El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Octavio Sandoval, aseguró que las acciones anunciadas para fortalecer la infraestructura eléctrica representan el inicio de la solución a los apagones que afectan a Mexicali, aunque advirtió que las interrupciones del servicio continuarán durante este verano.

Mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció recientemente que las interrupciones del suministro se deben a la alta demanda de energía durante la temporada de calor y al “cuello de botella” existente en las subestaciones.

Sandoval destacó que en Mexicali está proyectada la construcción de cuatro nuevas subestaciones, de las cuales la primera ya cuenta con un terreno de 20 hectáreas para su edificación.

Explicó que el sector empresarial está colaborando con el gobierno federal y estatal, ya que la Comisión Federal de Electricidad pide apoyo con la donación de predios, debido a que no dispone de presupuesto para adquirirlos.

Aclaró que estas obras requieren alrededor de dos años para concluirse, por lo que estimó que será hacia finales de 2028 cuando comiencen a reflejarse los beneficios en el sistema eléctrico.

Para concluir, el presidente del CCE en el estado sostuvo que el problema de generación de energía ya fue atendido con la entrada en operación de nuevos proyectos, por lo que insistió en que el principal reto ahora es fortalecer la infraestructura de distribución y transformación de electricidad.

Un análisis de los estados financieros del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al periodo 2015 a marzo de 2026 revela posibles irregularidades en materia de adquisiciones, contratación de servicios y manejo de la recaudación municipal, de acuerdo con un documento elaborado por el organismo de análisis de rendición de cuentas ObserBC.

Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a la compra de dos barredoras mecánicas adquiridas en 2025 por 19.1 millones de pesos cada una, a la empresa PROESP S.A. de C.V. El estudio compara esta adquisición con cotizaciones internacionales de equipos similares, donde el costo estimado sería hasta tres veces menor, lo que abre cuestionamientos sobre una posible sobrevaloración en la compra pública.

El informe también destaca que al cierre de 2025 el Ayuntamiento registró un rezago en contribuciones fiscales superior a los 1,227 millones de pesos, incluyendo cartera vencida de predial, sobretasas de seguridad y multas. A pesar de este nivel de adeudo, se advierte la contratación de despachos jurídicos mediante adjudicación directa para la recuperación de cartera vencida, con montos que alcanzan hasta 10 millones de pesos más IVA, sin que se reporten resultados claros en la reducción del rezago.

Otro punto señalado es la existencia de un crédito fiscal determinado por el SAT por más de 508 millones de pesos, derivado de diferencias en retenciones de ISR correspondientes al ejercicio 2020, periodo donde fue alcaldesa la actual gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda.

El documento cuestiona la falta de claridad sobre las responsabilidades administrativas y el impacto que este adeudo podría tener en las finanzas municipales.

En materia de contratación pública, el análisis identifica que durante 2025 el Ayuntamiento realizó adquisiciones y servicios por más de 861 millones de pesos en licitaciones y más de 484 millones en arrendamientos, donde predominan esquemas de arrendamiento de vehículos, maquinaria y servicios especializados. Una parte importante de estas contrataciones se efectuó bajo el esquema de adjudicación directa, lo que, de acuerdo con el documento, reduce la competencia y transparencia en los procesos.

Asimismo, se observa la contratación de múltiples servicios de consultoría y asesoría por más de 41 millones de pesos en 2025, incluyendo estudios administrativos, fiscales, de movilidad, seguridad social y reingeniería de procesos, algunos de los cuales el análisis considera duplicados o poco justificados, dado el tamaño de la plantilla laboral del Ayuntamiento. Muchos de estos contratos están ligados a diversas empresas creadas por quien fue jefe de la hija de la alcaldesa, Jorge Mario Soto Romero.

El informe también cuestiona la asistencia y supervisión en los comités de adquisiciones, así como la justificación de contrataciones especializadas bajo el argumento de falta de personal interno capacitado, requisito establecido en la legislación estatal de adquisiciones.

Finalmente, el análisis concluye que, aunque el Ayuntamiento ha mantenido equilibrio presupuestal en ciertos ejercicios recientes, persisten áreas de riesgo relacionadas con deuda, eficiencia recaudatoria, contratación directa de servicios y posible sobrecosto en adquisiciones, lo que amerita revisiones más profundas por parte de los órganos de control y fiscalización.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval y el de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Mexicali, César Beltrán, urgieron a las autoridades a solucionar el problema de los congestionamientos y largas filas que enfrentan los viajeros al ingresar a México por las aduanas del estado.

Mientras que Beltrán Badilla destacó que el problema afecta significativamente el turismo médico, el comercio, la restauración y la vida familiar de los residentes de la región fronteriza, Sandoval reiteró que la economía estatal se ha ralentizado a raíz de ese problema por el que las autoridades no se han interesado.

Entre los problemas identificados se encuentran el estrangulamiento de la movilidad por insuficiente diseño operativo, la reducción de carriles de ingreso, duplicidad de revisiones, inspecciones manuales adicionales, infraestructura poco funcional y diseño operativo ineficiente que genera cuellos de botella, lo que el líder de CCE estatal atribuyó que las decisiones las toman personas que viven a 3 mil kilómetros de la realidad fronteriza.

Los dirigentes propusieron establecer un plan de atención por etapas; realizar un diagnóstico operativo para identificar los principales cuellos de botella; ajustar la asignación de personal según la demanda en horas pico, fines de semana y días festivos; implementar un sistema permanente de medición y monitoreo de tiempos de espera; capacitar y fortalecer los criterios operativos del personal del INM para agilizar la atención; y establecer una mesa permanente de coordinación entre Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación y autoridades estatales y municipales.

El plan a un año es rediseñar la infraestructura y operación de las aduanas mexicanas para mejorar el flujo vehicular, implementar programas de “viajero confiable” y carriles preferentes para usuarios frecuentes, y digitalizar los procesos migratorios mediante aplicaciones móviles, códigos QR y validación electrónica de documentos, explicaron.

Sandoval subrayó la necesidad de invertir el criterio de “todos son sospechosos y malos ciudadanos”, pues el 99 por ciento de quienes cruzan son personas trabajadoras y de bien, y la agilización se puede hacer sin descuidar la seguridad, agregó.

Beltrán, por su parte, enfatizó que se ha venido trabajando de manera conjunta con las autoridades y que ya se observa una ligera mejora en algunos cruces, aunque persisten problemas en los carriles generales. “El tema de la seguridad es preponderante, sabemos que hay protocolos, pero tenemos que implementar estrategias que cumplan con todos los rubros necesarios para que el tiempo sea lo más óptimo posible”, afirmó.

Ambos líderes empresariales llamaron a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para evitar que los congestionamientos sigan desincentivando el turismo y afectando la competitividad de la región fronteriza.