COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

El Día del Abogado en México se ha convertido en fiesta de molinos disfrazados de gigantes. El sistema de justicia, tanto local como federal, gira entre corrupción, simulación y falta de acceso real a la justicia. En los tribunales se repiten fraudes disfrazados de elecciones. En los federales se pregona justicia abierta que no abre camino a los desaparecidos ni a los vulnerables. La justicia aparece como doncella vendada, cuando debería mostrarse como dama incorruptible y clara.

Muchos notables callan como mudos. Otros se arriman al poder como moscas a la miel. El mérito no vale si se anda cerca del amo. La mayoría de las facultades de derecho, que deberían ser templos de saber, se prestan a campañas y discursos huecos como mesones de feria, incluso permitiendo que sus espacios se usen para simulaciones políticas que comprometen su neutralidad. Más papeles que justicia. Más sellos que verdades.

Incluso la Suprema Corte organiza eventos de “justicia abierta y cercana al pueblo”. Pero esa justicia sigue siendo simulación: se anuncia como nueva, pero permanece vendada y oculta, envuelta en retórica popular. Ironía pura: el día que debería ser fiesta de la dignidad jurídica se convierte en escaparate de discursos huecos.

No todo está perdido. Hay jóvenes que estudian leyes con convicción, abogados que aún creen en la justicia y maestros y litigantes en retiro, como exjueces, magistrados y ministros éticos que siguen vivos.

El Derecho no es negocio, es servicio. La ética no se predica como sermón, se vive como pan de cada día. Sin embargo, el mensaje que reciben los estudiantes es devastador: el mérito no importa si se está cerca del poder.

La justicia no se tuerce sola. Se tuerce porque hay ciudadanos que la empujan hacia la trampa. Empresarios que contratan abogados sin ética para ganar pleitos injustos, familias que buscan favores en lugar de derechos y ciudadanos que aceptan la corrupción como si fuera camino natural.

El ciudadano no es escudero de la justicia, es cliente que paga por torcerla. La justicia se corrompe cuando la sociedad la tolera como moneda de cambio.

También se dignifica cuando el pueblo exige rectitud y premia a los abogados que sirven con honor. La justicia no puede sostenerse sin respeto a los principios constitucionales. La irretroactividad, el respeto a la propiedad privada, a la certeza jurídica y los derechos humanos no son adornos, son pilares.

La independencia judicial es condición indispensable para que los juzgadores sean capaces de recordar, como en Berlín, que siempre debe haber jueces y magistrados dispuestos a frenar el abuso del poder. Las facultades de derecho deben revisar sus planes de estudio para formar abogados críticos y comprometidos. La crítica debe acompañarse de propuestas: transparencia en tribunales, rendición de cuentas y ética profesional desde la formación.

Existen caballeros y damas de la abogacía que aún dignifican la profesión: estudiantes, litigantes, jueces y ciudadanos que rechazan la corrupción. Ellos son los que demuestran que, pese a todo, aún hay jueces en Berlín.

La justicia, aunque hoy parezca sometida al capricho del poder, todavía puede ser un gigante noble, pero solo si se la enfrenta con convicción y ética.

Este 12 de julio de 2026 no debe ser solo un día de discursos huecos. Recordemos que desde 1960, cuando se instituyó oficialmente el Día del Abogado en México, la intención era honrar la dignidad de la profesión y el compromiso con el Estado de Derecho.

Hoy, más que nunca, esa conmemoración debe ser un recordatorio de que aún hay caballeros y damas de la abogacía que defienden la justicia. Felicitamos a quienes, desde la academia, el litigio, el juzgado y el retiro, sostienen la justicia como pan de cada día. Y a la ciudadanía que elige rectitud sobre simulación.

El Día del Abogado en México no debe ser ritual vacío. Debe ser compromiso con la dignidad de la profesión. La verdadera fiesta será cuando la justicia deje de ser privilegio y se convierta en derecho efectivo para todos. “Porque la justicia no se honra con brindis ni aplausos huecos, sino con sentencias justas, con litigios defendidos con empatía y ética y con enseñanzas académicas que forman generaciones capaces de resistir al poder.”

*Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Hay silencios que pesan más que un discurso. Y luego está el silencio de toda la clase política de la frontera norte frente a uno de los problemas que, literalmente, tiene atorados a millones de personas: las interminables filas para regresar a México.

Paradójicamente, el problema ya no es cruzar hacia Estados Unidos. El verdadero viacrucis comienza cuando uno intenta volver a su propio país. Es ahí donde empieza el castigo. Dos, tres y hasta cuatro horas de espera para recorrer unos cuantos cientos de metros, bajo el sol del verano o el frío del invierno, respirando emisiones contaminantes, desperdiciando combustible y perdiendo horas de vida que nadie devolverá.

Y mientras eso ocurre todos los fines de semana, ¿dónde están nuestros representantes populares? ¿Dónde están los gobernadores de los estados fronterizos? ¿Los alcaldes? ¿Los diputados federales que presumen gestionar recursos para la frontera? ¿Los senadores que aseguran defender los intereses de Baja California? ¿Los congresos locales? Parecen haber cruzado por una aduana distinta, una donde el requisito indispensable para pasar es guardar absoluto silencio.

En medio de esa ausencia de voces, resulta casi irónico que quien hoy encabece el reclamo ciudadano no sea un funcionario público, sino el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval.

Le ha tocado hacer el trabajo que otros, por obligación constitucional y política, tendrían que estar realizando. Señalar el problema, documentarlo, exigir soluciones y recordar que la frontera no solamente sirve para las fotografías oficiales cuando inauguran una obra o reciben a algún funcionario federal.

Sandoval ha puesto el dedo en la llaga: desde que la operación de las aduanas mexicanas quedó en manos de las Fuerzas Armadas, el flujo para ingresar al país se ha convertido en un monumental cuello de botella. No se trata de cuestionar la honestidad de los militares ni su compromiso con el combate al contrabando. Ese no es el debate. El problema es que administrar una aduana con criterios eminentemente militares no necesariamente significa administrarla con criterios de eficiencia logística.

El resultado está a la vista.De catorce carriles disponibles, en muchas ocasiones apenas funcionan cuatro o cinco. Más adelante se reducen a dos y finalmente todos terminan formando una sola fila al pasar al semáforo fiscal. Y si la suerte no acompaña, aunque aparezca el ansiado verde, todavía existe la posibilidad de que un elemento militar decida enviarlo a revisión secundaria. Es decir, la ruleta rusa burocrática.

Lo grave no es únicamente la molestia para quienes cruzan todos los días por trabajo o estudio. El problema ya empieza a convertirse en un asunto económico y de competitividad regional. Miles de turistas estadounidenses prefieren ya no venir a Baja California durante los fines de semana porque saben que el regreso será una pesadilla. Comercios, restaurantes, hoteles y pequeños negocios dejan de recibir consumidores. Las ciudades fronterizas pierden atractivo y dinamismo. El costo económico todavía nadie lo cuantifica con precisión, pero basta observar las filas kilométricas para entender que ahí se están evaporando millones de pesos cada mes.

Y, sin embargo, el gobierno sigue actuando como si nada ocurriera. Tal vez porque quienes toman las decisiones no hacen fila. No esperan tres horas para regresar a su casa. No ven subir el indicador del combustible mientras el vehículo permanece inmóvil. No escuchan llorar a los niños desesperados ni observan a adultos mayores agotados dentro de un automóvil convertido en horno.

Ellos cruzan por accesos especiales, escoltas, agendas oficiales o simplemente sobrevuelan los problemas desde la comodidad de un escritorio climatizado. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando el costo de una política que privilegió el control sobre la eficiencia, sin encontrar el indispensable punto de equilibrio entre seguridad y movilidad.

La solución tampoco parece un misterio. Abrir la totalidad de los carriles disponibles; incrementar el personal operativo en los horarios de mayor demanda; incorporar sistemas tecnológicos de análisis de riesgo que permitan seleccionar inspecciones inteligentes y no revisiones indiscriminadas; coordinar permanentemente las autoridades mexicanas con sus contrapartes estadounidenses y establecer indicadores públicos de tiempos de cruce que obliguen a rendir cuentas. Nada de eso requiere una reforma constitucional. Sólo voluntad política. Pero esa voluntad tampoco aparece en la fila.Quizá porque, como ocurre con demasiada frecuencia en este país, los problemas dejan de existir cuando no afectan a quienes gobiernan.

Y mientras los ciudadanos seguimos atrapados entre conos, semáforos fiscales y revisiones aleatorias, Octavio Sandoval continúa haciendo el trabajo que muchos políticos abandonaron hace tiempo: darle voz a una frontera que parece condenada a esperar… incluso para poder regresar a casa. Quizá por eso el problema no les quita el sueño. Al fin y al cabo, algunos ni siquiera cuentan con visa para cruzar a Estados Unidos, así que jamás experimentarán la ironía de pasar más tiempo intentando regresar a México que entrando al país vecino.

Y quienes sí la tienen, probablemente cruzan por los carriles de cortesía, con escoltas o invitaciones oficiales. Las filas, como tantas otras incomodidades del servicio público, quedaron reservadas para los ciudadanos que pagan impuestos… y la paciencia.

Los retenes…otra vez

Creí que nunca volvería a escribir sobre este tema. Pensé que el país había aprendido que una carretera no puede convertirse en un castigo para quien trabaja, produce o simplemente viaja con su familia. Me equivoqué.

En los años de Francisco Sahagún Baca y la temida Policía Judicial Federal, los retenes eran el símbolo de una guerra contra las drogas que se medía en toneladas decomisadas y conferencias de prensa. Mientras los funcionarios presumían estadísticas, los ciudadanos acumulaban horas perdidas, malos tratos y la certeza de que, para la autoridad, todos eran sospechosos hasta demostrar lo contrario.

Querobabi, en Sonora, se convirtió en el ejemplo perfecto. Como reportero de “El Imparcial” documenté durante meses las interminables filas, los abusos y la desesperación de automovilistas y transportistas.

Las denuncias llegaron tan lejos que obligaron al gobierno federal a modernizar el punto de revisión. Parecía que alguien había entendido que seguridad y respeto al ciudadano no eran conceptos incompatibles.

Pero México es un país con una extraña fascinación por tropezar con la misma piedra… y luego colocarle presupuesto.Hoy regresan los retenes. Vuelven las filas de cuatro, seis u ocho horas; regresan las pérdidas para los transportistas, el encarecimiento de los productos y la irritación de miles de familias.

Lo curioso es que, mientras los delincuentes parecen moverse con sorprendente agilidad, quienes permanecen inmóviles son los ciudadanos que cumplen la ley.

Resulta una estrategia singular: para combatir a quienes burlan la autoridad, primero se detiene a quienes sí la respetan. El retén entre Sonora y Baja California ya empieza a generar el mismo hartazgo de hace décadas.

Y la historia demuestra que cuando las filas se vuelven interminables, las protestas no tardan en aparecer.

Tal vez sea momento de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval, coloque este asunto sobre la mesa. Porque aquí ya no hablamos únicamente de seguridad pública.

Hablamos de competitividad, de productividad y de millones de pesos perdidos mientras los motores permanecen encendidos y el reloj sigue avanzando.

La seguridad nunca debería medirse por el número de vehículos detenidos, sino por el número de delincuentes capturados. Lo demás es burocracia con uniforme.Y cuidado. Porque los retenes tienen una curiosa habilidad: empiezan revisando cajuelas y terminan agotando la paciencia de todo un país.

Ya lo vivimos una vez. Sería imperdonable descubrir que, después de tantos años, lo único que realmente evolucionó fue el tamaño de las filas.