El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exigió este martes la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, al sostener que la entidad enfrenta una “crisis integral” marcada por el incremento de las desapariciones, la inseguridad y presuntos actos de corrupción.

Durante una conferencia de prensa en Mexicali, la dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, afirmó que Baja California “está en el epicentro de los actos de corrupción de Morena y del narcogobierno”, al asegurar que la entidad se encuentra bajo el foco nacional por los acontecimientos registrados durante el último año. Señaló que el manejo del caso relacionado con el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel “N”, evidenció deficiencias en la actuación de la Fiscalía General del Estado y criticó que la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, no haya emitido, dijo, un pronunciamiento contundente sobre el tema.

Mata Lozano sostuvo que el caso de las desapariciones representa la situación más grave en materia de seguridad y calificó como una “vergüenza” la actuación de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad, al considerar que la integración de investigaciones ha sido deficiente y ha afectado a las familias de las víctimas.

Por su parte, el vocero estatal del PAN, Cristopher Domínguez, presentó cifras que atribuyó al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno Federal. Afirmó que el 61 por ciento de las desapariciones registradas en Baja California han ocurrido durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y aseguró que 2025 fue el año con la mayor cantidad de casos, al superar las cifras acumuladas durante los seis años del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

Según el panista, el número de personas desaparecidas pasó de 191 en 2021 a más de mil en 2025, lo que colocó a Baja California como la segunda entidad con más desapariciones del país, solo por debajo del Estado de México. Añadió que Tijuana concentra actualmente la mayor cantidad de casos a nivel nacional, con cerca de dos desapariciones diarias y más de 700 personas no localizadas durante 2025.

Domínguez también relacionó el aumento de las desapariciones con un presunto fracaso de la estrategia de seguridad, al señalar que, aunque los homicidios dolosos muestran una disminución, las desapariciones han incrementado y no forman parte de las estadísticas de incidencia delictiva.

En la misma conferencia, el regidor del Ayuntamiento de Mexicali, Manuel Rudecindo García, presentó una propuesta de tres acciones para fortalecer la corporación policial: que los directores y mandos se sometan anualmente y de manera voluntaria a exámenes de control de confianza con resultados públicos; realizar una depuración institucional basada en evaluaciones reales; y establecer la obligación de rendir cuentas sobre las operaciones de seguridad, especialmente en el Valle de Mexicali, donde señaló que persiste una crisis sin personas detenidas.

La diputada local Alejandrina Corral afirmó que el principal problema del estado es la “ingobernabilidad” y la “ineptitud” del gobierno estatal para atender sus responsabilidades. Anunció que el próximo 13 de agosto presentarán una solicitud de juicio político contra la gobernadora y reiteró la exigencia de renuncia de la fiscal general, al considerar que la integración del expediente contra Pedro Ariel “N” fue deficiente. Asimismo, pidió la salida del síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín; de la oficial mayor del Ayuntamiento, Claudia Beltrán; y de la alcaldesa Norma Bustamante.

En tanto, la diputada federal Eva María Vázquez Hernández informó que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La legisladora explicó que la solicitud se basa en señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero con un costo superior a los 300 mil dólares, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto. Indicó que el objetivo es esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.

Vázquez Hernández adelantó que, además del exhorto presentado en la Comisión Permanente, impulsará acciones jurídicas relacionadas con el caso y sostuvo que los recursos públicos deben transparentarse y utilizarse conforme a la ley.

La diputada federal por Baja California, Eva María Vásquez Hernández, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La legisladora argumentó que la petición surge a partir de señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero que, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto, tendrían un costo superior a los 300 mil dólares. Señaló que es necesario esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.

En el documento, Vásquez Hernández sostiene que la confianza ciudadana en las instituciones requiere que cualquier duda sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos sea revisada por las autoridades competentes, especialmente cuando existen posibles implicaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La diputada recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con facultades legales para recopilar, analizar e intercambiar información financiera con autoridades nacionales e internacionales cuando existan elementos que justifiquen una investigación, por lo que el exhorto solicita que dichas atribuciones sean ejercidas conforme al marco jurídico vigente.

El punto de acuerdo propone que la UIF realice un análisis exhaustivo de la información financiera y patrimonial de la mandataria estatal, solicite intercambio de información con organismos homólogos en el extranjero y, de encontrar elementos suficientes, proceda conforme a las facultades que le otorga la ley.

“La ciudadanía merece respuestas claras y el Estado mexicano tiene la obligación de investigar cualquier hecho que pueda comprometer la legalidad, la transparencia y la confianza en las instituciones”, afirmó la legisladora al concluir la presentación de su propuesta.

La desigualdad en el acceso a la educación continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones de la UNESCO, alrededor de 273 millones de niñas, niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo, mientras que casi dos terceras partes de las personas adultas que carecen de competencias básicas de alfabetización son mujeres.

Ante este panorama, el profesor-investigador del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETYS Universidad, campus Mexicali, Francisco Núñez Tapia, advirtió que las limitaciones al acceso de las mujeres a la educación han obedecido históricamente a factores políticos, culturales, religiosos y de control social, más que a criterios relacionados con el bienestar colectivo.

El especialista señaló que la educación representa una herramienta para formar ciudadanos capaces de cuestionar, participar y contribuir a la solución de los problemas públicos. “Entre mayor sea el acceso al conocimiento, mayor será la capacidad de las personas para analizar su entorno, exigir soluciones y contribuir al desarrollo de sus comunidades”, afirmó.

Núñez Tapia explicó que impedir o limitar la educación de las mujeres genera consecuencias que trascienden el ámbito individual. En materia económica, dijo, reduce las posibilidades de que una parte importante de la población acceda a profesiones especializadas, particularmente en sectores como la salud y la educación. En el plano social, agregó, amplía las brechas de desigualdad y disminuye las oportunidades de movilidad social.

El investigador destacó que uno de los efectos más graves es el impacto intergeneracional. Señaló que cuando las mujeres enfrentan menores oportunidades educativas, también disminuyen las posibilidades de impulsar el desarrollo académico y profesional de sus hijos e hijas, lo que contribuye a perpetuar condiciones de rezago durante varias generaciones.

Como ejemplo, mencionó la situación de Afganistán, donde las restricciones impuestas a la educación de las mujeres evidencian la fragilidad de derechos que parecían consolidados. Consideró que estos casos deben servir como un llamado para proteger los avances alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y evitar retrocesos.

En el caso de México, el académico indicó que la brecha educativa sigue reflejándose en desigualdades laborales, diferencias salariales y una menor participación femenina en espacios de toma de decisiones. Por ello, sostuvo que garantizar un acceso equitativo a la educación continúa siendo una condición indispensable para construir una sociedad más incluyente, competitiva y con mayores oportunidades de desarrollo.

Finalmente, Núñez Tapia consideró que las nuevas generaciones enfrentan el desafío de transformar el acceso masivo a la información en pensamiento crítico. A su juicio, resulta indispensable fortalecer espacios de diálogo que permitan analizar distintas perspectivas y comprender los problemas públicos desde una visión más amplia.

“La educación no solo consiste en acceder al conocimiento, sino en aprender a dialogar, escuchar, reflexionar y construir soluciones de manera colectiva. Esa es una de las herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo de cualquier sociedad”, concluyó.