Mencionar a Verónica Ruffo como interesada en participar en el “proceso” del PAN para la gubernatura más que un bien puede causar un mal. Lizbeth Mata Lozano lo mencionó sin dar una certeza, así como que no quiere la cosa, pero lo que se infiere de eso es lo siguiente:

El PAN está tan necesitado de buenos perfiles que se le ocurrió ver a quien tiene 15 minutos en el foco mediático, por razones completamente ajenas a su voluntad. La lucha por la liberación de su padre sin duda aglutinó el apoyo de muchas figuras políticas, pero eso no hace de Verónica una buena candidata. No ha tenido cargos públicos o experiencia relevante en la administración pública que valide sus supuestas intenciones. Y digo supuestas porque hasta ahora no hemos oído de su propia voz que tenga intenciones políticas.

Más que ayudarla, el medio-anuncio de Mata Lozano puede perjudicar lo que se haya avanzado en el proceso de lograr medida cautelar de prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo, pues ahora pueden usar su encarcelamiento como moneda de cambio para presionar a su hija.

También hay versiones de que la candidatura se la habrían ofrecido desde el propio CEN del PAN a la hija de Ruffo -así como le hicieron con Macalpin- lo que haría quedar a la dirigencia estatal en una posición incómoda, al tener que buscar explicaciones creíbles para justificar el dedazo, después de echar el rollo que sería un proceso abierto a los ciudadanos donde los métodos serían muy transparentes.

Por ahí anda también el rumor de que el PAN estatal estaría bloqueando la aspiración de Héctor Osuna Jaime, quien no está dispuesto a aceptar las condiciones de asegurar espacios a los mismos de siempre. Muchos de esos andan muy pegados con Margarita de Sánchez, por cierto.

En redes ha estado muy movido el tema de una hipotética candidatura del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval, a quien están midiendo en diversas páginas de redes.

El líder empresarial ya ha expresado su negativa a tal posibilidad, y no porque no le llame la atención el poder cambiar las cosas que tanto ha criticado, sino porque conoce perfectamente cómo funciona la oposición de todos los colores, y sabe que a los partidos solo le interesan dos cosas: el dinero y qué posiciones van a asegurar a cambio de simular una competencia. Para muestra, ahí está la candidatura de Francisco Fiorentini, quien terminó crucificado por los mismos quienes lo impulsaron.

En otro tema, nos llega una denuncia anónima de personal de la Fiscalía General del Estado:

“Como ya es de conocimiento general, los horarios de trabajo son inhumanos, pues prácticamente solo regresamos a casa a dormir y si es que el trabajo lo permite, porque por lo general continuamos atendiendo trabajo desde casa”, señala la queja.

Por tal motivo, además del riesgo que conlleva la investigación de delitos, resulta insuficiente el sueldo mensual de 19 mil 800 pesos para Auxiliares y 26 mil pesos para Fiscales (después de impuestos), pues ganan mucho más, tienen menos riesgo y mejores horarios y condiciones de trabajo los empleados administrativos. A ellos no se les exigen guardias desgastantes ni llevar a cabo diligencias de carácter penal que implican riesgos.

Además tienen mejores oficinas, cuentan en su mayoría con vehículos institucionales de modelos recientes que utilizan como unidades de uso personal, y donde hay que subrayar que dadas sus actividades y horarios, no requieren el apoyo vehícular como herramienta de trabajo, pero parece que la fiscal no lo ve.

“Esta es una realidad que al exterior nadie nota y que al interior nadie se atreve a exponer ni a protestar, porque es bien sabido que lo único que se obtiene son represalias”, indica la denuncia, y piden un alto a las injusticias laborales pues no se voltean a ver a auxiliares y fiscales, que son quienes sacan adelante las investigaciones y audiencias.

Home Depot de Playas de Rosarito.

Cambiando de asunto, nos relataron una amarga experiencia en el Home Depot de Playas de Rosarito. Mucho ojo con una mujer de unos 45 años que se acerca a hacerle plática a las mujeres que ve solas, pues mientras se hace la que no sabe nada y las distrae con preguntas, su cómplice un hombre de unos 40 años, les abre la bolsa y les roba las carteras. Si va a esta tienda no se descuide ni un momento.

Finalmente, nos señalan que el funcionario del Centro Municipal de Control Animal, Víctor López, es muy grosero con la ciudadanía y con su propia gente, pues les pega de gritos y no tiene empacho en decir que es protegido de la oficial mayor, Claudia Beltrán. Encima lo acusan de vender bases, acosar a las compañeras de trabajo y cobrar por subirse a unidades que tienen aire acondicionado. A ver si el síndico se pone las pilas.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Lo que se veía venir, llegó.

Julieta Ramírez Padilla ya es la coordinadora de la pomposamente llamada “Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en Baja California. Un nombre larguísimo para una decisión bastante sencilla: Morena ya decidió quién quiere que encabece su proyecto rumbo a la gubernatura de 2027.

Y aquí comienza la primera precisión que conviene hacer, porque en política las palabras también sirven para disfrazar las cosas.

Julieta fue designada. No fue electa por los bajacalifornianos. Y miente quien asegure lo contario.

No obtuvo un solo voto ciudadano para ocupar esa coordinación. No hubo urnas, casillas, boletas ni ciudadanos decidiendo entre Julieta, Ismael Burgueño, Evangelina Moreno, Armando Ayala o cualquiera de los demás aspirantes.

Morena asegura que hubo un proceso interno que incluyó llamadas telefónicas y una encuesta domiciliaria. Perfecto. El problema es que, como suele ocurrir en estos ejercicios de democracia a la morenista, los ciudadanos tenemos que conformarnos con la versión oficial: que hubo encuesta, que ganó y que todos debemos aplaudir.

Los resultados completos, la metodología y los detalles que permitan comprobar cómo se llegó a esa conclusión no están sobre la mesa. Eso no significa que no haya existido una encuesta. Significa algo mucho más elemental: no es una encuesta pública y auditable por los ciudadanos. Y ahí está la diferencia.

Porque una cosa es decir “ganó la encuesta” y otra muy distinta es enseñar la encuesta. En septiembre, por ejemplo, CE Research publicó un estudio en el que Julieta aparecía mejor posicionada que Ismael Burgueño entre los aspirantes de Morena. Es decir, existen mediciones públicas que respaldan su fortaleza dentro del partido.

Pero esas mediciones tampoco convierten una coordinación partidista en una candidatura ni mucho menos en una gubernatura. Eso, por ahora, es otro cuento. Y conviene recordarlo porque en Morena tienen una curiosa habilidad para convertir una decisión de comité en una especie de mandato popular.

Primero se designa al coordinador. Después se le empieza a llamar virtual candidato.
Luego aparece la propaganda. Después las bardas. Más tarde los recorridos. Y cuando alguien pregunta quién autorizó todo aquello, seguramente aparecerá algún militante dispuesto a explicar que todo fue producto de “la voluntad del pueblo”. El pueblo, por cierto, suele enterarse al final.

El dedazo con encuesta

La designación de Julieta también tiene otra lectura. No necesariamente es la continuidad automática de Marina del Pilar. De hecho, puede ser exactamente lo contrario.

Porque una cosa es que Julieta haya sido cercana a la gobernadora —fue su secretaria particular cuando Marina era alcaldesa de Mexicali— y otra que su designación represente hoy la continuidad política de Palacio de Gobierno.

La decisión de Morena muestra que el partido nacional tiene su propia jugada para Baja California. Y eso debería ser suficientemente importante para quienes todavía creen que en los estados se decide todo desde el despacho del gobernador.

No. Al menos esta vez, la señal es otra. Julieta llega con el respaldo de la estructura nacional de Morena y con una posición que, de facto, la coloca en primera línea de la sucesión.
Pero de facto no significa de jure.

Y mucho menos significa que ya esté escrito el nombre que aparecerá en la boleta.
Ahí es donde algunos parecen estar confundiendo el primer capítulo con el final de la novela.

El problema de la frontera

Y hay algo más que no puede ignorarse. Julieta Ramírez tiene 31 años, una carrera política extraordinariamente rápida y una exposición pública que creció a una velocidad todavía mayor.

Pero también llega a esta nueva etapa cargando una circunstancia que difícilmente puede ser ignorada en un estado fronterizo como Baja California: la mirada de Estados Unidos. No es una especulación menor. En septiembre, N+ publicó que autoridades estadounidenses investigan a Julieta desde 2022 y que existe un documento relacionado con un “proffer agreement”, mecanismo mediante el cual una persona puede proporcionar información al Departamento de Justicia.

Dentro de una investigación. N+ reportó que el documento estaba en su poder. Julieta ha negado categóricamente que exista un acuerdo de colaboración en los términos señalados y ha calificado la información como una “farsa” y parte de una guerra sucia.

Es decir: hay una acusación periodística documentada y hay una negación igualmente pública de la señalada. Lo que no existe, al menos públicamente, es una resolución judicial estadounidense que permita presentar esas acusaciones como hechos probados. Y esa distinción es fundamental.

Pero también sería ingenuo pensar que, porque en México se decida no hablar de un asunto, éste desaparece al cruzar la frontera. No funciona así. Mucho menos en Baja California.
Porque Washington no necesita pedir permiso a Morena, al Congreso, al Gobierno del Estado ni a la dirigencia nacional para mirar lo que considere de su interés. Y cuando Estados Unidos pone la lupa sobre alguien, sus conclusiones —sean definitivas, preliminares, correctas o posteriormente descartadas— pueden tener consecuencias políticas.

Eso es una realidad de la vida fronteriza. No una teoría de conspiración. Los archivos no se borran con discursos. Por eso tampoco conviene minimizar el contexto nacional.

El huachicol fiscal, las investigaciones estadounidenses, las operaciones financieras, los presuntos vínculos entre políticos, empresarios y personajes relacionados con actividades criminales, el caso de Sergio Carmona y las distintas investigaciones que han tocado a personajes de varios partidos y gobiernos no son asuntos que desaparezcan porque en México alguien decida cambiarles de nombre.

Y aquí hay que ser particularmente cuidadosos. Una cosa es que existan investigaciones, señalamientos o documentos. Otra, muy diferente, es afirmar que una persona es responsable de un delito. La diferencia debería ser obvia.

Pero en la política mexicana la presunción de inocencia suele ser utilizada selectivamente: sirve cuando protege a los propios y se convierte en papel sanitario cuando se trata de los adversarios.

El problema para Julieta es que su nombre ya está dentro de una conversación que cruza la frontera. Y eso, por sí mismo, significa que su ruta hacia 2027 no será exclusivamente mexicana. Tendrá que responder aquí. Y eventualmente podría tener que responder allá.

Bardas, redes y realidad

Luego está el otro asunto. El de la imagen.

Julieta ha conseguido notoriedad. Eso es indiscutible. Pero notoriedad no siempre significa popularidad y popularidad tampoco equivale automáticamente a respaldo electoral.

Su presencia en redes sociales es enorme. Sus recorridos son constantes. Las bardas aparecieron mucho antes de que Morena reconociera oficialmente la coordinación. El Instituto Estatal Electoral incluso ordenó retirar propaganda relacionada con ella después de una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña. Y después están sus videos.
Sus gestos. Sus pleitos. Sus respuestas.

Ese peculiar estilo de comunicación política en el que, a veces, parece importar más demostrar que se tiene la ocurrencia más rápida que construir la respuesta más inteligente. Puede funcionar entre los convencidos. Puede divertir a los seguidores. Puede generar miles de reproducciones. Pero gobernar Baja California es otra cosa.

Aquí no se necesita una “influencer” con fuero político. Se necesita alguien capaz de enfrentar inseguridad, migración, agua, infraestructura, desarrollo económico, aduanas, relación con California, violencia, corrupción, servicios públicos y una lista interminable de problemas que no se resuelven haciendo transmisiones en vivo.

Y hay algo todavía más delicado. Los bajacalifornianos no viven en Twitter, Facebook, TikTok ni en los grupos de WhatsApp de los políticos. Viven en colonias donde falta seguridad.
En calles llenas de baches. En hospitales donde no siempre hay lo que se necesita. En ciudades donde el costo de vivir aumenta. En comunidades donde la delincuencia dejó de ser una noticia para convertirse en parte de la rutina. Y ahí las bardas no votan. Las fotografías con funcionarios tampoco. Mucho menos los aplausos de quienes aspiran a conservar su puesto o conseguir uno mejor.

Los que hoy aplauden

Por eso tampoco hay que confundir el acompañamiento político con respaldo ciudadano. Los mismos que hoy levantan las manos, gritan consignas, organizan caravanas y aseguran que Julieta representa el futuro de Baja California son, en buena medida, quienes viven de la política. No necesariamente todos. Pero sí muchos.

Y tienen una razón bastante sencilla para cuidar el proyecto: la nómina. Porque en política también existe una forma muy peculiar de patriotismo: defender apasionadamente el proyecto que garantiza el salario de uno. Julieta tiene estructura. Tiene partido. Tiene una marca electoral todavía poderosa. Tiene el aparato político de Morena. Tiene programas sociales que han demostrado su peso electoral. Y ahora tiene la coordinación estatal.

Pero todo eso puede convertirse en una enorme burbuja si quienes la rodean terminan convenciéndola de que los aplausos internos representan el sentimiento de los bajacalifornianos. No necesariamente.

Todavía falta mucho

Así que sí: Julieta Ramírez tiene posibilidades reales de convertirse en candidata de Morena al Gobierno de Baja California. Pero la coordinación no es la candidatura y la candidatura no es la gubernatura. Falta muchísimo.

Falta ver qué ocurre con Morena. Falta ver qué sucede con sus adversarios internos.
Falta saber qué hará Marina del Pilar. Falta saber qué hará Ismael Burgueño. Falta conocer qué harán PT, Verde y las oposiciones. Falta ver cómo llegará Morena a 2027.

Y, sobre todo, falta saber qué ocurrirá con todas esas investigaciones, expedientes, acusaciones y documentos que hoy circulan por México y Estados Unidos. Porque los archivos tienen una desagradable costumbre. No siempre desaparecen porque los políticos quieran. A veces simplemente esperan. Esperan a que alguien abra una carpeta. A que un fiscal lea un documento. A que un juez autorice una investigación. A que un periodista consiga una copia.

O a que alguna de esas famosas “oficinitas” que tanto molestan a nuestros políticos decida que llegó el momento de volver a mirar hacia el sur. Y entonces puede ocurrir algo muy incómodo: que aquello que hoy parece una candidatura inevitable termine siendo apenas una coordinación bastante efímera.

Porque en política hay decisiones que parecen definitivas hasta que aparece un dato que nadie tenía en la ecuación. Y en una elección faltan todavía muchos meses. Demasiados, quizá, para quienes ya están repartiendo secretarías.

Julieta llegó. Eso ya nadie lo discute. Llegó a la coordinación por decisión de Morena, con una estructura detrás, con encuestas que públicamente la muestran competitiva y con un partido que ha decidido apostar por ella.

Pero que nadie se equivoque: llegar a la coordinación no significa haber llegado a la gubernatura. Y mucho menos significa que el pueblo haya decidido.

Eso, si acaso, lo sabremos cuando haya boletas, urnas y ciudadanos frente a ellas. Hasta entonces, lo de Julieta es una decisión de partido. Y las decisiones de partido, por más que se adornen con palabras como “defensa”, “transformación”, “soberanía” y “pueblo”, siguen siendo eso: decisiones de partido.

Informe, gira y acarreo

Para sorpresa de nadie, la maquinaria morenista volvió a aflojar la cartera y puso en marcha el viejo, conocido y costoso mecanismo de la movilización política.

Miles de hombres, mujeres, niños, adultos mayores y madres de familia fueron llevados este sábado a Tijuana para escuchar, una vez más, el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentado como parte de su gira nacional de “rendición de cuentas”.

El detalle es que la rendición de cuentas ya ocurrió. El pasado 1 de septiembre, la presidenta presentó su Segundo Informe de Gobierno. Lo que estamos viendo ahora es una especie de repetición nacional: el mismo mensaje, los mismos logros, las mismas cifras, los mismos aplausos y, naturalmente, las mismas porras.

Porque si algo caracteriza a la Cuarta Transformación es su extraordinaria capacidad para convertir un informe en gira artística. Sólo falta que anuncien la venta de souvenirs.
Tijuana fue este sábado la parada número 24 de una gira denominada “Honestidad y Resultados”. Y seguramente habrá quien explique que llevar el informe a los estados es acercar el gobierno al pueblo. Muy bien.

Pero habría que preguntar cuánto cuesta acercar el gobierno al pueblo cuando para hacerlo hay que mover contingentes, montar escenarios, cerrar calles, desplegar personal, organizar logística y movilizar a miles de personas para escuchar un discurso que ya fue presentado oficialmente.

¿Quién paga? Pues el pueblo, faltaba más. El mismo pueblo al que se le pide austeridad, mientras la clase política disfruta de la abundancia presupuestal para organizar actos multitudinarios que, casualmente, también sirven para medir músculos políticos.

Porque en Tijuana no sólo estuvieron los ciudadanos que acudieron voluntariamente. También aparecieron los de siempre: funcionarios, operadores, aspirantes, suspirantes, legisladores, alcaldes, dirigentes y toda esa fauna política que entiende perfectamente que una fotografía junto a la presidenta puede valer más que cien discursos. Y ahí está el verdadero fondo del asunto.

Más que una rendición de cuentas, estas giras parecen funcionar como una gigantesca revista de la nómina morenista. Todos sonrientes. Todos disciplinados. Todos levantando la mano. Todos convencidos de que los problemas del país pueden esperar, pero la próxima candidatura no.

La gira, además, llega cuando el calendario político ya empieza a oler a 2027. Y en Baja California eso no es un detalle menor. Por eso la movilización tiene un doble propósito: repetirle al ciudadano lo que ya escuchó y recordarle a la clase política quién manda.
No hay nada nuevo bajo el sol de Tijuana.

Sólo una enorme escenografía, miles de asistentes y una pregunta bastante sencilla que nadie parece dispuesto a contestar: ¿Era realmente necesario gastar nuevamente dinero público para repetir un informe que ya fue presentado?

La respuesta oficial seguramente será que se trata de acercar los resultados al pueblo. La respuesta ciudadana podría ser bastante más sencilla: Si los resultados son tan buenos, quizá no necesitan tantos camiones, tantas porras y tantos aplausos para convencer a nadie.

Pero eso sí: mientras haya presupuesto, siempre habrá manera de convertir la rendición de cuentas en campaña permanente. Y todavía le llaman austeridad.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La reunión sostenida el 11 de septiembre de 2026 entre el gremio de abogados y las autoridades de Baja California confirma una realidad que ya no puede ocultarse con protocolos, lineamientos o mesas de trabajo: la abogacía local vive un periodo de riesgo extraordinario. Los homicidios de litigantes, las amenazas a familias y la falta de resultados claros en varios casos no son hechos aislados, sino señales de tensiones profundas en el sistema de justicia. Cuando la justicia no funciona adecuadamente, los conflictos dejan de resolverse en tribunales y se trasladan a espacios extrajudiciales donde la presión, el miedo y la violencia sustituyen al derecho.

Desde hace varios años, los asesinatos de abogados en Baja California se han repetido en distintas ciudades y en diversas ramas del litigio. La cifra acumulada en la actual administración, con solo unos cuantos detenidos y la mayoría de los casos sin avances, confirma que no se trata de hechos nuevos ni aislados. Es un patrón sostenido que afecta a penalistas, civilistas, mercantilistas, laboralistas, fiscalistas e inmobiliarios por igual. Si bien las autoridades han señalado avances en algunas investigaciones, la información disponible y la percepción del gremio muestran que la mayoría de los casos continúan sin resultados concluyentes.

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja California, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.