La Coalición para la Participación Social en la Educación de Baja California (COPASE) emitió un posicionamiento ante la publicación de los resultados de la evaluación PISA 2025, en el que advierte que el desempeño de México en matemáticas, comprensión lectora y ciencias confirma una tendencia de rezagos ya señalada desde 2022.

La organización subrayó que los resultados no deben interpretarse únicamente como un ranking internacional, sino como un llamado urgente a revisar y fortalecer las políticas educativas con estrategias basadas en evidencia.

COPASE recordó que corresponde a la Gobernadora del Estado, como titular del Poder Ejecutivo, garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 e impulsar acciones que se traduzcan en resultados concretos.

Entre las propuestas que la coalición ha planteado desde 2021 —y que ya están plasmadas en dicho plan— destaca la creación de un órgano evaluador independiente de la autoridad educativa.

Asimismo, la organización insistió en la necesidad de integrar de manera efectiva los Consejos de Participación Escolar en todas las escuelas, garantizando su participación en la toma de decisiones, tal como lo establece la Ley General de Educación.

Durante los dos últimos ciclos escolares, COPASE ha trabajado con más de 20 escuelas de educación básica impulsando el fortalecimiento de matemáticas, comprensión lectora y otras estrategias pedagógicas.

Según la coalición, esta experiencia confirma que existen capacidades y voluntad en las comunidades educativas para mejorar, pero se requiere coordinar esfuerzos y establecer políticas públicas, metas claras y mecanismos de seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, COPASE solicitó a las autoridades educativas del estado comprometerse con las siguientes líneas de acción: Definir una meta estatal pública de mejora en matemáticas, lectura y ciencias, con seguimiento periódico y dar prioridad a la creación de un organismo evaluador independiente que no solo mida, sino que publique resultados claros por áreas y genere recomendaciones orientadas a “evaluar para mejorar, no para señalar”.

Ademas, piden concretar un acuerdo educativo por Baja California que convoque a autoridades, docentes, familias, universidades, empresarios y sociedad civil en torno a objetivos comunes y medibles.

“La educación no puede depender solamente del Gobierno; debe convertirse en una responsabilidad compartida de toda la sociedad”, señala el documento.

COPASE reafirmó su compromiso de seguir impulsando una educación basada en evidencia, participación y resultados, priorizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad que les permita desarrollar plenamente sus capacidades.

El posicionamiento está firmado por Gerardo Espinoza Rodríguez, Consejero Presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación.

La Secretaría de Educación analiza una estrategia para ampliar la cobertura de bachillerato ante la demanda de espacios para estudiantes de nuevo ingreso; así lo señaló la titular Irma Martínez.

El proyecto contempla utilizar el turno vespertino de algunas secundarias que actualmente operan únicamente por la mañana, con el objetivo de ofrecer lugares de preparatoria en sectores cercanos a los planteles de educación media superior con mayor demanda.

La secretaria de educación mencionó que alrededor de 10 secundarias podrían incorporarse al esquema, de las cuales ocho están ubicadas en Tijuana y dos en Playas de Rosarito.

La medida busca atender a cerca de 500 jóvenes que no obtuvieron un espacio en alguno de los bachilleratos que solicitaron, así como a quienes desean cambiar de plantel debido a que no están conformes con la asignación recibida.

Irma Martínez indicó que por ahora no se contempla recurrir a escuelas particulares, al considerar que existen alternativas dentro del sistema público para absorber la demanda.

Una regulación inteligente, territorial y acorde al PPIE y la Nueva Escuela Mexicana

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a especialistas, madres y padres de familia, docentes y jóvenes para valorar una posible regulación del uso de celulares en los planteles de educación básica ha provocado un amplio debate. La titular del Poder Ejecutivo ha aclarado que no se pretende imponer una prohibición absoluta, sino generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y plataformas digitales en el desarrollo de las infancias y adolescencias. Informó que cerca del 70% de las madres y los padres consultados respalda alguna forma de regulación y que, hacia finales de agosto, se presentará una propuesta nacional. La discusión es necesaria, pero exige precisión jurídica y técnica para evitar confusiones sobre el alcance de la consulta y las responsabilidades del Estado.

En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular. El Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos todavía requiere un tratamiento expreso como posible factor de riesgo digital, cognitivo, emocional y de convivencia. El dispositivo no es perjudicial por sí mismo; el riesgo depende de las condiciones de uso y de sus consecuencias: distracción durante las clases, afectaciones al aprendizaje y al descanso, uso compulsivo de plataformas, ciberacoso, grabaciones no autorizadas, exposición a contenidos nocivos o deterioro de las habilidades sociales. Incorporar estos supuestos al PPIE permitiría activar acciones de prevención, detección, registro, intervención y acompañamiento sin reducir la respuesta a una prohibición general.

La Nueva Escuela Mexicana exige una política contextualizada y sensible a la diversidad territorial. Baja California es un estado con realidades profundamente distintas: Mexicali enfrenta riesgos digitales intensivos; San Quintín vive dinámicas agrícolas y migrantes; San Felipe presenta condiciones costeras; Tijuana y Ensenada lidian con retos urbanos complejos. Incluso dentro de una misma ciudad existen colonias con niveles distintos de conectividad, violencia digital y exposición a redes sociales. Así como la revisión de mochilas no se aplica igual en todas las zonas, el celular tampoco. Una regulación nacional puede establecer principios y estándares mínimos, pero su implementación debe considerar las características de cada estado, municipio, plantel y comunidad escolar.

En Baja California, el celular también cumple una función de seguridad. Los hechos de violencia, las desapariciones, la movilidad fronteriza, los trayectos prolongados y las jornadas laborales que dificultan el acompañamiento permanente hacen que muchas familias lo consideren indispensable para mantener contacto con sus hijas e hijos. Esta realidad demuestra que no existe contradicción entre permitir que el alumnado porte un celular por razones de seguridad y limitar o regular su utilización durante las clases. El dispositivo puede permanecer apagado, en modo silencioso o bajo mecanismos adecuados de resguardo, salvo que exista una finalidad pedagógica, una necesidad médica o de accesibilidad, o una situación de emergencia.

Por ello, es fundamental distinguir entre regular y gestionar. La regulación establece límites, responsabilidades, excepciones y consecuencias. La gestión de riesgos permite identificar las circunstancias concretas de cada comunidad e intervenir de manera proporcional. No todo debe resolverse mediante prohibiciones generales ni mediante un decreto que pretenda normar individualmente teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, inteligencia artificial, y cada nuevo dispositivo que aparezca.

La falta de lineamientos explica, en parte, por qué el uso del celular proliferó desordenadamente en las aulas. Durante años, cada escuela y cada docente establecieron reglas propias, frecuentemente sin capacitación ni respaldo técnico. Aunque la respuesta institucional llega con retraso, no se trata de culpar a docentes, familias o estudiantes, sino de reconocer que el sistema educativo no les proporcionó oportunamente herramientas para gestionar una tecnología que transformó la convivencia escolar. Los Consejos de Participación Social deben ser el mecanismo formal para canalizar la consulta y construir acuerdos de implementación.

La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a las escuelas. Estas deben gestionar lo que ocurre durante la jornada y dentro de las actividades bajo su supervisión; las familias deben establecer hábitos y límites fuera del plantel, y el Estado debe diseñar la política pública, emitir lineamientos, capacitar, dar presupuesto, supervisar y coordinar a las autoridades educativas, de salud, seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.

El precedente de la Suprema Corte sobre “Mochila Segura” también ofrece una advertencia: las medidas escolares que inciden en la privacidad o en las pertenencias del alumnado necesitan fundamento jurídico, una finalidad legítima y procedimientos proporcionales. Esto no impide regular el uso de celulares dentro del plantel, pero sí exige evitar inspecciones, retenciones o sanciones arbitrarias.

El celular puede ser un recurso educativo, una herramienta de seguridad y un factor de riesgo al mismo tiempo. Una política pública inteligente debe reconocer esas tres dimensiones y establecer medidas diferenciadas por edad, nivel educativo y contexto, así como excepciones pedagógicas, médicas, de accesibilidad y emergencia. Baja California tiene la oportunidad de fortalecer el PPIE incorporando expresamente los riesgos vinculados con los dispositivos móviles y construyendo una respuesta preventiva, territorial y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

*El autor es director general de De la Peña y Rivera, S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.