El presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., José Antonio Serratos García, consideró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debería enfrentar el proceso penal que tiene en su contra desde su domicilio y no privado de la libertad, al sostener que existen criterios nacionales e internacionales que respaldan esa posibilidad.

Serratos García señaló que la jueza Alejandra Rodríguez, a quien identificó como la responsable del caso de Ruffo Appel, recientemente permitió que Lino Rodríguez, a quien calificó como militante de Morena y quien enfrentaba un proceso por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada, continuara su procedimiento en libertad desde su domicilio.

En contraste, afirmó que Ruffo Appel permanece privado de la libertad pese a ser un adulto mayor de más de 70 años de edad, situación que, dijo, resulta incongruente con el criterio aplicado en otros casos.

El dirigente de Unidos por Tijuana sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos y ordenó al Estado mexicano adecuar su marco constitucional para eliminar esa figura, al considerar que una persona no debe permanecer privada de la libertad mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Afirmó que dicha resolución es obligatoria para México; sin embargo, acusó que el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no han cumplido con la obligación de reformar la Constitución para armonizarla con ese criterio internacional.

Bajo ese contexto, Serratos García argumentó que la jueza que conoce el caso de Ernesto Ruffo Appel está obligada a aplicar los criterios emitidos por la Corte Interamericana y respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que consideró que el exmandatario estatal debería continuar su proceso en prisión domiciliaria.

“Es a todas luces una situación violatoria e indigna, una violación inminente a los derechos humanos. Aquí lo importante es que juzgue la comunidad”, expresó.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ubicó en la posición 19 de los 32 mandatarios estatales del país en el Ranking Mitofsky de aprobación ciudadana correspondiente a junio de 2026, al registrar una aprobación de 51.9 por ciento, una disminución de dos puntos porcentuales respecto al 53.9 por ciento reportado en mayo.

Con este resultado, la mandataria bajacaliforniana quedó por debajo de la mitad superior de la tabla nacional y apenas por encima del promedio de los gobernadores con niveles de aprobación considerados “medios”, mientras que los primeros lugares fueron ocupados por Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 63.5 por ciento; Mara Lezama, de Quintana Roo, con 61.8 por ciento, y Mauricio Kuri, de Querétaro, con 61.6 por ciento.

Dentro del grupo de las 13 gobernadoras del país, Marina del Pilar también descendió posiciones al colocarse en el octavo lugar, detrás de las mandatarias de Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Chihuahua. Su nivel de aprobación pasó de 53.9 a 51.9 por ciento entre mayo y junio.

En la región Norte del país, Baja California ocupó el quinto sitio entre nueve entidades, superada por Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Durango. El estudio muestra que la aprobación de la gobernadora cayó dos puntos en un mes, aunque conservó la misma posición regional.

En la clasificación de los estados del Pacífico, la mandataria descendió del tercer al cuarto lugar al pasar de 53.9 a 51.9 por ciento de aprobación, siendo superada por los gobernadores de Jalisco, Michoacán y Chiapas.

El informe también compara la aprobación de los gobernadores con la de la presidenta de la República en cada entidad. En Baja California, la presidenta registra una aprobación de 55.6 por ciento, mientras que Marina del Pilar obtiene 51.9 por ciento, lo que representa una diferencia de 3.7 puntos porcentuales a favor de la titular del Ejecutivo federal.

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, adscrita a la Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva justificada en contra de Raymundo “N”, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de María de Jesús “N”, regidora de Tecate, y su esposo Jesús Alberto “N”.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 10 de julio de 2026, en la calle Francisco Villa de la colonia Emiliano Zapata —también conocida como La Coyotera—, Raymundo “N” prestó ayuda y colaboró dolosamente con diversas personas. Les entregó el vehículo de motor que poseía, un Ford Focus color gris, con defensa y cofre negros y placas de Baja California, a sabiendas de que sería utilizado como medio de transporte para ejecutar el ataque contra las víctimas.

Lo anterior contribuyó a que el 14 de julio de 2026, aproximadamente a las 17:14 horas, sobre la calle Coyuca, en la colonia Hacienda Tecate, las víctimas fueran sorprendidas por personas del sexo masculino que arribaron a bordo del citado vehículo. Al tenerlas a la vista, les dispararon en diversas ocasiones con armas de fuego largas y cortas. Como resultado de la agresión, Jesús Alberto “N” perdió la vida en el lugar, mientras que María de Jesús “N” sobrevivió al ataque.

El 28 de julio de 2026 el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concediendo un plazo de tres meses para la investigación complementaria.