Padres de familia de la escuela primaria Amado Nervo, ubicada en el fraccionamiento Calafia, decidieron tomar el plantel ante la falta de intendente que se haga cargo de las labores de limpieza, situación que, dijeron, se está dando desde el inicio del ciclo escolar.

Berenice Sánchez, madre de familia del plantel, explicó que directivos de la escuela les informaron que ya había sido autorizado un trabajador interino para cubrir la plaza; sin embargo, el proceso de contratación no se concretó debido a la falta de recursos para cubrir el pago.

Expuso que anteriormente una persona había cubierto un interinato en la escuela, pero quedaron pendientes algunos pagos, por lo que ya no aceptó continuar con las labores.

Señaló que de acuerdo con la información que les han proporcionado el intendente titular se encuentra incapacitado desde el ciclo escolar pasado con una incapacidad extendida por un año.

La madre de familia comentó que un padre de primer grado se ofreció a realizar estas tareas de manera voluntaria, no obstante, las autoridades educativas les señalaron que ninguna persona externa puede permanecer en el plantel para realizar labores de limpieza fuera de un horario determinado.

Es por ello que, ante la falta de una solución, la semana pasada los padres de familia decidieron tomar el plantel y continuaran así hasta que las autoridades educativas tomen las acciones correspondientes.

Madres de familia de la primaria Francisco J. Mújica exigieron a la Secretaría de Educación de Baja California respetar el acuerdo establecido para evitar la fusión del turno vespertino con el matutino y garantizar la continuidad de la atención a estudiantes de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Las familias recordaron que anteriormente se manifestaron ante la posibilidad de que ambos turnos fueran fusionados debido a la baja matrícula en el vespertino. Como parte de los acuerdos alcanzados con autoridades educativas, se estableció una prórroga para permitir que las familias buscaran incrementar el número de estudiantes, con una meta de 120 alumnos.

Sin embargo, señalaron que el proceso se vio afectado luego de que algunos padres de familia fueran informados por personal del plantel que el turno matutino no era seguro, debido a una eventual fusión. Según las madres inconformes, esta situación desalentó la inscripción de nuevos alumnos y provocó la pérdida de más de 40 estudiantes.

Fernanda García Flores, señaló que directoras de Centros de Atención Múltiple (CAM) se han sumado a la exigencia, debido a que, afirmó, estos planteles tampoco tienen capacidad para atender a todos los estudiantes que requieren servicios de educación especial.

“Las escuelas regulares no quieren batallar”, sostuvo, al considerar que debe garantizarse el derecho a la educación establecido en el Artículo Tercero constitucional. También acusó que las familias interesadas en inscribir a sus hijos fueron desalentadas con información sobre una posible fusión de turnos.

“Que si la gente viene y se inscribe que no los boicoteen, porque los desaniman diciendo que se fusionarán los turnos y se quedarán sin escuela”, manifestó la madre de familia.

Por su parte, Tania Valdez Espinoza explicó que la disminución de alumnos en algunos grados también estaría relacionada con la información que recibieron las familias al acudir a realizar reinscripciones. Señaló que los grupos de quinto y sexto grado quedaron con pocos estudiantes, mientras que en primer grado lograron incorporar a 14 alumnos, frente a los siete que tenían el año anterior.

Las madres de familia también cuestionaron la posibilidad de mantener el servicio de USAER en caso de que se concrete la fusión de los turnos.

Rosa Ávila Mojarro, otra de las madres que se manifestó hoy, afirmó que durante una reunión con responsables de Educación Básica, se les informó que USAER no puede operar en un turno fusionado, por lo que consideró contradictoria la información que posteriormente han recibido.

“Nos están diciendo cosas que no son ciertas para que la gente no se inconforme”, señaló.

Ante esta situación, las familias pidieron que las autoridades educativas intervengan, respeten la minuta previamente acordada y permitan que continúe el turno vespertino, además de garantizar la atención especializada para los alumnos que requieren los servicios de USAER. Mañana sostendrán una reunión con las autoridades educativas esperando escuchen su petición y respeten el acuerdo al que habían llegado.

La Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE) pidió a la Secretaría de Educación de Baja California ampliar la participación social en la implementación del Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026, al advertir que su eficacia dependerá de que las medidas previstas se traduzcan en acciones concretas dentro de las comunidades educativas.

En un posicionamiento fechado el 7 de septiembre, Gerardo Espinoza, presidente de COPASE, reconoció que el PPIE amplía el marco de riesgos contemplados y fortalece su sustento normativo, pero señaló que uno de los principales retos será convertir el programa en acciones reales y efectivas en cada plantel.

La organización destacó la participación de docentes, figuras interdisciplinarias e interinstitucionales y organizaciones sindicales en la construcción del programa; sin embargo, señaló que las asociaciones civiles y los Consejos de Participación Escolar (CPE) no fueron convocados durante esta etapa.

Ante ello, COPASE consideró indispensable incorporar a madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que su participación permitiría una implementación más amplia, legítima y efectiva del programa, en concordancia con lo establecido en la Ley de Educación de Baja California.

La organización sostuvo que la prevención debe convertirse en un eje rector, acompañado de estrategias para fortalecer la cultura de protección y el bienestar integral de los estudiantes.

Otro de los puntos señalados es la necesidad de garantizar recursos para que el programa pueda operar.

COPASE advirtió que cualquier estrategia de protección escolar requiere presupuesto suficiente, personal especializado y capacitación para docentes, directivos, personal administrativo, madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar y organizaciones civiles.
Sin estos elementos, considera Espinoza, el PPIE difícilmente podrá implementarse de manera efectiva en las comunidades escolares.

También llamó a evitar que las escuelas asuman responsabilidades que corresponden a instituciones especializadas en seguridad, salud, atención psicológica o acceso a la justicia.

En su planteamiento, el personal educativo debe actuar como primer espacio de identificación y protección, concentrando sus funciones en la prevención, detección, protección inmediata, documentación, canalización y seguimiento, dentro de sus respectivas competencias.

Para garantizar la aplicación del programa, la organización propuso que el PPIE opere como un mecanismo de coordinación interinstitucional y establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.

omo parte de sus propuestas, COPASE solicitó a la Secretaría de Educación instalar una Mesa Permanente del PPIE 2026, con participación de docentes, directivos, madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar, organizaciones de la sociedad civil, especialistas externos y las organizaciones sindicales que participaron en la construcción del programa.