El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una escalada del conflicto que mantiene con el organismo por su facultad para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados, entre ellos Israel.

Las medidas anunciadas este viernes por la administración del presidente Donald Trump van más allá de las sanciones impuestas anteriormente contra jueces y fiscales del tribunal, pues contemplan restricciones que podrían afectar también a las empresas que le proporcionan servicios.

Washington estableció un periodo de 180 días para que determinadas entidades estadounidenses terminen sus relaciones comerciales con la Corte, sujeto a las excepciones autorizadas.

Para entender el motivo de la disputa es necesario conocer qué es la CPI, por qué Estados Unidos cuestiona su autoridad y cuáles son las investigaciones que provocaron el enfrentamiento.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en 2002, a partir del Estatuto de Roma, un tratado internacional que establece su competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

A diferencia de otros organismos internacionales, la CPI no juzga países ni gobiernos, sino a personas físicas a quienes se atribuye responsabilidad individual por delitos de esa naturaleza. Su intervención está sujeta a requisitos jurisdiccionales y al principio de complementariedad, por el cual debe dar prioridad a las investigaciones y procesos nacionales genuinos cuando corresponda.

El tribunal cuenta con 125 Estados parte, pero Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, no es miembro de la Corte. Esa diferencia constituye uno de los principales puntos de desacuerdo: Washington rechaza que el organismo ejerza determinadas facultades sobre sus ciudadanos o sobre funcionarios de países aliados que tampoco han aceptado su jurisdicción.

El antecedente: las investigaciones en Afganistán

Uno de los principales motivos de la oposición estadounidense es la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán desde mayo de 2003, en el contexto del conflicto armado que involucró a fuerzas afganas, grupos insurgentes y tropas extranjeras.

En marzo de 2020, la Sala de Apelaciones de la CPI autorizó al fiscal a iniciar una investigación sobre delitos que pudieran encontrarse dentro de la competencia del tribunal. El caso contemplaba presuntas conductas atribuibles a diferentes actores, incluidos integrantes de las fuerzas estadounidenses.

Washington considera que la Corte no debe ejercer jurisdicción sobre personal militar y funcionarios de un país que no ha ratificado el tratado. La CPI, por su parte, fundamenta su competencia en las disposiciones del Estatuto de Roma aplicables a los delitos presuntamente cometidos en territorio de un Estado parte y en otras circunstancias previstas por ese instrumento.

La controversia no significa que los ciudadanos estadounidenses señalados hayan sido condenados por esos hechos. Se trata de una disputa sobre la autoridad del tribunal para investigar y, en su caso, llevar a juicio a personas acusadas de delitos internacionales.

Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

El enfrentamiento se intensificó en noviembre de 2024, cuando la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.

Entre las acusaciones señaladas por la Corte se encuentran el uso del hambre como método de guerra, ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Las órdenes corresponden a sospechas judiciales, no a sentencias condenatorias.

Israel cuestionó la competencia del tribunal, mientras que Estados Unidos rechazó las órdenes de arresto y defendió a su aliado. Para la CPI, en cambio, el hecho de que Israel no sea Estado parte del Estatuto de Roma no elimina automáticamente su jurisdicción, debido a que el tribunal determinó que los presuntos delitos se encuentran dentro de su competencia territorial en Palestina.

Este punto es central para comprender el desacuerdo: Washington sostiene que la Corte está excediendo sus atribuciones al actuar contra ciudadanos de países que no se han sometido al tratado; el tribunal argumenta que su jurisdicción puede derivarse de las condiciones territoriales y legales establecidas en el propio Estatuto.

¿Qué buscan las sanciones de Trump?

El gobierno estadounidense argumenta que las medidas son necesarias para defender su soberanía y evitar que la CPI investigue o procese a ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados sin su consentimiento.

El 9 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar sanciones relacionadas con la Corte. Posteriormente, Washington impuso restricciones a integrantes de su fiscalía y a jueces, en respuesta a actuaciones vinculadas con las investigaciones sobre Afganistán y las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes.

La decisión anunciada este viernes amplía la presión al designar a la propia institución como objetivo de las sanciones. Entre sus posibles consecuencias están las restricciones a operaciones financieras, el acceso a determinados servicios tecnológicos y las relaciones comerciales con entidades estadounidenses.

El alcance práctico de las medidas dependerá de las licencias y excepciones autorizadas, así como de la respuesta de empresas y países que mantienen relaciones con el organismo.

La respuesta de la Corte

La CPI rechazó las sanciones y advirtió que las medidas amenazan la independencia de una institución judicial internacional y pueden obstaculizar su trabajo en favor de las víctimas de los delitos más graves.

La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan declaró a Reuters que las sanciones no detendrán las investigaciones ni los procesos judiciales del tribunal. La Corte ha llamado a sus Estados miembros a respaldar su independencia y a garantizar que pueda continuar con sus funciones.

El conflicto plantea una cuestión de fondo para la justicia internacional: hasta dónde puede llegar un tribunal internacional al investigar presuntos delitos graves cuando los gobiernos de los países involucrados rechazan su autoridad.

Mientras Estados Unidos sostiene que busca proteger su soberanía y a sus ciudadanos, la CPI defiende su facultad de actuar en los casos que se encuentran dentro de su jurisdicción. La disputa, por tanto, no se limita a las sanciones económicas, sino que involucra el alcance de la justicia penal internacional y la capacidad de sus instituciones para investigar a personas que ocupan posiciones de poder.

El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.

La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.

El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.

El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.

En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.

La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo a una persona y aseguró 176 mil 640 dólares durante la inspección de un vehículo que ingresó por el carril destinado a vehículos ligeros en la garita El Chaparral, en Tijuana.

Durante la revisión, con apoyo de un ejemplar canino, se localizaron 100 billetes de 10 dólares, 8 mil 462 billetes de 20 dólares, 96 billetes de 50 dólares y 16 billetes de 100 dólares, que en conjunto suman 176 mil 640 dólares estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 3 millones 208 mil 255 pesos.

Ante estos hechos, a la persona detenida se le informaron sus derechos de ley y, junto con las divisas aseguradas, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.