Los tripulantes del buque de la Guardia Costera «Florence Finch» (WPC 1157) interceptaron el sábado a 10 presuntos inmigrantes ilegales a unas 24 millas al oeste de Point Loma.

Aproximadamente alrededor de las 10:00 horas, un equipo de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una embarcación de 23 pies con cabina tipo «cuddy» que se dirigía hacia el norte, en dirección a la línea fronteriza marítima, y notificó a la tripulación del Florence Finch, que interceptó la embarcación cuando cruzaba dicha línea.

A las 10:40 de la mañana, un equipo de abordaje del «Florence Finch» subió a la embarcación y detuvo a 10 presuntos inmigrantes ilegales sin recurrir a la fuerza.

Los 10 fueron trasladados a Ballast Point, donde fueron entregados a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

Documentos oficiales del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y de la Oficialía Mayor del Estado revelan graves irregularidades en la ejecución del contrato OM-IMOS-124-2023, adjudicado para el suministro e instalación de infraestructura complementaria del Corredor Violeta en la ciudad de Tijuana.

La licitación, que ascendió a un monto de 14 millones 158 mil 764 pesos con 80 centavos más el 8 por ciento de IVA, fue pagada en su totalidad al proveedor a pesar de que se incumplió de manera explícita con el contrato y el avance real en calles física es mínimo.

El procedimiento administrativo del fallo fue encabezado por Lino Fernando Limón Félix, en su calidad de Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Oficialía Mayor. Fuentes internas señalan que la adjudicación fue coordinada de la mano de la licitadora Karla Aguirre —cuyo correo institucional aparece registrado directamente en el seguimiento de la entrega de la facturación del proveedor— y con el respaldo logístico y validación de funcionarios clave, entre ellos Luis Escalante, Alejandra Balcazar y David Cervantes.

El contrato fue formalizado con la empresa Alprico Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V., cuyo representante legal es Alfredo Prieto Granados. El proyecto contemplaba la instalación total de 86 paradas de autobuses, 86 señalamientos informativos, 86 botes clásicos de basura y 86 luminarias distribuidos a lo largo del bulevar Agua Caliente y vialidades aledañas en Tijuana.

La cláusula cuarta del contrato administrativo estipulaba de forma contundente que “el pago será contra entrega e instalación de todos los bienes objeto del presente contrato […] a entera satisfacción del instituto”. De igual manera, se especificaba que el cobro total solo procedería dentro de los 30 días posteriores a que el licitante ganador hiciera la entrega de la totalidad de la infraestructura ya instalada.

Sin embargo, la realidad en las calles contradice los registros. Oficialmente, los funcionarios del IMOS firmaron y sellaron de recibido facturas y actas que daban fe de la supuesta entrega total del equipamiento urbano. Entre las transferencias bancarias validadas se encuentra, por ejemplo, el comprobante del banco BBVA con folio interbancario 0000598072, por un monto de 5 millones 334 mil 232 pesos con 32 centavos, liquidando facturas completas de suministro, sumando al final del ejercicio el pago absoluto de los más de 14 millones de pesos devengados.

Denuncias ciudadanas y verificaciones de campo constatan que, tras acudir a los puntos geográficos señalados en el anexo técnico del contrato (como diversos cruces de la avenida Agua Caliente con las calles Negrete, Colima y Guanajuato), la infraestructura física es inexistente.

Se calcula que, en términos reales, apenas se instaló cerca del 20 por ciento del total comprometido, dejando decenas de paraderos vacíos a pesar de que los recursos públicos estatales fueron completamente cobrados por la constructora con el visto bueno de las autoridades de movilidad.

Qué dice el IMOS

En una ficha informativa, el IMOS señaló que ante la existencia de un rezago histórico relacionado con la falta de paraderos en los municipios de Baja California, y con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público, se realizó un análisis para el habilitado de zonas de ascenso y descenso a lo largo del Corredor Agua Caliente, con el propósito de determinar la distribución de paraderos.

Como resultado, se determinaron un total de 86 puntos requeridos para atender las necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad. Posteriormente, en mesas de trabajo y en coordinación con la autoridad municipal, responsable de la vía pública, fueron autorizados 68 puntos, explican.

“De los 68 puntos autorizados, se logró instalar 51, quedando pendientes 17 debido a diversas condiciones, entre ellas: obras en proceso en el espacio destinado, inexistencia de banqueta y concesión del espacio requerido para la instalación del paradero. Asimismo, quedaron pendientes de autorización 18 puntos para completar los 86 paraderos contemplados inicialmente”, precisa.

El IMOS no hace referencia a la antiguedad del contrato, 2023 y no responde a las interrogantes de por qué no han podido solucionar en tres años las obras pendientes, y el por qué liquidaron las obras sin estar concluidas contraviniendo las cláusulas del contrato.

“El material destinado para los paraderos aun sin construir se encuentra bajo resguardo, a fin de que, en su momento, pueda ser instalado, con total transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable”, apunta el IMOS, sin mostrar evidencia de que efectivamente exista dicho material tras tres años de espera.

“Además, cabe destacar que se han realizado trabajos de mantenimiento y reemplazo de mobiliario debido a daños y afectaciones, entre los que se encuentran vidrios quebrados y mobiliario quemado, entre otros. Al encontrarse estos espacios en la vía pública, en repetidas ocasiones se han presentado actos de vandalismo y sustracción de materiales”, agregan.

Finalmente declaran que los paraderos son equipamiento esencial para la correcta operación de un sistema de transporte público y por ello, “continuarán trabajando en coordinación con los ayuntamientos para que sean contemplados como elementos esenciales en la modernización y el ordenamiento de los sistemas de movilidad”.

Este fin de semana trascendió que el jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Sindicatura Municipal de Ensenada fue detenido a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo en San Diego, California.

El funcionario, Francisco “N”, es nada menos que director de asuntos internos de sindicatura, área que realiza las investigaciones administrativas sobre la actuación de servidores públicos municipales, donde también se incluyen los policías municipales.

Francisco está vinculado como socio a la asociación civil Ensenada Ayuda Sin Límite, organismo que promociona el trabajo territorial de Alejandro Arregui, exsecretario del Trabajo (que está interesado en la alcaldía de Ensenada) y su pariente, Diego Lara Arregui, diputado local.

Elí Oviedo, síndico municipal de Ensenada y políticamente cercano a Alejandro Arregui, designó a Francisco como responsable de Asuntos Internos, un área particularmente sensible porque tiene entre sus funciones la vigilancia y revisión de la actuación de elementos del Ayuntamiento de Ensenada y de la Policía Municipal.

Ese Elí Oviedo, junto con los Arregui, despojó a una adulta mayor de su casa frente a la playa en aquel puerto, en un conjunto habitacional de pocas casas. Lee esa nota aquí.

La dinámica de Ensenada Ayuda Sin Límite consiste en organizar entregas de apoyos, útiles escolares, becas, dinero en efectivo y distintos beneficios para ciudadanos de Ensenada. Aunque públicamente opera como una asociación civil sin fines de lucro y con objetivos asistenciales, en diversos eventos aparecen Alejandro Arregui o Diego Arregui, quienes aprovechan estos espacios para emitir mensajes de carácter político.

De izquierda a derecha: regidor Iván Salas, síndico Elí Oviedo, regidora Michelle Maldonado, regidora Mónica Primero y el de la flecha es Francisco “N”. A ese grupo de ediles se les conoce como “Los rosas” por el partido satélite de Morena, Fuerza por México. Por cierto que ahí en la foto está también el diputado Diego Lara Arregui, tránsfuga de ese partido, quien se sumó recientemente a la bancada de Morena.

Por cierto que cada que interviene en el congreso, él, Valencia, Mogollón y Peñaloza siempre es para repetir el disco rallado del discurso morenista: la soberanía nacional, la construcción del segundo piso de la transformación, plegaria al mesías de Macuspana y finalmente loas a la “mejor presidenta del mundo”.

Veremos cómo explica el funcionario detenido la supuesta compra de buena fe del vehículo que conducía. Por lo pronto, su acción pone en evidencia la ignorancia o el dolo de su proceder. Si se lo chamaquearon, no sirve para el cargo que tiene. Si sabía, menos aún.

Muy decepcionados están algunos burócratas cachanillas de su líder municipal Patricia Ruiz, quien no oculta su entusiasmo por aplaudirle a Julieta Ramírez, a quien quien sabe si violando los estatutos, metió al sindicato a evangelizar trabajadores al servicio del estado, antes de que el partido guinda eligiera coordinadora estatal, siendo la única con quien tuviera esa deferencia.

Ni Manuel Guerrero ni Selene Cota mostraron el cobre tan rápido.

Y hablando de la simpática Julieta, publicó su agradecimiento por una reunión con izquierdistas y fundadores de Morena, donde parece que se les coló el panista Juan Ramón López Naranjo (quien salió por la puerta de atrás del cargo que le dieron en Recaudación), y el priísta Humberto López Barraza.

En fin, que el manto de la 4T alcanza para limpiar de azulito, rosa y tricolor a cualquiera que quiera acercarse a las mieles del poder, a ver si le toca algo.

La síndica con sus Christian Louboutin Follies Strass 85, de 1,300 dólares, aunque la esclava y el reloj del alcalde de Tijuana justifican los múltiples guaruras de Ismael Burgueño.