El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Baja California anunció que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a exfuncionarios del gobierno estatal y municipal señalados recientemente en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa con medios de comunicación, los legisladores del blanquiazul expresaron que la situación de seguridad en la entidad es crítica y que las acusaciones de las autoridades estadounidenses revelan una presunta red de complicidad con la delincuencia organizada que involucra a exservidores públicos e incluso empresas vinculadas a personajes de la política local.

El diputado Diego Echevarría dijo que entre los nombres citados en las listas de sanciones del gobierno estadounidense y mencionados por los diputados destacan Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; su hermano Luis Alfonso Torres; la exdiputada Araceli Brown (en una comunicación anterior de las autoridades estadounidenses); y Pedro Ariel Mendívil, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública en Mexicali durante cuatro años.

La diputada Alejandrina Corral señaló que la acción legal busca terminar con la narrativa oficial de que las acusaciones responden únicamente a «politiquería» o denuncias anónimas. Fundamentó la medida en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a todo ciudadano y servidor público a denunciar la probable comisión de un delito penal.

«Es obligación constitucional de la Fiscalía investigar. Exigimos que las autoridades mexicanas hagan su trabajo y no omitan estas investigaciones, porque la omisión y el retardo malicioso en la administración de justicia también son delitos sancionados con pena de cárcel para los servidores públicos», advirtió.

Por su parte, la diputada Mayola Gaona criticó la falta de resultados de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, señalando que mientras las autoridades estatales negaban las investigaciones, dependencias estadounidenses abrieron expedientes sobre el presunto uso de empresas locales para el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Acciones legislativas y juicio político

Echevarría, coordinador de la bancada, precisó que la estrategia del PAN se dividirá en dos frentes principales: la vía Legal, con presentación de la denuncia de hechos formal ante la FGR para requerir la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría anticorrupción.

 Y la vía Legislativa y Política, con el impulso de un juicio político a través de los diputados federales de Acción Nacional contra la gobernadora de la entidad. Echevarría explicó que el recurso deberá tramitarse en el Congreso de la Unión debido a que reformas constitucionales locales retiraron la facultad al Congreso de Baja California para procesar políticamente al titular del Ejecutivo estatal.

Finalmente, los legisladores adelantaron que revisarán los perfiles de cara al próximo proceso electoral para evitar que personas con investigaciones abiertas o presuntos vínculos con el crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular, y siguiendo las propias reglas que ha puesto Morena, impedirán que aparezca Julieta Ramírez en la boleta electoral si surgen más informaciones que señalen su participación en esquemas de financiamiento ilegal para campañas políticas.

El aspirante a la gubernatura de Baja California, Héctor Osuna Jaime, consideró que el reciente comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que señala a políticos y hace mención directa a Luis y Carlos Torres, entre otras personas, confirma el contubernio entre el crimen organizado y el gobierno estatal.

“Es una noticia que confirma lo que todos ya sabíamos: dinero ligado al narcotráfico con poder en el gobierno, intercambio de favores, dinero del crimen organizado a cambio de políticos protegiéndolos, y el dinero sigue la ruta de las alianzas y de las complicidades”, afirmó.

Sobre el impacto de estas acusaciones en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el aspirante se centró en el círculo más cercano de la gobernadora, particularmente en su esposo. Señaló que, aunque se dice que están legalmente divorciados, él lo duda.

Osuna Jaime afirmó que ambos “actuaban como una combinación en donde el esposo ejercía un poder que no tenía legalmente”, ya que “él no fue electo para nada” y la gobernadora lo nombró para “proyectos estratégicos especiales”, una designación que calificó de irregular y que nunca fue transparente.

Pidió a la ciudadanía demandar una explicación clara a Avila Olmeda: “Yo creo que los ciudadanos deben de demandar de la gobernadora una explicación de todo lo que sucedió, por qué dejó y dio tanto poder a su esposo, en base a qué, y cuáles son las rutas de los compromisos que se hicieron ahí”.

Criticó el carácter honorario del nombramiento, al considerar que viola la legislación vigente. “Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus bienes, y no puede ser que porque eres honorario no declaras nada. De alguna manera eres funcionario, tienes acceso a la información estratégica de un gobierno, información privilegiada… pero no tenía la responsabilidad de un funcionario… que se le aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos”, expresó.

Para Osuna Jaime, se trató de una situación ilegal que derivó en que se trastocara el orden de la sociedad baja californiana., pues al aliarse con el crimen organizado, según las acusaciones, “hay gente que ha muerto, hay gente que no ha sido atendida en un hospital porque no estaban enfocados en lo que tenían que hacer”.

Concluyó que “eso lo vimos desde hace mucho, no es sorpresa para nadie. Veíamos que esa era la intención y vemos ahora los resultados”.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deje temporalmente su cargo y rinda explicaciones transparentes tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La petición ocurre luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a su exesposo, Carlos Torres Torres, con una presunta red de corrupción y operaciones del crimen organizado.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en la entidad, calificó la situación como un asunto de máxima gravedad para la seguridad del estado. Durante su pronunciamiento oficial, Mata Lozano enfatizó que es inverosímil pensar que la mandataria estatal desconocía las actividades de su expareja, considerando la alta presencia e influencia política que Torres Torres mantuvo durante la actual administración.

Además de los vínculos personales, la líder panista urgió a la gobernadora a aclarar su relación comercial con la empresa “Vida Orgánica”, una sociedad de la que Ávila Olmeda formó parte activa hasta el presente mes de septiembre y que fue formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense.

Ante este escenario, el PAN solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación exhaustiva y sin protecciones políticas. La indagatoria solicitada busca esclarecer el alcance de la red de corrupción, identificar a otros servidores públicos involucrados y revisar el posible financiamiento ilícito en empresas y pasadas campañas políticas de la región.