Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.

La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.

De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.

En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.

La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.

Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.

La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.

El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.

La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, mantiene bajo vigilancia y fiscalización los recursos públicos otorgados mediante programas municipales a organizaciones como la Patrulla Espiritual,  asegurando un seguimiento desde la ejecución hasta la comprobación de los montos económicos entregados, afirmó.

La funcionaria precisó que, desde el pasado 13 de julio —previo a los recientes incidentes registrados en las clínicas de rehabilitación de la organización—, el órgano fiscalizador solicitó formalmente al centro JIREH la entrega detallada de información sobre el uso del presupuesto asignado.

Entre la documentación requerida al centro de atención se encuentra el padrón de beneficiarios y registro general de seguimiento para las 300 personas proyectadas.

Además, los informes de avance físico, social y detalle de los servicios médicos, rehabilitación y acompañamiento psicosocial prestados; y el informe financiero con el estado del ejercicio del gasto autorizado.

Balderas detalló que la solicitud fue recibida directamente por personal administrativo de la clínica.

Explicó que la revisión inicial confirmó que el otorgamiento de siete millones de pesos cumplió con la normatividad vigente y que la organización se encuentra dentro del plazo legal para presentar su comprobación ante la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI).

Por su parte, ante el presunto deceso de una persona ocurrido durante el fin de semana en las instalaciones del centro JIREH, el alcalde Abdiel Gutiérrez, señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y emitir los dictámenes oficiales.

Asimismo, se enfatizó que dependencias como Protección Civil y las áreas del Ayuntamiento competentes mantienen revisiones cotidianas e itinerantes en las casas de atención para personas con problemas de adicción o salud mental en la ciudad.