La Coalición para la Participación Social en la Educación de Baja California (COPASE) emitió un posicionamiento ante la publicación de los resultados de la evaluación PISA 2025, en el que advierte que el desempeño de México en matemáticas, comprensión lectora y ciencias confirma una tendencia de rezagos ya señalada desde 2022.

La organización subrayó que los resultados no deben interpretarse únicamente como un ranking internacional, sino como un llamado urgente a revisar y fortalecer las políticas educativas con estrategias basadas en evidencia.

COPASE recordó que corresponde a la Gobernadora del Estado, como titular del Poder Ejecutivo, garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 e impulsar acciones que se traduzcan en resultados concretos.

Entre las propuestas que la coalición ha planteado desde 2021 —y que ya están plasmadas en dicho plan— destaca la creación de un órgano evaluador independiente de la autoridad educativa.

Asimismo, la organización insistió en la necesidad de integrar de manera efectiva los Consejos de Participación Escolar en todas las escuelas, garantizando su participación en la toma de decisiones, tal como lo establece la Ley General de Educación.

Durante los dos últimos ciclos escolares, COPASE ha trabajado con más de 20 escuelas de educación básica impulsando el fortalecimiento de matemáticas, comprensión lectora y otras estrategias pedagógicas.

Según la coalición, esta experiencia confirma que existen capacidades y voluntad en las comunidades educativas para mejorar, pero se requiere coordinar esfuerzos y establecer políticas públicas, metas claras y mecanismos de seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, COPASE solicitó a las autoridades educativas del estado comprometerse con las siguientes líneas de acción: Definir una meta estatal pública de mejora en matemáticas, lectura y ciencias, con seguimiento periódico y dar prioridad a la creación de un organismo evaluador independiente que no solo mida, sino que publique resultados claros por áreas y genere recomendaciones orientadas a “evaluar para mejorar, no para señalar”.

Ademas, piden concretar un acuerdo educativo por Baja California que convoque a autoridades, docentes, familias, universidades, empresarios y sociedad civil en torno a objetivos comunes y medibles.

“La educación no puede depender solamente del Gobierno; debe convertirse en una responsabilidad compartida de toda la sociedad”, señala el documento.

COPASE reafirmó su compromiso de seguir impulsando una educación basada en evidencia, participación y resultados, priorizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad que les permita desarrollar plenamente sus capacidades.

El posicionamiento está firmado por Gerardo Espinoza Rodríguez, Consejero Presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación.

El T-MEC ya no se negocia solamente en términos de comercio. La revisión del acuerdo que durante más de tres décadas articuló las economías de México, Estados Unidos y Canadá ocurre ahora bajo una lógica marcada por la geopolítica, el proteccionismo y las presiones políticas de Washington, colocando a México ante una negociación particularmente complicada.

Uno de los principales planteamientos expuestos por especialistas de CETYS Universidad durante el webinar “¿Quién define el futuro del T-MEC?”, fue que mientras el gobierno de Donald Trump busca reducir el déficit comercial de Estados Unidos y recuperar empleos manufactureros para su territorio, la incertidumbre sobre las reglas que regirán el intercambio norteamericano amenaza con convertirse en un obstáculo para la inversión en México.

En el primer episodio de la serie “T-MEC En Clave”, se advirtió que el tratado enfrenta uno de sus momentos de mayor riesgo; el problema para México no es únicamente qué condiciones se establecerán en la próxima revisión, sino que la propia incertidumbre sobre la permanencia de esas condiciones puede frenar decisiones de inversión que requieren horizontes de largo plazo.

Mario Dipp Núñez, director de CETYS Universidad Campus Mexicali, señaló que el esquema actual de revisión anual resulta poco atractivo para los inversionistas, precisamente porque dificulta establecer proyectos productivos con certidumbre.

La situación canadiense es una señal de alerta, citó Dipp Núñez, ya que el primer ministro Mark Carney, ha definido el actual distanciamiento con Estados Unidos no como una transición, sino como una ruptura, después de considerar que algunas exigencias estadounidenses atentaban contra la soberanía de Canadá.

Para México, advirtió, esto representa una posición particularmente débil de cara a la negociación.

Por su parte, Alfredo Valadez García, docente de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Campus Tijuana, puso en duda que el déficit comercial estadounidense pueda resolverse mediante cambios inmediatos en las relaciones comerciales con sus socios.

Se trata, dijo, de un problema estructural que no puede corregirse en el corto plazo sin transformaciones profundas de la economía estadounidense. Los efectos de la nueva política comercial, sin embargo, ya comienzan a reflejarse en sectores mexicanos, agregó.

México no puede esperar a que Washington decida

La mayor advertencia de los especialistas es que México no debería limitar su estrategia a defender el T-MEC en la mesa de negociación. Dipp Núñez consideró que el concepto de “Fortress America” continúa vigente: una visión en la que Estados Unidos busca fortalecer su producción interna y reducir su dependencia del exterior, aun cuando la región podría obtener mayores beneficios mediante una integración económica más profunda.

El problema es que, mientras Estados Unidos define buena parte de la agenda, México enfrenta además un escenario político interno complicado y llega a la negociación con vulnerabilidades que pueden reducir su margen de maniobra.

A ello se suma la cercanía de las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre de 2026, un factor que podría incrementar las presiones políticas sobre la administración de Trump y, con ello, endurecer el discurso comercial.

Tres caminos, ninguno sencillo

Valadez García planteó tres posibles futuros para el T-MEC: una mayor integración de Norteamérica; una versión reducida del tratado, sometida a revisiones constantes, o una fragmentación acompañada de más aranceles, restricciones y controles.

El primer escenario sería el más favorable y, de acuerdo con el académico, todavía es posible, manifestó, pero requiere que México deje de asumir un papel pasivo.

Los especialistas llamaron a fortalecer el mercado interno, atraer inversión nacional y extranjera, garantizar Estado de Derecho y diversificar el comercio, pues México cuenta con una de las redes de tratados comerciales más amplias del mundo; el reto ahora es dejar de depender de que Estados Unidos mantenga abiertas sus puertas y comenzar a utilizar plenamente las alternativas comerciales que ya existen, concluyeron.

En el verano mientras los costos de operación se disparan debido al aumento inevitable en el consumo de agua y electricidad, y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) enfrentan una drástica disminución en sus ingresos. Por eso La diputada María Yolanda Gaona Medina pide dar prórroga y no cortar el servicio.

La legisladora propuso ante el congreso esta medida, ya que el corte de agua potable en un local comercial no solo paraliza su actividad y destruye su fuente de ingresos, sino que crea condiciones de insalubridad tanto para los trabajadores como para los pocos usuarios que los visitan.

La legislación vigente en materia de aguas para el estado, estipula que, ante la falta de pago oportuno en los derechos por el consumo de agua comercial, la autoridad administrativa tiene la obligación legal de proceder a la restricción o corte total del suministro.

“Si bien, entendemos la naturaleza recaudatoria y de sostenibilidad financiera de la CESPM, la aplicación rígida de la Ley durante los meses de calor extremo resulta desproporcionada para el pequeño comerciante”, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional.

Por ello, dijo que se vuelve indispensable que el Poder Legislativo actúe como un puente de sensibilidad social hacia la CESPM, solicitando un esquema de flexibilidad y prórrogas que proteja al empleo local, sin eximir a nadie de sus responsabilidades de pago.

Ante la situación, Mayola Gaona exhortó al Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrazco López, para que atienda la crítica situación climática y económica de la región.

Le propuso que autorice a la brevedad mediante oficio dirigido a quien considere conveniente, que se autorice prórroga generalizada de por lo menos un mes adicional, antes de proceder a la ejecución de cortes o suspensiones del suministro de agua potable a los establecimientos comerciales tipificados MiPyMEs en Mexicali y su Valle.

Dicha medida de gracia operativa, deberá aplicarse formalmente durante toda la temporada de verano, abarcando desde el mes de mayo, hasta el mes de octubre del año en curso.
También, le solicitó que se implemente un mecanismo obligatorio de notificación previa con un mínimo de 30 días naturales de anterioridad a la programación del corte del servicio de agua potable.

Mayola Gaona plantea que en este se desglose con total claridad el saldo pendiente, adeudos acumulados y requerimientos de pago a los usuarios comerciales conocidos como micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en Mexicali y su Valle.

Lo anterior, con la finalidad de que los pequeños comerciantes tengan pleno conocimiento de su situación financiera hídrica, y cuenten con el tiempo necesario para recapitalizarse para regularizar sus cuentas a la brevedad, evitando así actos de molestia imprevistos y la paralización de sus fuentes de empleo.