Una decena de residentes de distintos puntos del Valle de Mexicali se manifestó este lunes frente al edificio de Gobierno del Estado para exigir una solución a los ya conocidos como “recibos locos” de energía eléctrica.

Nancy Castillo, residente de la colonia Carranza, en el ejido Oviedo Mota Reacomodo, mencionó que vive con su familia en una vivienda humilde, donde cuentan únicamente con lo necesario; sin embargo, este mes recibió un cobro de más de 22 mil pesos por el servicio de electricidad, con una prórroga para realizar el próximo 4 de septiembre.

Considero que es injusto el monto a pagar, especialmente ante los constantes apagones que se han registrado en diferentes comunidades del Valle de Mexicali, “¿O como o pago la luz?”, expresó Nancy.

Agregó que, después de uno de los apagones, su equipo de refrigeración resultó dañado, lo que ha afectado directamente a toda su familia.

Nancy, al igual que todos los presentes, pidió que se revisen los cobros considerados excesivos y que se atienda de manera urgente la problemática que enfrentan habitantes de diversas comunidades del Valle de Mexicali.

Ante las manifestaciones registradas este fin de semana por la falta de energía eléctrica en distintas zonas de Mexicali, tras el paso de dos tormentas eléctricas, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, aseguró que se mantuvo comunicación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para buscar alternativas que permitieran atender la problemática lo más pronto posible.

Señaló que, aunque el suministro de energía eléctrica es un asunto de competencia federal, el Gobierno estatal se mantiene atento debido a las condiciones de calor extremo que se registran en Mexicali y al impacto que representa la falta de este servicio básico para la población.

No obstante, tras permanecer al menos 72 horas sin electricidad, los habitantes afectados no contaron con un espacio para mantenerse resguardados; el funcionario explicó que apenas este lunes se analizaría la posibilidad de utilizar los espacios de los albergues comúnmente destinados a la atención de migrantes, como alternativa para brindar resguardo a la población afectada por los cortes en el suministro eléctrico.

Explicó que las afectaciones también están relacionadas con daños a la infraestructura eléctrica, entre ellos la caída de alrededor de 50 postes, cuya reposición requiere disponibilidad de materiales y trabajos de instalación, factores que han influido en los tiempos de atención.

Finalmente, el secretario general de Gobierno señaló que han buscado mantener una coordinación permanente con la Gerencia Regional de la CFE para contribuir, dentro de sus posibilidades, a la solución de las interrupciones en el servicio eléctrico.

Tras la muerte de Vicente, un niño de tres años ocurrida el pasado 2 de mayo en Mexicali, se plantea en Baja California una serie de reformas legales bajo el nombre de “Ley Vicente”, cuyo objetivo declarado es fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en procesos de custodia y convivencia familiar, propuesto por el diputado panista Diego Echevarría.

La propuesta legislativa parte de la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales las autoridades evalúan la idoneidad parental, realizan peritajes y determinan medidas de custodia, con el argumento de que deben privilegiarse en todo momento el interés superior de la niñez y la seguridad de los menores, manifestó.

Entre los cambios planteados al Código Civil de Baja California se encuentra establecer la coparentalidad y la neutralidad de género como criterios para determinar el cuidado provisional de los hijos cuando los padres no logren un acuerdo durante un proceso de divorcio, detalló.

El caso de la muerte de “Vicentito”, destapó los vacíos legales y el tiempo que toma resolver conflictos de custodia, tomando en cuenta factores de riesgo y violencia intrafamiliar. La iniciativa del legislador panista también propone reconocer el derecho de los menores a una crianza equitativa por parte de ambos progenitores y establecer la custodia compartida como régimen preferente, aunque con la posibilidad de determinar una medida diferente cuando así lo requiera el interés superior de la niñez.

Para definir la idoneidad parental se considerarían factores como estabilidad emocional, salud mental, ausencia de riesgos y capacidad de protección, señaló. El planteamiento busca, de esta manera, que las decisiones de custodia no se basen automáticamente en el género de alguno de los progenitores, sino en evaluaciones específicas sobre las condiciones de seguridad y bienestar de cada menor.

Otro de los cambios propuestos consiste en facilitar el acceso inmediato a evaluaciones clínicas, psicológicas, socioeconómicas y toxicológicas durante los procedimientos familiares, explicó. La iniciativa permitiría que dichas evaluaciones sean realizadas también por profesionales o laboratorios particulares certificados, con el propósito de reducir los tiempos de espera para determinar las condiciones en las que se encuentran los menores y sus progenitores, agregó.

La propuesta también contempla modificar las disposiciones relacionadas con la patria potestad para establecer consecuencias ante casos de negligencia grave, omisión de cuidados o exposición de un menor a situaciones que representen un riesgo para su vida o integridad.

Una reforma que incluye a ambos progenitores

En materia penal, la iniciativa propone sancionar la falta de supervisión de menores de 12 años o personas incapaces cuando sean dejados en espacios confinados y expuestos a condiciones climáticas o térmicas extremas, dijo.

La conducta podría recibir una pena de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días multa, mientras que si se producen lesiones o la muerte se aplicarían las disposiciones correspondientes conforme a las circunstancias que se acrediten. Asimismo, la iniciativa propone una redacción neutral en materia de violencia vicaria o por interpósita persona, de manera que las disposiciones sean aplicables independientemente del género de quien ejerza la violencia o de quien resulte afectado, precisó.

Ante los cuestionamientos sobre si la propuesta pretende favorecer al padre de Vicente, sus impulsores rechazan que se trate de una postura a favor de alguno de los progenitores: “No estamos aquí para defender a nadie ni tomar ningún lado en este caso”, opinó Echevarría, quien establece como objetivo colocar a los niños en el centro y prevenir que otros menores atraviesen situaciones similares.

El planteamiento también reconoce que algunas reformas legislativas han surgido después de casos que evidenciaron posibles fallas o vacíos legales, y sostiene que una tragedia debe servir para revisar los mecanismos de prevención, concluyó.