El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, el 3 de septiembre de 2026, imponer una multa de 1,284 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al partido político nacional Morena por la afiliación indebida del profesor universitario mexicalense, David Eduardo Pérez Paredes.

El monto equivale a 145 mil 271.76 pesos, calculado con el valor de la UMA vigente en 2025. Según la resolución del expediente UT/SCG/Q/DEPP/CG/30/2026, el instituto acreditó que el partido no proporcionó la documentación que demostrara la debida afiliación del quejoso y que, además, existía reincidencia. Por ello, el órgano electoral consideró procedente imponer una sanción de mayor entidad.

La multa se determinó tomando en cuenta las particularidades del caso, las condiciones socioeconómicas del partido y el principio de proporcionalidad. El Consejo General estimó que la sanción resulta proporcional y no excesiva.

La resolución fue aprobada por votación unánime de las y los consejeros electorales en sesión extraordinaria celebrada el 3 de septiembre de 2026. La firmaron la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y la secretaria del Consejo General, Claudia Arlett Espino.

Pérez Paredes, afiliado al Partido del Trabajo, quien impulsó el procedimiento en forma de juicio, señaló en redes sociales que la sanción equivale a aproximadamente el 0.07 por ciento del presupuesto total asignado a Morena y expresó que “sirva de lección”.

El documento ordena notificar personalmente al denunciante y al partido político, así como archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La implementación de perfiles de protección para niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales representa una oportunidad para modificar la relación de las nuevas generaciones con la tecnología, reduciendo afectaciones en el descanso, la atención, la salud mental y la actividad física.

América García León, coordinadora de la Licenciatura en Psicología Clínica de CETYS Universidad Campus Mexicali, consideró que las salvaguardas automáticas incorporadas por plataformas digitales constituyen un avance positivo, debido a que pueden contribuir al bienestar de menores durante etapas fundamentales de su desarrollo.

Entre las medidas implementadas por Meta se encuentra ocultar el recuento público de “me gusta” en las cuentas de menores, con el propósito de disminuir la presión asociada con las métricas de popularidad.

“Al ocultar las métricas de popularidad, como el recuento de ‘likes’, se atenúa la presión social por la aprobación externa… La tecnología debe ser un puente para el aprendizaje y la conexión humana; el acompañamiento consciente por parte de familias, escuelas y plataformas es el camino para garantizar que la innovación digital impulse siempre el bienestar de nuestra infancia y juventud”, comentó.

Investigaciones científicas han relacionado la fuerte inversión emocional en redes sociales y la búsqueda constante de validación con un mayor riesgo de dismorfia corporal, síntomas depresivos y trastornos de la conducta alimentaria entre jóvenes, explicó.

García León manifestó que a estas medidas se suma la eliminación de filtros de imágenes vinculados con procedimientos estéticos, además de límites de tiempo de uso y bloqueos nocturnos para adolescentes.

Pantallas también impactan atención y actividad física

Los llamados modos de concentración durante el horario escolar pueden disminuir las interrupciones provocadas por las notificaciones y favorecer la atención de los estudiantes, subrayó la especialista.

El uso excesivo de pantallas se ha relacionado con dificultades para mantener la atención y con manifestaciones clínicas asociadas al TDAH durante la infancia y adolescencia, señaló.

Reducir la sobreestimulación digital facilita el enfoque, la creatividad y el aprovechamiento académico, por eso, agregó que establecer límites al tiempo frente a las pantallas también permite reducir el sedentarismo y generar espacios para el juego libre, la actividad física y la convivencia familiar.

Una mayor exposición a las pantallas se ha asociado con un incremento en factores de riesgo relacionados con obesidad infantil y problemas metabólicos, y en este contexto, recordó que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2019 evitar el uso de pantallas en menores de dos años y limitarlo a un máximo de una hora diaria entre los dos y cinco años, como parte de las medidas para favorecer un desarrollo integral.

La académica también mencionó problemas como cansancio ocular digital, migrañas y alteraciones del estado de ánimo entre las posibles consecuencias relacionadas con un uso inadecuado o excesivo de dispositivos digitales.

Por ello, consideró que las herramientas de protección para menores deberían avanzar hacia un estándar más amplio y no limitarse a determinadas regiones.

Finalmente, García León sostuvo que la tecnología no debe entenderse únicamente desde la perspectiva de sus riesgos, sino también como una herramienta de aprendizaje y conexión, siempre que exista un acompañamiento responsable por parte de familias, escuelas y plataformas digitales.

El Paquete Económico 2027, presentado el pasado 8 de septiembre de 2026 por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, indica que la consolidación fiscal de México volverá a posponerse.

De acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el déficit presupuestario en su medida más amplia, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), alcanzará el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, incumpliendo la meta previa estipulada en 3.5 por ciento.

El diagnóstico del IMCO evidencia que el déficit público ha dejado de ser una situación coyuntural para convertirse en una falla estructural de la economía mexicana. El Saldo Histórico de los RFSP, la métrica más representativa de la deuda acumulada del país, escalará hasta los 21.7 billones de pesos en 2027, lo que equivale al 55 por ciento del PIB o cerca de 162 mil pesos por cada habitante.

Este panorama de mayor endeudamiento ocurre en un entorno de crecimiento económico moderado, donde la Secretaría de Hacienda prevé una expansión del PIB de entre 1.5 y el 2.5 por ciento, mientras que el Banco de México proyecta un 1.8 y el Fondo Monetario Internacional un 1.9 por ciento.

Uno de los puntos más críticos señalados por el IMCO es que el gobierno federal no logrará cumplir el compromiso de retirar los apoyos directos a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2027. Aunque las aportaciones presupuestarias se reducirán un 69.2 por ciento en comparación con años anteriores, se han programado 81.1 mil millones de pesos en transferencias directas a la petrolera estatal.

Tras acumular pérdidas por 28 mil millones de pesos tan solo en el primer semestre de 2026 y arrastrar una deuda financiera superior a los 77 mil millones de dólares, Pemex se mantiene como el mayor factor de riesgo para la calificación soberana de México.

Agencias como S&P advierten que la nota crediticia del país podría sufrir recortes si la carga de intereses y los rescates petroleros continúan creciendo.

En cuanto a la gestión de los recursos públicos, el presupuesto federal total ascenderá a 10.5 billones de pesos en 2027, mientras que los ingresos se estiman en 9.2 billones de pesos, dejando un déficit presupuestario puro de 1.4 billones de pesos.

Sin embargo, el dato más preocupante para la operatividad del Estado es el nivel extremo de rigidez del gasto: solo 20 de cada 100 pesos presupuestados tendrán margen de reasignación discrecional. El 80 por ciento restante se encuentra comprometido de antemano en rubros ineludibles como el pago de pensiones y jubilaciones (17.5 por ciento), el costo financiero de la deuda (15 por ciento), las participaciones obligatorias a estados y municipios (14.7 por ciento) y los programas sociales prioritarios (9.8 por ciento).

Por el lado de la infraestructura y el desarrollo social, la inversión física proyectada para 2027 se ubicará en 1.03 billones de pesos (2.6 por ciento del PIB), lo que representa un modesto crecimiento del 3.5 por ciento real frente a 2026 e iguala por primera vez al monto destinado a programas sociales.

No obstante, este nivel de gasto en infraestructura se mantiene por debajo del promedio de la OCDE (3.5 por ciento del PIB) y del 4.5 por ciento recomendado por el Banco Mundial para economías emergentes.

Además, el 46 por ciento de dicha inversión se concentrará únicamente en el sector energético y trenes (Pemex con 25 por ciento, nuevos trenes con 15 por ciento y CFE con 6 por ciento).

La asignación en salud (2.8 por ciento del PIB) y educación (3.1 por ciento del PIB) también se mantiene muy distante de los estándares internacionales de la OCDE (9.7 por ciento) y del piso legal del 8 por ciento marcado por la Ley General de Educación.

Para intentar elevar la recaudación tributaria a 6.26 billones de pesos, el gobierno propone apretar el marco fiscal para grandes contribuyentes limitando deducciones autorizadas, reduciendo al 50 por ciento la acreditación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y bajando la deducción de intereses netos.