Reportaje
“A ellos no les vamos a abrir”; ¿qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?
Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares
Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que contribuyeron a la letalidad del incendio provocado en una celda cerrada bajo llave donde murieron 40 migrantes
Mientras avanzaba la noche del 27 de marzo de 2023, los gritos de un grupo de migrantes extranjeros encerrados bajo llave en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se intensificaron.
Enojados, discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación. Luego, asustados, clamaban por auxilio para ponerse a salvo del incendio ocurrido por la quema de colchonetas del lugar.
Unos llevaban semanas tras las rejas, otros fueron detenidos unas horas antes durante un operativo de autoridades municipales de Juárez, agentes del INM y de la Guardia Nacional en el que los acorralaron y luego transportaron a la estación migratoria. Con las llamas propagándose, los migrantes pedían a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.
“No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes” , se escucha decir a una agente de migración mientras sus compañeros buscan extintores y se movilizan para desalojar a las mujeres migrantes encerradas en otra celda de la estancia. El momento quedó grabado en un video con audio inédito captado por una cámara de circuito cerrado de televisión de la estación del INM, que aporta indicios de lo que ocurrió esa noche.
El fuego en las colchonetas creció y el humo se propagó, 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.
La falta de justicia hasta ahora ha impedido que salgan a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad en este incendio en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.
El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses por disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se extendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas, para contener y detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtió en un punto de concentración masiva, por los miles de retornados desde Estados Unidos y por un creciente número de quienes llegaban de Centro y Sudamérica con la esperanza de cruzar la frontera.
Casi un año después de esta tragedia, una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles sobre la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo en la estancia migratoria instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, a donde autoridades mexicanas trasladaban a los migrantes que de manera irregular llegaban a la ciudad para cruzar a Estados Unidos.
A través de testimonios de ocho sobrevivientes, de entrevistas a personal de los cuerpos de emergencia, del análisis de videos, de la revisión de la carpeta de investigación, y la construcción de un modelo 3D de la estación para examinar los minutos cruciales durante el incendio, así como de los relatos expuestos durante el proceso penal en contra de 11 personas, de los cuales ocho son funcionarios de migración, reconstruimos los hechos en esta estación migratoria del norte de México.
Sobre este incidente, el INM -órgano descentralizado del Gobierno de México- se negó a responder cuestionamientos que surgieron de esta investigación, y las solicitudes de entrevista para algunos de los implicados en este incendio que se encuentran presos, enviadas por escrito a través de sus abogados o familiares, aun siguen sin respuesta.
¡Ya tienen toda la lumbre…!”
Las primeras llamas visibles en la celda de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez se registraron a las 21:28 horas. El momento quedó grabado con una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en el edificio público.
Minutos antes, en el video sin audio, se ve a los migrantes discutir con un guardia de seguridad que los observa sentado frente a las rejas. Luego, ya con las llamas visibles, se observa a agentes migratorios que caminan por el área, se acercan a las rejas, intercambian palabras con los migrantes encerrados. Después, una mujer vestida de negro, una guardia de seguridad, se acerca a una agente del INM que está frente a las celdas, le comunica algo y sale del lugar, tras de ella también los demás se marchan de esa área.
La agente de migración presuntamente es Gloria Liliana R.G., su nombre y su cargo coinciden con la identidad mencionada en las audiencias públicas del proceso judicial, donde ha estado presente como imputada.
Las llamas crecen detrás de las colchonetas de hule espuma, forradas con material de vinil de distintos colores, colocadas por los migrantes en las rejas, y en segundos el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino se cubre de humo y se pierde la visibilidad.
La guardia de seguridad es captada luego en un video con audio cuando sale apresurada por el área de ventanilla del filtro migratorio instalado en ese lugar, se dirige por la sala de espera y se escucha cuando dice: “¡hay un desmadre!”.
Se escuchan gritos y se observan a personas corriendo, al fondo de la imagen, en la sala de espera una mujer con una chamarra en color rojo y dos niños. Presuntamente se trata de Viangly Infante, esposa de Eduardo, de 26 años, un sobreviviente del incendio. También se aprecia a elementos de la Guardia Nacional que ingresan a la estación y se dirigen a la zona.
Luego se escucha la voz de una mujer, posiblemente es la agente de migración Gloria Liliana, que dice: “¡Ya tienen toda la lumbre…!”. Posteriormente ella aparece en la imagen, se le ve mientras camina y sostiene su teléfono celular en el oído.
El barullo es más intenso en esa área de la estación donde se ve que va y viene personal de seguridad y oficiales de migración, buscan extintores.
“Necesitamos extintores, extintores”, se escucha decir a un hombre vestido con una chamarra negra, presuntamente Omar I. P. M. supervisor de los guardias de seguridad que se encontraba en el lugar en ese momento.
“No hay” , responde un oficial de migración.
Se escucha hablar a Gloria Liliana, quien indica: “A ver, a ver si funciona este, por favor…”.
La agente de migración mantiene el celular en el oído, habla y cuando casi se topa con el hombre de chamarra negra, dice: “Y todo por falta de agua, ¡eh!”. A lo que otro funcionario del Instituto responde: “sí, desde la mañana les dije”.
Son las 21:31 horas. La mujer sigue hablando, continúa con su celular en el oído, y dice: “Oye, ya están quemando la estación”. “Ya le dije a Daniel, pues ya prendieron un putero de colchonetas… y qué hacemos, no hay extintores, güey. ¡Ya está el humo hasta acá…!”.
“Hay que abrir la puerta de allá” , se oye decir a un hombre.
Luego se escucha la voz de una mujer, no visible en el video en ese momento, que dice: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Presuntamente se trata de Gloria Liliana, de acuerdo con la secuela de la grabación.
La difusión de este video se basa en el interés público de conocer la verdad.
A su alrededor están empleados de la empresa de seguridad CAMSA, contratada por el INM, así como dos funcionarios de Migración y un hombre externo al Instituto que hasta el momento no se ha identificado de manera oficial, pero fuentes consultadas lo reconocen como un tramitador de amparos o “coyote” que ofrece servicios legales a migrantes.
Dos minutos después se oye el bullicio de mujeres que empiezan a salir en fila y se escucha una instrucción: “aquí sentadas, por favor”. Un video desde el exterior del edificio muestra después a las mujeres sentadas en los escalones de la entrada.
Los videos captados por las cámaras de seguridad evidencian que los funcionarios de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres.
Ante un incidente como este se debió accionar inmediatamente una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio, así se indica en el Plan de Contingencias diseñado por el INM.
Minutos antes del incendio, en medio del bullicio de los migrantes encerrados, los agentes celebraban a Gloria Liliana, quien al día siguiente, el 28 de marzo, cumplió años. Al iniciar su turno laboral, a las 20:00 horas, uno de sus compañeros llegó con pastel y refrescos, eso los concentró en una sala contigua a su área de trabajo, enseguida de la celda de las mujeres, a donde iban y venían, de acuerdo con varias fuentes del INM consultadas y las imágenes de los videos revisados durante esta investigación.
El tiempo transcurrió, los migrantes gritaban, corrían, pedían que los dejaran salir y después encendieron las colchonetas. En la celda las llamas crecían y todo se llenaba de humo, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes entrevistados.
“Comienzo a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba: ‘¡ayuda!, ¡abran la puerta!’ Y no vi ningún personal de Migración intentando abrirlas tan siquiera, dejándonos ahí encerrados, como si fuéramos criminales”.
Así lo recuerda Brayan F. Q., de El Salvador, uno de los sobrevivientes entrevistado, quien pidió identificarlo sólo con su nombre e iniciales de su apellido. Él sufrió lesiones en un pulmón, en los riñones y quemadura de vías aéreas, y permaneció un mes intubado.
En cuestión de minutos, las colchonetas encendidas, presuntamente por dos migrantes de Venezuela que se encuentran detenidos y bajo proceso judicial, generaron un intenso humo que invadió el espacio.
La mayoría de los extranjeros se refugiaron en el baño, buscaban protegerse bajo el agua de las regaderas e incluso del inodoro. Eso fue insuficiente para evitar la inhalación de los gases que se concentraron en la celda ante la falta de ventilación y el calabozo que en realidad era ese espacio, pues no había salidas de emergencia.
“No pude abrir completamente la ducha por el nervio, la cantidad de personas, como unas 50 personas, entramos en ese baño, no sé, algo así grandísimo, mucha, mucha, muchísima gente, nos respirábamos de frente, gritábamos, y ya el humo y el fuego se iba acercando a cada vez más”, relata Stefan Arango, otro de los sobrevivientes, quien en entrevista narró que despertó cuando estaba dentro de una bolsa térmica en el exterior de la estación, pues lo habían dado por muerto por sufrir un paro cardiorrespiratorio.
Algunos de los sobrevivientes entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que minutos antes de ocurrir el incendio unos de sus compañeros de celda amagaron a los guardias y a los agentes con prender fuego en el lugar, en protesta por las condiciones en las que se encontraban retenidos, pero les respondieron que ya se habían tardado.
“Recuerdo que un migrante grita que si no los querían, si no les iban a dejar salir, iban a incendiar. Y viene el guardia de Migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que hasta mucho se habían tardado” , narra Brayan F. Q..
Las víctimas y fuentes del INM consultadas que piden no ser identificadas por no tener autorización para hablar sobre el tema, aseguran que los agentes y guardias en el lugar se dirigían hacia los migrantes con insultos y con expresiones racistas, como “¡qué se mueran!”.
“Mayormente hay un insulto, en donde nos decían que qué hacemos en este país, que nadie nos quiere, lárguense de este país, aquí no son bienvenidos” , recuerda Stefan Arango.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, citada en audiencias judiciales públicas del caso, el incendio fue provocado por los migrantes como un medio de protesta por las condiciones en que los tenían retenidos. Los testimonios de dos sobrevivientes revelan que alguien permitió el ingreso de al menos un encendedor a la celda de los varones.
Las víctimas coinciden en señalar que las revisiones físicas, previo al ingreso de los hombres a la celda, las realizaban tanto guardias de CAMSA como oficiales de Migración.
Los hombres extranjeros estaban encerrados bajo llave pese a que en México la migración indocumentada es considerada solo una falta administrativa, no un delito como en Estados Unidos.
¿Dónde estaban las llaves?
Los gritos de auxilio de los hombres se fueron apagando conforme las llamas y el humo crecían en el interior de la celda cerrada bajo llave. De manera oficial el INM atribuyó la muerte de los migrantes a la propagación del incendio provocado y a la pérdida de las llaves del área de alojamiento para los migrantes.
Quince días después de la tragedia, el 11 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa matutina que la persona que tenía las llaves para abrir la puerta donde se registró el incendio no estaba.
Sin embargo, esta investigación periodística revela que las llaves siempre estuvieron en el edificio. Esto se concluye después de analizar las imágenes de 15 cámaras de seguridad fijas dentro y fuera del centro de migrantes, que monitorean las áreas más importantes del edificio de día y de noche; la entrada, la oficina administrativa, el área de guardia frente a la celda de hombres y la celda misma.
Si bien la mayoría de las imágenes no tienen audio y los detenidos destruyeron las cámaras de vigilancia dentro de la celda poco antes del incendio, una de ellas permitió escuchar a una agente de migración decir que a “ellos no les vamos abrir”.
De acuerdo con las imágenes analizadas, en el transcurso del día se puede ver tanto a los agentes del INM como a los guardias de seguridad manejar las llaves para abrir y cerrar la puerta de la celda y la puerta de madera con la puerta metálica que estaba al lado de la habitación y conduce al estacionamiento del edificio.


Se observa que entran y salen para ingresar a los migrantes detenidos durante el operativo de las autoridades y para dar acceso al personal.
Unos minutos antes del incendio, a las 20:58 horas, se observa cuando la guardia de seguridad cierra la puerta de madera que daba al exterior y de inmediato la entrega a la agente de migración a cargo que se encontraba en la oficina administrativa. La llave fue vista ahí por última vez en el escritorio de la funcionaria hasta que el humo bloquea las cámaras.
Mientras que la llave de la celda de los hombres fue vista por última vez apenas un minuto antes de que se desatara el incendio, cuando un guardia de seguridad se la entrega a su otro compañero y este la guarda en el bolsillo.
“La puerta ellos la manejaban, ellos abrían y cerraban. Yo creo que Migración sí usa las llaves para abrir y cerrar”, dice Stefan, quien reclama porque los mantenían encerrados cuando no estaban privados de la libertad y no son delincuentes.
Por ello, se pregunta por qué cuando comenzó el incendio y pedían auxilio ni siquiera intentaron abrir la puerta y los dejaron encerrados.
“Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije: ‘¡ayúdenos hermanos, por favor, no nos dejen acá!’ Y nos dijeron: ‘suerte, güey’, y se fueron”, agrega Stefan Arango al recordar, en entrevista, su diálogo con uno de los guardias de seguridad.
Por el contrario, el supervisor de la empresa de seguridad aseguró que hicieron todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas. En su testimonio ante las autoridades narró que así se lo hizo saber a Salvador G. G., jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, cuando este lo cuestionó por qué no rompieron la cerradura. Las imágenes de las cámaras evidencian que no intentaron abrir la celda de los hombres.
De acuerdo con la declaración de Salvador G. G., las puertas de las áreas de resguardo de los extranjeros debían estar cerradas con candado por protocolo de seguridad y las llaves “las tienen o deben saber en donde se encuentran los responsables de turno del INM” , se revela en la carpeta de investigación.
Los documentos oficiales revisados exhiben que ese día estaban como agentes responsables del turno Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G.
Sin embargo, Rodolfo declaró ante el juez que esa noche salió de la estación migratoria aproximadamente a las 20:30 horas para trasladar a un albergue a dos menores de edad originarios de El Salvador.
Cuando el humo había invadido todo el edificio y las mujeres y el personal habían sido evacuados, la llave de la puerta exterior fue recuperada de un escritorio por un guardia de seguridad, y pasó por varias manos sin que nadie fuera capaz de abrirla.
Accesos bloqueados
Los primeros bomberos llegaron a las 21:42 horas. Catorce minutos después de que el incendio es visible en las imágenes. Se toparon con un edificio lleno de humo tóxico y sin ventilación, por lo que les tomó otros 13 minutos entrar hasta la celda.
Al tratar de ingresar al edificio, los elementos de bomberos se percatan que había una doble puerta, una de madera y otra metálica.
Además, en el área del dormitorio de hombres había dos puertas de rejas metálicas, una de ellas se encontraba soldada y la otra cerrada y asegurada con candado, se indica en el informe de las actividades realizadas por el personal operativo de bomberos.
“Accesamos al inmueble y comenzamos a rastrear porque debido a la densidad del humo no se tiene visibilidad, y aún con la ayuda de la lámpara, la distancia para ver es muy corta, por lo que vamos agachados y con manos y pies vamos identificando objetos o lo que encontramos a nuestro paso y fue así que encontramos una reja” , de acuerdo con la declaración del bombero B.O. citada en la audiencia del 17 de abril en la causa penal 235/2023.
Uno de los primeros bomberos en ingresar a la estancia rescató el cuerpo de una de las víctimas a las 22:04 horas. Fue la primera, luego fueron sacando a otras más y las acomodaron en el piso del estacionamiento.
Debido a lo denso del humo y el calor acumulado en la celda de hombres, los bomberos abrieron un agujero en un muro del edificio que está al lado contrario de la puerta principal de la estación migratoria. Al estar en el interior, los bomberos se toparon con una reja metálica cerrada con candado y tumbaron el cerrojo.
Cuando ya habían realizado esa maniobra, un oficial de Migración le entregó a uno de los bomberos una llave.
“En ese momento, al estar abriendo el candado de la puerta, llega mi compañero M.O., y dijo que un guardia se las había entregado, a lo cual, para ese tiempo, ya habíamos abierto la reja forzando la aldaba” , declaró el bombero R.D.F.H. Su explicación fue citada en una audiencia pública realizada el 17 de abril de 2023.
“Ingresamos cuatro personas haciendo búsqueda y rescate. Topamos con una puerta, pero se encontraba con candado y salí por herramienta especial para abrir candados, al momento de regresar una persona con vestimenta de camisa blanca y pantalón caqui sin recordar rostro o alguna seña particular de la persona me entregó unas llaves. De inmediato regresé al lugar, pero mis compañeros ya habían roto el candado” , dijo el bombero M.E.O.C. Ese dato fue citado en la misma diligencia.
Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la mayoría de las víctimas ya estaban acomodadas sobre el asfalto del estacionamiento del INM, ahí hicieron una evaluación rápida de las personas que presentaban signos vitales para empezar a trasladarlas a los hospitales.
Veintinueve migrantes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos murieron cuando recibían la asistencia. Otros 38 fueron sacados sin signos vitales y colocados dentro de bolsas térmicas sobre el aparcamiento.
“Fue una escena impresionante, al final de cuentas son muchas unidades, muchas personas trabajando en el lugar y sobre todo lo más impactante, que veías que sacaban una persona y otra persona y otra persona… parecía una película que no podía terminar” , dice Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador del área de Socorro de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez, en entrevista.

Una estancia en malas condiciones
Localizado a unos metros de Estados Unidos, el edificio que alberga las instalaciones de la estación migratoria del INM operaba desde hace 28 años en condiciones de riesgo que ya habían sido documentadas y denunciadas.
Datos proporcionados por el Instituto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la Estancia Provisional “B” del INM empezó funciones en 1995, en el edificio que se localiza a un lado del puente internacional Reforma, conocido como Lerdo.
De acuerdo con datos oficiales, hasta el 2019 se reportaba una capacidad de alojamiento de 60 personas en la estancia. Sin embargo, para el 8 de julio de 2022, en un oficio del INM, se informó que la capacidad era mayor, de 80 hombres y 25 mujeres, en total 105 personas, aunque el total varía en otro informe que señala una capacidad de 110 personas y los datos contrastan aún más con la realidad.
“La autoridad entrevistada (del INM) refirió que contaba con una capacidad para alojar a 110 personas, con 85 lugares para hombres y 25 para mujeres; sin embargo, se pudo apreciar que la Estación contaba únicamente con 6 literas en el dormitorio de mujeres, mientras que en el dormitorio de hombres debían dormir en colchonetas colocadas sobre el suelo, puesto que carecían de literas o planchas”, documenta la CNDH.
En el informe publicado en abril de 2023, después de realizar visitas a las estancias y estaciones migratorias del norte de México entre enero y febrero de ese año que ocurrió el incendio en la de Ciudad Juárez, dice: “Al momento de la visita se constató que se encontraban 17 mujeres detenidas y que algunas de ellas tenían que compartir la misma cama”.
El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en 2013, investigación coordinada por Sonja Wolf, registra que el edificio de la estación tiene un tamaño de 1 mil 405.31 metros cuadrados, que se encuentra en el mismo predio de la subdelegación federal.
Desde entonces y hasta el 2023, como se advirtió en el mismo informe, los dormitorios eran celdas estilo carcelario en su forma y reglas de operación, al estar cerrados bajo llave y con rejas, lo que representaba una amenaza para los migrantes.
“Había una puerta de emergencia de este lado, pero estaba cerrada con un candado. No había una manera de poderla abrir. Y si había ventanas estaban hasta arriba” , recuerda Brayan F.Q..

Otro, Brayan Orlando R.F., originario de Honduras, describe que las ventanas eran como de unos 40 centímetros de largo por lo mismo de ancho, pero estaban selladas y no había ventilación.
Por ello es que el edificio se convirtió en una trampa mortal para los migrantes que estaban detenidos la noche del 27 de marzo y no solo no pudieron escapar, sino que carecían de ventilación cuando ardieron las colchonetas.

Extintores obstruidos, ninguno en la celda del incendio
Al momento del incendio, cinco extintores estaban en el edificio migratorio pero ninguno de ellos estaba en el área de la celda destinada para hombres. Además, tres de los extintores estaban en áreas distintas a las señalizadas con letreros, obstruidos por archiveros, expedientes y mochilas, de acuerdo con documentos oficiales.
El aparato más cercano al punto donde inició el fuego debía estar a unos 10 metros de distancia, en un pasillo de un área administrativa. Sin embargo, en ese lugar solo se encontró un gancho y el dibujo de un extintor.
A unos dos minutos de que se visibilizan las llamas en el video, se ve a un agente del INM que busca un extintor. En el video revisado se observa que en su trayecto por el área administrativa del Instituto el agente pasa por uno de los artefactos, pero al parecer no lo vio porque siguió su camino.
Otra señalética de extintor estaba en las oficinas ubicadas frente al área de vigilancia de la celda de los hombres, pero el lugar también estaba vacío. Un letrero más se localizó en una oficina cercana al área de internamiento para mujeres, sí contaba con el aparato. Presuntamente no se usó.
El agente recorrió 60 metros en ir y venir, a través de los pasillos, hasta el módulo de registro para traer un extinguidor. Tardó 50 segundos.
Tras ver las llamas “… yo intenté abrir la puerta de madera (de la celda de hombres que da al exterior). Pero no tenía conocimiento de cómo se abría o cuáles son los candados con los que cuenta. Al no poder abrir la puerta, me dirigí a buscar extintores. Encontrando uno en el área Garita Reforma, le quité el sello de seguridad y me dirigí hacia el área a tratar de sofocar el fuego, no teniendo éxito ya que se terminó el extintor” , declaró el agente ante el Ministerio Público de la Federación. Su narración fue citada en las audiencias públicas que se realizaron el 4 y 17 de abril del 2023 como parte de las causas penales 216/2023 y 235/2023.
A las 21:31 horas se observa en el video al mismo agente del INM caminando hacia el fuego con un extintor en la mano; 41 segundos después se coloca frente al área que estaba quemándose, frente a los barrotes donde algunos de los extranjeros habían colocado colchonetas para impedir la visibilidad, y 20 segundos más tarde sale de esa área con el extintor en la mano. Regresó al área administrativa y colocó el extintor debajo de una silla, se observa.
Sobrevivientes coinciden en señalar que en la celda varonil no había extintores.
En el video captado por las cámaras se observa que a las 21:29 entraron los funcionarios y guardias, observaron el fuego y antes de que transcurrieran dos minutos salieron del área; únicamente un agente migratorio regresó con un extintor pero este fue insuficiente.
“Lo que logré ver es que solo estuvieron ahí, si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja”, dijo Brayan Orlando R.F., un sobreviviente de 27 años.
Él sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que fue mantenido dos meses intubado en un hospital. El incidente le dejó además como secuela una lesión del plexo braquial –es decir, en la red de nervios que va desde el hombro a la extremidad de la mano– que le impiden la movilidad de su brazo derecho.
Es difícil establecer el rumbo y el uso de los extintores en el área contigua al punto donde se registró el incendio, debido a que el humo oscureció la visión de las cámaras.
Sin embargo, se pudo establecer que había cinco extintores en el edificio del INM y que otros 4 fueron llevados por elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el puente internacional Reforma, contiguo al edificio del INM, así como por personas civiles, de acuerdo con documentos oficiales.
Un dictamen en materia de seguridad industrial, dado a conocer en audiencias judiciales públicas, documenta que en la estación migratoria había cuatro extintores. Tres de ellos estaban bloqueados (dos de estos estaban en condiciones de uso y otro inservible); el cuarto extintor presentó indicios de haber sido usado.
La cantidad contrasta con el número de los artefactos visibles en el video analizado para esta investigación.
En su declaración ante el Ministerio Público, difundida en audiencia judicial, Omar I. P. M., jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, dijo que al percatarse del incendio corrió a buscar un extintor, pero “no encontró ninguno hasta el área de recepción”.
Siete detectores de humo, ninguno funcionó
Aunque el área de los hombres no tenía extintores, sí contaba con un detector de humo, con el que sumaban siete los artefactos de este tipo instalados en todo el edificio del Instituto, pero la noche del incendio todos estaban fuera de funcionamiento. Seis no tenían baterías y el otro estaba fuera de servicio por causas desconocidas.
De acuerdo con informes y documentos de peritaje obtenidos durante esta investigación, en el área de cocina del INM había un detector de humo, pero sin las pilas.
Otro detector de humos estaba en los baños para hombres y uno más en el baño para mujeres, ambos también sin pila; en una bodega se halló otro detector con batería, pero al hacerse una prueba no funcionó, aunque sí tenía pilas, se asienta en los documentos.
En el “área de mochilas y pertenencias exclusivamente de menores”, en las oficinas administrativas y en un consultorio médico estaban otros detectores de humo, también sin batería.
Un calabozo como alojamiento
El día que ocurrió la tragedia, sobrevivientes entrevistados dicen que durante la mañana todo transcurrió de manera “normal” en el dormitorio de los hombres, lugar que describen como “una cárcel”, “pésimo”, “sucio”, con baños sin privacidad y con muy poco flujo de agua en las regaderas.
Narran que estaban “en paz” , aunque desde temprano tenían sed y no les daban agua. Aseguran que en el lugar había entre 50 y 70 personas, cantidad que se disparó al doble poco después del mediodía, cuando ingresó un grupo con otros 50 o más hombres.
“La cosa como que ya se fue complicando un poco, porque llega un cierto grupo de migrantes sudamericanos, al cual los de Migración y los guardias que estaban ahí no podían cómo controlarlos, hacían su desorden y todo”, dice Brayan F.Q..
Uno de los guardias de seguridad declaró ante las autoridades que el grupo de migrantes venía procedente de un operativo que realizó el propio INM y que al llegar a la estación los traían cinchados de manos, con un cinto plástico que usaron como esposas, que les quitaron al ingresar.
El guardia agregó que durante el ingreso de los migrantes se dio cuenta que uno traía algo en la mano y se negó a mostrar el objeto, por lo que forcejearon hasta que se lo quitó y era un encendedor. Este incidente lo reportó al jefe en turno en Migración y a su supervisor.
Esa tarde la comida no alcanzó y había molestia entre los migrantes. Los sobrevivientes agregan que ante la tensión que había en el lugar, los agentes del Instituto decidieron “despachar” rápido al grupo que hacía relajo y alegaban porque querían salir, por lo que unas tres o cuatro horas después se los llevaron en camiones.
“Nosotros sentimos tranquilidad en ese momento”, añade Brayan F.Q.. Sin embargo, otros sobrevivientes entrevistados mencionan que por la tarde-noche llegó otro grupo de migrantes, como una docena de hombres, entre quienes había principalmente venezolanos.
“Desde ahí empezó ya el infierno que se empezó a vivir, que vivimos muchos. Llegaron discutiendo con el personal de migración y personal de la Guardia Nacional porque ellos los traían” , dice Brayan Orlando R.F..
Cuentan que lejos de tranquilizarlos y poner orden, el personal de migración -sin especificar si los agentes o los guardias- los instigaban y los provocaban.
“Como que los incitaba más a la violencia diciéndoles que qué hacen en este país, ‘si no les gusta, váyanse a su país’, ‘aquí no tienen porqué venir a chingar’, es la palabra que decía”, menciona Brayan F.Q.
La situación se puso más intensa y asegura que uno de los migrantes gritó que si no los querían y si no los iban a dejar ir, iba a incendiar el lugar. “Y viene el guardia de migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que mucho se habían tardado” , afirma.
Entonces, agrega, todo fue cuestión de segundos.
¿Y la justicia?
Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio.
El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio. Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano.
El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, al salir de los juzgados federales donde fue imputado por la tragedia migrante en Ciudad Juárez, 25 de abril de 2023.
Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.
El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.
Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
Edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde se han celebrado las audiencias judiciales contra los 11 acusados de la tragedia migrante ocurrida en la estancia migratoria del INM el 27 de marzo de 2023.
Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión.
Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.
Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.
“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy… No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”.
Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.
El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.
Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal. También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.
Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.
“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia” , dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.¿Y los protocolos del INM para emergencias?

¿Cómo impactan las políticas migratorias a los migrantes?Haz click para saber más





Estatal
Pro Natura, el panteón invisible
En el área de reforestación y reserva natural protegida de Pro Natura Noroeste, ubicada en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali, Baja California, se registraron múltiples hallazgos de fosas clandestinas a partir del 8 de enero de 2026. El mismo poblado ya había sido escenario de descubrimientos similares en el 2023, cuando encontraron 22 fosas con 22 cuerpos.
En este segundo predio, desde el 8 de enero a la fecha, se han descubierto 24 fosas y un par de hallazgos sobre el terreno, donde los restos fueron removidos por la fauna local, que suman 47 víctimas, las cuales nadie parece ver. No hay una indignación nacional como en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y los bajacalifornianos parecen estar acostumbrados ya al horror de ver una nota más detallando un nuevo hallazgo.
Las búsquedas se llevan a cabo por colectivos de familiares de desaparecidos, y son coordinadas por autoridades municipales, estatales -y a veces son acompañados por las federales-, incluyendo unidades K9, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Local de Búsqueda. Al principio eran protegidos por el Ejército, la Guardia Nacional y muy ocasionalmente por la Marina, pero el acompañamiento cesó hace meses.
Los primeros hallazgos ocurrieron el 8 de enero de 2026, cuando se localizaron dos fosas con restos óseos calcinados, casquillos percutidos, esposas y tiro de gracia. Para el 12 de enero, ya se habían descubierto cuatro fosas con un total de diez cuerpos. En una de ellas se encontró un cadáver parcialmente carbonizado, con extremidades cercenadas y cráneo abierto, junto a una considerable cantidad de madera quemada (mezquite local y tablones), un palo de golf, un celular dañado por el fuego, un rosario y otros objetos personales. El 21 de enero se reportó la octava fosa, que elevó el número de víctimas recuperadas a 18; los restos presentaban el patrón habitual de calcinación y cercenamiento.
El 26 de enero, en la décima fosa —detectada gracias a perros domésticos del lugar y alejada de las anteriores—, se recuperaron tres restos (víctimas 20, 21 y 22) junto a madera quemada. Para el 9 de febrero, con la apertura de la fosa 15 (que contenía tres cuerpos no carbonizados ni mutilados, encontrados a dos metros de profundidad), el total de restos recuperados ascendió a 32. Las excavaciones continuaron durante febrero y marzo, alcanzando más de 14 fosas y decenas de restos.
Entre las víctimas se encuentran mujeres y al menos un menor de edad, hecho que inicialmente fue negado por la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, quien en conferencia de prensa afirmó que todas las víctimas eran varones adultos, para luego tener que rectificar.
Hacia mayo de 2026, en la fosa número 22 —localizada en el borde de la zona de reforestación junto a un árbol y ramas secas—, se recuperaron tres víctimas más -números 40, 41 y 42-. En este sitio se encontró un casquillo de 9 milímetros. Para mediados de año, los reportes indicaban más de 22 fosas y más de 40 víctimas recuperadas en el predio de Pro Natura.
La mayoría de los cuerpos presentaban signos de calcinación y cercenamiento, con evidencia de ejecuciones en el lugar y casquillos de diferentes calibres. Algunas víctimas no fueron quemadas, lo que sugiere diferentes momentos o métodos utilizados por los grupos criminales. Los restos correspondían principalmente a personas desaparecidas del Valle de Mexicali y zonas aledañas. La propia FGE ha señalado a “Los Rusos”, brazo del cártel de “La Mayiza”, como los autores de ese cementerio clandestino. También, la misma FGE ha dicho que el líder de “Los Rusos”, Juan José Ponce Félix, no tiene antecedentes penales en Baja California, mientras que al cruzar la frontera, hay posters con su rostro en todas las garitas del estado, ofreciendo el gobierno de Estados Unidos una recompensa de 5 millones de dólares por datos que lleven a su captura.
La cobertura realizada desde el sitio destaca la lentitud y las deficiencias en la respuesta institucional: retrasos frecuentes en la llegada de peritos de la FGE, falta de equipo adecuado como lámparas para trabajar de noche, baterías para maquinaria, viáticos o vehículos de doble tracción. A pesar de las promesas de mayor apoyo, los colectivos y equipos en terreno han señalado que las jornadas superan las 12 horas con recursos insuficientes, lo que ha complicado y alargado los trabajos de recuperación e identificación. Esto por supuesto, en datos “fuera de libreta” porque los integrantes de la FGE que participan en las búsquedas tienen prohibido dar declaraciones.
Este sitio se ha convertido en un claro ejemplo de un panteón clandestino masivo operado por el crimen organizado con aparente impunidad, en un contexto de omisión prolongada por parte de las autoridades estatales. Lejos de generar una indignación nacional comparable a otros casos emblemáticos en el país, en Baja California parece haberse normalizado el horror, reflejando una grave falla estructural del Estado para proteger a la población civil y garantizar justicia, elementos que fortalecen la posible calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Estatal
El desplazamiento ignorado
ESPECIAL/Por Aline Corpus
Martín, su esposa y cuatro hijos salieron de Guerrero con lo que traían puesto de ropa, en agosto del 2024, cuando el crimen organizado le exigió que, junto a su hijo de 16 años, se “sumaran a las fuerzas armadas (delincuenciales) o nadie sobreviviría”.
Pidiendo dinero prestado, la pareja y sus cuatro hijos menores de edad, llegaron a Tijuana, Baja California, con la esperanza de ingresar de manera documentada a Estados Unidos, pero su cita consular no se concretó cuando el Gobierno de ese país canceló el programa de asilo CBP One, en enero del 2025.
La violencia provocada por el crimen organizado en México obliga cada año a que cientos de familias, principalmente del centro y sur, sean desplazadas de sus lugares de origen, dejando atrás su única red de apoyo, pertenencias y trabajo.
Muchas de ellas se dirigen a estados fronterizos, como Baja California, donde esperan cruzar a Estados Unidos, pero con el tiempo terminan asentándose.
“Sabíamos que debíamos movernos del albergue de (apoyo a) migrantes porque temíamos que incluso ahí nos buscaran (miembros del crimen organizado)”, platicó el hombre que pidió anonimato por razones de seguridad, y en esta ocasión se le llamará Martín.
“Nos fuimos a una colonia que se llama Mariano Matamoros (al este de la ciudad), y empezamos vendiendo tamales el año pasado, pero nos encontramos con esto de que acá nos pedían dinero (una extorsión) para dejarnos vender en la esquina. También intenté hacer plomería y fue lo mismo.
“Recordamos las amenazas de allá (en Guerrero), el miedo, nos dio mucho temor y creo que para mi esposa fue hasta peor, porque creía que esa historia ya era del pasado”, contó.
Debido a esa situación, Martín decidió mudarse a Playas de Rosarito, a unos 20 kilómetros de Tijuana, cerca del Océano Pacífico, lo que significa que su familia ya ha vivido un doble desplazamiento forzado en su propio país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que en un desplazamiento forzado interno las personas son obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia, debido a conflictos armados o a la violencia generalizada.
También las violaciones a los derechos humanos y/o desastres provocados por fenómenos naturales o causados por los seres humanos provocan desplazamiento, todo ello sin haber cruzado una frontera internacional.
Pero ¿qué sucede cuando una familia considera a una ciudad su refugio y ahí vuelve a vivir lo mismo por lo que huyó en un principio?
Pese al sufrimiento y sacrificio que implica una primera movilidad forzada, la Organización Internacional para la Migración (OIM), autoridades de Baja California, académicos y activistas, han documentado que familias que huyen del centro y sur del país por la violencia, vuelven a sufrir circunstancias similares en las ciudades receptoras, como Tijuana.
En muchas ocasiones estas familias requieren desplazarse de nuevo.

Sin documentación histórica
Este doble desplazamiento forzado de mexicanos en su propio país ha sido silencioso, debido a la dificultad para documentar los casos por la falta de confianza de las familias en las autoridades, la secrecía con la que se mueven y la necesidad de las personas de irse de manera inmediata a un nuevo lugar.
Un estudio exploratorio del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre desplazamiento forzado interno presentado en Tijuana en octubre del 2025 y llevado a cabo entre 2022 y 2023, indicó que las familias llegan a Tijuana, principalmente de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Guanajuato.
La investigación reveló que, haber recibido amenazas, miedo a la inseguridad y la extorsión o el cobro de piso, fueron las tres principales causas por las que las familias salieron de su lugar de origen, pero también el ser testigos de delitos, incluso de homicidios, desaparición de un familiar, violencia sexual o de pareja, entre muchos otros.
Óscar Rodríguez, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua, e integrante del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios en Ciudad Juárez-El Paso, Texas, señaló que el estudio del fenómeno de desplazamiento es relativamente nuevo.
Detalló que, a partir de 2007, tras la fallida guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, el fenómeno del desplazamiento forzado comenzó a presentarse en regiones del país.
“Tras el incremento de la inseguridad y la violencia, este fenómeno empezó a adquirir mayor notoriedad en algunas regiones, como en lo que se conoce como el triángulo dorado, entre la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y que se extendió a sus municipios y otras Entidades cercanas”, describió.
Por otro lado, también se vio un incremento sustancial de violencia en la región de Tierra Caliente, en municipios de Michoacán y Guerrero.
Ambos fenómenos estuvieron asociados, dijo, a grupos criminales que buscaban apoderarse de territorios, rutas hacia Estados Unidos y que también se percibía en estados de la frontera norte.
“Esa estrategia fallida de Calderón derivó en la división de los grandes grupos criminales en pequeñas células que se empezaron a pelear y esto trajo otros focos rojos a nivel nacional”, explicó.
El fenómeno del sur se notó más en los últimos cinco años, puntualizó, ante la falta de seguridad de los Gobiernos.
“De Michoacán, Guerrero y estados del norte, había un mayor flujo de personas intentando ir hacia Estados Unidos”, recordó, “la propagación de la violencia comenzó a elevarse de tipo comunal, y se sumó la violencia criminal, y las personas se hicieron más vulnerables”.
Rodríguez precisó que el desplazamiento forzado interno no es inmediato y, en ocasiones, es repetitivo.
“El desplazamiento forzado no es un evento lineal”, refirió, “la realidad es que el desplazamiento es circular, pasan a alguna comunidad dentro de sus estados, con el tiempo llegan a la frontera norte.
“Pero puede ser un ‘ir y venir’, no es fácil estar meses o años en albergues, incluso hay hasta desintegración familiar ante la incapacidad de los procesos de asilo”, estableció.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, hay gran cantidad de desplazados internos, según lo documentado por el Colef, señaló el investigador.
“En Ciudad Juárez hemos visto que hay un número importante, particularmente de Michoacán, de Guerrero; en algunos años también de Zacatecas, Chiapas y Oaxaca. En Tijuana han identificado que viene un flujo igual, de los mismos estados”, detalló.
Rodríguez detalló que la gran mayoría de las personas desplazadas internas llegan al norte por una red existente de apoyo.
Históricamente, Tijuana ha sido un punto recurrente como ciudad de paso, debido a su cercanía con California, sin embargo, en el 2024, la organización World Population Review la situó como la más violenta dentro de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo, que midió los homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los encargados de refugios o albergues de migrantes han conocido las historias de violencia por años.
En el 2025, dos familias que habían sido desplazadas por la violencia del sur del país y quienes ya residían en la periferia de Tijuana, volvieron a ser violentadas y buscaron apoyo en el Albergue Movimiento Juventud 2000, situado en la zona centro y es coordinado por el activista José María García Lara.
“Fueron dos casos, pero solo pudimos documentar y presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque una de las familias se fue con premura del albergue y ya no estuvieron localizables”, recordó García Lara.
La CNDH a su vez encargó el informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se denunció ante el Ministerio Público del Estado, en tanto, la familia se movió de la ciudad, porque los delincuentes les habían quitado sus propiedades.
“Venía papá, mamá y sus hijos. Fue algo que me sorprendió, incluso me pregunté ‘¿de verdad está pasando esto en Tijuana?’. No pudieron seguir en la ciudad y los movieron por seguridad”, refirió.
García Lara recordó cómo intentó ser un puente entre los gobiernos del sur y del norte.
“(Las autoridades) no pusieron mucha atención (para medir el fenómeno en ese entonces). Nuestra organización promovió que el gobierno de Michoacán hiciera un acercamiento con el gobierno de Baja California, para hacer un módulo en la frontera e identificar sus problemas.
“Insistíamos en documentar los robos o saqueos de sus propiedades, ranchos, casas, autos, para que pudieran retornar y pudieran recuperarlas. Se firmaron acuerdos con los Gobiernos, pero después ya no se supo nada”, lamentó.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Jorge Ochoa Orduño, coincidió en que los desplazados internos en ocasiones no solo se enfrentan a problemáticas derivadas de los grupos delincuenciales. En ocasiones también fallan las propias autoridades, apuntó, por ejemplo, que el Ministerio Público no quiera recibir denuncias.
“Por eso, desde la CEDH estamos visitando distintos albergues para ver sus necesidades. La estadística de queja de personas en contexto de movilidad se ha reducido, pero seguimos poniendo módulos en los lugares de concentración de estas personas”, señaló.
Entre los casos de agresión que ha documentado la CEDH está el de una mujer indígena mixteca de 34 años, originaria de Guerrero.
La joven relató a la autoridad que el 22 de enero del 2024 acudió al bar “Las Pulgas”, en plena zona centro de Tijuana, y en la madrugada del siguiente día abordó un taxi libre color blanco, sin embargo, en lugar de llevarla a su domicilio, la condujo a otro lugar y la agredió sexualmente.
Al intentar huir, la mujer subió una barda, cuando llegó la policía municipal, lejos de ayudarla, la amenazaron, esposaron y la abandonaron a su suerte semidesnuda en un bulevar de alta velocidad denominado Libramiento Sur.
Incluso, la CEDH documentó la actitud agresiva, sin profesionalismo, de una agente estatal de investigación, al poner en duda la veracidad del testimonio de la mujer indígena y, por el contrario, insinuar una responsabilidad de ella en los hechos.
Este trato hostil de la autoridad dio origen a las recomendaciones 2/2025 y 3/2025 por violaciones a los derechos humanos de una mujer indígena por parte de diversas autoridades, incluyendo corporaciones policiales y de investigación.
Anuncian guías para atender a desplazados
Cuando el Colef y la OIM realizaron el estudio en Tijuana sobre el desplazamiento forzado interno, las personas encuestadas refirieron que su mayor necesidad era la orientación jurídica, después le seguían la atención psicológica y la médica.
Las personas desplazadas solicitan más apoyo directamente de las organizaciones de la sociedad civil, pero los gobiernos en los estados de la República también han reflexionado sobre el fenómeno, consideró Yolice Quero Moraur, Oficial Nacional de Protección de la OIM.
Prueba de ello son los protocolos desarrollados en Michoacán y Chihuahua, y la consulta sobre el proyecto de ley de desplazamiento realizada con las comunidades indígenas y afroamericanas en Oaxaca.
“En las reuniones que hemos tenido, particularmente en Baja California, tanto con autoridades estatales como municipales, recordamos que ya estamos a un año del cierre del Programa CBP One.
“Y creo que ha sido un cambio muy importante, porque antes la respuesta era humanitaria: la entrada al albergue, la comida, la orientación inmediata, mientras las personas estaban intentando una cita de CBP One, pero cuando esta figura ya no existe, ahora el gobierno tiene que reflexionar sobre qué tipo de servicios habrá, más allá de una primera fase humanitaria de respuesta”, detalló Quero Moraur.
Habrá que ver si se pueden brindar algunas soluciones a estas personas desplazadas internas, destacó, como posibles servicios, una integración a la sociedad o, incluso, su reubicación por razones de seguridad.
“Hicimos grupos focales en Tijuana sobre desplazamiento interno”, recordó Quero Moraur.
“Puede ser que se dé un segundo desplazamiento, y lo hay, ha sido difícil poderlo detectar, pero se da. Este segundo movimiento es voluntario, dependiendo de cada caso, por no encontrar soluciones o acceso a una integración al lugar del primer desplazamiento”, añadió.
Dio a conocer que la OIM está colaborando con autoridades del Gobierno de Baja California en el desarrollo de una guía operativa de atención a personas desplazadas, tanto por violencia como por un tema de desastres.
El especialista precisó que el trabajo ha sido junto a la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios del Estado, la Dirección Municipal de Atención al Migrante y el Consejo de Asuntos Migratorios.
“Las autoridades de Baja California están conscientes del fenómeno y sí tienen una preocupación por dar respuesta al mismo, por eso se trabaja con ellos unas primeras guías operativas.
“El trabajo tendrá que ser con las diferentes dependencias para sensibilizarlas sobre la población. Hay una situación de xenofobia entre la población general y, por otro lado, de una constante búsqueda de trabajo (por parte de los desplazados), es decir, los desplazados requieren insertarse en la sociedad”, explicó la directiva de OIM.
Dentro de las mesas de trabajo en Baja California, hay una especializada en el acceso a la justicia.
La OIM considera que este trabajo piloto de Baja California podría replicarse en otros estados, tomando en cuenta la tarea que ya se ha hecho en algunas otras regiones de la República.
“Sería interesante, ya estamos documentando todo el proceso con Baja California: la metodología, el desglose de información, las entrevistas con enfoque diferenciado. Queremos publicar parte de los hallazgos de los grupos focales y mesas, mientras que haya voluntad política”, determinó la directiva.
La OIM trabaja en guías operativas para que las autoridades, municipales y estatales, sepan cómo reaccionar ante las necesidades de la población desplazada.
“Creemos que hace falta construir de abajo hacia arriba, y que haya un trabajo local, estatal, municipal, en este momento estamos colaborando con ellos para el desarrollo de unos lineamientos, de una guía operativa de cómo responder según la causa de desplazamiento”, anunció.
Y es que hacen falta herramientas de capacitación a servidores públicos, y reconocer que no solo la inseguridad es relevante como causal de desplazamiento, sino también los desastres, como los deslizamientos de tierra que ocurren en Tijuana.
“Así garantizamos que haya un acompañamiento distinto, un ejercicio de consulta para temas de reubicación. Los actores son distintos también dependiendo del tipo de desplazamiento interno”, detalló.
En México no hay una ley federal sobre desplazamiento interno, acotó Quero Moraur. Hay leyes a nivel estatal en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, pero más estados podrían trabajar en ella.
Pese a que Martín se encuentra un poco más estable económicamente, el miedo de contratar por equivocación a miembros de la delincuencia organizada sigue presente. Prefiere trabajar solo, dijo, pues ya que no confía en nadie.
“Más vale tener segura a mi familia, aunque gane menos (dinero) sin empleados”, sostuvo. Por seguridad, su esposa lo acompaña a trabajos de plomería y albañilería en las colonias, pero no entra en las casas, lo espera afuera, pues temen a las estafas y extorsiones de Tijuana.
Agua
CESPM, rehén de ambiciones personales y políticas
Desde la entrada de Armando Carrazco a la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) han administrado la paraestatal con dispendio, favoritismos y fines electorales.
En el año 2024, cada semana durante la campaña de Erick Morales se trasladaba personal de confianza de Carrazco por órdenes de Carlos Torres Torres, a entregar un maletín de dinero para inyectarle a la campaña, así como personal en funciones que fue desplazado a la ciudad de Tijuana, cobrando aun en Mexicali, informan empleados de la CESPM que piden su anonimato.

En cuestiones laborales, fuentes de la sección Mexicali del Sindicato de Burócratas, señalan que Carrazco no ha basificado a ni un solo empleado por parte del organismo sindical; sin embargo, sí lo ha hecho con sus funcionarios.
También hay muchos empleados en nómina pero que no trabajan, los denominados “aviadores”, así como el otorgamiento de bases a amigos y familiares de Carrazco y su director administrativo, Víctor Manuel Picos Ramírez.
La mano de Carlos Torres
Fuentes internas de la CESPM precisan que este esquema de corrupción y favoritismo se remonta a la administración de Armando Samaniego, por instrucciones de Carlos Torres, para usar la paraestatal como caja chica de Gobierno del Estado, financiadora de campañas políticas y lugar donde acomodar a su gente con cargo al erario.
A Samaniego le permitieron disponer de personal cuando lo cambiaron a la Comisión Estatal del Agua, y otorgaron bases en acuerdo con el entonces dirigente Manuel Guerrero, dicen los empleados.
Desde perfiles de trabajadores, hasta aviadores, hay quienes siguen en nómina, pero a disposición de las funciones del diputado Samaniego, declaran fuentes del organismo del agua.
Citan como ejemplo a Luis A. Valdivia, quien, según los últimos datos, está en la nómina de Zona comercial 2 en los Santorales; o Mario Gerardo Tejeda, quien está comisionado al Sindicato que dirige Guillermo Aldrete, pero nadie sabe dónde están y qué hacen, pero sí cobran.
Armando Samaniego, comenta que él asumió la dirección de la CESPM con 12 millones de pesos en caja, y la dejó con 400 millones. Además, que a su llegada la nómina representaba el 65 por ciento del presupuesto y a su salida quedó en 35 por ciento.
“La gravedad del deterioro ya no permite simulaciones: la responsable de adquisiciones, Lucia Janet Sing, utiliza al personal en horas laborales para hacer trabajos en su vivienda con cargo al organismo. O el jefe del taller mecánico, Francisco José Gómez Arce, que insulta y llama pendejos a los trabajadores a su cargo”, mencionan los empleados.
Precios inflados
Esta administración se ha caracterizado por ausencia operativa, uso político del cargo, corrupción, tráfico de influencias y un manejo en opacidad los recursos públicos.

La CESPM compró un sistema de cámaras de seguridad y equipos tecnológicos muy por arriba de precios de mercado, instalados en los edificios en acuerdo entre el subdirector administrativo, Víctor Manuel Picos Ramírez y el jefe del Área de Sistemas Tecnológicos, Francisco Javier Gallegos Báez, a través de la empresa GYO La Nube Proyectos Estratégicos, propiedad del propio Báez y del administrador del congreso, Antonio Olivas Arredondo (GYO es por Gallegos y Olivas).
Esta empresa fue acusada de fraude por 16 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Ensenada.

Una publicación del Semanario Zeta, de septiembre de 2017, da cuenta de la historia de José Antonio Olivas Arredondo, quien en aquel entonces formaba parte del comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mexicali como coordinador de redes. La nota añade que estuvo casado con Lourdes Celeste Jiménez Ruiz, y que el padre de ésta, José Carlos Jiménez Payán, era director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE), donde Olivas Arredondo se desempeñó como jefe del Departamento de Programación y Evaluación de 2002 a 2009, pero salió de ese cargo debido a una denuncia por desvío de casi 50 millones de pesos que recayó sobre Jiménez Payán, quien fue detenido y liberado gracias a un amparo.
“Al salir de CECYTE, Olivas Arredondo se acomodó en el gobierno del priista Francisco Pérez Tejada, de 2010 a 2013, como jefe del Departamento de Innovación Gubernamental”, destaca el semanario, lo que explicaría cómo llegó al cargo que hoy ostenta.
La Nube
El jefe de Tecnologías de la información, Francisco Javier Gallegos Baez se autovendió un sistema innecesario con un costo de 20 millones de pesos para la CESPM.
A través de GYO La Nube Proyectos Estratégicos y Tecnológicos de Baja California, adquirieron un programa informático que no se necesitaba, ya que actualmente existe uno funcionando que se puede mejorar y actualizar por los empleados programadores del área, informan trabajadores de la CESPM.
El nuevo y caro sistema, ni siquiera lo han podido echar a andar. Explican las fuentes anónimas que se trata de un sistema que se pretende utilizar en las oficinas recaudadoras, con funciones de cobro y facturación.
“Son varios módulos; lo compraron en agosto del año pasado se pagó la mitad (10 millones de pesos) y este año en mayo, será el pago de la otra mitad. Además, este señor es proveedor de la App de CESPM, la cual vendió por casi 1millon de pesos y le sigue haciendo modificaciones a través de su empresa y obvio cobra bastante por esos cambios”, declaran.

La empresa se llama IMEXSOFT con sede en la Ciudad de México, por cerca de 20 millones de pesos para la adquisición de un sistema de gestión comercial para organismos operadores de agua, impulsado por el actual jefe de tecnologías de la paraestatal, quien teniendo un equipo de trabajo de 20 personas en su departamento, entre quienes están desarrolladores de software, ingenieros y licenciados en sistemas, además de un sistema comercial ya existente y funcional, cobró millones por algo que aún no funciona. 071-CS-43/25 este es el número de contrato de la compra de la licencia.
El sistema actual se ha ido desarrollando y adaptando a través de años, de acuerdo con la información proporcionada, está muy completo e incluye módulos como cobros de trámites y facturas, aclaraciones, convenios, instalaciones, registro de ingresos, etc.

Gallegos Báez ha contratado personal que no se requiere en el departamento y que a su vez son trabajadores de su empresa, GYO proyectos Estratégicos y tecnológicos del noroeste de Baja California.
Gallegos Báez, con la anuencia de Carrazco, ha conseguido la contratación de su cuñada Anabell Robles Maldonado quien labora en el área de recursos humanos y su amigo Roberto Ruiz, coordinador administrativo en el Departamento de Agua y Saneamiento. También de Gisela Flores Baltazar, Gabriel Rivera Bañuelos y David Montiel, adscritos al Departamento de Tecnologías de la información.
Los basificados
La opacidad es la norma en la CESPM. No se ha rendido cuenta alguna del estado financiero ni administrativo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a pesar de múltiples solicitudes internas y ciudadanas.
Lo más grave es la estructura paralela de poder, ya que se han otorgado bases a jefaturas y subdirectores, volviéndose sindicalizados y contraviniendo con ello lo establecido en la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y del Servicio Público. Subdirectores y jefes de departamento han sido nombrados y beneficiados con base, sobre el personal operativo, en clara complicidad con el Sindicato de Burócratas, minando la legalidad y la imparcialidad en la administración. Aquí algunos ejemplos.
Laura Lizeth Velazquez Castrejon es hermana del Jefe del de Obras Ángel Salvador Velazquez Castrejon, le acaban de dar su base con 3 años de servicio cuando hay trabajadores todavía sin base con 20 o 30 años de servicio.
Josué Alejandro Gallardo Peña, subrecaudador de rentas de la oficina recaudadora zona 6 de González Ortega, le dieron su base en abril del 2025; igual a Jesús Alfredo López Villegas Jefe de la oficina de potabilización; también a Carlos Alberto Pérez Encinas Jefe de redes de Zona 9 Ciudad Morelos; y a María de Jesús Moedano, coordinadora Administrativa de la Subdirección comercial.
El subdirector Administrativo, Víctor Manuel Picos, le consiguió base a José Herrera Ruiz, jefe de la oficina de control presupuestal; y a su muy cercana Leticia Barboza Pérez, coordinadora administrativa en la Subdirección Administrativa, con apenas 1 año de servicio.

Otros basificados con poco tiempo de servicio, gracias a favores de Picos son Luis Antonio Hernández Maldonado, subdirector Técnico y David Alejandro Aguilar, supervisor de la Subdirección Administrativa.
“Hay muchos, y no hay sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, declaran los empleados.
Martha Carolina Vázquez con 3 años de servicio obtuvo su base en febrero de 2025, gracias a su amistad con Carrazco, al igual que Megan Nicole Barojas Buruel y Manuela Nazaria Tellez, quienes ya fueron basificadas.
“El sindicato tiene una lista de hijos de jubilados qué según el contrato colectivo tienen derecho a formar una bolsa de trabajo, pero el director no la respeta y simplemente la ignora a pesar de que los trabajadores presionan al sindicato, sin embargo, cada mes el director contrata a mucha gente que son los que le ayudan en sus jornadas de campaña, y los hijos de jubilados no se toman en cuenta, el sindicato está vendido es pura simulación”, dicen los trabajadores del organismo del agua.
Agregan, con razón, que el Sindicato estaría obligado a suspender los derechos sindicales a todos estos jefes durante el tiempo que duren en el cargo, ya que ellos no lo solicitaron cuando obtuvieron su puesto siendo de base y la cual no debieron otorgarles siendo jefes o teniendo personal a su cargo, ya que ellos representan al patrón y existe un conflicto de intereses.
Caos y desorganización
Con las preocupaciones que tiene Carrazco por sus amenazas del crimen organizado, quien toma las decisiones en la CESPM es Arturo César Alonso Navarro, quien hace cambios de personal, dispone de recursos, y toma decisiones a sus anchas, señalan fuentes internas.
En la subdirección técnica, hace lo mismo Ángel Salvador Velázquez Castrejón, quien ha desplazado a los ingenieros de carrera, debilitando la autoridad técnica real en la institución, que fue tomada como rehén por Carlos Torres Torres, tomando decisiones y disponiendo de sus recursos, con el pleno conocimiento de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien ha defendido la permanencia de Carrazco al frente la caja chica de Gobierno del Estado.
“El mismo director ha contratado a muchísima gente y primero los contratan como asimilados sin seguridad social, con sueldos muy bajos y los trae a todos en sus jornadas de servicio que la realidad es que es campaña política para su imagen; van a colonias, instalan funciones de cine para niños, limpian terrenos baldíos y todo eso está bien pero utiliza recursos para funciones que le corresponden al municipio y no a CESPM qué tiene tantos temas que arreglar”.
A todos esos que contrata y los trae en campaña de sus jornadas los tiene con promesas qué los va a contratar y a veces duran hasta 2 años en esa situación, remarcan las fuentes; dicen que ha inflado la nómina de gente que no se ocupa pero que ya le estuvo ayudando en sus jornadas y le siguen sirviendo.
“La CESPM, que en otras administraciones logró sostener niveles aceptables de operación y servicio, hoy se encuentra erosionada en su estructura, su credibilidad y su capacidad de respuesta. Lo que debería ser un organismo técnico y eficiente, ha sido utilizado como trampolín político, bolsa de empleos parásitos, para aliados y caja chica para gastos poco claros y electoreros”, subrayan los trabajadores.
Para dejar clara la situación financiera y el manejo de los recursos de la CESPM piden una auditoría financiera y administrativa integral; la sanción y remoción inmediata de los funcionarios involucrados; la intervención del Congreso y del Gobierno del Estado, para corregir el rumbo institucional y la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia.
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