Estatal
Pacto de Rocha Moya con el narco, base de las acusaciones de Estados Unidos
La acusación formal que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, detalla su presunta participación en la asociación delictuosa con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Según el documento judicial, los acusados -que ocupaban cargos clave en seguridad, procuración de justicia y administración estatal-, recibieron millones de dólares en sobornos procedentes del narcotráfico a cambio de brindar protección al cártel. Entre las acciones que se les imputan se encuentran: avisar con anticipación sobre operativos policiales y militares, liberar a miembros del cártel detenidos, permitir el libre tránsito de cargamentos de drogas y, en algunos casos, participar directamente en actos de violencia contra enemigos de “Los Chapitos”.
Rubén Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde noviembre de 2021, es señalado como uno de los principales acusados. La fiscalía afirma que, antes de su elección en junio de 2021, Rocha Moya se reunió con líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván y Ovidio Guzmán, y pactó su apoyo a cambio de colocar en puestos estratégicos a funcionarios afines al cártel. Se le acusa también de haber permitido que la facción operara con total impunidad en el estado una vez que asumió el cargo.
Entre los otros acusados destacan Enrique Inzunza Cázares, actual senador por Sinaloa y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
La acusación detalla que varios de estos funcionarios recibían sobornos mensuales fijos. La fiscalía incluso presentó como evidencia listas manuscritas de pagos entregadas al “jefe de plaza” de Culiacán, en las que aparecen los nombres o alias de algunos acusados junto con las cantidades que recibían mensualmente.
Además de la protección a las actividades de narcotráfico, se imputa a algunos de los acusados haber participado en actos de violencia grave. Un caso específico mencionado es el secuestro y asesinato, en octubre de 2023, de una fuente confidencial de la DEA y varios de sus familiares —incluido un menor de 13 años—, en represalia por su colaboración con las autoridades estadounidenses.
El documento describe al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más violentas y prolíficas del mundo, responsable principal del flujo de fentanilo que ha causado miles de muertes en Estados Unidos. Tras las detenciones de Ovidio Guzmán y “El Mayo” Zambada, el cártel se encuentra dividido en facciones, con Los Chapitos como una de las más poderosas y violentas.
La acusación incluye dos cargos principales: asociación delictuosa para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de esa conspiración. De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua.
Esta es una de las acusaciones más graves jamás presentadas contra un gobernador mexicano en funciones por presuntos vínculos directos con el narcotráfico. Hasta el momento, los acusados se presumen inocentes y ninguno ha sido detenido por las autoridades estadounidenses.
Columna
Matices: Las corporaciones de seguridad
Este día nos llegó una denuncia anónima de parte de empleados de la Fiscalía General del Estado, la cual reproducimos a continuación:
“Los que suscriben el presente somos empleados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, específicamente de la Dirección de Capital Humano, quienes desde hace varios meses hemos tenido conocimiento de que varios compañeros entre Agentes Estatales de Investigación, Agentes del Ministerio Público y Peritos han venido siendo violentados en sus Derechos Humanos.
A ellos se les está negando desde hace meses el derecho a que se les otorgue su pensión por invalidez a la que tienen derecho toda vez que ya fueron debidamente dictaminados por un médico de Salud Ocupacional de ISSSTECALI, negándose siquiera a notificarles su dictamen de manera formal por parte de la Directora de Capital Humano y/o el Oficial Mayor de la Fiscalía, Ricardo Daniel Garduño Barrera.
Cuando alguno de estos empleados van y preguntan, no los reciben ninguno de los directivos, teniendo que ser nosotros los que tenemos que dar la cara y negarles el acceso o información sobre su trámite porque la directora, Mariana Romero García, aduce que son indicaciones de la Fiscal General, María Elena Andrade.
Esto ante la flagrante violación a sus derechos fundamentales, desconociendo el motivo de dicha negativa a que estos compañeros sean notificados de su tramite y sean debidamente pensionados por parte de Fiscalía, lo que podría llevar a que la Fiscal General, el Oficial Mayor y la Directora de Capital Humano a parte de estar violando derechos humanos pudieran estar incurriendo en los delitos de “ABUSO DE AUTORIDAD Y COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS” al estar ocultando y negando la notificación de estos dictámenes a estos compañeros.
Lo anterior es solapado por la misma asociación denominada” Asociación de Investigadores y Afines de Baja California”, quienes en vez de ver por su agremiados se voltea para otro lado y deja solos a sus miembros ante esta violación flagrante a sus derechos humanos. Por eso desde aquí hacemos pública esta situación y hacemos un llamado a la Gobernadora y al Congreso del Estado para que pidan una explicación a la Fiscal General de Justicia de Baja California, María Elena Andrade por estas irregularidades y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y la Secretaría Anticorrupción tomen cartas en el asunto e investiguen esta situación”. Hasta aquí la denuncia.

La semana pasada ya publicamos otra denuncia anónima, esta vez, de empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde daban cuenta de las tranzas que se avientan sus funcionarios con toda impunidad, lo cual sería una señal de que se tiene conocimiento de estos hechos y no se actúa.
Los denunciantes piden a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el Secretario de Seguridad Pública, General Laureano Carrillo, que le pongan atención a quienes ponen al frente de direcciones sensibles con el manejo de recursos. Decían que llegó Guillermo González Flores acompañado de una red de presuntos extorsionadores de proveedores, como Emir Saamman Gallegos López y Daniel Carrillo Corrales.
Aunque removieron a González Flores por malos manejos, señalan que llegó alguien peor: Álvaro Munguía Martínez, quien también se rodeó de su propia gente de confianza.
A Guillermo González lo movieron al Penitenciario para cubrirlo y después, cuando ya no pudieron esconder tantas irregularidades, terminó en la Secretaría de Salud. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, a los peores elementos los premian y los encubren.
Álvaro Munguía también se llevó a un personaje apodado “El transitas” o el “Rey de las tranzas”: Alberto Vázquez Cerecer, quien presume esos apodos como si fueran motivo de orgullo. Esta persona pide hasta un 30 por ciento de moche a proveedores y si no aceptan, simplemente los dejan fuera. Todo esto con apoyo de Emir Gallegos y Daniel Carrillo.
Daniel Carrillo tiene a toda su familia trabajando en la Secretaria de Seguridad Publica, ahi trabaja con el Irma Isabel Lucatero Baylon que es su esposa y su sobrino, siendo un caso grave de nepotismo. Aquí le dejamos el recordatorio al general Carrillo.

Siguiendo con el tema de seguridad, resulta que la Fiscalía General del Estado, a través de la fiscalía de desaparecidos a cargo de Dulce María Carrillo, hizo un oficio donde deja por escrito que quienes encabezarían un operativo de búsqueda para el que pedía apoyo a otra corporación, sería un colectivo de buscadores.
No les basta con que sean los propios familiares quienes se den a tarea de buscar a sus desaparecidos, ahora también resulta que los ponen a cargo. Recordemos que quienes integran las carpetas de investigación con evidencias, testimonios, pruebas, entrevistas, etcétera, es la propia fiscalía y por lo tanto son ellos quienes deberían buscar, con los colectivos como testigos de su trabajo y no al revés. Luego van a decir que si no hay resultados es porque los colectivos no han dirigido bien las búsquedas. El mundo al revés.

Ayer hubo una invitación discrecional a medios de comunicación por parte de Gobierno del Estado, a un recorrido por la central de ciclo combinado recién inaugurada. Por medio de invitaciones personales y no por los canales de comunicación oficiales, se invitó a algunos medios. Les recordamos que esta selectividad es una forma de censura indirecta por ser discrecional, porque se prefiere tal vez a medios que den cobertura afín y limita el acceso a la información pública de primera mano.
Mientras que atendieron la convocatoria al recorrido una decena de medios, acudieron cuatro veces más al debut de Ismael Burgueño en Mexicali ante los medios (ya en su caracter de aspirante a la coordinación de como se llame el cargo para no decirle precandidato a la gubernatura), que estaba programado a la misma hora.
Incluso el colega sanluisino Humbero Melgoza le preguntó al alcalde con licencia que cómo andaba su relación con Marina del Pilar, viendo que estos eventos se empalmaban, por su fuera con toda la intención de robar cámara al tijuanense, pero esquivó el cuestionamiento diciendo que tiene una relación “excelente” y nada más.
Cerramos con los suertudos que han sido vistos en los juegos del mundial, aparte de los ya conocidos Armando Samaniego y Carlos Torres.


Estatal
Critica Eva María respuesta de la gobernadora sobre audio
La diputada federal del PAN, Eva María Vázquez, arremetió contra la gobernadora de Baja California por la filtración de un audio, que tras hacerse público intentó minimizar el escándalo, ocultar información y “ofender la inteligencia” de los bajacalifornianos y los mexicanos, comentó.
En declaraciones de este miércoles, la legisladora señaló que persisten dudas sobre una denuncia relacionada con lavado de dinero que involucraría al coordinador de proyectos estratégicos de la gobernadora, su exmarido Carlos Torres.
“Se especuló después a través de una denuncia que había por ahí elementos que enfocaban hacia su coordinador de proyectos estratégicos y que tenían que ver con el lavado de dinero”, afirmó.
Vázquez indicó que, contrario a lo que se había intentado hacer creer, el asunto no ha sido esclarecido. “No quedó aclarado, fue solamente un tema de derecho de réplica y el fondo del asunto no ha sido tocado. Esa denuncia debe estar pendiente de análisis”, explicó.
La diputada se centró en la filtración del audio, cuestionando su origen y el manejo que se le ha dado. “Al día de hoy no tenemos claridad, pero se filtra un audio y eso también es preocupante porque quién lo filtró, cómo es que están sucediendo estas cosas y por qué”, dijo.
Según Vázquez, la gobernadora ha optado por minimizar el caso de forma ofensiva. “La gobernadora dice que no hagamos novelas de esto, que no se trata de la Rosa de Guadalupe y eso es completo y absolutamente ofensivo para todos”, criticó.
La legisladora destacó dos elementos mencionados en el audio que considera graves: los acercamientos con agencias de Estados Unidos y la contratación de un abogado. “En el mismo audio que ella reconoce que es veraz, que es su voz, también se menciona pues la contratación de un abogado”, señaló. Quería que no se filtrara esa negociación y ni eso hizo bien, añadió.
Vázquez cuestionó la opacidad en torno a ese contrato: “Ahí no se dice por qué periodicidad ni los votos que él cobra, pero todavía eso lo hace más grave (…) no sabemos por cuánto tiempo fue contratado, tampoco sabemos cuáles son sus honorarios”.
La diputada recordó que se trata de un abogado que supuestamente maneja casos delicados como lavado de dinero, donde los honorarios suelen ser muy elevados.
Para Eva María Vázquez, el manejo del caso refleja un intento de esconder información y minimizar un asunto serio. “Se trata de esconder e incluso no solamente minimizar, sino que me parece muy claro que tratan de ofender la inteligencia de todos los bajacalifornianos y de todos los mexicanos”, concluyó.
Estatal
Esperan 6 mil cachanillas en celebración por triunfo de México
Un operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali con la participación de 70 agentes cuida el orden en torno al monumento Benito Juárez por la celebración del triunfo de México sobre Ecuador en el mundial del futbol la noche de este martes, donde esperan 6 mil aficionados.
El director de esa corporación, Luis Felipe Chan, informó lo anterior y agregó que también participan en el operativo integrantes del ejército y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
Desde hace horas cerraron las vialidades en torno al monumento, la calzada L. Montejano desde Fovissste y la Justo Sierra a la altura de la zona de antros, precisó.
Chan refirió que en la última celebración del triunfo de México asistieron al monumento 2 mil 500 personas y esta noche esperan unos 6 mil cachanillas.
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