De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Baja California, en lo que va de este 2026 se han confirmado 53 decesos provocados por el contagio de rickettsiosis.

A la fecha, las autoridades han identificado 120 casos confirmados de un universo cercano a 600 pacientes de casos sospechosos.

El director de Servicios de Salud de ISESALUDBC, Néstor Saúl Hernández, informó que los casos positivos se han presentado principalmente en los municipios con mayor población.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el funcionario, Tijuana concentra 43 casos, seguida de Mexicali con 37, Ensenada con 34 y San Quintín con 11.

La distribución de los fallecimientos también refleja una situación preocupante, Tijuana acumula 17 defunciones, mientras que Mexicali registra 16, Ensenada 14 y San Quintín seis.

La rickettsiosis es una enfermedad tratable que se transmite al ser humano por la picadura de la garrapata café, vector portador de la enfermedad, por lo que, de ser picado, es fundamental que se reciba el tratamiento antes de los cinco días posteriores al contagio.

Por esta razón, se recomienda a la población acudir al médico inmediatamente si presenta síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares o de articulaciones, náusea o vómito y pérdida de apetito.

El llamado a la población es estar atentos a cualquier síntoma, sobre todo si se cuenta con mascotas en casa o los alrededores o se vive en zonas con presencia de perros callejeros.

La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.

El diputado federal Armando Samaniego calificó este jueves el gasto público destinado a la renta y acondicionamiento del Cine Lux como “la vergüenza más grande que tiene Mexicali” y exigió total transparencia sobre los 16 millones de pesos invertidos en un inmueble de propiedad privada.

Durante su intervención, el legislador de Morena recordó los principios fundacionales del movimiento y demandó que los gobiernos emanados de ese partido rindan cuentas con claridad ante cualquier duda sobre el uso de recursos públicos.

“Prometimos ser diferentes. A mí me tocó estar en el plantón con López Obrador, marchar en el desafuero, y creo que los gobiernos emanados de Morena tienen que ser totalmente honestos y transparentes. Cuando haya la menor duda de alguna compra o licitación, tienen que abrirse a la gente, al pueblo, a los medios y a quien pregunte, para que quede totalmente claro”, afirmó.

Sobre el Cine Lux, Samaniego subrayó que “es la vergüenza más grande que tiene Mexicali últimamente” ya que tener un edificio privado e invertirle esa cantidad de dinero para prestar un servicio es reprobable.

El diputado exigió la publicación del catálogo de conceptos de los recursos ejercidos. “Una de las máximas de Morena es consultar a la gente. En cualquier obra pública se desarrolla un catálogo de conceptos donde se especifica cuánto costó cada tornillo y cada metro de cableado. Queremos ver ese catálogo de conceptos de los 16 millones que se gastaron en ese edificio privado: qué compraron, dónde lo compraron y cómo lo compraron”, manifestó.

Samaniego reiteró que la ciudadanía tiene derecho a solicitar información pública y que las autoridades están obligadas a entregarla para preservar la confianza de la población.