El Secretario General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e integrante de la Junta Directiva del ISSSTECALI, Ampelio Íñiguez Arellano, envió un oficio al Director General del Instituto, Luis Gilberto Gallego Cortez, en el que presenta una serie de planteamientos relacionados con el servicio médico.

Según el documento, estas propuestas deben incorporarse al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2027, en el marco del proceso de programación y presupuestación que actualmente se desarrolla y que será sometido a autorización de la Junta Directiva. El dirigente sindical subraya la urgencia de atender estos puntos y advierte que, bajo ninguna circunstancia, deben aplazarse ante la proximidad del cierre de la administración.

En el Oficio 175/2026, Íñiguez Arellano expone varias consideraciones. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027, el 65 por ciento de la derechohabiencia corresponde a burocracia y el 35 por ciento a magisterio. Cada gremio tiene un perfil epidemiológico diferente, al igual que la proporción de beneficiarios per cápita, y el magisterio resiente la falta de atención de calidad.

El gasto en servicio médico creció de manera significativa: pasó de 3 mil 088 millones de pesos en 2019 a 5 mil 465 millones de pesos en 2025, según el Informe Analítico al cierre de ese año. Los tres hospitales del instituto incrementaron su gasto en 65.1 por ciento, al pasar de 1 mil 528 millones de pesos en 2019 a 2 mil 523 millones en 2025, de acuerdo con el Estado Analítico por Clasificación Administrativa, pero no se aprecian mejoras al servicio.

Según estadísticas del propio ISSSTECALI, la tabla de principales causas de mortalidad 2023 detalla que los tumores malignos registraron 119 casos (23.71 por ciento), las enfermedades del corazón 97 casos (19.32 por ciento), la influenza y neumonía 58 casos (11.55 por ciento), la diabetes mellitus 56 casos (11.16 por ciento), las enfermedades del hígado y vías biliares 28 casos (5.58 por ciento) y las enfermedades digestivas 27 casos (5.38 por ciento).

El documento señala que la edad promedio de la derechohabiencia es de 38 años y no existe un programa eficiente de medicina preventiva orientado a reducir costos de atención a corto, mediano y largo plazo. Se requieren acciones específicas de prevención del cáncer en mujeres, programas de activación y combate a enfermedades metabólicas, atención integral a jubilados, niños y adolescentes, así como programas de salud mental, apunta el líder sindical en el documento.

Íñiguez Arellano destaca el crecimiento de la percepción y los reclamos por la caída de oportunidad y calidad de la atención médica, que se manifiesta en diferimientos y cancelaciones de cirugías programadas, saturación de personal en unidades médicas y administrativas en actividades no sustantivas, surtimiento incompleto de recetas de medicamento, y estudios y cirugías pendientes como cateterismos y operaciones de cataratas.

El gasto en químicos, farmacéuticos y de laboratorio pasó de 400.2 millones de pesos en 2019 a 931 millones proyectados para 2026, un incremento del 232 por ciento según el Estado Analítico por partida, mientras que los niveles de abasto de medicamentos se mantienen por debajo del 80 %. El dirigente sindical también critica que se haya hecho caso omiso a la instrucción de la Gobernadora de proceder a una reestructuración y reingeniería del Instituto, lo que ha generado un incremento en costos financieros por la contratación de mecanismos de financiamiento de la operación.

Por las consideraciones anteriores, el oficio solicita que se atiendan e incorporen como urgentes diversos puntos en el presupuesto de ingresos y egresos del ISSSTECALI para el ejercicio 2027. Entre ellos, la realización de un estudio de productividad de todas las unidades administrativas y médicas para detectar duplicidad de funciones, tiempos muertos y exceso de personal, a fin de establecer un programa de reducción de plantilla y compactación de la estructura. También pide integrar un Comité de Abasto con participación de las organizaciones sindicales para analizar los requerimientos de insumos, adquirirlos de manera puntual bajo principios de calidad y precio, y evitar que el nivel de abasto se mantenga en 79 por ciento como se reportó en el avance programático de junio.

Asimismo, solicita la incorporación de los organismos de burocracia que no han cumplido con la incorporación al régimen general de ley conforme al artículo 2 de la Ley de ISSSTECALI, ni con la integración del salario base de cotización total de los trabajadores de confianza. Propone la homologación de los porcentajes de aportaciones de trabajadores y patrones de burocracia con los que aportan los trabajadores de la educación al concepto de servicio médico —burocracia aporta 3 por ciento el trabajador y 8 por ciento el patrón, mientras que el magisterio aporta 4 por ciento el trabajador y 10 por ciento el patrón—, considerando que dichas aportaciones se concentran en un fondo común.

El documento pide revisar los contratos de los servicios subrogados para determinar que no haya abuso de ellos y buscar economías que fortalezcan la infraestructura hospitalaria, así como priorizar la contratación de médicos y especialistas conforme a un plan de incorporación basado en evidencia estadística de la necesidad de contratación. Solicita también realizar los ajustes presupuestales necesarios para que el salario del personal comisionado al Sindicato Estatal, así como de seccionales de Burocracia, sea cubierto con los recursos aportados por ese gremio y no con los recursos destinados al servicio médico de los trabajadores de la educación.

Además, pide cancelar los contratos con despachos externos para temas fiscales y que el propio personal del área administrativa realice las declaraciones fiscales y timbrados de nómina ante las autoridades del SAT. Finalmente, solicita la compactación y gastos del área de comunicación social, que fue integrada a la Dirección General cuando desapareció la nomenclatura de dicha jefatura.

Íñiguez Arellano concluye que es su responsabilidad atender de manera puntual los señalamientos y preocupaciones del gremio que representa, especialmente en un tema de vital importancia, y afirma que no bajarán la guardia en la exigencia de un servicio médico de calidad para los trabajadores de la educación y sus familias.

El oficio fue recibido el mismo 11 de septiembre de 2026 en la Dirección General del ISSSTECALI, en ISESALUD y en la Oficina del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La reunión sostenida el 11 de septiembre de 2026 entre el gremio de abogados y las autoridades de Baja California confirma una realidad que ya no puede ocultarse con protocolos, lineamientos o mesas de trabajo: la abogacía local vive un periodo de riesgo extraordinario. Los homicidios de litigantes, las amenazas a familias y la falta de resultados claros en varios casos no son hechos aislados, sino señales de tensiones profundas en el sistema de justicia. Cuando la justicia no funciona adecuadamente, los conflictos dejan de resolverse en tribunales y se trasladan a espacios extrajudiciales donde la presión, el miedo y la violencia sustituyen al derecho.

Desde hace varios años, los asesinatos de abogados en Baja California se han repetido en distintas ciudades y en diversas ramas del litigio. La cifra acumulada en la actual administración, con solo unos cuantos detenidos y la mayoría de los casos sin avances, confirma que no se trata de hechos nuevos ni aislados. Es un patrón sostenido que afecta a penalistas, civilistas, mercantilistas, laboralistas, fiscalistas e inmobiliarios por igual. Si bien las autoridades han señalado avances en algunas investigaciones, la información disponible y la percepción del gremio muestran que la mayoría de los casos continúan sin resultados concluyentes.

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja California, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

De nueva cuenta, el nombre de Marina del Pilar Ávila aparece en un audio. Y de nueva cuenta, la respuesta en Baja California parece ser la misma: silencio.

Ahora resulta que Amílcar Olán, el empresario señalado como cercano a Andy y Bobby López Beltrán y vinculado periodísticamente a la llamada red de “El Clan”, asegura en una grabación difundida por Carlos Loret de Mola en Latinus que entregó dinero para la campaña de Marina del Pilar a la gubernatura de Baja California en 2021.

No es poca cosa.

Tampoco significa, por sí solo, que la gobernadora haya cometido un delito. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes después de investigar. Pero precisamente ahí está el problema: ¿Quién va a investigar?

Porque en Baja California la noticia cayó como piedra en un estanque de aceite.

Salvo algunos medios independientes y las redes sociales, el asunto no provocó precisamente una estampida de periodistas, conductores, columnistas y opinadores preguntando de dónde salió el dinero, cuánto fue, cómo se entregó, quién lo recibió y, sobre todo, si ese dinero fue reportado ante las autoridades electorales.

Nada.

Silencio casi sepulcral. Y uno empieza a entender por qué.

Desde hace años, la Comunicación Social del Gobierno del Estado se ha convertido en mucho más que una oficina para informar a los ciudadanos. Diversos reportes periodísticos han documentado el crecimiento de la publicidad oficial, la concentración de contratos y el papel de Ariel Lizárraga en la estrategia de comunicación del gobierno marinista.

En 2022, por ejemplo, se documentaron contratos publicitarios por más de 97 millones de pesos, frente a una autorización presupuestal de poco más de 39 millones.

Pero seguramente todo es una desafortunada coincidencia.

También debe ser coincidencia que ahora Lizárraga vuelva a tener una presencia cada vez más visible en la operación política y mediática del gobierno.

Y seguramente será otra coincidencia que algunos medios descubran una extraordinaria sordera cuando la información incomoda al poder.

Porque hay una fórmula muy sencilla para controlar la prensa sin necesidad de censurarla: “no hay que cerrar periódicos; basta con abrir la chequera”. Así, el gobierno no necesita decirle a un medio qué publicar.Sólo necesita recordarle quién paga.

Y cuando llega un escándalo como éste, la maquinaria funciona maravillosamente: unos callan, otros minimizan, algunos esperan instrucciones y los más disciplinados seguramente preguntan si ya pueden publicar.

Eso sí: todos pueden presumir de libertad de expresión. Y cada 7 de junio, se toman la foto con el gobernador o la gobernadora en turno, para confirmarlo.

Qué maravilla.

El audio de Olán, además, llega cuando Morena intenta vendernos la idea de que sus campañas son ejemplo de pureza democrática. Pero si lo dicho en la grabación es verdadero, estaríamos ante algo mucho más serio que un simple chisme político.

El propio INE establece reglas sobre el origen de los recursos privados y obliga a transparentar ingresos y gastos de campaña. Además, prohíbe aportaciones de determinadas personas y entidades, entre ellas las personas morales, y exige que el dinero utilizado en campaña pueda ser identificado y fiscalizado.

Por eso la pregunta no debería ser si el audio le gusta o no a Marina del Pilar.
La pregunta es otra:

¿Es cierto que Amílcar Olán entregó dinero para financiar su campaña?

Y si lo fue, ¿cuánto?, ¿por qué vía?, ¿a quién?, ¿quién lo recibió?, ¿cómo se registró?, ¿apareció en la contabilidad electoral?

Y si no fue cierto, entonces la gobernadora tiene una oportunidad magnífica para demostrarlo. Que explique. Que presente documentos. Que pida una investigación. Que abra las cuentas.

Porque si todo es falso, debería ser la primera interesada en demostrarlo.

Pero si la estrategia vuelve a ser la de siempre —negar, minimizar, desacreditar al periodista y esperar a que llegue la siguiente noticia— entonces habrá que preguntarse si el problema no es el audio.

Tal vez el problema sea que ya nos acostumbramos al silencio. Y mientras tanto, en Baja California, el dinero sigue haciendo milagros.
Compra publicidad. Compra silencios. Compra lealtades. Y hasta parece comprar memoria.

Lo único que todavía no puede comprar es que un audio deje de existir. Está publicado. Está circulando.

Y tarde o temprano alguien tendrá que explicar qué hay detrás de él. Porque una cosa es gobernar. Y otra, muy distinta, gobernar creyendo que también se puede administrar la verdad.

Hay problemas, Houston

Haber pospuesto la revelación de quien será —o pretende ser— el coordinador de la Defensa de la Transformación en Baja California, ese largo y rimbombante título que en español sencillo significa precandidato de Morena a la gubernatura, sólo refleja una cosa: Hay problemas, Houston.

Porque cuando una decisión está planchada, amarrada, negociada y palomeada desde arriba, no se pospone. Se anuncia. Se presume. Se festeja. Y hasta se manda imprimir el papel picado. Pero en Baja California algo no termina de cuadrar.

La presidenta Claudia Sheinbaum tenía previsto conocer el resultado de la famosa encuesta para definir al coordinador estatal. Y, de pronto, pausa. Espera. Prudencia. Revisión.

¿Revisión de qué? Ahí está el pequeño detalle.
Puede tratarse, desde luego, de las inconformidades de quienes no resulten favorecidos y que ya estén haciendo cuentas para ver qué posición les toca como premio de consolación.

Porque en Morena nadie pierde realmente: pierde la candidatura, pero gana una senaduría, una alcaldía, una diputación o, cuando menos, algún hueso suficientemente jugoso para mantener viva la revolución.Pero también puede haber algo más delicado.

La honorabilidad, los antecedentes y las relaciones de algunos de los aspirantes podrían estar generando más de un dolor de cabeza en Palacio Nacional. Y si existen dudas sobre la trayectoria o vínculos de alguno de ellos, la presidenta no parece dispuesta a jugarse la elección de 2027 por quedar bien con los grupos locales.

Y ahí es donde la novela se pone interesante. Porque desde Palenque pueden tener favorita. Marina del Pilar puede tener favorito. Los grupos de poder pueden tener su propio favorito. Y cada uno puede hacer sus apuestas.

El problema es que la presidenta es quien tendrá que cargar con el resultado. Por eso, mientras desde el entorno de López Obrador se insiste en que Julieta Ramírez es la carta fuerte, Marina del Pilar sigue empujando a Ismael Burgueño.

Y aquí aparece otra pequeña complicación: la relación política entre Marina y Julieta ya no parece precisamente aquella amistad de fotografía, abrazos y sonrisas que durante tanto tiempo nos vendieron.

La senadora ya demostró que tiene agenda propia.
Y eso, en política, puede ser interpretado de muchas maneras.

Particularmente por quien está a punto de dejar el poder y necesita asegurarse de que quien llegue no tenga demasiadas ganas de revisar cajones, expedientes o cuentas.

Porque ése es el verdadero fondo del asunto.

El candidato a gobernador no sólo será candidato.
Tendrá mano en la designación de alcaldes, diputados locales y federales.

Es decir, quien gane la candidatura tendrá en sus manos buena parte del futuro político de Morena en Baja California. Y por eso todos quieren meter mano. Marina quiere influir. Los grupos de Palacio quieren influir. Los aspirantes quieren asegurar posiciones. Los perdedores quieren cobrar la factura. Y la presidenta quiere evitar que le entreguen una bomba con moño y tarjeta de felicitación.

Así que mientras Morena habla de unidad, transformación y democracia interna, la realidad parece bastante menos poética: están repartiendo el pastel antes de hornearlo y todavía no se ponen de acuerdo sobre quién se queda con el cuchillo. Si todo estuviera resuelto, ya conoceríamos al coordinador.

Y detrás de él, ya estarían formándose las filas para alcaldías, diputaciones federales y locales.
Pero no. La decisión se aplazó. Y cuando Morena aplaza una decisión que presume tener perfectamente controlada, generalmente no es porque estén rezando para que salga el sol.

Es porque todavía están tratando de apagar algún incendio. Y en Baja California, por lo visto, todavía no encuentran al bombero adecuado.

Pero aseguran, eso sí, que ya falta menos para la decisión y que todo es unidad para recibir, con bombo y platillo la próxima visita presidencial. Cueste lo que cueste.