Por los probables delitos de fraude procesal, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Tijuana cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jair Alejandro “N”.

La diligencia se llevó a cabo aproximadamente a las 12:50 horas del 24 de septiembre de 2026, en Ruta Hidalgo, colonia Mariano Matamoros. De acuerdo con los datos que obran en la investigación, el 21 de diciembre de 2018, el detenido, en conjunto con otras personas, habría realizado actos tendientes a inducir al error a la autoridad administrativa denominada Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana.

Como parte de los hechos investigados, se señala que Jair Alejandro “N” habría presentado ante dicha autoridad un contrato de compraventa de fecha 17 de marzo de 2010, supuestamente celebrado entre la parte ofendida y el imputado, respecto de una vivienda ubicada en Jardines de Agua Caliente, primera etapa del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en esta ciudad.

Asimismo, la investigación refiere que, aprovechándose de las facultades derivadas de determinados cargos, el 20 de diciembre se habría realizado la ratificación del referido acto jurídico, mediante el cual se habría declarado frente a terceros a Jair Alejandro “N” como propietario del inmueble señalado.

Derivado de las investigaciones realizadas y en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Oralidad del Estado de Baja California, agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron al señalado.

Tras su detención, se le hizo del conocimiento el motivo de esta y se realizó la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.

Una empresa mexicana incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prestó el servicio de arrendamiento y operación de unidades para el programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, Baja California, durante el segundo semestre de 2023, en procedimiento de adjudicación directa.

Se trata de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. de C.V., sociedad mercantil con domicilio en Playas de Rosarito, Baja California. Según el registro de OFAC, la empresa aparece en la “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (SDN List) bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT (Specially Designated Global Terrorist).

El listado la vincula expresamente a Candelario Arcega Aguirre y señala como identificación el Folio Mercantil 471, con fecha de establecimiento del 17 de septiembre de 2007. La dirección registrada es Playas de Rosarito, Baja California, México.

El contrato CT-026-2023, celebrado entre el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS) y la citada empresa, tuvo por objeto el “servicio integral de arrendamiento y operación de 5 (cinco) unidades tipo camión” para el programa Transporte Violeta en Rosarito. La vigencia corrió del 15 de junio al 31 de diciembre de 2023. El monto máximo autorizado fue de 6 millones 885 mil 201 pesos con 96 centavos, incluyendo el 8 por ciento de IVA, con un costo mensual de 983 mil 600 pesos con 28 centavos y un pago de 30.42 pesos por kilómetro recorrido.

La adjudicación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, con fundamento en los artículos 18, fracción III, y 38, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. El dictamen correspondiente es el DAD-ADQ-IMOS-46-23, emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado.

Por el lado del Instituto, el contrato fue suscrito por Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del IMOS, y Laura Armida Arce Ochoa, coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas, como área requirente y administradora. Funcionaria que se menciona como posible reemplazo de Luis Miguel Buenrostro, quien dejó su cargo de titular del Cecyte Baja California tras el señalamiento de la OFAC a su hermano, Rafael, como facilitador de insumos e influencias para el crimen organizado.

Por la empresa, firmó Jorge Santiago Ramírez Suárez, en su carácter de representante legal. La compañía declaró ser titular de los derechos exclusivos del corredor declarado por el Instituto para el programa en la modalidad de transporte masivo en Rosarito y acreditar capacidad técnica, económica, financiera, legal y comercial.

El servicio contemplaba unidades con capacidad no menor a 28 pasajeros, en excelentes condiciones mecánicas, con placas y seguro vigentes. La ruta fue diseñada para conectar puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Hospital General de Playas de Rosarito, el Palacio Municipal, la Fiscalía General del Estado, ISSSTECALI, el Centro de Atención a Víctimas, la Cruz Roja y unidades del IMSS.

La información forma parte de la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio 022499724000003, atendida por la Unidad de Transparencia del IMOS mediante el oficio IMOS-UT-025-2024, de fecha 15 de enero de 2024. En ella se adjuntan el oficio IMOS-ADM-0012-2024 de la Unidad Administrativa y de Finanzas y el contrato completo.

Hasta el momento de la última actualización de la lista SDN (octubre de 2026), la empresa permanece registrada en el listado de OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo oficial la inclusión de diversos individuos y empresas mexicanas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, lo cual implica el bloqueo inmediato de todos sus bienes e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones a personas de ese país.

Entre los perfiles designados destacan Luis Alfonso Torres Torres y Carlos Alberto Torres Torres, excuñado y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, señalados bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios a favor del Cártel de Sinaloa.

De igual manera, se vincula a esta red a compañías inmobiliarias y comerciales ligadas a su estructura financiera.

Asimismo, las autoridades estadounidenses sancionaron a Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali, y a Pedro Ariel Mendívil García, nacido en Sonora y radicado en la capital bajacaliforniana, por presuntamente facilitar soporte operativo y logístico a la misma organización criminal.

Por su parte, los hermanos e individuos con los apellidos Gómez Santelices —entre ellos Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices— figuran en los registros oficiales por su participación en la red logística y financiera. Estas designaciones alcanzaron a múltiples empresas de entretenimiento, seguridad privada e inversiones vinculadas a sus nombres.

Finalmente, la acción gubernamental incluyó a otros operadores en la región fronteriza, como parte del esfuerzo coordinado para desarticular los esquemas corporativos, casas de cambio y prestadores de servicios que brindan sustento a las operaciones del narcotráfico ilícito.