La Circular 01/2026 y la fragmentación del Poder Judicial de Baja California

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La reforma que introdujo el voto popular para elegir jueces y magistrados en Baja California nació con una promesa poderosa: acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, esa cercanía nunca se construyó. La reforma no modificó la estructura judicial, no fortaleció la independencia interna, no incorporó criterios internacionales sobre independencia judicial y no creó mecanismos de participación ciudadana. La narrativa de “justicia cercana al pueblo” terminó siendo eso: narrativa.

La Circular 01/2026, emitida por el Consejo de Administración del Poder Judicial, es la evidencia más reciente de esa crisis. La medida exige autorización previa para que jueces y magistrados participen en actividades académicas o gremiales relacionadas con su función. En apariencia, es una regulación administrativa. En realidad, revela un sistema que intenta controlar la exposición pública de quienes deberían tener autonomía para dialogar con la sociedad.

El voto popular no generó legitimidad judicial. Generó legitimidad electoral. En algunos casos, jueces y magistrados obtuvieron miles de votos sin que la ciudadanía conociera quienes eran, cuál era su trayectoria, su patrimonio o su visión de justicia. La legitimidad numérica y política sustituyó a la legitimidad social. La ciudadanía no eligió perfiles; eligió siglas. Y los partidos, fragmentados y en disputa interna, trasladaron esa fragmentación al Poder Judicial.

Las candidaturas comunes —cuestionadas por su diseño y por su legalidad— funcionaron como un mecanismo para distribuir posiciones entre grupos internos. Los jueces electos no representan a la ciudadanía; representan a quienes los impulsaron en esas listas. Cuando un partido se fragmenta, sus operadores judiciales también se fragmentan. El Poder Judicial de Baja California hoy refleja esa división.

La politización interna es evidente. Algunos colegios de abogados, facultades de Derecho y universidades han prestado sus espacios para actos políticos o electorales, profundizando la confusión entre justicia, academia y militancia. En ese contexto, la Circular 01/2026 opera como un mecanismo de contención: si no se puede ordenar la fragmentación interna, se limita la voz pública. No fortalece la independencia; la administra. No acerca la justicia a la ciudadanía; la aleja.

La cercanía con la ciudadanía no se construye con discursos ni con eventos. Se construye con integridad verificable. ¿Cuántos jueces han sido investigados por el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Cuántos informes de evolución patrimonial se han publicado? ¿Qué controles existen sobre el estilo de vida de jueces y magistrados? Sin respuestas claras, cualquier narrativa de cercanía se vuelve vacía. La confianza pública no depende de la presencia en foros, sino de instituciones capaces de responder a la población que pide acceso a la justicia.

La responsabilidad de construir cercanía no recae solo en los jueces. También exige un gremio que actúe con responsabilidad, facultades y universidades que no presten sus espacios a actos políticos y un sistema disciplinario que funcione. Y exige, sobre todo, que el Congreso y el Ejecutivo local —que promovieron, validaron y celebraron la reforma— vigilen y hagan cumplir la cercanía que prometieron. Máxime cuando de esos mismos espacios políticos surgieron los grupos que gestionaron a sus prospectos judiciales.

Mientras el sistema discute circulares y controles internos, el justiciable sigue enfrentando un Poder Judicial donde la cercanía es discurso y la incertidumbre es práctica cotidiana. Si la cercanía con el pueblo solo se invoca en campañas y se olvida en la gestión, no es principio: es estrategia.

El contexto se vuelve más delicado porque Baja California entra en una nueva etapa electoral. En sistemas judiciales politizados, los ciclos electorales no generan estabilidad; generan tensión. No porque gane o pierda alguien, sino porque se reacomodan grupos, se renegocian lealtades y se redefinen controles internos. La justicia local corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se disputen influencias políticas más que criterios jurídicos.

Los criterios internacionales sobre independencia judicial establecen que los jueces pueden participar en actividades académicas siempre que no comprometan casos específicos. La Circular 01/2026, si se aplica como restricción general, podría limitar esa función pedagógica que es esencial para construir confianza pública.

La transparencia patrimonial, las auditorías éticas y los mecanismos de vigilancia ciudadana son herramientas que fortalecen la justicia. Las restricciones administrativas no lo hacen. Baja California necesita una justicia que dialogue con la sociedad, no una justicia que pida permiso para hacerlo. Necesita jueces independientes, no jueces politizados. Necesita instituciones fuertes, no estructuras que reaccionan con silencio ante la presión política.

La circular es un síntoma, no la solución. La ruta correcta es reconstruir la independencia judicial desde dentro, con integridad, transparencia y participación ciudadana. La justicia no se defiende callando voces. Se defiende con instituciones capaces de sostenerse frente a cualquier ciclo electoral y frente a cualquier grupo político. La independencia judicial es un valor que se construye, no un permiso que se solicita.

• El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte es un abogado cercano y aliado político de Francisco Pérez Tejada Padilla, mejor conocido como “Panchito”. Durante el XX Ayuntamiento de Mexicali, cuando era presidente municipal, ese Martín del Campo Quirarte era su tesorero municipal.

Debido a las decisiones financieras tomadas de forma conjunta durante ese trienio, ambos compartieron un largo historial judicial. En 2014, el Sindicato de Burócratas interpuso demandas penales en su contra, lo que llevó a que en noviembre de 2016 tanto el exalcalde Pérez Tejada como el extesorero Martín del Campo fueran vinculados a proceso penal de manera conjunta como presuntos coautores del delito de Abuso de Autoridad por el desvío de más de 440 millones de pesos en cuotas destinadas al ISSSTECALI.

Enfrentaron todo este proceso legal como coacusados y compartieron la misma estrategia de defensa jurídica. Ramón Martín del Campo Quirarte es parte de los cercanos a Panchito, y quien firma el contrato del programa de cobranza de cartera vencida para el Ayuntamiento de Mexicali, AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-14-25.

El contrato fue una adjudicación directa y no una licitación. El Comité de Adquisiciones avaló este procedimiento recurriendo a las excepciones de la ley estatal argumentando la contratación de servicios profesionales especializados. Al tratarse de un esquema de consultoría legal, peritaje fiscal y cobranza bajo “honorarios por éxito” (comisión del 30% del monto efectivamente recuperado), el Ayuntamiento justificó que la capacidad técnica, la experiencia en litigio y la estructura del despacho eran las óptimas, obviando así la necesidad de convocar a un concurso o licitación pública abierta de proveedores.

Esa es la explicación oficial, pero la verdad es que Panchito no tiene llenadera. No le bastó con rentar el Cine Lux al menos durante un año sin que le movieran nada al inmueble abandonado. Luego hizo que el Ayuntamiento le pagara las remodelaciones por más de 15 millones de pesos, y que el contrato se extendiera por 20 años. También quiere meter mano en otros contratos que ni siquiera licitaron -al menos ese procedimiento le hubiera dado un toque de legitimidad-, para asegurar la mejor oferta.

Sabiendo cómo se maneja Norma Bustamante, Panchito Pérez Tejada, Claudia Beltrán y Marina del Pilar, si camina como pato, hace como pato y parece pato, pues es un pato.

El contrato fue por 10 millones de pesos a partir del 26 de junio de 2025 hasta el último día de ese mismo año, a cargo del despacho jurídico Rodríguez, Martín del Campo y Asociados. Votaron a favor la representante de la oficial mayor; el tesorero, Roger Sosa; Alfredo Wong, presidente de la Comisión de Administración; y César Castro, presidente de la Comisión de Hacienda. Con voz pero sin voto, también respaldaron la propuesta el secretario técnico, que no firmó el documento, y la sindicatura municipal, representada por Maricela López Ocampos.

También en ese año, se le dio una adjudicación directa a Skath Benjamín García Núñez, por “Servicio de tratamiento químico de agua helada para chiller del Gobierno Municipal de Mexicali”, por casi 750 mil pesos.

Y no se diga a las empresas de “consultoría” del jefe de la hija de la alcaldesa, Lumina profesionales en Consultoría, por 10 millones 440 mil pesos por “asesoría y acompañamiento para el diseño, gestión y ejecución de los proyectos estratégicos y compromisos prioritarios del XXV Ayuntamiento”. Solo hay que ponerle un nombre rimbombante y listo, jamás sabremos si efectivamente hicieron algo, ni Lumina ni los Martín del Campo con la recaudación del predial.

También hay un contrato muy curioso con Maleny Arvizu Limón, una adjudicación directa para la adecuación de espacios de la sala de juntas de la presidencia municipal, por 754 mil pesos, recursos federales por cierto.

Encontramos que se le dio un contrato por difusión en el 2022, por la legislatura pasada, por spots de radio y televisión. La vigencia eran los últimos tres meses de ese año, por lo cual le pagaron 852 mil 600 pesos. El contrato carece de firmas, por cierto.

Buscando quién es, no encontramos mucha información, pero de que es multifacética lo es, pues igual cobra por difusión institucional que por la rehabilitación de espacios de trabajo, como el que firmó para adecuar la sala del personal de la coordinación de control patrimonial de la Oficialía Mayor, por 1 millón 279 mil pesos, en julio del año pasado.

Mencionar a Verónica Ruffo como interesada en participar en el “proceso” del PAN para la gubernatura más que un bien puede causar un mal. Lizbeth Mata Lozano lo mencionó sin dar una certeza, así como que no quiere la cosa, pero lo que se infiere de eso es lo siguiente:

El PAN está tan necesitado de buenos perfiles que se le ocurrió ver a quien tiene 15 minutos en el foco mediático, por razones completamente ajenas a su voluntad. La lucha por la liberación de su padre sin duda aglutinó el apoyo de muchas figuras políticas, pero eso no hace de Verónica una buena candidata. No ha tenido cargos públicos o experiencia relevante en la administración pública que valide sus supuestas intenciones. Y digo supuestas porque hasta ahora no hemos oído de su propia voz que tenga intenciones políticas.

Más que ayudarla, el medio-anuncio de Mata Lozano puede perjudicar lo que se haya avanzado en el proceso de lograr medida cautelar de prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo, pues ahora pueden usar su encarcelamiento como moneda de cambio para presionar a su hija.

También hay versiones de que la candidatura se la habrían ofrecido desde el propio CEN del PAN a la hija de Ruffo -así como le hicieron con Macalpin- lo que haría quedar a la dirigencia estatal en una posición incómoda, al tener que buscar explicaciones creíbles para justificar el dedazo, después de echar el rollo que sería un proceso abierto a los ciudadanos donde los métodos serían muy transparentes.

Por ahí anda también el rumor de que el PAN estatal estaría bloqueando la aspiración de Héctor Osuna Jaime, quien no está dispuesto a aceptar las condiciones de asegurar espacios a los mismos de siempre. Muchos de esos andan muy pegados con Margarita de Sánchez, por cierto.

En redes ha estado muy movido el tema de una hipotética candidatura del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval, a quien están midiendo en diversas páginas de redes.

El líder empresarial ya ha expresado su negativa a tal posibilidad, y no porque no le llame la atención el poder cambiar las cosas que tanto ha criticado, sino porque conoce perfectamente cómo funciona la oposición de todos los colores, y sabe que a los partidos solo le interesan dos cosas: el dinero y qué posiciones van a asegurar a cambio de simular una competencia. Para muestra, ahí está la candidatura de Francisco Fiorentini, quien terminó crucificado por los mismos quienes lo impulsaron.

En otro tema, nos llega una denuncia anónima de personal de la Fiscalía General del Estado:

“Como ya es de conocimiento general, los horarios de trabajo son inhumanos, pues prácticamente solo regresamos a casa a dormir y si es que el trabajo lo permite, porque por lo general continuamos atendiendo trabajo desde casa”, señala la queja.

Por tal motivo, además del riesgo que conlleva la investigación de delitos, resulta insuficiente el sueldo mensual de 19 mil 800 pesos para Auxiliares y 26 mil pesos para Fiscales (después de impuestos), pues ganan mucho más, tienen menos riesgo y mejores horarios y condiciones de trabajo los empleados administrativos. A ellos no se les exigen guardias desgastantes ni llevar a cabo diligencias de carácter penal que implican riesgos.

Además tienen mejores oficinas, cuentan en su mayoría con vehículos institucionales de modelos recientes que utilizan como unidades de uso personal, y donde hay que subrayar que dadas sus actividades y horarios, no requieren el apoyo vehícular como herramienta de trabajo, pero parece que la fiscal no lo ve.

“Esta es una realidad que al exterior nadie nota y que al interior nadie se atreve a exponer ni a protestar, porque es bien sabido que lo único que se obtiene son represalias”, indica la denuncia, y piden un alto a las injusticias laborales pues no se voltean a ver a auxiliares y fiscales, que son quienes sacan adelante las investigaciones y audiencias.

Home Depot de Playas de Rosarito.

Cambiando de asunto, nos relataron una amarga experiencia en el Home Depot de Playas de Rosarito. Mucho ojo con una mujer de unos 45 años que se acerca a hacerle plática a las mujeres que ve solas, pues mientras se hace la que no sabe nada y las distrae con preguntas, su cómplice un hombre de unos 40 años, les abre la bolsa y les roba las carteras. Si va a esta tienda no se descuide ni un momento.

Finalmente, nos señalan que el funcionario del Centro Municipal de Control Animal, Víctor López, es muy grosero con la ciudadanía y con su propia gente, pues les pega de gritos y no tiene empacho en decir que es protegido de la oficial mayor, Claudia Beltrán. Encima lo acusan de vender bases, acosar a las compañeras de trabajo y cobrar por subirse a unidades que tienen aire acondicionado. A ver si el síndico se pone las pilas.