El aspirante a la gubernatura de Baja California, Héctor Osuna Jaime, consideró que el reciente comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que señala a políticos y hace mención directa a Luis y Carlos Torres, entre otras personas, confirma el contubernio entre el crimen organizado y el gobierno estatal.

“Es una noticia que confirma lo que todos ya sabíamos: dinero ligado al narcotráfico con poder en el gobierno, intercambio de favores, dinero del crimen organizado a cambio de políticos protegiéndolos, y el dinero sigue la ruta de las alianzas y de las complicidades”, afirmó.

Sobre el impacto de estas acusaciones en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el aspirante se centró en el círculo más cercano de la gobernadora, particularmente en su esposo. Señaló que, aunque se dice que están legalmente divorciados, él lo duda.

Osuna Jaime afirmó que ambos “actuaban como una combinación en donde el esposo ejercía un poder que no tenía legalmente”, ya que “él no fue electo para nada” y la gobernadora lo nombró para “proyectos estratégicos especiales”, una designación que calificó de irregular y que nunca fue transparente.

Pidió a la ciudadanía demandar una explicación clara a Avila Olmeda: “Yo creo que los ciudadanos deben de demandar de la gobernadora una explicación de todo lo que sucedió, por qué dejó y dio tanto poder a su esposo, en base a qué, y cuáles son las rutas de los compromisos que se hicieron ahí”.

Criticó el carácter honorario del nombramiento, al considerar que viola la legislación vigente. “Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus bienes, y no puede ser que porque eres honorario no declaras nada. De alguna manera eres funcionario, tienes acceso a la información estratégica de un gobierno, información privilegiada… pero no tenía la responsabilidad de un funcionario… que se le aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos”, expresó.

Para Osuna Jaime, se trató de una situación ilegal que derivó en que se trastocara el orden de la sociedad baja californiana., pues al aliarse con el crimen organizado, según las acusaciones, “hay gente que ha muerto, hay gente que no ha sido atendida en un hospital porque no estaban enfocados en lo que tenían que hacer”.

Concluyó que “eso lo vimos desde hace mucho, no es sorpresa para nadie. Veíamos que esa era la intención y vemos ahora los resultados”.

El presidente del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete Gruel, afirmó que los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra Carlos Torres Torres y otros personajes vinculados a una presunta red de protección al crimen organizado no fueron una sorpresa para el partido, y sostuvo que algunos de los señalados mantienen cercanía con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Las declaraciones se producen luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a Carlos Torres, exesposo de la mandataria estatal, entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en Baja California.

“Estamos sorprendidos pero ya estábamos avisados, ya sabíamos que eso se veía venir”, declaró Aldrete, quien agregó que su partido continuará haciendo señalamientos públicos y, de ser necesario, presentará denuncias ante las autoridades correspondientes.

“Vamos a seguir señalando y a denunciar si es necesario”, afirmó.

Aldrete cuestionó además que sean autoridades estadounidenses las que estén dando a conocer información relacionada con presuntas actividades ilícitas de personajes vinculados con Baja California.

“No es posible que Estados Unidos una vez más nos esté corrigiendo la plana, nos esté teniendo que adelantar quiénes son las personas que han venido incurriendo en este tipo de delitos”, señaló.

En sus declaraciones, el dirigente estatal del PRI calificó a Morena como un “narcopartido” y sostuvo que, desde su perspectiva, ese esquema habría operado desde el inicio de los gobiernos emanados de ese partido.

Las acusaciones del dirigente priista ocurren en medio de una serie de señalamientos oficiales estadounidenses contra integrantes de una estructura criminal. El Departamento del Tesoro acusó a Carlos Torres de utilizar su influencia política para facilitar y proteger actividades de un grupo criminal en Baja California. Torres rechazó las acusaciones y anunció que buscará aclararlas ante las autoridades estadounidenses.

Por su parte, el Gobierno de Baja California se deslindó de las acusaciones contra Torres y señaló que Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de él y que la mandataria no figura entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Aldrete informó finalmente que el PRI estatal está a la espera de información por parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido para fijar una postura institucional y adelantó que posteriormente emitirán un comunicado sobre el caso.

Este martes Carlos Torres rechazó por medio de un comunicado de cinco puntos los señalamientos difundidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó en una acción de sanciones relacionada con el cártel de Sinaloa en Baja California.

En su posicionamiento, Torres negó de manera categórica cualquier relación con grupos o actividades criminales, tanto en México como en el extranjero, luego de ser señalado junto con su hermano, Luis Alfonso Torres, y Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, en la investigación que lleva a cabo el gobierno norteamericano.

Uno de los puntos centrales de su comunicado fue su relación con Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., empresa incluida por OFAC y de la cual dijo Torres que posee el 30 por ciento de dicha compañía, a la que identificó como propietaria del establecimiento de productos orgánicos “Vive Orgánico”, ubicado en Tijuana, y aseguró que el negocio registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.

Añadió que buscará iniciar gestiones ante OFAC y las autoridades correspondientes para que se revise y aclare la información difundida en su contra.

El excoordinador de proyectos estratégicos del Gobierno del Estado aseguró que los señalamientos iniciaron luego de las denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República durante 2025, a las cuales afirmó que hasta el momento no ha sido citado a comparecer ante ninguna autoridad.

Para concluir, Carlos Torres señaló ser el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes a fin de demostrar que no tiene relación con los hechos atribuidos por las autoridades estadounidenses.