El presidente del CCE en Baja California, Octavio Sandoval, expresó que lamentan mucho que el Gobierno del Estado esté distraído construyendo una respuesta a estas nuevas revelaciones, cuando debería estar enfocado en gestionar ante CFE una estrategia para contener los apagones o resolviendo los problemas de inseguridad de Tecate y Rosarito.

“Los bajacalifornianos necesitamos un gobierno enfocado en resolver los problemas”, manifestó.
Respecto a los nuevos audios, dijo que terminan por confirmar las contradicciones de las explicaciones anteriores.

Baja California no merece tener gobernantes enfrascados en una lucha de poder y con campañas electorales anticipadas, opinó Sandoval.

La diputada panista Alejandrina Corral señaló que en la pasada Comisión de Fiscalización se aprobaron tres dictámenes que negaban las cuentas públicas 160 -de la Comisión Estatal del Agua-, la 65 -del Municipio de Ensenada-, y la 174 -del Municipio de Tecate-. Según explicó, estos dictámenes estaban debidamente fundados y motivados, pero el bloque morenista “limpió” con su voto las irregularidades encontradas.

En una sesión extraordinaria realizada por Zoom, los diputados de Morena y aliados decidieron modificar esos tres dictámenes. Corral afirmó que el cambio se realizó violando el proceso legislativo: se obligó incluso a diputados que integraban la propia Comisión de Fiscalización a alterar su voto para que las cuentas 160 y 65 fueran aprobadas, con el fin de “salvar” las gestiones del diputado con licencia Armando Samaniego y de Armando Ayala, senador también con licencia.

Ambos, indicó, están contendiendo actualmente; uno por la presidencia municipal de Mexicali y el otro como posible candidato a gobernador por Morena.

La legisladora destacó que únicamente se modificó el resolutivo de “no aprobar” a “aprobar”, sin alterar el cuerpo del dictamen en el que la Auditoría Superior y los integrantes de la comisión habían determinado la negativa. Reiteró que se trata de una violación total al proceso legislativo.

Corral calificó el hecho como “un día histórico”, pues la Comisión de Fiscalización está integrada por siete diputados, seis de ellos de Morena, presidida por una diputada de ese partido, quien tuvo un escándalo como titular de Desarrollo Social Municipal de Mexicali cuando la hoy gobernadora era alcaldesa, al extraviarse 3 millones de pesos de su dependencia. Más recientemente se vio envuelta en otra controversia al ser descubierta intentando cruzar a Calexico 800 mil pesos en efectivo, más del límite permitido por el vecino país.

La diputada señaló que su compañera María Yolanda Gaona mantuvo consistentemente el voto a favor de la negativa de las cuentas. Sin embargo, remarcó que durante un debate de aproximadamente dos horas por cada dictamen, los legisladores de Morena no comprendieron por qué debían sostener el sentido original de los dictámenes.

Al cambiarlos, “están autorizando a quienes están al frente de las entidades a que mientan y traicionen a los ciudadanos de Baja California”, expresó.

Este cambio es claramente político, opinó: mientras se dedicaron horas a modificar las cuentas 160 y 65 para proteger a posibles candidatos de Morena, la cuenta 174 de Tecate, ligada a Darío Benítez, quien cambió de partido y no contiende por Morena se mantuvo negada.

Finalmente, Corral concluyó que el mensaje que se envía es que, de cara al 2027, se está buscando “limpiar los nombres de sus futuros candidatos”.

Este lunes se difundieron un nuevo audio y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en las que presuntamente identifica a Juan Sandoval, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), como su consultor.

De acuerdo con la información publicada por Héctor de Mauleón en su columna de El Universal, la mandataria señala que el asesor sería Sandoval, un consultor establecido en San Diego, California, quien presuntamente fue contratado para brindarle orientación antes de que se estableciera contacto con personas que fungían como intermediarios en su caso.

La publicación también indica que los servicios profesionales del consultor tendrían un costo cercano a los 300 mil dólares.

Las capturas de pantalla muestran que la gobernadora habría manifestado su inconformidad por la intervención de terceros en el asunto sin que, presuntamente, existiera una coordinación previa con sus abogados.

En respuesta, el supuesto intermediario se limitó a señalar que únicamente se le habría proporcionado la información para que los abogados de la mandataria actuaran en consecuencia y que ellos solo buscaban brindarle apoyo.

Según la información publicada por El Universal, el intercambio de mensajes habría ocurrido durante diciembre de 2025.

En la conferencia mañanera del 15 de julio, realizada en Tijuana, Marina del Pilar señaló públicamente al exgobernador Jaime Bonilla como el presunto orquestador de las entrevistas con los supuestos agentes estadounidenses.