COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

Ernesto Ruffo Appel salió del Altiplano sin rencor, sin la narrativa del agravio que muchos quisieron imponerle y sin la victimización que la oposición trató de capitalizar. Llegó a su domicilio y dijo algo que parece sencillo, pero que en la política mexicana se ha vuelto casi subversivo: reflexión. No habló de humillaciones, no habló de persecuciones, no habló de su edad. Habló de México. Y eso, en estos tiempos, ya es decir mucho.

Mientras algunos opositores, simpatizantes, amigos o familiares se apresuraron a convertir su caso en un estandarte de “preso político”, Ruffo eligió otro camino. Dijo: “Debemos ver que todo debe de ser algo que incorpore todas las realidades que se viven en México… y que se atienda a los que están muy necesitados… para que haya prosperidad para todos.” Y añadió algo que debería preocupar a todos: “La cosa no anda bien en nuestro país.”

También dejó una frase que desarma la narrativa de buenos contra malos: “El crimen puede estar en cualquiera de nosotros.” No lo dijo para justificarse. Lo dijo para recordarnos que la crisis mexicana es más profunda que un sexenio o un partido: es una crisis de cultura política, de instituciones debilitadas y de ciudadanos que hemos normalizado la ilegalidad, la corrupción y la falta de empatía como si fuera paisaje.

Ruffo no habló de su caso. Habló de México. No pidió privilegios ni excepciones. Pidió país.

Esa reflexión obliga a mirar hacia adentro. La oposición —y buena parte de la ciudadanía que hoy se siente moralmente agraviada— lleva años instalada en la crítica automática. Muchos no construyen, no proponen, no incorporan realidades. En estos días, se ha insistido en convertir su caso en bandera política. Pero Ruffo aparentemente no pide eso. No exigió ser mártir ni símbolo. Él reflexiona sobre el país.

Y pedir país implica ver el contexto completo: los apoyos sociales y las becas que el gobierno presume no alcanzan para construir bienestar real; la confrontación con la clase empresarial no reduce la desigualdad; y la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes no sigue creciendo. Actuar por México significa abrirse a la ciudadanía, dejar atrás las cuotas de poder y abandonar la lógica de repartirse espacios sin transformar nada. El bienestar no se construye golpeando sectores, sino integrando realidades. Ruffo eligió la reflexión. Todos —oposición, gobierno, empresariado y sociedad— debemos elegir la responsabilidad desde nuestras trincheras. Una ciudadanía que no integra termina aislada en sus propias burbujas, incapaz de ver el país completo y de construir el orden que exige la restitucionalización que Ruffo señaló.

Su mensaje toca un punto que el empresariado y los bajacalifornianos deberíamos escuchar con atención. Cuando Ruffo habló de la “restitucionalización del país”, advirtió que hay cosas que han cambiado y que eso es grave. Su frase “República ya no hay” no es retórica: es un llamado a revisar cómo están hoy las instituciones que sostienen a México —desarrollo económico, educación, seguridad, salud, transparencia, democracia— y a darles rumbo desde el contexto real. Esa restitucionalización implica integrar realidades, atender a quienes están más necesitados y construir prosperidad para todos. La prosperidad no es un club privado; si la economía y beneficios sociales crecen sin incorporar a quienes están en la base, ese crecimiento es frágil y políticamente explosivo. Una ciudadanía que no integra termina rodeada de desigualdad, y un gobierno que no incorpora todas las realidades acaba gobernando para una burbuja que tarde o temprano revienta.

Y aquí vale preguntarse qué reflexión deja esto para quienes hoy están en el poder. Porque si la oposición se ha instalado en la crítica sin construir, el gobierno ha preferido gobernar desde la confrontación. La llamada Cuarta Transformación prometió regenerar instituciones, pero en los hechos ha sustituido capacidades por estructuras paralelas, leales a una nueva élite política. Esa ruta no reconstruye Estado: lo fragmenta. Y un país fragmentado no puede sostener la restitucionalización que Ruffo señaló como urgente.

Ruffo lo dijo con claridad: “República ya no hay.” Y remató con un llamado que debería ser un punto de partida nacional: recuperar el orden, la legalidad y la institucionalidad.

Ruffo pidió país, y su reflexión solo confirma lo evidente: México lo necesita. Esa necesidad nos alcanza a todos —bajacalifornianos, ciudadanos y mexicanos. Ahora toca actuar, porque el país no se reconstruye solo.

*El autor es Director General del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

La política de austeridad republicana que Morena y los gobiernos de la Cuarta Transformación han convertido en uno de sus principales principios de gobierno se enfrenta con contradicciones en el Ayuntamiento de Tijuana.

En las imágenes de la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a los ingresos del alcalde Ismael Burgueño y de la síndico Teresita Balderas, muestran incrementos del 35 por ciento del último semestre del 2025 comparados con este año.

La diferencia del sueldo del alcalde -de 32 mil 990 pesos al mes, equivalente a aproximadamente 395 mil 880 pesos al año-, es del 35 por ciento, curiosamente el mismo porcentaje que tiene que dar Burgueño por pensión alimenticia. Que lo paguen los tijuanenses, así de sencillo. Claro, sin olvidar que su exesposa tiene un sueldo envidiable en sistema educativo municipal.

Aunque la propia administración de Burgueño ha presentado su política financiera bajo el principio de austeridad, ya que al presentar la Ley de Ingresos de Tijuana para 2026 ante el Congreso de Baja California, informó que la propuesta estaba basada precisamente en “el principio de austeridad, así como en el uso eficiente y responsable de los recursos públicos”, el Gobierno de Tijuana se ha servido con la cuchara grande.

En comparación, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, percibe un sueldo mensual de 62 mil 930 pesos; casi la mitad de lo que percibe Burgueño. Incluso el oficial mayor de Tijuana gana más que la alcaldesa de Mexicali; 78 mil 960 pesos al mes, cargo que por cierto no incrementó 35 por ciento como el del alcalde y la síndico.

Al director de policía de Tijuana tampoco le va nada mal; 110 mil pesos al mes. (Por cierto y sobre Tijuana, la gente de comunicación social de ese Ayuntamiento sirve para tres cosas).

¿Qué significa la austeridad republicana para la 4T? Según ellos: eliminar privilegios de los altos funcionarios (traer seis guardaespaldas y moverse en camionetas de lujo); reducir salarios y prestaciones de la alta burocracia (aumentarse el salarios propio y los de sus allegadas); reducir gastos considerados suntuarios (remodelaciones de oficinas, seguros médicos privados, viajes); vincular austeridad con combate a la corrupción (López Obrador sostuvo que reducir los privilegios y gastos superfluos permitía dirigir más recursos a los programas sociales); y finalmente, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” (pero nada ilustra mejor que ver salir de la pobreza a funcionarios morenistas que exhiben sus lujos y privilegios sin pudor alguno).

Y todo parece indicar que el senador y exalcalde de Ensenada, Armando Ayala, puede pasarse días de asueto tranquilo en San Diego cuando quiera, gracias a la renta o adquisición de un departamento en el 525 de la calle Olive, en San Diego. Las rentas van de los 3 mil a las 9 dólares, y la venta ronda el millón de dólares.

Conociendo el pasado de Ayala, que se pueda dar este “gustito” no sorprende; sorprende que el senador aun tenga visa, dados sus antecedentes públicos y ampliamente difundidos de presuntas extorsiones a empresarios de Ensenada y cómo dejó meterse aun más al crimen organizado a ese puerto, siendo la cuna del “cártel del mar” comentada hace poco por el general Laureano Carillo, encargado de la estrategia de seguridad en el estado.

Recordemos que Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara de la Pesca de Ensenada, había denunciado públicamente horas antes de su asesinato el incremento de la pesca ilegal y previamente había hablado de extorsiones contra el sector pesquero. Ayala era el alcalde entonces.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Dicen en los corrillos de Palacio de Gobierno que Marina del Pilar Ávila Olmeda ya no sigue buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Y cómo no.

Después del numerito del pasado 15 de septiembre, cualquiera tendría derecho a estar encabronado. La explanada estaba, según presumió Comunicación Social, hasta las lámparas. Más de 80 mil mexicalenses, dijeron. Todo listo para la noche mexicana: luces, música, pirotecnia, protocolo, banderas, discursos y toda esa parafernalia con la que los gobiernos suelen intentar demostrar que el pueblo está feliz.

Hasta que llegó la hora de los “vivas”. Y entonces apareció la genialidad. En lugar de dejar que la gente gritara, alguien decidió poner un audio grabado con los “vivas” de una multitud.
Sí, aunque usted no lo crea: entusiasmo de utilería. Aplausos de lata. Patriotismo en playback.

Una especie de karaoke gubernamental donde hasta el pueblo tuvo que ser grabado para que pareciera que estaba emocionado. El problema es que nadie les avisó que el público también tiene oídos. Y ahí quedó el oso. De esos que no se arreglan ni con diez mil luces, veinte drones y cien millones de pesos en producción.

Pero como en este gobierno los errores aparentemente no siempre se castigan —a veces hasta se premian—, ahora resulta que los mismos personajes vinculados a aquella producción estarían perfilados para hacerse cargo de la logística y producción del próximo informe de gobierno de Marina del Pilar y hasta continuar en la próxima administración si Julieta Ramírez llega a ser gobernadora.

¡Faltaba más! Después del patriotismo enlatado, viene el informe enlatado. Y aquí aparece un nombre que comienza a repetirse demasiado: Facundo Emilio Gámez Fernández. Su nombre comercial: Facundo Gámez.

Empresario tijuanense que, junto con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, ha hecho negocios con gobiernos y participa en empresas como Brandena y Wermak Publired.

Nada ilegal hay, por supuesto, en que un empresario gane contratos. El problema aparece cuando los mismos nombres parecen tener siempre un asiento reservado en primera fila. Y más cuando, después de un fracaso público, lejos de cerrarles la puerta, pareciera que se les abre otra más grande. Eso sí que es tener talento. O buenos amigos.

Porque hay proveedores que tienen que competir por cada contrato y otros que parecen tener membresía VIP en las oficinas gubernamentales. Y eso, en política, rara vez ocurre por accidente.

También se habla de sobreprecios que llegarían hasta 150 por ciento en algunos servicios. Si esa versión es falsa, que salgan los contratos, las cotizaciones, los comparativos y las facturas y asunto arreglado.

Pero si es cierta, entonces ya no estamos hablando de una mala producción ni de un micrófono mal conectado. Estamos hablando de dinero público. Y ahí sí ya no basta con echarle la culpa al técnico de sonido.

Porque el mecanismo es bastante sencillo. Uno contrata. Otro factura. Otro cobra. Y cuando todo sale mal, la que se sube al templete y pone la cara es la gobernadora.

El proveedor se va a su casa. El funcionario se refugia en el escritorio. Y Marina se queda con el madrazo. Negocio redondo. Para algunos. No parece ser, además, un asunto exclusivo de Mexicali.

Los mismos nombres han aparecido vinculados con eventos en Tijuana y con la organización de actividades en Ensenada, donde también se han cuestionado las condiciones bajo las cuales se explotan espacios públicos, se comercializan bebidas y se asignan espacios a comerciantes.

Y aquí hay una pregunta muy sencilla que nadie debería molestarse por hacer: ¿Quién gana?
Porque cuando el gobierno pone seguridad, limpieza, vialidad, infraestructura y recursos públicos, pero la explotación comercial queda en manos privadas, conviene saber cuánto entra, cuánto sale y quién se queda con la diferencia.

No vaya a ser que el pueblo ponga la plaza, la policía, la basura, los impuestos y hasta el escenario… y otros se lleven la taquilla.

Ese modelo tiene un nombre muy antiguo: privatizar las ganancias y socializar los costos. Lo curioso es que Marina del Pilar parece estar siempre al final de la cadena de información. Cuando algo sale bien, aparece la foto. Cuando algo sale mal, aparecen los responsables.

Pero cuando se trata de saber quién negoció, quién contrató, cuánto se pagó y por qué se volvió a contratar al mismo proveedor, de repente todos padecen amnesia administrativa. Y ahí es donde la gobernadora debería empezar a preocuparse.

Porque si realmente no sabe lo que hacen quienes operan a su alrededor, tiene un problema. Pero si sí lo sabe y lo permite, tiene uno todavía mayor.

El próximo informe de gobierno será una buena oportunidad para demostrar que aquello del 15 de septiembre fue solamente un accidente.

Aunque, después de los aplausos grabados, ya no sería extraño que alguien haya pensado en una solución todavía más práctica: grabar también los resultados. Así, si faltan obras, se ponen imágenes. Si faltan logros, se pone música. Si faltan aplausos, se mete el audio. Y si alguien pregunta por los contratos… pues también se puede grabar una respuesta.

Porque en esta feria de comadrejas, lo único que parece faltar es que hasta las preguntas vengan previamente contestadas.

Es coordinadora, no gobernadora

Hay una máxima en política que nunca conviene olvidar, aunque algunos políticos suelen recordarla cuando ya es demasiado tarde: “Del plato a la boca, se cae la sopa”.

Y si alguien debería tenerla pegada en el espejo, junto al maquillaje y el discurso del día, es Julieta Ramírez Padilla.

Nadie puede regatearle el mérito. A sus 31 años, convertirse en coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California es un logro político importante. Llegar hasta ahí no es precisamente como ganarse un boleto en una rifa de kermés.

Tiene juventud, exposición pública, una carrera meteórica y, sobre todo, el respaldo de la dirigencia nacional de Morena y de quienes hoy tienen el control político del partido en el estado.

Todo eso cuenta. Y cuenta mucho.

Pero hay un pequeño detalle que parece haberse perdido entre los aplausos, las fotografías, los discursos patrióticos y la parafernalia morenista: Julieta Ramírez fue designada coordinadora. No fue electa gobernadora de Baja California. Todavía.

La diferencia no es semántica. Es política. Y convendría que alguien se la explicara con calma antes de que los reflectores, los aduladores y esa peculiar enfermedad que suele aparecer alrededor del poder —la sensación de que el cargo que viene ya está en la bolsa— terminen haciendo de las suyas.

Porque una cosa es ser la figura seleccionada por un partido para encabezar un proceso interno y otra muy distinta es recibir el voto de los ciudadanos para gobernar un estado.

Entre una cosa y la otra hay campañas, adversarios, ciudadanos, elecciones, debates, errores, aciertos, escándalos y, por supuesto, ese pequeño inconveniente llamado realidad.

Y la realidad política tiene la mala costumbre de no respetar los guiones previamente escritos. Por eso llama la atención la actitud que comienza a observarse alrededor de la nueva coordinadora, particularmente frente a los medios de comunicación.

Porque si algo necesita una política que pretende dar el siguiente paso es precisamente lo que parece faltarle en algunos momentos: serenidad, paciencia y disposición para escuchar.

Los periodistas no son parte del comité de bienvenida. Tampoco están para aplaudir. Mucho menos para preguntar únicamente aquello que resulte cómodo.

El político que quiere gobernar debe entender que los medios preguntarán lo que consideran necesario, incluso aquello que incomoda.

Contestar cuando la pregunta gusta es sencillo. La verdadera prueba aparece cuando la pregunta molesta.

Julieta tiene una enorme ventaja: es joven. Pero esa misma juventud puede convertirse en vulnerabilidad si confunde seguridad con suficiencia o firmeza con desplante. Todavía está a tiempo de corregirlo.

Porque nadie espera que una política de 31 años tenga la experiencia de alguien que lleva décadas gobernando. Lo que sí se espera es que entienda que todavía está construyendo su autoridad, no ejerciéndola desde el Palacio de Gobierno.

Y hay otra diferencia fundamental: una cosa es representar a Morena y otra representar a Baja California. Mientras sea coordinadora partidista, puede hablar en nombre de un proyecto político. Pero si aspira a gobernar, tendrá que aprender a hablar también con quienes no votan por Morena, cuestionan a Morena o simplemente no simpatizan con Morena.

Porque el gobernador no gobierna solamente para los convencidos. Gobierna para todos.
Julieta no necesita comportarse como gobernadora antes de tiempo. Necesita demostrar que podría llegar a serlo.

Y eso se construye mucho más con humildad que con poses; con respuestas que con evasivas; con argumentos que con consignas y con capacidad para escuchar que con discursos preparados.

Porque la política tiene otra peculiaridad: el mismo periodista que hoy puede parecer incómodo mañana puede formular una pregunta decisiva cuando las cosas cambien. Y pueden cambiar. Vaya que pueden.

Lo que hoy parece decidido puede mañana estar en revisión. Lo que hoy parece una candidatura segura puede convertirse en negociación. Lo que hoy parece una sucesión cantada puede terminar en sorpresa.

En política, seis meses pueden ser una eternidad. Por eso quizá alguien debería hacerle un favor a Julieta: que le diga que baje un poco la velocidad. Que disfrute el logro, sí. Que lo presuma, también. Pero que no confunda el primer peldaño con la llegada a la azotea.

Porque la designación como coordinadora es un logro importante. Pero no es la gubernatura. Y entre ambas cosas hay un mundo de distancia. Todavía falta caminarlo. Y en ese camino habrá cámaras, micrófonos, periodistas incómodos, ciudadanos inconformes, adversarios políticos y muchas oportunidades para demostrar si detrás de la joven política que hoy celebra Morena existe la mujer capaz de gobernar Baja California.

La política, dicen los clásicos, es el arte de lo posible. También es el arte de esperar. Y, sobre todo, de no cantar victoria antes de tiempo. Porque hay otra máxima que en política suele cobrar facturas muy caras: Nunca hay que olvidar que las cosas pueden cambiar de un momento a otro.

Hasta las que parecían amarradas.

Qué poca madre

No acostumbro utilizar esta expresión para calificar el desempeño de un gobierno. Pero hay ocasiones en que el lenguaje políticamente correcto se queda corto frente a determinadas decisiones. Qué poca madre.

Porque no encuentro otra manera de calificar la decisión de trasladar al exgobernador Ernesto Ruffo Appel desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, hasta su domicilio en Ensenada, Baja California, en un convoy terrestre de la Guardia Nacional.

Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿Era realmente necesario exhibirlo durante miles de kilómetros de carretera?

Porque una cosa es cumplir una resolución judicial y otra muy distinta es decidir cómo se cumple. Si un juez determinó que Ruffo, de 74 años, podía continuar su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada, ¿qué impedía trasladarlo por vía aérea? ¿De verdad el gobierno federal no tiene recursos para pagar tres o cuatro boletos de avión?

Por supuesto que los tiene. Entonces, ¿por qué carretera?

La respuesta oficial puede ser tan sencilla como que así se decidió realizar el operativo. Perfecto. Pero en política, además de las razones oficiales, existen los mensajes que transmiten las decisiones. Y el mensaje de este traslado resulta, cuando menos, inquietante.

Porque no estamos hablando de un delincuente sentenciado. Estamos hablando de un imputado que continuará enfrentando un proceso penal bajo una medida cautelar distinta. La presunción de inocencia sigue vigente hasta que exista una sentencia firme.

Sin embargo, ahí va el convoy, recorriendo buena parte del país con el exgobernador de Baja California en calidad de prisionero, custodiado por elementos de la Guardia Nacional, rumbo a su casa de Ensenada.

¿Cumplimiento de una resolución judicial? Sí. ¿Era necesario convertir el traslado en una procesión penitenciaria de casi tres mil kilómetros? Eso ya es otra historia. Y es precisamente ahí donde aparece la contradicción.

Porque estamos ante un gobierno que se presume humanista, justo y respetuoso de los derechos humanos. Un gobierno que habla permanentemente de dignidad.

Pero cuando se trata de un adversario político de muchos años, pareciera que la dignidad puede viajar en segunda clase. Nadie está diciendo que Ernesto Ruffo esté por encima de la ley. Si existen acusaciones en su contra, que las enfrente y que los tribunales determinen su responsabilidad.

Pero precisamente por eso, que se aplique la ley y no el escarnio. La justicia no necesita humillar para demostrar que existe. Y si alguien decidió que Ruffo debía regresar a Ensenada por carretera pudiendo hacerlo por aire, sería interesante conocer las razones.

Porque, de lo contrario, queda flotando una pregunta bastante más incómoda: ¿Fue simplemente un traslado o alguien quiso que pareciera un castigo adicional? En un gobierno que presume humanismo, esas preguntas deberían tener respuestas.

Porque la justicia puede ser firme. La ley puede ser implacable. Pero la crueldad nunca debería ser política de Estado.