COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Eugenio Rivera Millán

Arranca el 31 de agosto de 2026, ciclo escolar 2026‑2027

El Programa de Protección Integral Escolar (PIE) 2026, que incorpora como uno de sus anexos el Protocolo para la Protección e Integridad de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, representa un avance que debe reconocerse. Por primera vez, Baja California admite que el ecosistema escolar enfrenta riesgos crecientes y que el magisterio ha operado durante años sin una protección clara frente a denuncias, presiones sociales y linchamientos digitales. Ese reconocimiento no resuelve el problema, pero abre la puerta para construir la ruta de protección y cuidado al magisterio que la reforma de 2019 prometió y que aún está pendiente.

La reivindicación y revalorización docente constituyen el eje político‑pedagógico central de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Desde la reforma constitucional de mayo de 2019, el gobierno federal anterior en su narrativa buscó reconocer al docente como agente de transformación social. Sin embargo, entre 2019 y 2026 el contexto cambió profundamente: la expansión de redes sociales, la viralidad de conflictos escolares, el uso de inteligencia artificial, el ciberacoso y el aumento de denuncias sin fundamento colocaron al magisterio en una posición de vulnerabilidad que la legislación aún no ha previsto ni resuelto.

El Protocolo para los Trabajadores de la Educación fija principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, y establece medidas frente a denuncias maliciosas. No es una legislación nueva: gran parte de su contenido ya existe en diversas normas. Su valor radica en compactar y visibilizar esos principios, y en incorporar la voz del magisterio para colocar un tema estructural que había sido ignorado.

Aun así, el diseño del PIE y del Protocolo deja claro que no son la solución completa. Lo nuevo no es el principio jurídico, sino el reconocimiento político y administrativo de que el sistema no estaba cumpliendo lo que prometió. Esa aceptación obliga a actuar para evitar que estos instrumentos queden en el papel o en el discurso.

El reto más complejo está en las denuncias. Regularlas no es sencillo. Cuando se trata de menores, el Estado tiene la obligación de escuchar, proteger y actuar con sensibilidad. Pero también debe evitar que denuncias falsas, maliciosas o manipuladas destruyan la vida de un docente, personal administrativo, auxiliares o intendentes, o generen conflictos comunitarios irreversibles. La protección de los trabajadores de la educación no compite con la protección de menores y mujeres; ambas deben coexistir en un sistema equilibrado. La línea entre una denuncia legítima y una falsa no siempre es evidente. En ocasiones, detrás de una acusación hay un conflicto escolar, una disputa familiar, un malentendido o un hecho grave que requiere investigación especializada. Por eso, el sistema no puede depender de un solo marco legal.

Actualmente, las denuncias se procesan bajo rutas distintas: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege a mujeres y niñas; el Código Penal atiende delitos; el Protocolo Docente protege a trabajadores de SE e ISEP; y el PIE clasifica riesgos, pero no define cómo se verifican. El resultado es un sistema fragmentado que genera incertidumbre para docentes, directivos, estudiantes y familias, y abre espacios para el uso indebido de denuncias falsas.

Para corregir esto, el PIE debería fortalecer áreas que hoy están subdesarrolladas: psicología escolar especializada, metodologías de prevención del conflicto, protocolos de entrevista a menores sin inducción, equipos interdisciplinarios de investigación y la vinculación con Consejos de Paz y Cultura de Paz que reconstruyan el tejido social escolar. La evidencia internacional demuestra que la mediación, los círculos restaurativos y la cultura de paz reducen la violencia, previenen denuncias precipitadas y ayudan a distinguir entre conflictos escolares y posibles delitos.

El ciclo escolar 2026‑2027, calendarizado del 31 de agosto de 2026 al 6 de julio de 2027, obliga a que estos avances se conviertan en práctica. Las escuelas abrirán sus puertas y el magisterio seguirá enfrentando denuncias legítimas y denuncias falsas, conflictos de convivencia, presiones en redes y expectativas sociales altas. El PIE y el Protocolo deben ser usados como punto de partida, no como punto de llegada.

La ruta que sigue requiere corresponsabilidad. Docentes, sindicatos y familias deben apropiarse de estos instrumentos y exigir continuidad: acuerdos de convivencia con reglas claras sobre denuncias y redes sociales; Consejos de Participación Social que funcionen; acompañamiento jurídico y orientación profesional con presupuesto asignado; y formación para madres, padres y alumnos que entienda que la denuncia es un mecanismo de protección, no de linchamiento.

Al mismo tiempo, el estado debe avanzar hacia una Ley Integral para Trabajadores de la Educación, una ley que articule lo que hoy está disperso: tipos de denuncias, rutas de atención, protección docente, convivencia escolar, participación social y uso responsable de redes. Es una oportunidad para actualizar la Ley del Servicio Civil y las leyes educativas locales, y promover, junto con diputadas y diputados federales, ajustes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y el Código Penal. No se trata de confrontar a las autoridades, sino de completar lo que ya se reconoció como insuficiente y garantizar que estos instrumentos no queden en el papel.

El mensaje para los trabajadores de la educación y las familias debe ser claro: este es el momento de dar seguimiento, no de soltar el tema. Integrar el Protocolo en los Acuerdos de Convivencia Escolar, capacitar y orientar en el manejo de conflictos y denuncias verdaderas y falsas, asegurar investigaciones que protejan a las víctimas y respeten los derechos de los imputados, y reconstruir el tejido social mediante cultura de paz será clave para que el sistema escolar de Baja California avance hacia una protección real y sostenible.

* Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandrina Corral, aseguró que Baja California enfrenta un escenario de “ingobernabilidad” y criticó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda haya centrado su atención en la polémica por la revocación de su visa estadounidense y en una gira de entrevistas nacionales, en lugar de atender los problemas de la entidad.

La legisladora afirmó que las propias declaraciones de la gobernadora constituyen una “confesión” de la preocupación que existe por el tema migratorio y cuestionó que incluso se mencionara públicamente la posibilidad de una extradición. También criticó que la administración estatal, en lugar de investigar el fondo del asunto, busque identificar quién filtró la información a los medios de comunicación.

La diputada consideró que la gira de entrevistas realizada por la mandataria podría ser objeto de revisión respecto al uso de recursos públicos. Recordó que anteriormente señaló un incremento en el gasto de comunicación social del Gobierno del Estado, al asegurar que, pese a haberse aprobado un presupuesto de 105 millones de pesos para ese rubro, se terminaron ejerciendo alrededor de 200 millones mediante transferencias presupuestales.

Señaló que la oposición revisará las cuentas públicas para determinar si existieron irregularidades en el financiamiento de la estrategia de comunicación. Aunque la versión del gobierno estatal es que no se destinaron recursos para la gira, ya que coincidió con reuniones previamente programadas en la Ciudad de México, la legisladora respondió que la falta de transparencia impide verificar esa información y sostuvo que las entrevistas tuvieron como propósito limpiar la imagen de la gobernadora.

Caso Pedro Ariel Mendívil

Respecto al proceso penal que enfrenta el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, la diputada afirmó que su detención evidencia la gravedad de la situación en materia de seguridad y recordó que desde 2023 regidores del PAN solicitaron su remoción del cargo.

Según dijo, en ese momento la entonces alcaldesa Norma Bustamante decidió mantenerlo al frente de la corporación al expresar públicamente su confianza en él.

La legisladora sostuvo que la investigación de la Fiscalía General del Estado confirma que existían señalamientos sobre una presunta corrupción dentro de la corporación policiaca, por lo que expresó su expectativa de que el Ministerio Público logre acreditar las imputaciones para evitar que el caso quede impune.

Sobre el hecho de que los regidores panistas votaron originalmente a favor de la designación de Mendívil, respondió que ello no impedía exigir posteriormente su destitución cuando comenzaron a detectarse irregularidades.

Señala responsabilidad política de la alcaldesa

Corral también consideró que la alcaldesa de Mexicali enfrenta una responsabilidad política por haber propuesto la terna de la que surgió el nombramiento de Mendívil.

Recordó que la propia presidenta municipal declaró recientemente que autoridades federales habían advertido sobre presuntas irregularidades en el actuar del entonces jefe policiaco, por lo que cuestionó que, pese a esos indicios, se le hubiera mantenido en el cargo.

“Es una alerta que provenía de la Guardia Nacional”, sostuvo, al señalar que esa información debió motivar una actuación inmediata por parte del gobierno municipal.

Finalmente, la legisladora acusó que existe una “justicia selectiva” en Baja California y comparó el caso de Mendívil con otros procesos penales abiertos contra exfuncionarios, al considerar que las investigaciones no avanzan con el mismo criterio cuando involucran a personajes vinculados con Morena.

Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón, afirmó que por primera vez en más de cuatro años siente que la Fiscalía General del Estado está actuando con hechos para esclarecer el caso de la desaparición y asesinato de su hijo, por lo que otorgó un “voto de confianza” a la institución, aunque advirtió que continuará exigiendo verdad y justicia.

La madre buscadora señaló que las recientes detenciones de presuntos implicados en el secuestro de Jhosué representan un avance importante.

Recordó que uno de los sospechosos fue capturado el pasado 7 de julio y que recientemente fue detenido un segundo hombre, señalado como uno de quienes presuntamente conducían el vehículo utilizado en el plagio.

“Me dan esperanzas de que va a haber justicia para mí. Les doy el voto de confianza porque siento que por primera vez me están demostrando con hechos que sí quieren actuar y que están pensando en nosotros, las víctimas”, expresó.

Limón sostuvo que espera que la Fiscalía continúe investigando hasta llegar a toda la verdad y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Al ser cuestionada sobre la imputación contra el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y otros exelementos policiales, así como los presuntos vínculos entre policías y el crimen organizado, aseguró que estos hechos confirman lo que denunció desde el inicio de su lucha.

“Siempre tuve la verdad, tuve razón”, afirmó. Recordó que desde los primeros momentos posteriores a la desaparición de su hijo denunció que la Policía Municipal fue la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos y, pese a ello, no realizó acciones para localizarlo.

“Como madres buscadoras nos hemos convertido en investigadoras y se nos han dicho muchas cosas que no podíamos comprobar. Ahora sí diré: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, declaró.

Aleida Limón enfatizó que, si los imputados son inocentes, deberá demostrarse, pero si son culpables deberán responder ante la justicia.”Que paguen como pagó mi hijo con su vida y como he pagado yo con este dolor de cuatro años y medio”, expresó.

Aunque reconoció los avances de la Fiscalía, dejó claro que su respaldo no significa que dejará de exigir resultados. “Hoy le doy el voto de confianza a la Fiscalía, aclarando que eso no será callarme ni guardar silencio. Seguiré exigiendo verdad y justicia, pero tendré un poquito más de paciencia para esperar que todo llegue a feliz término”, dijo.

Finalmente, confirmó que asistirá a la audiencia del exjefe de lapolicía de Mexicali programada para el próximo domingo, al considerar fundamental estar presente como víctima del caso y conocer el desarrollo del proceso judicial.

“Para mí es muy importante que el juez me mire y sepa que soy víctima de la primera desaparición de mi hijo. Lo que dije en su momento se está confirmando. Ya me lo confirmaron; recuerden que en un amparo que gané me dieron la razón y ahora también el tiempo me está dando la razón”, concluyó.