Este sábado a las 5 de la tarde en el audiorama de El trompo, en Tijuna, el líder supremo del CATEM (que es la versión priísta de la CTM), Pedro Haces, convoca a sus huestes para mostrar músculo de cara a las definiciones de candidaturas para el 2027.

Haces, quien fue priísta por más de 30 años, se ha visto envuelto en polémicas por utilizar ese maldito sistema de derechas llamado nacionalistamente “outsourcing”, para enriquecerse con contratos públicos adjudicados de manera directa, y a cambio hacer trabajar a personas por salarios apenas superiores al mínimo, a veces sin contrato de por medio.

También se hizo famoso por no acatar uno de los mandamientos de la secta tabasqueña: “santificarás la austeridad republicana”, y en cambio vivir con lujos y excesos y organizarse una fiesta de cumpleaños donde tiró la casa por la ventana en exclusivo club en 2025.

Bueno, pero estábamos en que viene a Tijuana y seguramente será para dar la bendición a su ahijado político y también expriísta, Alejandro Arregui, a quien le late el corazoncito por la alcaldía de Ensenada o lo que sea su voluntad. Arregui está tan agarrado de Haces como Samaniego de Ramírez Cuéllar, Evangelina de los Bartres, o Castro Trenti de Monreal. Así es la batalla de los padrinos mágicos.

Ustedes recordarán que el año pasado a inicios de septiembre de 2025 para presidir la Asamblea y la toma de protesta del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California; pretexto que seguro usará este año.

La invitación incluye, además del discurso del amado líder, la presentación de la Sonora Santanera y la presencia de la gober. El caso es que hay que volver a llenar el auditorio y convocar a funcionarios de primer nivel, políticos de medio pelo y mucho pueblo para que luzca el evento.

Para eso no puede faltar el acarreo y las amenazas. Nos cuentan que a los trabajadores de confianza en la Junta de Conciliación del Centro Cívico, les están pidiendo asistir y llevar a dos o tres personas más al evento, bajo la amenaza de “consecuencias”. Para eso contarán con transporte y el obligado pase de lista. Estaremos pendientes del acarreo de empleados de la Secretaría del Trabajo y de la extorsión de la que son objeto para ir de acarreados.

Arregui sigue operando con la estructura de la Secretaría del Trabajo, usando los vehículos oficiales y los centros de trabajo para mover recursos humanos y materiales. Eso fue muy útil en el evento de entrega de mochilas el 22 de agosto pasado en Ensenada.

Aquí en esta imagen, Alejandro Hurtado es delegado del Centro de Conciliación Laboral de Baja California en Ensenada. El síndico del Ayuntamiento de Ensenada, Elí Oviedo, es también incondicional de Arregui.

Cambiando de tema, qué buen golpe le ponen a Julieta con la publicación de los antecedentes de su coordinador territorial, quien estuvo acusado y preso en Estados Unidos por traficar mariguana.

Rubén Eduardo Sandoval Chávez es operador político de la senadora Julieta Ramírez Padilla y labora en la Secretaría de Bienestar de Baja California adscrito a Tecate, no siendo el único con licencia para andar en la campaña de la senadora.

Los hechos se remiten a octubre de 2011, cuando Sandoval fue detenido en Estados Unidos junto a otras personas por transportar un cargamento oculto en un tráiler con más de 950 kilogramos de marihuana. Por esa acción, una corte federal le dictó una condena de 30 meses de prisión tras declararse culpable.

Tras cumplir su condena, Sandoval se integró a la estructura territorial de Morena, partido que es conocido por el milagro de redimir pecados, olvidar antecedentes, minimizar denuncias y esconder condenas.

Solicité un posicionamiento de Julieta Ramírez a través de sus voceros, pero se les fue el internet.

En otro asunto, nos platican que los empleados de confianza del Ayuntamiento de Mexicali, a quienes se les ofrecía servicio médico a través de Servicios Médicos Municipales, no tienen medicamentos fuera del cuadro básico y parece que no tendrán en el corto plazo. La austeridad llegó paa quedarse, les dice Claudia Beltrán.

Y hablando de austeridad, los bomberos de la capital están cada vez peor. Nos cuentan que el sistema de hidrantes de la ciudad está para llorar y ni remotas posibilidades de solucionarlo. Que los adictos se roban el cobre de las tapas y punto. Hace poco en un incendio tuvieron que tirar mangueras desde una larguísima distancia porque no había hidrantes cerca que funcionaran.

Luego descubrieron que la presión no era suficiente y en lo que veían qué hacer se les fue una hora, con lo que ese valioso tiempo significa para que el fuego no se propague. Por cierto que se intoxicaron varios, porque los bomberos se exponen a las llamas con porcentajes ridículamente bajos en sus tanques de oxígeno, los cuales por supuesto batallan mucho para que 1: estén en bueas condiciones, 2: sean llenados, 3: tengan suficientes.

Pero eso sí, ya aseguraron a Edén Muñoz en las Fiestas de Independiencia y el Ayuntamiento de Mexicali pagó una renta de más de 500 mil pesos mensuales por la renta de un inmueble abandonado por todo un año.

Este domingo se llevaron a cabo dos eventos políticos para medir fuerzas entre dos de los aspirantes más fuertes de Morena a la gubernatura de Baja California: Julieta Ramírez e Ismael Burgueño.

El alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño hizo una “asamblea informativa” -eufemismo para no decir evento proselitista- rumbo al proceso de selección de quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en la coqueta ciudad, donde reportaron más de 10 mil asistentes, por supuesto con acarreo.

Mientras tanto, la senadora con licencia, Julieta Ramírez convocó a sus simpatizantes a una marcha, donde también gracias a los acarreados reunió según ella 11 mil personas, pero según tránsito municipal la cifra real fue la mitad: 5 mil 500 asistentes.

Los videos que nos hicieron llegar dan cuenta de más de 50 camiones en los alrededores de la UABC, donde el rector Luis Enrique Palafox dejó claro que no estaba bien ligar el nombre de la máxima casa de estudios con eventos partidistas, así sea solo como “punto de referencia” como dijo la protegida de la gobernadora en un video en redes, tras verse forzada a cambiar el punto de partida de la marcha no en apoyo ella y su candidatura, nooooo, sino en “defensa de la transformación y la soberanía nacional”.

A los funcionarios de gobierno los obligaron a ir, así que ese rumor de que Julieta y Marina están distanciadas es puro cuento; la operación Julieta está en marcha, pues urge que quede alguien que le cubra las espaldas -el desaseo financiero y la opacidad- a la actual administración en el siguiente sexenio.

Además, Julieta trae pegadito a Vicente Serrano, un periodista y comunicador digital, fundador de Sin Censura, con una línea editorial abiertamente favorable a la llamada Cuarta Transformación. Él se presenta como un periodista independiente y crítico de los medios tradicionales pero la verdad es que de independiente nada, pues es obvia su cercanía y respaldo público a López Obrador y a la 4T. Los operadores locales, Hugo Ruvalcaba -quien parece que ya le perdonó los desplantes de diva a Julieta- y Edgar Covarrubias, ahí andaban también.

Entre los funcionarios que pudimos ver en el evento de hoy, donde por cierto, la Cruz Roja atendió a 8 personas por deshidratación, están la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante; la de San Quintín, Mirima Cano; la oficial mayor del Ayuntamiento cachanilla, Claudia Beltrán; el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Llantada; los diputados Jaime Cantón, Evelyn Sánchez, Michelle Tejeda, y el desertor de Fuerza por México, Alejandro Lara Arregui; el exdiputado Víctor Navarro; la secretaria de las Mujeres, Rebecca Vega Arriola; la extitular del INDE, Lourdes Cáñez; el exsecretario de Agricultura, Juan Meléndrez, y algunos regidores.

Y en otro tema, una dura realidad para los colectivos de búsqueda, ver el megaoperativo montado por la desaparición de un empresario. Qué bueno que fue localizado pero no se puede evitar ver con tristeza como hay desaparecidos de primera y de segunda.

Más de mil elementos participaron en la búsqueda, más drones y helicóptero. Ese esfuerzo institucional es el que las madres quisieran ver en las primeras horas tras el reporte de desaparición.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Este domingo habrá dos marchas en Baja California. Oficialmente, ambas serán en apoyo a Claudia Sheinbaum, a la soberanía nacional y para que continúe la Cuarta Transformación. Una en Mexicali, convocada por la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla; otra en Tijuana, encabezada por el alcalde con licencia Ismael Burgueño Ruiz.

Qué admirable coincidencia.

Dos personajes que aspiran a la misma posición, en las dos ciudades más importantes del estado, convocando simultáneamente a defender exactamente las mismas causas.

Y quien crea que todo se trata únicamente de apoyar a la Presidenta quizá también crea que las asambleas informativas, los recorridos territoriales y los mítines políticos son ejercicios espontáneos de amor cívico.

La realidad es menos romántica: Julieta e Ismael están en campaña.

O, para decirlo en el sofisticado idioma de Morena, están compitiendo por la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación, la Soberanía Nacional y cualquier otro nombre suficientemente largo para evitar pronunciar la palabra prohibida: candidatura. Porque detrás de la coordinación está la antesala de la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. Y ambos lo saben. También lo saben sus operadores, sus equipos, sus simpatizantes y hasta quienes están preparando las lonas.

La convocatoria de este domingo ocurre, además, después de semanas en las que la disputa interna ha dejado de ser una competencia y se parece cada vez más a una pelea de cantina donde, agotados los argumentos, alguien ya busca la cubeta.

En Tijuana, incluso, un evento encabezado por Burgueño fue descrito públicamente como una asamblea informativa que, en los hechos, funcionó como un acto de respaldo a su aspiración política. El episodio dejó nuevamente en evidencia que la frontera entre informar, movilizar y promoverse puede ser extraordinariamente flexible cuando se aproxima una candidatura.

Mientras tanto, Julieta Ramírez mantiene su propia estructura territorial, sus encuentros, sus recorridos y su discurso de continuidad. En las últimas semanas ha insistido precisamente en la necesidad de unidad y en retomar los principios de la Cuarta Transformación.

Unidad.

Esa hermosa palabra.

La misma que desde la dirigencia nacional se invoca como si fuera un extintor para apagar los incendios internos. Citlalli Hernández y otros dirigentes han insistido en que el proceso debe mantener cohesionados a los aspirantes y evitar que la competencia termine destruyendo al movimiento desde dentro.

Pero una cosa es hablar de unidad.

Y otra muy distinta es practicarla.

Porque en Baja California los aspirantes parecen haber entendido la instrucción de una manera peculiar: “unámonos todos… detrás de mí”.

Y ahí está el verdadero problema.

La lucha entre Julieta Ramírez e Ismael Burgueño ya no debería analizarse solamente desde la pregunta tradicional: ¿quién va ganando?

Las encuestas, además, han ofrecido fotografías distintas según quién las pague, quién las publique y, naturalmente, quién aparezca arriba. Algunos ejercicios han colocado a Burgueño al frente y otros han favorecido a Ramírez, confirmando una antigua verdad de la política mexicana: hay encuestas para medir la realidad y otras para ayudar a construirla.

Por eso, en las próximas entregas, éste no será un ejercicio para apostar quién será. Será para preguntar quién conviene a Baja California. Porque la gubernatura no es un premio de consolación, una recompensa por lealtades partidistas ni la medalla que recibe quien logró llenar más camiones para una marcha dominical.

Baja California tiene problemas demasiado grandes como para decidir su futuro entre porras y fotografías aéreas. Inseguridad, corrupción, opacidad, crisis de servicios, infraestructura insuficiente y una relación cada vez más complicada entre los distintos grupos que controlan Morena.

El estado necesita un gobernador o gobernadora que pueda gobernar. Parece una obviedad.
Pero en estos tiempos hay que aclarar hasta las obviedades. Así que este domingo veremos marchas, discursos, banderas, consignas y, por supuesto, una demostración de apoyo a Claudia Sheinbaum. Todo perfectamente legítimo.

Sólo que debajo de cada pancarta habrá otra pregunta.

No será: ¿quién apoya más a la Presidenta? Será: ¿quién logró demostrar que puede convertirse en el próximo gobernador de Baja California? Y ésa, aunque la escondan detrás de la soberanía, la transformación y el amor a la patria, es la única marcha que realmente importa.

Transparencia…cinco años después

Gabriela Monge anunció, con el entusiasmo propio de quien descubre que las ventanas también sirven para dejar entrar la luz, que los funcionarios del Gobierno de Baja California subirán sus declaraciones patrimoniales a la Plataforma Nacional de Transparencia.

La noticia merece aplausos.

Aunque quizá primero habría que preguntar: ¿y antes por qué no?

Porque la transparencia no es una concesión graciosa del gobierno, ni un acto de generosidad de los funcionarios, ni una campaña de primavera para mejorar la imagen de una administración cuestionada por su opacidad. Es una obligación. Tan sencilla como eso.

Los servidores públicos administran dinero que no es suyo, toman decisiones que afectan a millones de personas y ejercen un poder que los ciudadanos les prestan temporalmente. Por eso deben explicar cuánto ganan, qué patrimonio poseen, con quién contratan y cómo gastan.

Y resulta que, según las propias cifras del sistema de transparencia de Baja California, eso es precisamente lo que más quiere saber la gente.

Los salarios encabezaron las consultas con una ventaja aplastante: más de 46 mil. Después aparecen las declaraciones patrimoniales, los proveedores y contratistas, los contratos y convenios, los viáticos, los currículos y las sanciones a funcionarios. Es decir, el ciudadano no está preguntando qué color tiene la alfombra de la oficina del secretario en turno. Quiere seguir el dinero.

Quiere saber cuánto ganan. Quiere saber cuánto tienen. Quiere saber a quién le dan los contratos. Y quiere saber si los funcionarios que se dicen honrados tienen algo más que una declaración de principios.

Qué incómoda costumbre tiene la ciudadanía.

El problema es que, durante años, las declaraciones patrimoniales fueron uno de los grandes pendientes de la transparencia local. Algunas instituciones llegaron a justificar su falta de publicación con argumentos técnicos: que faltaban formatos, lineamientos, sistemas o condiciones para hacer públicas las versiones correspondientes.

Ahora resulta que el Gobierno del Estado ya contaba con DeclaraNet y que incluso la legislación establece el carácter público de las declaraciones, salvo los datos estrictamente protegidos.

Entonces, nuevamente: ¿qué pasó? ¿No había sistema? ¿No había obligación?
¿No había formatos? ¿O simplemente no había demasiadas ganas de que los ciudadanos vieran lo que los funcionarios declaraban tener?

La diferencia es importante. Porque una cosa es tener un problema técnico y otra utilizar el problema técnico como cortina.

Y hablando de cortinas, convendría abrir también las que cubren los contratos, las adjudicaciones directas y los proveedores.

No es casualidad que esas áreas estén entre las más consultadas. Cuando un ciudadano busca un contrato, normalmente no lo hace por afición literaria. Quiere saber quién ganó, cuánto cobró, cómo fue contratado, quién autorizó el procedimiento y, sobre todo, si el contrato original terminó siendo multiplicado mediante ampliaciones, convenios modificatorios y pagos adicionales.

Ahí es donde la transparencia suele adquirir una curiosa elasticidad.

El contrato aparece. Pero no el expediente completo. Se publica la adjudicación. Pero no toda la justificación. Está el proveedor. Pero no resulta fácil conocer todos sus contratos.

Hay información. Sólo que está repartida en tantas oficinas, formatos, ligas rotas y documentos que encontrarla puede convertirse en una especie de rally burocrático patrocinado por el gobierno.

Después está la palabra mágica: “reservado”.

Porque cuando la información se vuelve particularmente incómoda, aparece la seguridad pública, la investigación en curso, el secreto comercial, los datos personales o cualquier otra causal prevista por la ley. Algunas son perfectamente legítimas. Nadie propone publicar estrategias contra el crimen ni expedientes personales completos.

Pero entre proteger una investigación y esconder un contrato hay una diferencia. Y entre proteger datos personales y tachar media página también.

Por eso el verdadero examen para Gabriela Monge y para el Gobierno de Marina del Pilar no será anunciar que ahora sí habrá transparencia. Los anuncios son baratos y, afortunadamente para el presupuesto público, todavía no requieren licitación.

El examen será publicar. Publicar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios en versiones realmente consultables. Publicar contratos completos. Publicar las razones de las adjudicaciones directas. Publicar a los proveedores recurrentes. Publicar los convenios modificatorios.

Y explicar qué información permanece reservada, por qué y hasta cuándo.

Porque Baja California no necesita otra ceremonia para inaugurar la transparencia. Necesita una costumbre.

La ciudadanía ya dijo claramente qué quiere saber. Quiere seguir el dinero y quiere saber quién administra el poder.

La pelota, por primera vez con tanto reflector encima, está del lado del gobierno.
Ahora veremos si Gabriela Monge abrió una puerta.

O simplemente levantó otra cortina.