Una regulación inteligente, territorial y acorde al PPIE y la Nueva Escuela Mexicana

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a especialistas, madres y padres de familia, docentes y jóvenes para valorar una posible regulación del uso de celulares en los planteles de educación básica ha provocado un amplio debate. La titular del Poder Ejecutivo ha aclarado que no se pretende imponer una prohibición absoluta, sino generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y plataformas digitales en el desarrollo de las infancias y adolescencias. Informó que cerca del 70% de las madres y los padres consultados respalda alguna forma de regulación y que, hacia finales de agosto, se presentará una propuesta nacional. La discusión es necesaria, pero exige precisión jurídica y técnica para evitar confusiones sobre el alcance de la consulta y las responsabilidades del Estado.

En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular. El Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos todavía requiere un tratamiento expreso como posible factor de riesgo digital, cognitivo, emocional y de convivencia. El dispositivo no es perjudicial por sí mismo; el riesgo depende de las condiciones de uso y de sus consecuencias: distracción durante las clases, afectaciones al aprendizaje y al descanso, uso compulsivo de plataformas, ciberacoso, grabaciones no autorizadas, exposición a contenidos nocivos o deterioro de las habilidades sociales. Incorporar estos supuestos al PPIE permitiría activar acciones de prevención, detección, registro, intervención y acompañamiento sin reducir la respuesta a una prohibición general.

La Nueva Escuela Mexicana exige una política contextualizada y sensible a la diversidad territorial. Baja California es un estado con realidades profundamente distintas: Mexicali enfrenta riesgos digitales intensivos; San Quintín vive dinámicas agrícolas y migrantes; San Felipe presenta condiciones costeras; Tijuana y Ensenada lidian con retos urbanos complejos. Incluso dentro de una misma ciudad existen colonias con niveles distintos de conectividad, violencia digital y exposición a redes sociales. Así como la revisión de mochilas no se aplica igual en todas las zonas, el celular tampoco. Una regulación nacional puede establecer principios y estándares mínimos, pero su implementación debe considerar las características de cada estado, municipio, plantel y comunidad escolar.

En Baja California, el celular también cumple una función de seguridad. Los hechos de violencia, las desapariciones, la movilidad fronteriza, los trayectos prolongados y las jornadas laborales que dificultan el acompañamiento permanente hacen que muchas familias lo consideren indispensable para mantener contacto con sus hijas e hijos. Esta realidad demuestra que no existe contradicción entre permitir que el alumnado porte un celular por razones de seguridad y limitar o regular su utilización durante las clases. El dispositivo puede permanecer apagado, en modo silencioso o bajo mecanismos adecuados de resguardo, salvo que exista una finalidad pedagógica, una necesidad médica o de accesibilidad, o una situación de emergencia.

Por ello, es fundamental distinguir entre regular y gestionar. La regulación establece límites, responsabilidades, excepciones y consecuencias. La gestión de riesgos permite identificar las circunstancias concretas de cada comunidad e intervenir de manera proporcional. No todo debe resolverse mediante prohibiciones generales ni mediante un decreto que pretenda normar individualmente teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, inteligencia artificial, y cada nuevo dispositivo que aparezca.

La falta de lineamientos explica, en parte, por qué el uso del celular proliferó desordenadamente en las aulas. Durante años, cada escuela y cada docente establecieron reglas propias, frecuentemente sin capacitación ni respaldo técnico. Aunque la respuesta institucional llega con retraso, no se trata de culpar a docentes, familias o estudiantes, sino de reconocer que el sistema educativo no les proporcionó oportunamente herramientas para gestionar una tecnología que transformó la convivencia escolar. Los Consejos de Participación Social deben ser el mecanismo formal para canalizar la consulta y construir acuerdos de implementación.

La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a las escuelas. Estas deben gestionar lo que ocurre durante la jornada y dentro de las actividades bajo su supervisión; las familias deben establecer hábitos y límites fuera del plantel, y el Estado debe diseñar la política pública, emitir lineamientos, capacitar, dar presupuesto, supervisar y coordinar a las autoridades educativas, de salud, seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.

El precedente de la Suprema Corte sobre “Mochila Segura” también ofrece una advertencia: las medidas escolares que inciden en la privacidad o en las pertenencias del alumnado necesitan fundamento jurídico, una finalidad legítima y procedimientos proporcionales. Esto no impide regular el uso de celulares dentro del plantel, pero sí exige evitar inspecciones, retenciones o sanciones arbitrarias.

El celular puede ser un recurso educativo, una herramienta de seguridad y un factor de riesgo al mismo tiempo. Una política pública inteligente debe reconocer esas tres dimensiones y establecer medidas diferenciadas por edad, nivel educativo y contexto, así como excepciones pedagógicas, médicas, de accesibilidad y emergencia. Baja California tiene la oportunidad de fortalecer el PPIE incorporando expresamente los riesgos vinculados con los dispositivos móviles y construyendo una respuesta preventiva, territorial y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

*El autor es director general de De la Peña y Rivera, S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.

Entre algunos aspirantes registrados en el PAN causó molestia la carta de apoyo a la candidatura de Gustavo Macalpin, donde lo respaldan 150 panistas, la semana pasada.

Resulta curioso y contradictorio que por una parte el blanquiazul anuncie la “ciudadanización y democratización” de sus procesos de elección de candidatos con miras al 2027, y por otra haya esa “cargada” a la candidatura del comunicador.

Los panistas que quieren a Macalpin de candidato a la alcaldía de Mexicali están en su derecho de expresar sus simpatías, por supuesto, pero el partido tendrá que cuidar mucho las formas en el proceso interno, del que ya anunció el procedimiento, para no dejar dudas de su certeza y claridad.

Dicen que esa carta de apoyo fue a raíz de que Jaime Díaz se apuntó también -como si hubiera hecho un buen papel en su última administración-, pero veremos qué pasa. Ni que el exalcalde fuera una carta segura para el triunfo.

Por lo pronto, las críticas al exconductor del canal 66 por parte de quienes se han apuntado al proceso de selección interna se basan en que no ha ejercido nunca su profesión y por lo tanto carece de experiencia; desconoce la administración pública, ya que su paso por ella fue muy de refilón y no es significativa para conocer los entramados de la política en la función pública; otro tema es que era muy amigo de la gobernadora hasta que no le cumplió la candidatura prometida, así que sus críticas al gobierno son a raíz de esa separación; no están claros sus contratos de publicidad, pues al parecer se hicieron bajo una razón social de una empresa de Monterrey, lo que no habla muy bien de su concepto de transparencia; tampoco es muy buen compañero de trabajo ya que en el canal donde trabajaba no generaba simpatías por su gran ego, y despidió a su compañera en la radio sin previo aviso ni mayores explicaciones, por lo que ponen en duda que tenga las dotes de liderazgo y conciliación necesarias para el cargo.

En otro tema, el camaleón Arnoldo Douglas, les pedía a los trabajadores que él metió a la nómina de Cobach, el 50 por ciento no solo de su salario, sino también de sus bonos y de su aguinaldo, con el pretexto de que no era para él, sino para la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y para Netza Jáuregui.

Entre los afectados por esa instrucción estuvieron Edgardo Reina, Alfonso Uribe, Ricardo Camacho, Itzel del Real, Marcela Flores y Mario Montijo. Seguramente hay más, y más seguramente lo sigue haciendo ahora desde Cecyte. Sobre esto hay denuncias en el Órgano Interno de Control sobre hostigamiento y violencia laboral, pero nadie ha hecho nada para cuestionar las acciones del protegido de la gober.

Hay un audio de más de dos horas que me pasaron hace unos días, donde queda evidenciado que Douglas tiene un harem al que beneficia económicamente y que tienen que darle su moche. También favorece con movimientos ilegales de plazas a lideresas sociales.

Finalmente, comentar que Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de las Mujeres, sigue violentando a sus trabajadoras al deberles 3 meses de sueldo a unas 50 profesionistas del área de Alerta de Género y otras tantas del programa Paibim.

Nos dicen que la titular, Rebecca Vega, anda encamcapañada en Ensenada y no ha firmado los contratos. A ver si el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui puede revisar esta situación que ya se ha hecho costumbre en esta institución, pues no es la primera vez que las trabajadoras no reciben su salario a tiempo, como ya hemos publicado aquí.

COLUMNA INVITADA/ Por Fernando Ruiz del Castillo

En política hay un principio que nunca falla: quien más presume transparencia suele ser quien más se incomoda cuando alguien le pide abrir un expediente.

La narrativa oficial insiste en que el nuevo “derecho de las audiencias” pretende proteger a los ciudadanos de la desinformación. Suena noble. Hasta democrático. El problema es que esa cruzada empieza por vigilar a quienes hacen preguntas y no a quienes tienen las respuestas.

Porque, seamos francos, el mayor generador de información inaccesible en México no son los medios de comunicación. Es el propio gobierno.

Resulta casi entrañable escuchar desde Palacio Nacional discursos sobre el derecho de los mexicanos a recibir información veraz, mientras cientos de expedientes permanecen clasificados, contratos aparecen parcialmente testados, auditorías llegan incompletas y los costos reales de las grandes obras públicas siguen siendo un acertijo digno de un concurso de televisión.

Es el mundo al revés.

El gobierno quiere convertirse en árbitro de la verdad… sin enseñar el marcador.

Si realmente existe un compromiso con las audiencias, el examen no debería empezar en una redacción periodística. Debería comenzar en el escritorio de cada secretario de Estado, director de organismo, general, almirante, delegado, gobernador, senador, diputado, alcalde y funcionario que vive del presupuesto.

Publiquen las declaraciones patrimoniales completas.

No las versiones descafeinadas donde desaparecen propiedades, montos, inversiones y cualquier dato que pudiera despertar curiosidad ciudadana.

Publiquen también las declaraciones fiscales.

Las declaraciones de intereses.

Los contratos.

Los anexos técnicos.

Las auditorías.

Las bitácoras de obra.

Los convenios.

Los informes financieros.

Las evaluaciones de desempeño.

Los padrones auditables de programas sociales.

Las compras de medicamentos.

Las adjudicaciones directas.

Los subsidios reales del AIFA.

Los costos definitivos del Tren Maya.

Las cuentas finales de Dos Bocas.

Los estados financieros de las empresas administradas por las Fuerzas Armadas.

Los convenios internacionales en materia migratoria.

Las cifras completas sobre desaparecidos.

Las investigaciones sobre fosas clandestinas.

Los informes de inteligencia que, curiosamente, casi siempre encuentran refugio bajo el paraguas de la “seguridad nacional”.

Si de verdad quieren defender el derecho de las audiencias, ahí tienen una magnífica oportunidad.

Porque las audiencias no necesitan un gobierno que les diga qué noticia creer.

Necesitan un gobierno que deje de esconder los documentos con los cuales pueden verificar por sí mismas quién dice la verdad.

La ironía alcanza niveles extraordinarios.

Hace apenas unos años, Morena repetía que la opacidad era el combustible de la corrupción. Que bastaba abrir las ventanas para que entrara el aire fresco de la democracia. Que nunca más habría gobiernos que escondieran información pública.

Hoy las ventanas siguen donde mismo.

Lo único que cambió fue el grosor de las cortinas.

Y mientras más se habla de transparencia, más reservas aparecen.

Más documentos desaparecen del escrutinio.

Más expedientes permanecen cerrados.

Más respuestas se convierten en “información clasificada”.

Más decisiones públicas terminan protegidas por el viejo recurso burocrático del “no se puede entregar”.

La pregunta entonces deja de ser jurídica.

Se vuelve política.

¿Por qué un gobierno que asegura tener la autoridad moral más alta de la historia necesita reservar tanta información?

¿Por qué si las grandes obras son tan exitosas cuesta tanto conocer cuánto costaron realmente?

¿Por qué si el combate a la corrupción es un emblema resulta tan complicado conocer con detalle quién contrata, cuánto cobra, quién supervisa y quién responde por los sobrecostos?

¿Por qué un ciudadano debe litigar durante meses para obtener información que fue pagada con sus propios impuestos?

Tal vez porque el verdadero problema nunca fueron las noticias falsas.

El verdadero problema siempre ha sido la información verdadera… cuando resulta incómoda para el poder.

En ese contexto, hablar del derecho de las audiencias sin garantizar primero el derecho de acceso pleno a la información pública es construir una casa empezando por el techo.

No existe audiencia libre sin ciudadanos informados.

No existen ciudadanos informados cuando el gobierno administra el acceso a los documentos como si fueran propiedad privada.

Y no existe democracia sólida cuando el poder pretende convertirse simultáneamente en juez, parte y verificador de la verdad.

La credibilidad no nace de una reforma legal.

Mucho menos de un discurso mañanero.

La confianza se construye abriendo archivos, mostrando contratos, exhibiendo auditorías, transparentando patrimonios y aceptando preguntas incómodas sin esconder las respuestas en un cajón con sello de “reservado”.

Porque el día que el gobierno publique todo aquello que hoy mantiene bajo llave, ese día ya no tendrá que preocuparse por el derecho de las audiencias.

Las audiencias, simplemente, tendrán con qué juzgarlo.

Crónica de una traición anunciada

En la política de Baja California, los principios parecen cambiar tan rápido como el clima. La última sorpresa nos deja ver un ejercicio puro de supervivencia: la reunión entre la senadora con licencia Julieta Ramírez, el exgobernador Jaime Bonilla y el operador político Jesús Ruiz Uribe.

Aunque antes parecían estar en bandos contrarios, hoy posan juntos y sonríen para las cámaras. Pero lo más llamativo de este encuentro no es la alianza en sí, sino la clara distancia que la legisladora ha decidido poner respecto a su otrora mentora y amiga, la gobernadora Marina del Pilar.

La lealtad en la política a veces dura lo que duran las buenas rachas. ¿Para qué quedarse cargando con los problemas y el desgaste de una administración estatal complicada, cuando se puede buscar nuevas alianzas pensando en el futuro?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas, señalando que la misma política que creció bajo la sombra del gobierno estatal hoy busca acomodo en otros espacios para asegurar su camino político.

Es el clásico drama donde los afectos caducan en cuanto dejan de ser convenientes. Mientras el barco oficial enfrenta momentos difíciles, Julieta prefiere voltear hacia otro lado.

Al final, nos queda esta escena muy humana: abrazos fríos y mucho cálculo político donde la amistad real parece ser lo de menos. Los ciudadanos observan una vez más cómo los actores cambian de bando con total facilidad, dejando claro que en la política los afectos duran muy poco.