Ante el incremento de los asesinatos de periodistas en México, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer su facultad de atracción sobre estos casos y asumir las investigaciones para combatir la impunidad.

De acuerdo con el organismo internacional, seis periodistas han sido asesinados en México durante 2026, cinco de ellos en un periodo de poco más de dos meses, lo que representa uno de los episodios de violencia más mortíferos contra la prensa documentados por el CPJ en más de una década.

Los casos corresponden a Carlos Castro, asesinado en enero en Poza Rica, Veracruz; Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados en julio después de haber sido reportada como desaparecida; Luis Ángel López, también asesinado en Poza Rica; el periodista ambiental Alex Serna, localizado muerto en Guerrero; Josué Martínez, asesinado en Puebla; y Alejandro Leyva Aguilar, quien fue atacado a tiros en Oaxaca.

El CPJ consideró insuficientes las respuestas de las autoridades federales y estatales frente a esta ola de violencia. El organismo señaló que, pese a las exigencias de justicia realizadas por familiares, periodistas y organizaciones de libertad de prensa, no se han anunciado acciones específicas a nivel federal para responder al conjunto de asesinatos.

Por ello, pidió a la FGR atraer los casos de periodistas asesinados, fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales y reforzar las medidas de protección para comunicadores mediante el Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El organismo recordó que el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga facultades a las autoridades federales para intervenir en investigaciones de delitos contra periodistas cuando existen funcionarios públicos involucrados.

Además, señaló que en algunos casos de alto perfil, como los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdez, las autoridades federales consiguieron condenas contra algunos de los responsables.

El CPJ advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que incentivan los ataques contra periodistas en México. Según sus investigaciones, las fiscalías estatales mantienen un historial deficiente en la investigación de agresiones contra la prensa y existen indicios de participación de funcionarios públicos locales en al menos dos de los asesinatos registrados este año.

México se mantiene entre los países con peor desempeño en materia de impunidad para crímenes contra periodistas.

El CPJ señala que, de 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios registrados en el país desde 1992, 97 permanecen como casos no confirmados respecto a su vínculo directo con la labor periodística, debido a que las investigaciones no han permitido determinar con claridad el móvil de las agresiones.

El organismo también advirtió que las disputas territoriales entre grupos delictivos y el narcotráfico colocan en especial situación de vulnerabilidad a los periodistas que cubren temas de corrupción, seguridad y nota roja. A ello se suma la presunta participación de funcionarios públicos, particularmente elementos policiales, como agresores en algunos casos.

El CPJ también cuestionó el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Según información citada por el organismo, alrededor de 500 periodistas forman parte actualmente del programa de protección. Sin embargo, Andrés Solís, integrante del consejo consultivo de evaluación de medidas de protección, estimó que aproximadamente el 80 por ciento de las solicitudes de ingreso presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos son rechazadas, cifra que representaría un incremento respecto de años anteriores.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, sostuvo que las autoridades todavía tienen capacidad para prevenir nuevos ataques, proteger a los comunicadores y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.

El organismo internacional advirtió que México enfrenta una nueva escalada de violencia contra la prensa y llamó al gobierno federal a romper con el ciclo de violencia e impunidad que, según sus investigaciones, ha marcado durante años la relación entre las autoridades y los periodistas.

Esta tarde, familiares de las personas detenidas tras el cateo a una fiesta realizada en La Carranza, el pasado 10 de abril, solicitaron públicamente la intervención de las autoridades para garantizar el desarrollo de audiencias completas y dar seguimiento a sus casos.

Claudia Ramírez, familiar de uno de los detenidos, explicó que son 21 familias las que aseguran enfrentar una situación de injusticia debido a la falta de continuidad en los procesos judiciales de sus familiares.

Expuso que en diversas ocasiones las audiencias han sido suspendidas ante la ausencia de representantes de la fiscalía, por lo que se asignan nuevas fechas; sin embargo, nunca se concretan las diligencias.

Las familias aseguraron que las audiencias han sido pospuestas en al menos cinco ocasiones, sin que hasta el momento se les expliquen claramente los motivos de las suspensiones.

Ante esta situación, el llamado a las autoridades es una mayor coordinación interna para que sus casos sean atendidos y puedan llevarse a cabo las audiencias completas, ya que son 4 meses en los que han estado sus familiares en prisión sin una resolución pronta.

Este martes continuó el bloqueo a las instalaciones del Distrito de Riego 014, Río Colorado, por parte de agricultores que exigen el pago acordado por el descanso de tierras.

Ana Quirino, representante de la Asociación de Usuarios Defensores del Agua del Río Colorado (ADURC), informó que permanecían a la espera del presidente del Distrito de Riego 014, Juan Carlos Fierro Yáñez, para conocer si existe ya una solución al pago correspondiente a las más de 7 mil hectáreas.

Entre las peticiones de los manifestantes también se encuentra la apertura del salón de eventos del distrito, con el propósito de contar con un espacio para resguardarse de las altas temperaturas; Quirino aseguró que de ahí no se van hasta que se les pague.

En el lugar también estuvo presente la diputada local del PAN, María Yolanda Gaona, quien acudió a petición de la representante de la ADURC, señaló que se han presentado diversos exhortos ante el Congreso del Estado a fin de apoyar a los agricultores y se resuelva esta problemática.

Expresó que también hace falta la presencia del titular de la Comisión Nacional del Agua en Baja California, Manuel Guerrero Luna, así como la instalación de una mesa de diálogo que permita alcanzar una solución y concretar el pago acordado.

Por su parte, la legisladora señaló que corresponde a la Conagua, como dependencia responsable, informar cuánto recurso correspondió a cada módulo de riego y precisar la superficie considerada para el pago.

Gaona reiteró que continuará brindando apoyo a los agricultores para que reciban el recurso que les corresponde, al destacar que la mayoría son personas de la tercera edad y que se trata de un asunto de justicia social.