destacan dos cuestiones: la primera es que acepta que ha cruzado a Estados Unidos a reunirse con autoridades de aquel país, y la segunda es que aceptó estar dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad, que según la federación no tocan temas relevantes, agregó.

La gente saca sus conclusiones; a la gente no se le engaña, por eso las redes están ardiendo, porque a todos nos molestan las mentiras, señaló el líder empresarial.

También el diputado federal morenista Armando Samaniego opinó sobre la detención del primer gobernador de oposición en la historia del país.

Apuntó que esta detención es por posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, ya que hay que recordar que Ruffo es fundador de Ingemar.

Esta empresa, añadió, está vinculada a un operativo realizado por las autoridades en julio del año pasado en Coahuila, donde decomisaron cerca de 15.5 millones de litros de combustible y 129 camiones cisterna, por lo que debe investigarse y actuar con justicia.

En cambio, hay que destacar que hay pocos avances conocidos sobre el caso del decomiso masivo de combustible ilegal ocurrido en marzo de 2025 en un predio de El Sauzal de Rodríguez, Ensenada, Baja California propiedad de Gerardo Novelo Osuna.

A finales de marzo del año pasado, autoridades federales -Sedena, Guardia Nacional, Semar, FGR, Pemex y Protección Civil-, realizaron un operativo tras una denuncia ciudadana, donde aseguraron cerca de 7.9 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita.

El predio está ubicado en el km 100 de la carretera Tijuana-Ensenada, en la delegación de El Sauzal, cerca de un poliducto de Pemex. Novelo Osuna se deslindó rápidamente: publicó que lo tenía arrendado a Luis Francisco Rodríguez Orozco (alias “Gussy”) mediante contrato. Luego eliminó la publicación.

La FGR lo investiga por presunta participación en la red de huachicol. Fue citado a declarar en abril 2025, no acudió y obtuvo un amparo contra posible orden de aprehensión.

Este decomiso fue por la introducción ilegal de diésel por el puerto de Ensenada mediante buques, con documentación falsa, declarado como aditivos/lubricantes para evadir IEPS. Es parte de una red mayor que involucra empresarios, piperos y posibles complicidades aduanales/portuarias, vinculada en algunos reportes al CJNG.

Hasta 2026, hay al menos 12 involucrados identificados. Algunos como los hermanos Amaya Olvera están detenidos en Ensenada, mientras otros stán prófugos o en otros procesos. El predio de Novelo sigue asegurado.

El caso generó polémica política por la figura de Novelo, como parte de Morena y críticas a la impunidad de los “peces gordos” frente a detenidos menores.

Este jueves, en atención a medios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California hizo un llamado al Gobierno del Estado a hablar con transparencia ante la controversia generada por los recientes audios relacionados con la gobernadora Marina del Pilar.

Octavio Sandoval señaló que el sector empresarial considera indispensable que la administración estatal informe con claridad sobre la situación y despeje las dudas que han surgido en torno al caso.

Expuso que la titular del Ejecutivo estatal debe valorar el efecto que este contexto tiene en su vida personal, en su administración y en la ciudadanía.

Sandoval aclaró que el CCE no está solicitando que la gobernadora se separe del cargo, sino que cumpla con las responsabilidades para las que fue electa, entre ellas garantizar condiciones de seguridad, justicia, desarrollo económico y prosperidad para el estado.

También hizo un llamado a legisladores, alcaldes y demás funcionarios públicos para que se concentren en el trabajo por el que fueron electos y no en andar en campaña.

Con respecto a los audios que han circulado públicamente, el dirigente empresarial consideró que existen inconsistencias entre su contenido y las explicaciones ofrecidas por el Gobierno del Estado, y remarcó que los bajacalifornianos merecen siempre la verdad.

Sostuvo que hay reglas básicas que señalan que los asuntos de alta sensibilidad no se deben manejar por teléfono ni WhatsApp y menos con personas desconocidas y de otro país.

El Partido Acción Nacional señaló que, ante la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

Acción Nacional manifestó en comunicado de prensa su confianza en que Ernesto Ruffo aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

El PAN sostuvo que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas y todos. Mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes.

La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca.

Asimismo, Acción Nacional consideró que resulta inevitable observar que esta detención ocurre en medio de la creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora Marina del Pilar, quien continúa sin ofrecer respuestas suficientes sobre los graves señalamientos que pesan en su contra.

La coincidencia de estos hechos hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados, dice el blanquiazul.

La confianza en las instituciones sólo puede construirse cuando la ley se aplica de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos.

El PAN reiteró que siempre defenderá el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante la ley, convencido de que la justicia sólo fortalece a México cuando se aplica con independencia, sin consigna y con pleno respeto a los derechos de todas las personas.