Esta mañana, el director de Seguridad Pública, Luis Felipe Chan, lamentó el homicidio del subcomandante del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) de la Policía Municipal, Ramón Barajas, ocurrido la tarde del martes en su domicilio, en el ejido Oviedo Mota, del Valle de Mexicali.

Señaló que, hasta el momento, no hay información sobre si existen denuncias previas en contra del agente, quien dijo que era un elemento ejemplar que contaba con una trayectoria de 15 años en la corporación.

Añadió que tampoco se tenía conocimiento de amenazas dirigidas hacia el subcomandante o hacia otros integrantes de su grupo operativo; sin embargo, no se descarta esa línea de investigación.

Luis Felipe Chan mencionó que, debido a sus funciones como subcomandante en la Policía Municipal, el agente Barajas contaba con su arma de cargo al momento del ataque.

El hecho ocurrió en el ejido Oviedo Mora Reacomodo poco después de las dos de la tarde, mientras que el oficial se encontraba limpiando su auto en el exterior de su domicilio, previo a su hora de entrada, que era a las cuatro de la tarde.

Las investigaciones correspondientes se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado, la cual mencionó que en el lugar de los hechos se encontraron alrededor de 200 casquillos percutidos, por al menos dos sujetos.

Mientras el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a Baja California por su desempeño sostenido durante las últimas dos décadas, el resultado más reciente del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 muestra un retroceso de seis posiciones para la entidad, que pasó del lugar 11 al 17 entre los 32 estados del país.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la presentación del ICE 2026, evento en el que estuvo presente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El IMCO incluyó a Baja California entre las 10 entidades reconocidas por su desempeño durante los últimos 20 años, particularmente por su integración con la economía global y el comportamiento sostenido de la inversión extranjera y las exportaciones.

Sin embargo, el mismo índice coloca actualmente a Baja California en el lugar 17 nacional, seis posiciones por debajo del sitio que ocupaba previamente, de acuerdo con los resultados difundidos con la edición 2026. La gráfica del propio índice identifica el cambio con una flecha descendente de seis lugares y clasifica a la entidad dentro del nivel de competitividad media-baja.

El contraste entre el reconocimiento por la trayectoria de dos décadas y el retroceso registrado en la medición actual marca uno de los principales datos del reporte. El IMCO aclara que el reconocimiento se refiere al desempeño acumulado de las entidades a lo largo de 20 años, mientras que el ICE 2026 evalúa el desempeño competitivo actual mediante 53 indicadores agrupados en seis subíndices.

Entre los resultados de Baja California destaca el desempeño en Mercado de trabajo, donde ocupa el cuarto lugar nacional; Infraestructura, con el octavo; Sociedad y medio ambiente, octavo; e Innovación y economía, noveno.

En contraste, aparece en los lugares 30 en Derecho y 31 en Sistema político y gobierno, de acuerdo con el desglose publicado sobre los resultados del índice.

En materia de integración económica, el IMCO señala que la inversión extranjera y las exportaciones representan en 2026 el 78.6 por ciento del PIB estatal, uno de los elementos por los que Baja California fue incluida entre las entidades reconocidas por su trayectoria competitiva.

Durante su participación, Marina del Pilar destacó como prioridades para sostener el crecimiento estatal la seguridad hídrica, educación, energía e infraestructura. Entre los proyectos mencionados se encuentra la planta desaladora para Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, además de infraestructura energética y logística como Otay II y Punta Colonet.

La Circular 01/2026 y la fragmentación del Poder Judicial de Baja California

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La reforma que introdujo el voto popular para elegir jueces y magistrados en Baja California nació con una promesa poderosa: acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, esa cercanía nunca se construyó. La reforma no modificó la estructura judicial, no fortaleció la independencia interna, no incorporó criterios internacionales sobre independencia judicial y no creó mecanismos de participación ciudadana. La narrativa de “justicia cercana al pueblo” terminó siendo eso: narrativa.

La Circular 01/2026, emitida por el Consejo de Administración del Poder Judicial, es la evidencia más reciente de esa crisis. La medida exige autorización previa para que jueces y magistrados participen en actividades académicas o gremiales relacionadas con su función. En apariencia, es una regulación administrativa. En realidad, revela un sistema que intenta controlar la exposición pública de quienes deberían tener autonomía para dialogar con la sociedad.

El voto popular no generó legitimidad judicial. Generó legitimidad electoral. En algunos casos, jueces y magistrados obtuvieron miles de votos sin que la ciudadanía conociera quienes eran, cuál era su trayectoria, su patrimonio o su visión de justicia. La legitimidad numérica y política sustituyó a la legitimidad social. La ciudadanía no eligió perfiles; eligió siglas. Y los partidos, fragmentados y en disputa interna, trasladaron esa fragmentación al Poder Judicial.

Las candidaturas comunes —cuestionadas por su diseño y por su legalidad— funcionaron como un mecanismo para distribuir posiciones entre grupos internos. Los jueces electos no representan a la ciudadanía; representan a quienes los impulsaron en esas listas. Cuando un partido se fragmenta, sus operadores judiciales también se fragmentan. El Poder Judicial de Baja California hoy refleja esa división.

La politización interna es evidente. Algunos colegios de abogados, facultades de Derecho y universidades han prestado sus espacios para actos políticos o electorales, profundizando la confusión entre justicia, academia y militancia. En ese contexto, la Circular 01/2026 opera como un mecanismo de contención: si no se puede ordenar la fragmentación interna, se limita la voz pública. No fortalece la independencia; la administra. No acerca la justicia a la ciudadanía; la aleja.

La cercanía con la ciudadanía no se construye con discursos ni con eventos. Se construye con integridad verificable. ¿Cuántos jueces han sido investigados por el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Cuántos informes de evolución patrimonial se han publicado? ¿Qué controles existen sobre el estilo de vida de jueces y magistrados? Sin respuestas claras, cualquier narrativa de cercanía se vuelve vacía. La confianza pública no depende de la presencia en foros, sino de instituciones capaces de responder a la población que pide acceso a la justicia.

La responsabilidad de construir cercanía no recae solo en los jueces. También exige un gremio que actúe con responsabilidad, facultades y universidades que no presten sus espacios a actos políticos y un sistema disciplinario que funcione. Y exige, sobre todo, que el Congreso y el Ejecutivo local —que promovieron, validaron y celebraron la reforma— vigilen y hagan cumplir la cercanía que prometieron. Máxime cuando de esos mismos espacios políticos surgieron los grupos que gestionaron a sus prospectos judiciales.

Mientras el sistema discute circulares y controles internos, el justiciable sigue enfrentando un Poder Judicial donde la cercanía es discurso y la incertidumbre es práctica cotidiana. Si la cercanía con el pueblo solo se invoca en campañas y se olvida en la gestión, no es principio: es estrategia.

El contexto se vuelve más delicado porque Baja California entra en una nueva etapa electoral. En sistemas judiciales politizados, los ciclos electorales no generan estabilidad; generan tensión. No porque gane o pierda alguien, sino porque se reacomodan grupos, se renegocian lealtades y se redefinen controles internos. La justicia local corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se disputen influencias políticas más que criterios jurídicos.

Los criterios internacionales sobre independencia judicial establecen que los jueces pueden participar en actividades académicas siempre que no comprometan casos específicos. La Circular 01/2026, si se aplica como restricción general, podría limitar esa función pedagógica que es esencial para construir confianza pública.

La transparencia patrimonial, las auditorías éticas y los mecanismos de vigilancia ciudadana son herramientas que fortalecen la justicia. Las restricciones administrativas no lo hacen. Baja California necesita una justicia que dialogue con la sociedad, no una justicia que pida permiso para hacerlo. Necesita jueces independientes, no jueces politizados. Necesita instituciones fuertes, no estructuras que reaccionan con silencio ante la presión política.

La circular es un síntoma, no la solución. La ruta correcta es reconstruir la independencia judicial desde dentro, con integridad, transparencia y participación ciudadana. La justicia no se defiende callando voces. Se defiende con instituciones capaces de sostenerse frente a cualquier ciclo electoral y frente a cualquier grupo político. La independencia judicial es un valor que se construye, no un permiso que se solicita.

• El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.