La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM) informa que, en diversos hechos fueron detenidas 12 personas presuntamente relacionadas con casos de “montachoques” en la ciudad.

La SSPCM, a través de comunicado de prensa, exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y evitar caer en este tipo de delitos, que consisten en provocar o simular un accidente vial para exigir a las víctimas cantidades excesivas de dinero, muchas veces mediante amenazas, intimidación o violencia.

Ante cualquier percance automovilístico, la autoridad recomienda conservar la calma, evitar discusiones y solicitar de inmediato la intervención de agentes municipales de tránsito mediante la línea de emergencias 9-1-1. La presencia de la autoridad permitirá documentar los hechos y determinar, conforme a derecho, la responsabilidad de las partes involucradas.

Asimismo, se hace un llamado a denunciar siempre ante la Policía Municipal cualquier intento de extorsión, cobro irregular, amenaza o conducta agresiva relacionada con un accidente vial. La denuncia oportuna es fundamental para que las autoridades puedan actuar, integrar las investigaciones correspondientes y evitar que otras personas sean víctimas.

La Secretaría recuerda a la población que todo conductor debe contar con un seguro vigente que cubra los daños a terceros. Además de ser un requisito para circular, contar con una póliza permite que el accidente sea atendido por ajustadores debidamente acreditados y reduce el riesgo de que los automovilistas sean obligados a entregar dinero directamente en el lugar de los hechos.

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de un “montachoques” se encuentran mantener una distancia prudente entre vehículos, conducir respetando los límites de velocidad y prestar atención a maniobras sospechosas o vehículos que intenten provocar una colisión. En caso de un impacto, se debe evitar realizar pagos en efectivo o aceptar acuerdos bajo presión, así como entregar documentos personales a desconocidos.

También se recomienda permanecer dentro del vehículo, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan; trasladarse a un sitio iluminado y concurrido; activar las luces intermitentes; tomar fotografías o videos de los vehículos, placas, daños y entorno; y compartir la ubicación con familiares o personas de confianza. Si alguien se identifica como ajustador, debe solicitarse su acreditación oficial y verificarse la información directamente con la compañía aseguradora.

Las detenciones se realizaron gracias, en varios casos, a la denuncia oportuna de las víctimas, quienes solicitaron la intervención de la autoridad municipal para esclarecer las responsabilidades de cada hecho.

El pasado 2 de julio, agentes de la Policía Municipal detuvieron a Misael Enrique “N”, Juan José “N”, Luis Enrique “N” y Jesús Guadalupe “N”, luego de que protagonizaran una riña en la vía pública. Durante la intervención, los oficiales localizaron diversas dosis de sustancias prohibidas en ambos vehículos, por lo que procedieron al aseguramiento de las personas. Dichas unidades son de interés para las autoridades, debido a que han sido señaladas en diversos choques bajo la modalidad de “montachoques”.

Posteriormente, el 12 de agosto fue detenido Roberto “N”, luego de que una víctima solicitara apoyo a través del 9-1-1 por un choque presuntamente intencional. El afectado señaló que el detenido le exigía mil 500 dólares como reparación del daño y pretendía llevarlo a un cajero automático para retirar el dinero.

Ante la actitud agresiva del supuesto responsable, la víctima pidió la intervención de la autoridad municipal, con el objetivo de que agentes de tránsito determinaran la responsabilidad y el procedimiento legal correspondiente.

El 1 de septiembre, Víctor Francisco “N” y Martín Oswaldo “N” fueron asegurados cuando agentes de tránsito acudieron a atender un siniestro vial. La víctima manifestó que ambos individuos se encontraban agresivos y le exigían 50 mil pesos por los daños ocasionados a su vehículo. Martín Oswaldo “N” afirmó ser ajustador de seguros; sin embargo, no pudo acreditar dicha función con documentación oficial.

Como antecedente, en enero de 2024 fueron detenidos Emmanuel “N” y Erick Ricardo “N” por delitos contra la salud. El vehículo en el que viajaban estaba señalado como presunto participante en diversos choques registrados en la carretera Tijuana-Ensenada.

Asimismo, el 6 de diciembre de 2025 fueron asegurados Juan José “N”, Alan “N”, Karina Suhey “N” y Nancy Lizeth “N”, luego de que presuntamente despojaran con violencia a una víctima de su documentación y le indicaran que se la devolverían una vez que entregara 21 mil pesos por el supuesto daño ocasionado en un choque.

La SSPCM reiteró que ninguna persona debe ser obligada a pagar dinero en el lugar del accidente mediante amenazas o intimidación. En caso de encontrarse ante una situación de este tipo, se debe llamar inmediatamente al 9-1-1, informar a la aseguradora y denunciar siempre ante la Policía Municipal.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California anunció que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a exfuncionarios del gobierno estatal y municipal señalados recientemente en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación, los legisladores del blanquiazul expresaron que la situación de seguridad en la entidad es crítica y que las acusaciones de las autoridades estadounidenses revelan una presunta red de complicidad con la delincuencia organizada que involucra a exservidores públicos e incluso empresas vinculadas a personajes de la política local.

El diputado Diego Echevarría dijo que entre los nombres citados en las listas de sanciones del gobierno estadounidense y mencionados por los diputados destacan Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; su hermano Luis Alfonso Torres; la exdiputada Araceli Brown (en una comunicación anterior de las autoridades estadounidenses); y Pedro Ariel Mendívil, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública en Mexicali durante cuatro años.

La diputada Alejandrina Corral señaló que la acción legal busca terminar con la narrativa oficial de que las acusaciones responden únicamente a «politiquería» o denuncias anónimas. Fundamentó la medida en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a todo ciudadano y servidor público a denunciar la probable comisión de un delito penal.

«Es obligación constitucional de la Fiscalía investigar. Exigimos que las autoridades mexicanas hagan su trabajo y no omitan estas investigaciones, porque la omisión y el retardo malicioso en la administración de justicia también son delitos sancionados con pena de cárcel para los servidores públicos», advirtió.

Por su parte, la diputada Mayola Gaona criticó la falta de resultados de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, señalando que mientras las autoridades estatales negaban las investigaciones, dependencias estadounidenses abrieron expedientes sobre el presunto uso de empresas locales para el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Acciones legislativas y juicio político

Echevarría, coordinador de la bancada, precisó que la estrategia del PAN se dividirá en dos frentes principales: la vía Legal, con presentación de la denuncia de hechos formal ante la FGR para requerir la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría anticorrupción.

 Y la vía Legislativa y Política, con el impulso de un juicio político a través de los diputados federales de Acción Nacional contra la gobernadora de la entidad. Echevarría explicó que el recurso deberá tramitarse en el Congreso de la Unión debido a que reformas constitucionales locales retiraron la facultad al Congreso de Baja California para procesar políticamente al titular del Ejecutivo estatal.

Finalmente, los legisladores adelantaron que revisarán los perfiles de cara al próximo proceso electoral para evitar que personas con investigaciones abiertas o presuntos vínculos con el crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular, y siguiendo las propias reglas que ha puesto Morena, impedirán que aparezca Julieta Ramírez en la boleta electoral si surgen más informaciones que señalen su participación en esquemas de financiamiento ilegal para campañas políticas.

La Oficial Mayor del Poder Judicial de Baja California, Rosaura Zamora, emitió una serie de puntualizaciones con respecto a un análisis publicado por el organismo civil Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC).

En entrevista, la funcionaria detalló que existen discrepancias importantes en las cifras del informe, por ejemplo que la institución cuente con 218 millones de pesos en pasivos a corto plazo.

Explicó que la cifra real de pasivos de este tipo asciende a 52 millones de pesos, que corresponden a nóminas, retenciones de impuestos y obligaciones de Issstecali, cantidad que se eroga cada mes y que no es acumulable.

En relación con el total de pasivos por 997 millones de pesos, la Oficial Mayor precisó que la mayoría corresponden a fondos y bienes de terceros en garantía. Clarificó que no se trata de una deuda o falta de liquidez, sino de recursos que la institución resguarda en sus cuentas bancarias y que no le pertenecen.

Ante señalamientos sobre contratos con la aseguradora Zurich, la funcionaria desestimó que el contrato represente un gasto de 48 millones de pesos, aclarando que el monto real contratado para la protección de bienes patrimoniales e insumos internos es de unos 2 millones de pesos.

En el rubro de servicios personales y el crecimiento presupuestal registrado de 2022 a 2025, Zamora justificó el incremento a partir de una expansión institucional sin precedentes para dar cumplimiento a reformas legales.

Citó la creación de 34 nuevos órganos judiciales, incluidos juzgados laborales, centrales de actuarios, 10 juzgados familiares adicionales, 8 juzgados civiles y 3 juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer.

También la incorporación de 34 nuevos jueces y un incremento en la plantilla laboral de aproximadamente mil plazas,  pasando de 1,500 a 2,500 empleados.

En el incremento va además el ajuste salarial de más de 400 trabajadores que percibían salarios por debajo del mínimo tras los incrementos decretados por el Gobierno Federal.

Finalmente, la Oficial Mayor rechazó que exista un déficit de 55 millones de pesos entre ingresos y egresos. Señaló que el cálculo del observatorio omitió considerar la fuente de financiamiento por remanentes de ejercicios anteriores, los cuales fueron aplicados legalmente en proyectos específicos de infraestructura civil y familiar, como la edificación del Juzgado de Rosarito.

Asimismo, confirmó que el Poder Judicial se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, manteniendo un acuerdo salarial pactado del 6 por ciento de incremento en sueldos y prestaciones para el personal.