Agua
Sobre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas
COLUMNA INVITADA/Por Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara*
El pasado 1 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN de 1992) y de expedición de la Ley General de Aguas (LGA), subrayando que la primera es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional bajo un enfoque de los usos productivos del agua como propiedad de la Nación y la segunda es reglamentaria del Articulo 4to. Constitucional que otorga reconocimiento expreso al derecho humano al agua.
Llama la atención que se envíen de manera simultánea dos iniciativas para normar el uso y gestión del agua, lo cual parecería una propuesta de doble esfuerzo para el ajuste y renovación del marco institucional del agua en México; pero revisemos algunos elementos clave de ambas para tratar de entender la justificación de las iniciativas oficiales.
Primeramente, se plantean ajustes de carácter administrativo a la LAN de 1992, la mayor parte de ellos enfocados a “ordenar” las concesiones de volúmenes de agua.
Por ejemplo, implementar acciones normativas tendientes a prohibir la transmisión de títulos entre particulares; analizar de manera más estricta y científica las condiciones hídricas prevalecientes en una región de interés y el cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas físicas o morales como condición para otorgar prórrogas a dichas concesiones; eliminar los cambios de usos de derechos de agua y, con ello, coadyuvar a la eliminación de mercado negro (y no negro) de concesiones.
También, se sugiere la instauración de sanciones más severas y se tipifican nuevos delitos por uso indebido del agua. Se resaltan dos aspectos importantes adicionales: fomento a la tecnificación del riego y transparencia y rendición de cuentas en Distritos de Riego, así como la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua para controlar y regular de manera centralizada los permisos de agua.
En este tenor, la Presidenta ha declarado, y así lo plasma en la iniciativa sobre la LAN 1992, que “los usuarios que no utilicen alguna vez su derecho de riego, se les retirará la concesión y pasará a las aguas nacionales”; aquí me surge una pregunta: ¿se han considerado las razones por las que los agricultores no pueden usar su derecho y se ven obligados a rentarlo para subsistir? No creo que sea por gusto, volteemos a ver las condiciones precarias del campo mexicano y encontraremos la respuesta.
La implementación de las medidas incorporadas en las iniciativas requiere significativos recursos financieros, materiales y humanos debido al esfuerzo institucional que implica la supervisión, inspección y aplicación de sanciones, lo cual ha sido justamente la gran debilidad de la Conagua.
Una asignatura pendiente es el tema de los caudales ecológicos, esto tomando en cuenta que la seguridad hídrica requiere necesariamente del enfoque de sustentabilidad ambiental.
Por su parte, la iniciativa de LGA puntualiza eliminar la discriminación a través del impulso del acceso equitativo y sustentable al agua y el saneamiento, como derechos humanos vinculados a otros derechos fundamentales como los de la salud, el medio ambiente sano e igualdad de género; impulsar nuevas fuentes sostenibles y sustentables como la captación de agua de lluvia para usos domésticos; se subraya el reconocimiento de la autonomía de los sistemas comunitarios, particularmente en comunidades indígenas y rurales.
Aquí la duda que surge es que, tomando en cuenta que existen alrededor de 28,000 comités de agua que carecen de recursos financieros y de reconocimiento jurídico, la gestión de concesiones para estos grupos, se antoja de inicio complicada.
Se parte del supuesto de que las iniciativas buscan enfrentar los grandes males que aquejan al sector hídrico desde hace varias décadas: privatización y mercantilización del agua; concentración y acaparamiento de concesiones en pocos grandes usuarios; contaminación de cuerpos de agua, sobreexplotación de aguas subterráneas e injusticia hídrica que afecta a los más vulnerables.Derivado de todo lo anterior y considerando que cualquier iniciativa, plan, programa, proyecto o acción gubernamental funciona efectivamente solo si tiene la validación social adecuada.
Las preguntas que dejo aquí son: ¿De qué manera se busca mejorar en próximos ejercicios de consulta sobre temas de agua, la incorporación efectiva de las propuestas de los grupos e individuos emanados de la sociedad en el campo y la ciudad? ¿Cómo se considera mejorar los mecanismos formales de participación actuales tales como los Consejos de Cuenca, Comisiones de Cuenca, Comités Técnicos de Agua Subterránea, Comités de Agua Potable y Saneamiento y Mesas Directivas de la CILA? ¿De qué manera pueden ampliarse los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones del sector agua?
Al final, lo que planteo, es que la meta de seguridad y sostenibilidad hídrica en México, se alcance a través de una gobernanza del agua realmente democrática.
*El autor es director de la Unidad Mexicali del Colegio de la Frontera Norte. Profesor-investigador titular C
Agua
Analiza UABC implementación e impacto de desalinizar
Ante el aumento de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), desarrolla el proyecto de investigación “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, encabezado por la doctora Mariana Villada Canela, investigadora de dicho instituto.
El estudio busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como Tijuana–Playas de Rosarito y San Quintín.
La investigadora explicó que el proyecto parte de una problemática urgente para la entidad. “La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó.
Los resultados preliminares muestran que la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.
La investigación identifica como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa. En este sentido, la académica destacó la importancia de incorporar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica. “La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”, indicó.
El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos. Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.
Como parte de los hallazgos, se detectaron vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación específica sobre desalinización, criterios de disposición de salmuera y mecanismos formales de participación ciudadana.
El proyecto contempla además la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.
Agua
Exhorta Congreso a revisar empresas externas de CESPT
Un exhorto propuesto por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, a Mónica Juliana Vega Aguirre, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), fue aprobado por el Congreso del Estado para que se haga una revisión integral de las empresas externas contratadas para la toma de lecturas de los medidores de agua en el municipio de Tijuana y Playas de Rosarito.
Esto a consecuencia de las decenas de solicitudes que ha recibido de ciudadanos por el aumento en sus recibos de agua, en los llamados “Recibos Locos”, y que exigen una revisión en la toma de lecturas de medidores de agua que realizan empresas externas contratadas.
Ante el pleno la diputada local expreso que, en Baja California, CESPT tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como parte de sus actividades operativas, la toma de lecturas de los medidores de agua se realiza, en diversos casos, a través de empresas externas contratadas para dicho fin.
Sin embargo, durante los últimos meses, los ciudadanos han manifestado su inconformidad por el aumento en sus recibos de agua, incluso, esta problemática ha sido identificada por la propia ciudadanía como los llamados “Recibos Locos”, debido a que presentan cobros considerablemente más altos de lo habitual, aun cuando las personas usuarias aseguran que su consumo no ha aumentado.
Destacó ante el pleno del Congreso de Baja California que esta situación se ha vuelto más frecuente desde las suspensiones del servicio de agua registradas a principios del presente año en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, generando dudas sobre la correcta toma de lecturas de los medidores y la facturación correspondiente.
Concluyó que la lectura correcta de los medidores constituye la base sobre la cual se determina el consumo y, el monto que cada familia, comercio o empresa debe pagar, cualquier error en este proceso puede generar afectaciones económicas importantes para las familias.
Agua
Critica Fierro Yáñez a diputados del PAN y pide no intervenir en asuntos del Distrito de Riego
Juan Carlos Fierro Yáñez, presidente del Distrito de Riego 014, encabezó una reunión junto con los presidentes y tesoreros de los 22 módulos de riego para criticar la postura de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, que ha hecho exhortos a distintos organismos públicos para que revisen la operación y finanzas de los módulos de riego.
No estamos de acuerdo con las declaraciones que están haciendo, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba y sin tener facultades para meterse en la vida interna de las asociaciones civiles, comentó.
Para algunos, estos señalamientos estarían relacionados a la participación de Eduardo, hermano de la diputada Mayola Gaona, en la contienda para presidente del módulo de riego número 15, perdiendo por dos votos, sin embargo, Fierro Yáñez expresó:
“No lo sé, la verdad, pero no tiene facultades para estarse metiendo en algo personal en su momento en alguna asociación civil, cuando se están dando cuenta en cada una de las asociaciones, en las asambleas, en las elecciones… se da fe hasta con notarios de lo que está sucediendo en la elección”.
Añadió que la directiva y los representantes de cada uno de los módulos están cada vez más unidos y que van a defender hasta donde sea necesario su soberanía y su funcionamiento y no permitirán que ni diputados ni senadores se metan a asuntos de su patrimonio.
“Muy mal asesorados la fracción que está declarando; nos da mucha tristeza porque aquí los recibimos en varias ocasiones, se expresaron que querían defender a los usuarios y resulta que ahora están en contra de los usuarios y eso no lo podemos permitir”, subrayó el presidente del Distrito de Riego.
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