El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, encabezó este jueves una reunión con la asociación Producción y Progreso de Baja California, en la que se abordaron las principales demandas del sector agrícola del Valle de Mexicali: seguros agrícolas, asignación de agua, apoyos económicos y la comercialización de alfalfa.

Al encuentro asistieron los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Mónica Vargas, y de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Amador.

Durante la sesión se discutieron los problemas que enfrentan los agricultores de la zona. Como resultado, se acordó que la Secretaría General de Gobierno y la SADER se reunirán con las aseguradoras agrícolas para revisar las condiciones de los seguros. La SADER también anunciará próximamente las fechas de entrega de los apoyos compensatorios del programa estatal.

Por su parte, la SEPROA, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Distrito de Riego, revisará las quejas sobre el volumen de agua asignado. Además, se dará seguimiento a posibles alianzas para mejorar la venta de alfalfa y se evaluará, junto con la Secretaría de Economía e Innovación, la creación de un centro de acopio de forraje.

Los productores del Valle de Mexicali han insistido en la necesidad de mayor certeza en el acceso al agua y en mejores condiciones para la comercialización de sus cultivos, especialmente la alfalfa, uno de los principales productos de la región.

Ante el aumento de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), desarrolla el proyecto de investigación “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, encabezado por la doctora Mariana Villada Canela, investigadora de dicho instituto.

 El estudio busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como Tijuana–Playas de Rosarito y San Quintín.

 La investigadora explicó que el proyecto parte de una problemática urgente para la entidad. “La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó.

 Los resultados preliminares muestran que la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.

 La investigación identifica como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.

 Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa. En este sentido, la académica destacó la importancia de incorporar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica. “La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”, indicó.

 El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos. Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.

Como parte de los hallazgos, se detectaron vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación específica sobre desalinización, criterios de disposición de salmuera y mecanismos formales de participación ciudadana.

 El proyecto contempla además la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.

Un exhorto propuesto por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, a Mónica Juliana Vega Aguirre, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), fue aprobado por el Congreso del Estado para que se haga una revisión integral de las empresas externas contratadas para la toma de lecturas de los medidores de agua en el municipio de Tijuana y Playas de Rosarito.

Esto a consecuencia de las decenas de solicitudes que ha recibido de ciudadanos por el aumento en sus recibos de agua, en los llamados “Recibos Locos”, y que exigen una revisión en la toma de lecturas de medidores de agua que realizan empresas externas contratadas.

Ante el pleno la diputada local expreso que, en Baja California, CESPT tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como parte de sus actividades operativas, la toma de lecturas de los medidores de agua se realiza, en diversos casos, a través de empresas externas contratadas para dicho fin.

Sin embargo, durante los últimos meses, los ciudadanos han manifestado su inconformidad por el aumento en sus recibos de agua, incluso, esta problemática ha sido identificada por la propia ciudadanía como los llamados “Recibos Locos”, debido a que presentan cobros considerablemente más altos de lo habitual, aun cuando las personas usuarias aseguran que su consumo no ha aumentado.

Destacó ante el pleno del Congreso de Baja California que esta situación se ha vuelto más frecuente desde las suspensiones del servicio de agua registradas a principios del presente año en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, generando dudas sobre la correcta toma de lecturas de los medidores y la facturación correspondiente.

Concluyó que la lectura correcta de los medidores constituye la base sobre la cual se determina el consumo y, el monto que cada familia, comercio o empresa debe pagar, cualquier error en este proceso puede generar afectaciones económicas importantes para las familias.