Corrupción
Consejeros electorales impugnan en tiempo récord tema de prima de antiguedad
Los tres consejeros electorales que terminan su periodo en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) Olga Viridiana Maciel Sánchez, Jorge Alberto Aranda Miranda y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, quienes buscan se les pague prima de antigüedad, presentaron un medio de impugnación en un tiempo sospechosamente corto.
El abogado del PRI, Joel Blas Ramos, explicó que desde el inicio el tema levanta suspicacias, pues al preguntar sobre esta prima a la secretaría ejecutiva del IEEBC, generaron el acto a reclamar. “Si ellos no hubieran preguntado eso, si se hubieran esperado el finiquito, es un tema laboral, pero dolosamente, o mañosamente, lo hicieron para generar el acto de impugnación en materia electoral”, agregó.
Este asunto se va al Tribunal Electoral, donde solo 3 de los 8 partidos políticos que tienen derecho en Baja California, impugnan en tercería: PRI, MC y Morena. Todos los demás no dijeron nada, dijo.
Morena sí le estaba diciendo al tribunal que se desistiera, que, como no es una competencia los temas laborales, que lo mandaran a Sala Superior, pero el tribunal del estado ya ha resuelto otros temas en materia laboral, manifestó el abogado.
Esa ponencia queda a cargo de la magistrada, Graciela Amezola Canseco, declaró, quien dice que no tienen derecho.
“La sesión fue un viernes a la 1:30 de la tarde. A mí, por ejemplo, como partido, ni siquiera me alcanzaron a notificar, porque ya me había ido de la oficina, y me hablaron alrededor de las 3 de la tarde”, relató; le piden notificarlo, pero él les solicita que lo hagan el lunes.
“Pero en ese momento me pasan el pitazo de que impugnaron, y yo, ¿cómo? Acaba de pasar la sesión hace una hora; la sesión del Tribunal Electoral, donde emiten en sentencia en contra de los magistrados. Si acaba de pasar, ¿cómo es que el mismo viernes impugnaron? Me quedé con la duda hasta el día de ayer… me apersono en el tribunal y tomo una fotografía de la cédula de publicación, y ahí dice textualmente que a las 2.45 minutos presentaron medio de impugnación”, precisó.
En la cédula de notificación, los magistrados fueron notificados a las 2:11 de la tarde y presentaron el recurso a las 2:44; es decir, 33 minutos de diferencia para recibir una sentencia, analizarla, escribir agravios, imprimir y presentar al tribunal, explicó.
“Es ilógico, es ilógico por todas luces. Incluso ayer, cuando estaba leyendo el expediente, se me persona alguien de la ponencia de la magistrada Graciela y me dice, ¿algún problema con el expediente? Y le digo, no, salvo el horario. Me parece muy extraño, y me dice, sí, todos estamos igual, ya no me dijo nada más”, continuó.
Blas Ramos tiene la sospecha que personal de la Magistrada Amezola pudieron filtrar el documento porque eran ellos eran los únicos que tenían la ponencia hasta el viernes y, alguien les tuvo haber pasado este archivo de proyecto de sentencia para efecto de que esbozaran lo que son sus propios agravios.
¿No puede ser también que ya tuvieran su plan B por si les decían que no?, se le cuestionó.
“En materia electoral no opera así, en materia electoral tú no puedes poner cuestiones genéricas en la segunda instancia, en la primera sí necesitas contestar la sentencia porque si no, la sala tribunal de alzada en materia electoral te desecha. Por eso, sí o sí, para presentar un medio de impugnación, debían de haber tenido algún elemento para contestar esos agravios, y esa es la parte preocupante, en donde, a todas luces, se ve que parece que a alguien le pasó el proyecto, y digo parece porque no tengo las pruebas, pero todo apunta a que eso es un es un documento de 32 fojas en el cual literalmente hace una contestación precisa de todos los agravios”, aseguró.
Los magistrados electorales, en el tema de prima de antigüedad, manifiestan que hay una partida aprobada en el presupuesto del consejo general, del IEEBC, lo cual hace sospechar al jurídico del PRI que los consejeros pudieron dolosamente desde el 2024, proyectar esa partida en el presupuesto 2025, con la visión de obtener esta prima.
“Sí existe la partida, ahí está en el presupuesto, pero es genérica para los empleados, porque si llega a comprobarse o llega a darse, pues estarían hablando de un fraude de la ley, porque literalmente es, yo me apruebo una superbolsa para tener una superprima de antigüedad”, destacó.
De acuerdo con lo que ellos dicen, pues hay una partida más grande, en este caso, indicó. Proyectaron un colchón más grande en miras a este tema; jamás nos imaginamos que fueran a insertar una partida de esta naturaleza y con esa cantidad o con esas cantidades en un presupuesto de egresos, añadió.
La Sala Guadalajara lo tiene que resolver, pero no será antes del día 31 de octubre, último día de esos tres consejeros electorales, concluyó.
El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.
En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.
El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.
Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.
De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.
Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.
El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.
La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.
El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.
El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.
En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.
La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.
Por los probables delitos de fraude procesal, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Tijuana cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jair Alejandro “N”.
La diligencia se llevó a cabo aproximadamente a las 12:50 horas del 24 de septiembre de 2026, en Ruta Hidalgo, colonia Mariano Matamoros. De acuerdo con los datos que obran en la investigación, el 21 de diciembre de 2018, el detenido, en conjunto con otras personas, habría realizado actos tendientes a inducir al error a la autoridad administrativa denominada Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana.
Como parte de los hechos investigados, se señala que Jair Alejandro “N” habría presentado ante dicha autoridad un contrato de compraventa de fecha 17 de marzo de 2010, supuestamente celebrado entre la parte ofendida y el imputado, respecto de una vivienda ubicada en Jardines de Agua Caliente, primera etapa del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en esta ciudad.
Asimismo, la investigación refiere que, aprovechándose de las facultades derivadas de determinados cargos, el 20 de diciembre se habría realizado la ratificación del referido acto jurídico, mediante el cual se habría declarado frente a terceros a Jair Alejandro “N” como propietario del inmueble señalado.
Derivado de las investigaciones realizadas y en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Oralidad del Estado de Baja California, agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron al señalado.
Tras su detención, se le hizo del conocimiento el motivo de esta y se realizó la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.
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