COLUMNA INVITADA/ Por Guillermo Rivera Millán

Detrás del ruido sobre censura que generó la publicación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias hay una pregunta más precisa que el debate apenas rozó: ¿qué significa exigir veracidad a una noticia sin exigir lo mismo a una opinión? El artículo 12 obliga a preservar pluralidad y veracidad; el artículo 18 pide “elementos mínimos” para sostener que una noticia era veraz al difundirse. Ninguno define qué cuenta como elemento mínimo, ni distingue con claridad dónde termina el hecho verificable y dónde empieza el juicio de valor protegido sin ese estándar.

Esa imprecisión no es un detalle menor. La Corte Interamericana y la Primera Sala coinciden en que no puede exigirse a un periodista demostrar la verdad absoluta de lo publicado, sino diligencia razonable para verificarlo antes de hacerlo público. Las opiniones, por su naturaleza, no se someten a ese escrutinio salvo que aparenten fundarse en hechos que el propio emisor introduce sin sustento. Los Lineamientos no incorporan expresamente esa distinción tripartita —opinión pura, información de hecho, opinión con base fáctica— que ya es un estándar consolidado. Dejarla fuera del texto no la elimina; traslada su definición a la práctica administrativa de la Comisión, con el riesgo de que cada caso se resuelva sin criterios previsibles.

A esto se suma un elemento que vuelve más compleja la discusión: en materia de libertad de expresión, la afectación no surge solo cuando la autoridad sanciona. La sola existencia de un estándar ambiguo produce un efecto inhibidor: redacciones que ajustan contenidos, moderan afirmaciones o evitan opiniones con base fáctica por temor a que la Comisión considere insuficientes los “elementos mínimos”. Esa autocensura inmediata abre la puerta a convertir al artículo 18 en una norma autoaplicativa desde su entrada en vigor, lo que abre la puerta a su impugnación en abstracto sin esperar la primera multa.

Hay además un reverso que el debate ha ignorado: la veracidad también es condición del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional. Sin un estándar claro, el ciudadano no puede defenderse frente a información falsa que le cause un agravio. El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.

¿Procede impugnar este vacío? La respuesta depende menos de un tecnicismo procesal y más de qué tan concreta sea la afectación acreditable. Un concesionario con interés jurídico directo puede cuestionar desde ahora obligaciones ya exigibles, como contar con código de ética y criterios editoriales definidos. La aplicación del estándar de veracidad, en cambio, suele ser más difícil de combatir en abstracto, aunque el efecto inhibidor fortalece la argumentación de autoaplicatividad. Hay, además, un segundo frente: exigir a la propia Comisión que incorpore el estándar de diligencia razonable en su práctica de supervisión antes de que un caso concreto obligue a un tribunal a hacerlo por ella.

Conviene ser explícito sobre las imprecisiones detectadas. El texto no aclara si “elementos mínimos” equivale al estándar interamericano de diligencia razonable o a algo más cercano a la certeza. Tampoco distingue con nitidez los tres escenarios que la Primera Sala ha desarrollado para expresiones de interés público. Y la facultad de supervisión del artículo 52, redactada en términos abiertos, no acota quién verificará la diligencia ni bajo qué procedimiento, dejando un margen de apreciación mayor al deseable cuando el objeto supervisado es discurso público.

Hay una tensión de fondo: proteger a las audiencias exige que alguien defina, en el margen, qué es suficientemente veraz. Ese alguien puede ser el propio medio, un defensor independiente, un tribunal o una comisión administrativa. Organizaciones como ARTICLE 19 han insistido en que esa definición no debería recaer en una autoridad dependiente del Ejecutivo; la CIRT ha planteado, desde otra posición, la misma preocupación.

Una salida regulatoria viable consiste en trasladar la definición de los “elementos mínimos de veracidad” a los propios Códigos de Ética de los concesionarios. Estos instrumentos sí son obligatorios, generan obligaciones inmediatas y pueden impugnarse. Incorporar ahí el estándar de diligencia razonable y la distinción tripartita permitiría que la predictibilidad dependa de pautas profesionales y no del arbitrio político del regulador. Esa cláusula de conciencia editorial cerraría el vacío normativo sin esperar una reforma legislativa o una impugnación de quien se considere afectado.

• Director General De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
  
  

Este sábado vino Pedro Haces Barba a Baja California a celebrar el 15 aniversario de su sindicato, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Estuvo acompañado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el alcalde de Tijuana Abdiel Gutiérrez -el evento fue en el audirama de El Trompo en esa ciudad-, el exsecretario del Trabajo estatal, Alejandro Arregui, junto a su pariente, el diputado Diego Lara Arregui, el presidente del congreso, Eligio Valencia, la diputada federal Nancy Sánchez y la delegada del CATEM en el estado, Patricia Sosa.

Pedro Miguel Haces Barba es actualmente diputado federal por representación proporcional de Morena en la LXVI Legislatura y Coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Por más de 30 años perteneció al PRI, compartiendo este pasado tricolor con Andrés Manuel López Obrador y otros ahora morenistas como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, y Manuel Bartlett. Gobernadores como Alfonso Durazo, Layda Sansores, Américo Villareal y David Monreal. Políticos estatales como Nancy Sánchez, Fernando Castro Trenti y Alejandro Arregui.

Haces Barba es secretario general y fundador de la CATEM, que es la versión morenista de la CTM y él mismo un intento de Fidel Velázquez, pues desde que inventó ese sindicato en 2012 ha estado al frente al frente del mismo. Se parece a ciertos líderes magisteriales que se fueron del SNTE a fundar sus sindicatitos como el Sete, el Siete y otros, porque “no había democracia” y resulta que nunca han llamado a elecciones. Las cuotas son adictivas, y si no pregúntenle a Virginia Noriega, quien lleva décadas al frente del sindicato de salud estatal.

Los cerca de 4 mil asistentes al evento de ayer tenían una bolsa de tela con una gorra y una camiseta, todo con el logo de CATEM, además de sombrillas blancas también con el distintivo del sindicato, por si hay dudas del poder económico y político de Haces Barba.

Afuera del evento pudimos contar al menos 30 autobuses que sirvieron para el acarreo de personas que asistieron desde todos los municipios de Baja California.

Llamó la atención que la gente de Comunicación Social de Gobierno del Estado de la Zona Costa estaba muy pendiente de todo, como si fuera un evento oficial. Contrario al evento del año pasado a donde acudieron la crema y nata de los políticos morenistas del estado, aquí solo vinieron los mencionados en el presidium y sentaditos entre el público estaban el alcalde de Tecate, Román Cota y la diputada local Evelyn Sánchez.

En su discurso, el acaudalado líder sindical, expresó: “Quiero saludar y reconocer a una mujer. A una mujer que tiene toda mi solidaridad, mi apoyo, mi afecto y el respaldo de todas y todos los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de CATEM en todo el país. Por que es una mujer que tiene las manos limpias, es una mujer de primera, es una mujer que quiero mucho. Gracias gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por permitirnos hoy estar aquí contigo y tienes todo el respaldo de la clase obrera catemista del país”.

Al empezar los aplausos, como impulsados por un resorte, se pusieron de pie Alejandro Arregui, su pariente el diputado y Nancy Sánchez, y después fueron seguidos por el resto del presidium. “Vamos a darle un aplauso de pie todos los que estamos aquí presentes a la gobernadora Marina del Pilar Avila… Gobernadora, Gobernadora, Gobernadora…” Así forzó Pedro ese “apapacho” tan necesitado por la mandataria, que ya no siente lo duro sino lo tupido.

“Fuiste mi amiga antes de ser gobernadora, hoy que eres gobernadora y el día que dejes de ser gobernadora, siempre seremos grandes amigos. Qué viva Marina del Pilar” remarcó el líder de CATEM. Quedan estas palabras aquí asentadas para ver si en el futuro sigue pensando lo mismo.

A su vez, Marina del Pilar, en su discurso, expresó del CATEM que es un sindicalismo humanitario, moderno y digno. “Pedro, amigo, bienvenido a tu casa, Baja California”, agregó.

Le dijo que lo quería mucho y le agradeció el apoyo que le ha brindado siempre. Aquí está el músculo territorial del nuevo sindicalismo mexicano, indicó. “Esta siempre será tu casa Pedro”.

Empleados de la Junta de Conciliación fueron no solamente forzados a ir, sino a llevar a su vez a dos acompañantes, bajo la pena de sufrir las “consecuencias” de no apoyar. Estaremos pendientes de nombres y consecuencias esta semana en todas las oficinas que tienen que ver con la Secertaría del Trabajo, donde sigue operando Alejandro Arregui, a quien su padrino político destapó ayer y dijo que era “su gallo”.

Nos cuentan que tanto Arregui como Samaniego ya tienen comprada su candidatura a las alcaldías de Ensenada y Mexicali, y sería por eso que nadie más de Morena ha levantado la mano tan evidentemente como ellos.

En otro tema, nos cuentan que el equipo de comunicación de Julieta en Mexicali no da una. Integrado por el director de comunicación del Ayuntamiento de Mexicali, Edgar Covarrubias y su esposa la diputada Michelle Tejeda, no le pasan información a varios medios porque según Michelle tal reportera le coquetea a su marido, ese otro medio le cae gordo a él, y puras de esas.

Hasta hace unos días el reporte era que la candidatura sería para mujer en Baja California, y eso significaba que sería Julieta la elegida. Pero en los últimos días algo cambió y ahora los informes dicen que será para hombre, lo que favorece la elección de Burgueño, quien en las encuestas va arriba de la senadora con licencia por un par de puntos.

En un extraño video que el alcalde con licencia grabó ayer, enfatizó que la unidad es lo más importante dentro de Morena, donde no han cesado los golpes internos. Quiere posicionarse como continuador leal del proyecto de la 4T, por encima de rivalidades personales o faccionales.

Busca también apelar a la nostalgia subiéndose a la ola de Andrés Manuel sin dejar atrás la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un video de posicionamiento más que de propuestas concretas.

Si Julieta es Marina es Pilar, Burgueño es Carlos Torres. Al final todo va al mismo objetivo: que la siguiente administración tape el cochinero que deja Marina del Pilar y Carlos Torres.

Esta semana quedó en evidencia que Carlos Torres nunca se ha ido, al sacar de las sombras a su más oscuro operador Ariel Lizárraga, y darle un cargo público -coordinador de gabinete- a pesar de su pasado con denuncias por violación y acoso sexual.

Quien fuera funcionario de tercer nivel de Comunicación, sin ninguna herencia o lotería de por medio, ahora tiene un viñedo, varios terrenos, una mansión en Tijuana y quién sabe qué otras cosas más.

Él y Néstor Cruz ya han tomado posesión de la oficina junto a la de la gobernadora, paseándose por su exfeudo y poniéndole los pelos de punta a más de tres que pensaban se habían librado para siempre de ese par. Pero bueno, así de desesperada está Marina del Pilar para confiar los últimos meses de su administración a los reyes del moche de los contratos de comunicación.

En este curiosa encuesta el secretario general de gobierno de Tijuana, Ramón Vázquez, usó la página oficial de su cargo para votar por él mismo, pero lo que llamó más la atención fue el dueño de seguidores comprados: los europeos de Teresita Balderas y los asiáticos de Vázquez.

Y hablando de Tijuana, Ismael Burgueño tiene a Juan Luis González Burgueño, su primo metido en la nómina municipal, además de Omar Mauricio Martínez Barrera, cuñado del alcalde cuando le dio trabajo.

Además de ese conflicto de interés, porque los tiene trabajando con su honey, la síndico, al “doctor” Ismael Burgueño como que se le ha olvidado solicitar alguna de sus cédulas pofesionales pues ni no aparece ni licenciatura, ni maestría, ni doctorado. La tablilla de mandamientos de la 4T recordemos que empieza con “no mentir, no robar, no traicionar”, y pues mientras no demuestre que tiene cédula, el alcalde con licencia no debería mentir y ostentarse con un título que no tiene.

Que curioso que les de a los morenistas por andar comprando títulos en escuelas patito, como que tienen complejo de inferioridad que buscan reconocimiento de sus personas por el lado académico.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Hay elecciones que se ganan con votos. Y hay otras que, antes de llegar a las urnas, se cocinan en los pasillos del poder. La sucesión de Baja California pertenece, por ahora, a la segunda categoría.

Morena está a punto de decidir quién será su coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, eufemismo electoral que permite adelantar la campaña sin llamarla campaña. Una trampa, pues.

Porque en México, desde que la política descubrió que cambiarle el nombre a las cosas las vuelve legales, una candidatura dejó de ser candidatura y se convirtió en coordinación; una precampaña se volvió asamblea y una disputa por el poder se transformó, milagrosamente, en defensa de la soberanía.

Pero más allá de Julieta Ramírez, Ismael Burgueño, Fernando Castro Trenti, Armando Ayala, Evangelina Moreno, Alfredo Álvarez y Montserrat Caballero, hay una pregunta que debería estar por encima de todos ellos: ¿Qué necesita Baja California?

Porque el estado que recibirá el próximo gobernador no será el mismo que recibió Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y tampoco será el México relativamente predecible de hace algunos años. El país enfrenta un escenario económico mucho más estrecho. El gasto social crece, las finanzas públicas enfrentan mayores presiones y la inversión pública tiene menos margen.

Analistas han advertido precisamente sobre el deterioro del espacio fiscal, mientras el crecimiento económico nacional se mantiene débil.

Baja California, además, tiene una ventaja que puede convertirse en salvavidas o desperdicio histórico: su frontera.

Aquí no basta administrar nóminas, repartir programas sociales, inaugurar pavimento y tomarse fotografías con funcionarios.

El próximo gobernador tendrá que saber hablar con Washington, entender el T-MEC, atraer inversión, resolver agua, energía, infraestructura, seguridad, vivienda y movilidad; defender al estado frente a decisiones federales y, sobre todo, construir una relación inteligente con Estados Unidos.

Porque la economía bajacaliforniana no vive de discursos. Vive de la frontera. Y mientras la política nacional insiste en dividir entre buenos y malos, chairos y fifís, pueblo y adversarios, Baja California necesita exactamente lo contrario: Capacidad para tender puentes.

La polarización puede ser electoralmente rentable para quien la administra desde Palacio. Para un estado fronterizo puede resultar carísima. Ahí es donde conviene mirar a los aspirantes sin la camiseta partidista.

Ismael Burgueño tiene algo que nadie puede comprar con un doctorado ni con un discurso: experiencia reciente de gobierno. Tijuana ha registrado una reducción importante de homicidios durante su administración, aunque sería absurdo adjudicársela exclusivamente al alcalde porque intervienen los tres órdenes de gobierno.

Julieta Ramírez representa juventud, presencia nacional y capacidad política. Su problema es igualmente evidente: La política no es lo mismo que la administración. Una senaduría enseña a negociar; una gubernatura obliga a responder por seguridad, hospitales, carreteras, agua, deuda y empleos.

Fernando Castro Trenti tiene el currículum que muchos necesitarían varias vidas para acumular. Su problema es precisamente ése: después de tantos años en el poder, ya no puede pedir que lo juzguen por potencial. Tiene que ser juzgado por resultados.

Armando Ayala conoce el gobierno municipal y tiene experiencia electoral. Pero su desempeño legislativo reciente, particularmente sus cifras de iniciativas y votaciones, ofrece munición suficiente para que sus adversarios le pregunten qué tan productivo puede ser un gobernador si ni siquiera logró convertir una parte importante de su actividad legislativa en resultados tangibles.

Evangelina Moreno tiene trayectoria legislativa y territorial. Pero enfrenta una pregunta mucho más sencilla: ¿dónde está su experiencia administrando una estructura del tamaño y complejidad de Baja California?

Y Alfredo Álvarez quizá tenga el perfil técnico-administrativo más completo. Su experiencia institucional, jurídica y diplomática es un activo extraordinario. Pero tiene una dificultad electoral: Un currículum no vota.

Y luego está Montserrat Caballero, que introduce otra variable: experiencia ejecutiva y conocimiento de Tijuana, pero también desgaste político y una relación conflictiva con el grupo de Marina del Pilar. Su incorporación al escenario no puede ignorarse, particularmente después de su acercamiento al PT.

Por eso la decisión de Morena debería ser mucho más seria que escoger al que tenga más fotografías, más seguidores o más funcionarios aplaudiéndole.

El próximo gobernador deberá ser, antes que nada, “un administrador competente del conflicto”. Porque Baja California va a necesitar negociar con el Gobierno federal, con Estados Unidos, con empresarios, sindicatos, alcaldes, universidades, agricultores, organismos civiles y una sociedad cada vez más cansada de que la política convierta cualquier desacuerdo en una guerra moral.

Y aquí está la ironía: Morena puede escoger al candidato que mejor represente a Morena.
Pero Baja California necesita al candidato que mejor represente a Baja California. Son cosas muy distintas.

La primera decisión sirve para ganar una elección. La segunda para gobernar. Y frente al futuro incierto de México, con una economía que ofrece menos margen, una relación bilateral más complicada, una seguridad que no admite triunfalismos y una sociedad políticamente dividida, Baja California no necesita otro administrador de la polarización.

Necesita un “constructor de acuerdos”. Alguien que entienda que el agua no es de izquierda ni de derecha; que un empleo industrial no milita en Morena ni en la oposición; que un homicidio no pregunta por quién votó la víctima; que una empresa que decide irse no lee los discursos del gobernador y que Washington no negocia con consignas.

Quizá ésa sea la prueba definitiva para Morena. No quién de sus aspirantes tiene más poder. No quién tiene más padrinos. No quién aparece primero en una encuesta. Sino quién puede demostrar que, llegado el momento, “tendrá la inteligencia, la preparación, la experiencia y la independencia suficientes para poner los intereses de Baja California por encima de los intereses de la facción que lo llevó al poder”.

Porque gobernar Baja California no debería ser el premio mayor de la tómbola política. Es, en las circunstancias que vienen, un problema de alta responsabilidad nacional. Y sería una verdadera tragedia que, después de tanto hablar de transformación, termináramos escogiendo simplemente al mejor solo transformado en candidato.

¿El hombre que necesita Marina?

¿Es Ariel Alejandro Lizárraga Montero el hombre que Marina del Pilar Ávila Olmeda necesita para recuperar el poder, la autoridad y el respeto que parecen haberse extraviado en los pasillos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

¿Es Ariel Alejandro Lizárraga Montero quien puede poner orden en el gabinete, equilibrar los egos que diariamente chocan, se estorban y compiten por ver quién es más importante que el propio gobierno?

¿Es Ariel Alejandro Lizárraga Montero, finalmente, el operador duro y eficaz que requiere una gobernadora a la que le quedan apenas 13 meses para dejar la gubernatura y que necesita recuperar, cuando menos, una parte de la imagen con la que inició su administración?

La respuesta, por ahora, está en veremos.

Ariel Lizárraga llega a la Coordinación del Gabinete precedido de una reputación que no precisamente se construyó repartiendo flores. Se le atribuyen dureza, capacidad de operación y, si se quiere decir con menos diplomacia, una cierta disposición a hacer lo necesario para conseguir resultados. Hasta la inmoralidad, dirán algunos. Pero efectivo, insistirán otros. Y Marina lo necesita.

Lo necesita porque su gobierno atraviesa una de las peores borrascas de su administración. Su imagen personal, su autoridad política y su capacidad para transmitir control han sufrido golpes que ya no se resuelven con una fotografía sonriente, una transmisión en vivo o una mañanera con preguntas previamente domesticadas.

Lizárraga sabe que la encomienda no será sencilla. Para coordinar un gabinete no basta con convocar reuniones, tomar nota y repartir minutas. Eso lo puede hacer una secretaria particularmente organizada.

Coordinar un gabinete significa imponer prioridades, resolver conflictos, exigir resultados y, cuando sea necesario, recordarles a algunos secretarios y directores que trabajan para el gobierno y no que el gobierno trabaja para ellos.

Pero para conseguirlo necesita algo fundamental: poder.

No poder prestado para la fotografía. Poder real, delegado y respaldado por la gobernadora. De lo contrario, Ariel Lizárraga terminará convertido en un elegante buzón de quejas, un levantador profesional de acuerdos incumplidos o, peor todavía, en un espantapájaros colocado en medio del gabinete para provocar temor sin tener autorización para mover una sola pluma.

Su llegada, por cierto, ya levantó algunas cejas. Especialmente entre funcionarios de primerísimo nivel que durante demasiado tiempo parecieron sentirse no solamente intocables por la gobernadora, sino directamente protegidos por una autoridad todavía más elevada.

¿Ejemplos? Pon…gan ustedes los nombres.

La expectativa es grande porque la necesidad también lo es. Sin embargo, hasta ahora los resultados visibles brillan por su ausencia.

Después de la psicosis provocada por la alerta norteamericana sobre posibles atentados en Mexicali, atribuidos a supuestos integrantes del cártel de Los Rusos contra instalaciones policiacas municipales y estatales, y después de una descafeinada mañanera marinista, la percepción pública es que nada cambió.

Todo sigue igual. Y eso abre dos posibilidades.

La primera: Ariel Lizárraga todavía no asume plenamente las riendas de la Coordinación del Gabinete y requiere tiempo para comenzar a operar.

La segunda es más preocupante: sí llegó, pero no lo van a dejar actuar.

Porque una cosa es contratar a un hombre con fama de mano de hierro y otra muy distinta permitirle cerrar los dedos cuando encuentre resistencias.

Marina del Pilar necesita un coordinador de gabinete, no una figura decorativa. Necesita a alguien que pueda ordenar, corregir, exigir y, llegado el caso, incomodar. Porque un gabinete donde nadie incomoda a nadie suele terminar siendo un gabinete donde nadie responde por nada.

La incógnita, entonces, no es solamente si Ariel Alejandro Lizárraga Montero tiene la capacidad para sacar a flote a Marina del Pilar.

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Marina del Pilar está dispuesta a dejarlo trabajar?

Porque si al hombre de la mano de hierro le obligan a cambiar el guante por un pétalo de rosa, dentro de algunos meses descubriremos que no llegó un estratega a rescatar el gobierno.

Llegó otro funcionario a aprender a flotar.

Rajones y gandallas

Hay políticos que, cuando descubren que una ley no se cumple, tienen dos opciones: hacerla cumplir o cambiarla.

En Baja California, Juan Manuel Molina García acaba de recordarnos cuál de las dos prefieren algunos.

El pentadiputado, multicachuchas y eterno especialista en encontrarle la cuadratura al círculo legislativo decidió presentar una iniciativa para que partidos y candidatos puedan contratar, prácticamente a voluntad, bardas, espectaculares, carteleras y cuantos espacios encuentren disponibles para inundar las ciudades con propaganda electoral.

¿La razón?

Que la prohibición vigente no funciona. Que nadie la respeta. Y que las sanciones son tan ridículas que no intimidan a nadie. Magnífico.

Es como quitar el límite de velocidad porque los automovilistas no lo respetan y las multas son demasiado pequeñas.

O legalizar el robo porque los ladrones no tienen miedo de ir a la cárcel.

En el mundo de Molina, si la realidad no se ajusta a la ley, no hay que cambiar la realidad. Hay que cambiar la ley. Qué práctico.

Lo verdaderamente curioso es que el diputado parece haber olvidado que detrás de cada espectacular, cada lona, cada barda pintarrajeada y cada cartel con la sonrisa congelada de un candidato hay algo más que contaminación visual. Hay dinero. Mucho dinero.

Y, salvo honrosas excepciones, no precisamente de los bolsillos de quienes aparecen retratados.

Porque los políticos tienen una curiosa relación con su cartera: para las campañas siempre encuentran dinero; para pagarlas de su bolsillo, casi nunca.

Y aquí aparece el detalle que hace particularmente sospechosa la ocurrencia. ¿Quiénes tienen la estructura, los recursos, los gobiernos, los funcionarios, los partidos y la maquinaria electoral suficientes para llenar Baja California de propaganda?

Morena.

¿Y quién lo sabe? Juan Manuel Molina García.

Por supuesto que lo sabe. Por eso resulta difícil creer que la iniciativa sea solamente una respuesta técnica a una ley ineficaz. Porque si las sanciones son ridículas, lo lógico sería hacerlas verdaderamente ejemplares.

¿Dónde está la propuesta para cancelar el registro del partido o candidato que viole sistemáticamente las reglas?

¿Dónde está la sanción que realmente duela?

¿Dónde está el mecanismo para impedir que quien se burla de la ley participe en igualdad de condiciones con quien sí la respeta?

Ahí está el verdadero problema. Eso sí requeriría valor político. Y quizá ahí se acabó el entusiasmo legislativo.

Es mucho más sencillo decir: “Como nadie cumple la ley, permitamos que todos hagan lo que ya hacen”. Genial. Así cualquiera reforma. Primero prohibimos. Después permitimos que se viole. Luego descubrimos que la prohibición fue un fracaso. Y finalmente la eliminamos.

No es incompetencia. Es evolución legislativa.

Mientras tanto, los ciudadanos seguiremos pagando el espectáculo: dinero público convertido en propaganda, ciudades convertidas en escaparates electorales y campañas cada vez más largas, más caras y más invasivas y más, mucho más, sucias en toda la extensión de la palabra. Todo en nombre de la democracia. Qué ironía.

Porque democracia no significa que quien tiene más dinero pueda comprar más bardas, más espectaculares y más visibilidad.

Significa, precisamente, establecer reglas para que quien tiene más dinero no pueda comprar la elección.

Por eso la pregunta incómoda es inevitable: ¿La iniciativa de Molina busca corregir una ley que no funciona o simplemente quitarle obstáculos a quienes tienen más dinero para hacer campaña?

Porque cuando el legislador descubre que el infractor no respeta la ley y su solución consiste en quitarle la prohibición al infractor, ya no estamos hablando de una reforma.

Estamos hablando de otra cosa. Y en política, a esa cosa se le conoce de dos maneras:
rajones y gandallas.