Corrupción
Consejeros electorales impugnan en tiempo récord tema de prima de antiguedad
Los tres consejeros electorales que terminan su periodo en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) Olga Viridiana Maciel Sánchez, Jorge Alberto Aranda Miranda y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, quienes buscan se les pague prima de antigüedad, presentaron un medio de impugnación en un tiempo sospechosamente corto.
El abogado del PRI, Joel Blas Ramos, explicó que desde el inicio el tema levanta suspicacias, pues al preguntar sobre esta prima a la secretaría ejecutiva del IEEBC, generaron el acto a reclamar. “Si ellos no hubieran preguntado eso, si se hubieran esperado el finiquito, es un tema laboral, pero dolosamente, o mañosamente, lo hicieron para generar el acto de impugnación en materia electoral”, agregó.
Este asunto se va al Tribunal Electoral, donde solo 3 de los 8 partidos políticos que tienen derecho en Baja California, impugnan en tercería: PRI, MC y Morena. Todos los demás no dijeron nada, dijo.
Morena sí le estaba diciendo al tribunal que se desistiera, que, como no es una competencia los temas laborales, que lo mandaran a Sala Superior, pero el tribunal del estado ya ha resuelto otros temas en materia laboral, manifestó el abogado.
Esa ponencia queda a cargo de la magistrada, Graciela Amezola Canseco, declaró, quien dice que no tienen derecho.
“La sesión fue un viernes a la 1:30 de la tarde. A mí, por ejemplo, como partido, ni siquiera me alcanzaron a notificar, porque ya me había ido de la oficina, y me hablaron alrededor de las 3 de la tarde”, relató; le piden notificarlo, pero él les solicita que lo hagan el lunes.
“Pero en ese momento me pasan el pitazo de que impugnaron, y yo, ¿cómo? Acaba de pasar la sesión hace una hora; la sesión del Tribunal Electoral, donde emiten en sentencia en contra de los magistrados. Si acaba de pasar, ¿cómo es que el mismo viernes impugnaron? Me quedé con la duda hasta el día de ayer… me apersono en el tribunal y tomo una fotografía de la cédula de publicación, y ahí dice textualmente que a las 2.45 minutos presentaron medio de impugnación”, precisó.
En la cédula de notificación, los magistrados fueron notificados a las 2:11 de la tarde y presentaron el recurso a las 2:44; es decir, 33 minutos de diferencia para recibir una sentencia, analizarla, escribir agravios, imprimir y presentar al tribunal, explicó.
“Es ilógico, es ilógico por todas luces. Incluso ayer, cuando estaba leyendo el expediente, se me persona alguien de la ponencia de la magistrada Graciela y me dice, ¿algún problema con el expediente? Y le digo, no, salvo el horario. Me parece muy extraño, y me dice, sí, todos estamos igual, ya no me dijo nada más”, continuó.
Blas Ramos tiene la sospecha que personal de la Magistrada Amezola pudieron filtrar el documento porque eran ellos eran los únicos que tenían la ponencia hasta el viernes y, alguien les tuvo haber pasado este archivo de proyecto de sentencia para efecto de que esbozaran lo que son sus propios agravios.
¿No puede ser también que ya tuvieran su plan B por si les decían que no?, se le cuestionó.
“En materia electoral no opera así, en materia electoral tú no puedes poner cuestiones genéricas en la segunda instancia, en la primera sí necesitas contestar la sentencia porque si no, la sala tribunal de alzada en materia electoral te desecha. Por eso, sí o sí, para presentar un medio de impugnación, debían de haber tenido algún elemento para contestar esos agravios, y esa es la parte preocupante, en donde, a todas luces, se ve que parece que a alguien le pasó el proyecto, y digo parece porque no tengo las pruebas, pero todo apunta a que eso es un es un documento de 32 fojas en el cual literalmente hace una contestación precisa de todos los agravios”, aseguró.
Los magistrados electorales, en el tema de prima de antigüedad, manifiestan que hay una partida aprobada en el presupuesto del consejo general, del IEEBC, lo cual hace sospechar al jurídico del PRI que los consejeros pudieron dolosamente desde el 2024, proyectar esa partida en el presupuesto 2025, con la visión de obtener esta prima.
“Sí existe la partida, ahí está en el presupuesto, pero es genérica para los empleados, porque si llega a comprobarse o llega a darse, pues estarían hablando de un fraude de la ley, porque literalmente es, yo me apruebo una superbolsa para tener una superprima de antigüedad”, destacó.
De acuerdo con lo que ellos dicen, pues hay una partida más grande, en este caso, indicó. Proyectaron un colchón más grande en miras a este tema; jamás nos imaginamos que fueran a insertar una partida de esta naturaleza y con esa cantidad o con esas cantidades en un presupuesto de egresos, añadió.
La Sala Guadalajara lo tiene que resolver, pero no será antes del día 31 de octubre, último día de esos tres consejeros electorales, concluyó.
A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.
La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.
Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.
Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.
Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.
La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.
La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.
Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.
De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.
La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.
La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.
La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.
La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.
La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.
Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.
“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.
García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.
“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.
La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.
Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.
Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.
Se queda sin palabras Samaniego al confrontarlo con las pintas que tiene por la ciudad
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