La organización civil Somos México exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien considera víctima de un “inaudito atropello” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la agrupación calificó la detención como arbitraria e ilegal, y señaló que se trata de una acción destinada a distraer la atención pública de los escándalos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado que involucran a gobernadores y funcionarios cercanos al actual gobierno federal.

“Los huachicoleros no están en la sociedad civil, sino en el gobierno”, afirma el documento, en el que se acusa a la fiscal Ernestina Godoy de actuar de manera abusiva contra Ruffo mientras, según la organización, ignora “la más grande de la historia” en materia de fraude fiscal y tráfico ilegal de combustibles.

Según Somos México, la detención de Ruffo Appel —prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano— forma parte de una cortina de humo para desviar la atención sobre las “grabaciones públicas de la gobernadora Marina del Pilar” y sus supuestas negociaciones al margen de la ley con agentes norteamericanos.

La organización también recordó que en meses anteriores Ruffo Appel había hecho públicas sus denuncias sobre irregularidades en trámites administrativos relacionados con la importación de aduanas y productos energéticos, señalando directamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como responsable de permitir o no evitar el tráfico de huachicol.

“Exigimos la inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo de esta organización”, concluye el comunicado fechado el 16 de julio de 2026.

Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno federal han emitido una respuesta oficial a las demandas de Somos México. El caso ha generado polémica en círculos políticos y empresariales, donde se debate si se trata de un legítimo acto de procuración de justicia o de un uso político de las instituciones.

La dirigente estatal de Morena en Baja California, Rosina del Villar, criticó la postura del PAN tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por parte de la Fiscalía General de la República, al considerar que el partido busca politizar el caso y restarle gravedad.

Por medio de un comunicado, Del Villar calificó como un acto de “descaro y cinismo” que la dirigencia panista describa la orden de aprehensión como un “distractor” o una “maniobra burda y sucia”, al sostener que se trata de una acción derivada de una investigación federal.

Sostuvo que la justicia federal no responde a intereses políticos locales, por lo que rechazó los señalamientos que vinculan el caso del exmandatario panista con la difusión de audios relacionados con la gobernadora Marina del Pilar.

Señaló que, mientras el PAN considera la aplicación de la ley como una “cortina de humo”, para Morena y para la ciudadanía de Baja California representa un acto de justicia.

Recordó que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y aseguró que la orden de aprehensión fue solicitada y obtenida ante un juez con base en una investigación relacionada con operaciones presuntamente realizadas por una empresa vinculada al exgobernador.

Por lo que hizo un llamado a Acción Nacional para dejar de victimizarse y asumir las consecuencias legales de las acciones de sus militantes.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el estado, Octavio Sandoval, opinó que aunque ya había un antecedente sobre la importación de hidrocarburos por parte del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, es el mejor ejemplo de caja china o distractor que pueda haber en estos momentos tras darse a conocer el tercer audio filtrado de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Dijo en entrevista telefónica que si hay conductas empresariales irregulares, que se le investigue, pero no hay que mezclar las dos cosas; la política y una investigación seria sobre la posible comisión de delitos.

En los audios que se han filtrado, manifestó, la propia mandataria involucró a Jaime Bonilla, quien aprovechó para destapar a Montserrat Caballero. Las grabaciones son ilícitas, pero ella ha reconocido su autenticidad, y destacan dos cuestiones: la primera es que acepta que ha cruzado a Estados Unidos a reunirse con autoridades de aquel país, y la segunda es que aceptó estar dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad, que según la federación no tocan temas relevantes, agregó.

La gente saca sus conclusiones; a la gente no se le engaña, por eso las redes están ardiendo, porque a todos nos molestan las mentiras, señaló el líder empresarial.

También el diputado federal morenista Armando Samaniego opinó sobre la detención del primer gobernador de oposición en la historia del país.

Apuntó que esta detención es por posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, ya que hay que recordar que Ruffo es fundador de Ingemar.

Esta empresa, añadió, está vinculada a un operativo realizado por las autoridades en julio del año pasado en Coahuila, donde decomisaron cerca de 15.5 millones de litros de combustible y 129 camiones cisterna, por lo que debe investigarse y actuar con justicia.

En cambio, hay que destacar que hay pocos avances conocidos sobre el caso del decomiso masivo de combustible ilegal ocurrido en marzo de 2025 en un predio de El Sauzal de Rodríguez, Ensenada, Baja California propiedad de Gerardo Novelo Osuna.

A finales de marzo del año pasado, autoridades federales -Sedena, Guardia Nacional, Semar, FGR, Pemex y Protección Civil-, realizaron un operativo tras una denuncia ciudadana, donde aseguraron cerca de 7.9 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita.

El predio está ubicado en el km 100 de la carretera Tijuana-Ensenada, en la delegación de El Sauzal, cerca de un poliducto de Pemex. Novelo Osuna se deslindó rápidamente: publicó que lo tenía arrendado a Luis Francisco Rodríguez Orozco (alias “Gussy”) mediante contrato. Luego eliminó la publicación.

La FGR lo investiga por presunta participación en la red de huachicol. Fue citado a declarar en abril 2025, no acudió y obtuvo un amparo contra posible orden de aprehensión.

Este decomiso fue por la introducción ilegal de diésel por el puerto de Ensenada mediante buques, con documentación falsa, declarado como aditivos/lubricantes para evadir IEPS. Es parte de una red mayor que involucra empresarios, piperos y posibles complicidades aduanales/portuarias, vinculada en algunos reportes al CJNG.

Hasta 2026, hay al menos 12 involucrados identificados. Algunos como los hermanos Amaya Olvera están detenidos en Ensenada, mientras otros stán prófugos o en otros procesos. El predio de Novelo sigue asegurado.

El caso generó polémica política por la figura de Novelo, como parte de Morena y críticas a la impunidad de los “peces gordos” frente a detenidos menores.