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“Envío” de mexicanos a EU, legal pero inconstitucional: abogado penalista

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El envío a Estados Unidos de 29 capos de alto nivel relacionados con delitos de narcotráfico sin recurrir a juicios de extradición puede ser legal pero es anticonstitucional, comentó Benjamín Almanza, abogado penalista.

La decisión del gobierno mexicano se basa en la Ley de Seguridad Nacional, que faculta a las autoridades nacionales para la expulsión de ciudadanos, pero esa explicación es para lavarle la cara a la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que este “envío” está contemplado en la Ley de Seguridad Nacional y que no fue debido a la presión de Estados Unidos para su entrega.

La realidad es que es inconstitucional va en contra los artículos 14, 16, 1 y 133 constitucional, que dicen que toda persona en México gozará de la protección de sus derechos humanos, que están reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, precisó el abogado.

Para que una extradición se lleve a cabo debe de haber un juicio que lo determine. Aquí no hubo ningún juicio, por lo que se violó el principio de la garantía de audiencia.

Sin duda la expulsión de los 29 señalados, obedece a la presión de Estados Unidos, como moneda de cambio para que no entren en vigor los aranceles con los que amenaza el presidente Donald Trump.

Almanza remarcó que la estigmatización de miembros del crimen organizado como terroristas tiene una implicación grave para el sistema financiero mexicano, así como para empresarios y políticos que tienen tratos con ellos, pues si son considerados terroristas, también se obligará a castigar con severidad a quien lava dinero para los cárteles.

Este traslado de personas acusadas por Estados Unidos es implícitamente un reconocimiento a la imposibilidad de juzgar a los capos en México, manifestó, pues incluso entre ellos hay quienes no tenían ni siquiera una orden de aprehensión activa aquí.

Por otro lado, se llevaron a personajes como los hermanos Treviño Morales, fundadores de Los Zetas, cuando tenían procesos activos en México, añadió.

Almanza recordó que en el periodo de Enrique Peña Nieto liberaron a Rafael Caro Quintero, quien gozó 9 años de libertad eludiendo la cárcel gracias a un mecanismo del Poder Judicial Federal, hasta que fue recapturado en el 2022.

Como no fue extradición, esta entrega da la posibilidad a Estados Unidos de que pueda aplicar la pena de muerte, tortura o tratamientos humillantes o inhumanos, observó; con la extradición no puede aplicarla, pero con la expulsión se da la vuelta a los acuerdos de Palermo.

Incluso el artículo 3 de la Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señala que “ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

El abogado recordó que con Ernesto Zedillo se expulsó a Estados Unidos a Juan García Ábrego, pero en ese caso se acreditó que tenía doble nacionalidad.

¿Pueden usar esto los abogados de los 29 expulsados? Se le cuestionó. “Estados Unidos no ratifica los tratados internacionales porque argumenta que acota su autonomía, pero allá los jueces gozan de más autonomía para aplicar la ley, dijo.

El precedente es el caso del doctor Humberto Álvarez Machain, quien supuestamente ayuda a mantener con vida a Enrique “Kiki” Camarena, a quien secuestran agentes mexicanos y lo entregan ilegalmente a Estados Unidos, explicó. Como la detención fue ilegal, la puesta a disposición de la autoridad también fue ilegal, así que tras un largo proceso queda libre.

Esto puede pasar con el caso del Mayo zambada, quien no tenía orden de aprehensión, y quien pudiera quedar libre por su secuestro y traslado ilegal, precisó el abogado, aunque seguramente querrán utilizarlo como testigo protegido y sacarle toda la información sobre la relación entre narcos y políticos, agregó.

Estatal

Festival de Luces de Cantoya en La Salada no tiene permisos ambientales

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El anunciado Primer Festival Mágico de Luces de Cantoya, que contempla el lanzamiento de 3 mil 800 globos luminosos en la Laguna Salada de Mexicali, deberá contar con las autorizaciones ambientales y de Protección Civil del estado antes de realizarse.

El evento está programado para el sábado 24 de octubre de 2026 y comenzó a difundirse recientemente a través de redes sociales.

La convocatoria generó preocupación entre organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente, debido al posible impacto que el lanzamiento masivo de las luces podría generar en el ecosistema de la zona.

La secretaria de Protección al Ambiente de Baja California, Elvia Martínez Santos, informó que hasta el momento la dependencia estatal no ha recibido ninguna solicitud ni informe preventivo relacionado con la realización del festival.

Precisó que los organizadores deben presentar un manifiesto de impacto ambiental y obtener las autorizaciones correspondientes para garantizar que la actividad pueda desarrollarse sin afectar las condiciones naturales de la Laguna Salada.

Martínez Santos señaló además que, debido a la cantidad de luces de Cantoya que se pretende lanzar, también será necesaria la autorización de Protección Civil por la cantidad de personas que están siendo convocadas, que supera el millar.

La funcionaria enfatizó que, antes de llevar a cabo el evento, los promotores deberán cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades, particularmente ante los posibles efectos que una actividad de esta magnitud pudiera generar en el entorno natural.

Por ahora, el festival continúa anunciado para el 24 de octubre, aunque las autoridades ambientales señalaron que los organizadores no han iniciado formalmente el trámite correspondiente ante la Secretaría de Protección al Ambiente y advirtieron que, si hay un impacto negativo al ecosistema de la zona, no será autorizado.

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Estatal

Capacitan a trabajadores del Congreso del Estado en perspectiva de género

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Este lunes se llevó a cabo en el Congreso del Estado la capacitación denominada “Cambiando Atmósferas”, dirigida a trabajadores del Poder Legislativo.

La actividad forma parte de las acciones establecidas en la Ley Daryela y busca proporcionar herramientas al personal para reconocer y atender situaciones relacionadas con la perspectiva de género dentro del ámbito laboral.

Patricia Alejandrina Ochoa Valle, titular de la Unidad de Género del Congreso estatal, explicó que la legislación contempla que los trabajadores deben acreditar al menos cuatro capacitaciones en esta materia.

Señaló que para quienes han participado en las jornadas anteriores, el curso realizado este lunes representa la cuarta capacitación requerida; no obstante, indicó que el programa continuará, ya que se contemplan al menos tres sesiones adicionales con la finalidad de que todos los trabajadores tengan la oportunidad de completar el proceso y obtener la certificación.

Recordó que los servidores públicos de Baja California cuentan con un plazo de un año para cumplir con la capacitación en perspectiva de género de acuerdo a lo establecido en la Ley Daryela.

En el caso del Congreso del Estado, advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en una sanción para los trabajadores, cuya determinación corresponderá a la Contraloría Interna del Poder Legislativo.

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Educación

Exigen madres de familia de USAER no fusionen turnos en primaria Francisco J. Mújica

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Madres de familia de la primaria Francisco J. Mújica exigieron a la Secretaría de Educación de Baja California respetar el acuerdo establecido para evitar la fusión del turno vespertino con el matutino y garantizar la continuidad de la atención a estudiantes de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Las familias recordaron que anteriormente se manifestaron ante la posibilidad de que ambos turnos fueran fusionados debido a la baja matrícula en el vespertino. Como parte de los acuerdos alcanzados con autoridades educativas, se estableció una prórroga para permitir que las familias buscaran incrementar el número de estudiantes, con una meta de 120 alumnos.

Sin embargo, señalaron que el proceso se vio afectado luego de que algunos padres de familia fueran informados por personal del plantel que el turno matutino no era seguro, debido a una eventual fusión. Según las madres inconformes, esta situación desalentó la inscripción de nuevos alumnos y provocó la pérdida de más de 40 estudiantes.

Fernanda García Flores, señaló que directoras de Centros de Atención Múltiple (CAM) se han sumado a la exigencia, debido a que, afirmó, estos planteles tampoco tienen capacidad para atender a todos los estudiantes que requieren servicios de educación especial.

“Las escuelas regulares no quieren batallar”, sostuvo, al considerar que debe garantizarse el derecho a la educación establecido en el Artículo Tercero constitucional. También acusó que las familias interesadas en inscribir a sus hijos fueron desalentadas con información sobre una posible fusión de turnos.

“Que si la gente viene y se inscribe que no los boicoteen, porque los desaniman diciendo que se fusionarán los turnos y se quedarán sin escuela”, manifestó la madre de familia.

Por su parte, Tania Valdez Espinoza explicó que la disminución de alumnos en algunos grados también estaría relacionada con la información que recibieron las familias al acudir a realizar reinscripciones. Señaló que los grupos de quinto y sexto grado quedaron con pocos estudiantes, mientras que en primer grado lograron incorporar a 14 alumnos, frente a los siete que tenían el año anterior.

Las madres de familia también cuestionaron la posibilidad de mantener el servicio de USAER en caso de que se concrete la fusión de los turnos.

Rosa Ávila Mojarro, otra de las madres que se manifestó hoy, afirmó que durante una reunión con responsables de Educación Básica, se les informó que USAER no puede operar en un turno fusionado, por lo que consideró contradictoria la información que posteriormente han recibido.

“Nos están diciendo cosas que no son ciertas para que la gente no se inconforme”, señaló.

Ante esta situación, las familias pidieron que las autoridades educativas intervengan, respeten la minuta previamente acordada y permitan que continúe el turno vespertino, además de garantizar la atención especializada para los alumnos que requieren los servicios de USAER. Mañana sostendrán una reunión con las autoridades educativas esperando escuchen su petición y respeten el acuerdo al que habían llegado.

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