COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo
Julieta Ramírez Padilla descubrió que la prensa puede ser una maravilla cuando la elogia y un instrumento de la guerra sucia cuando le incomoda. Ahora, convertida en coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, anuncia que quiere una relación más abierta, empática y transparente con los periodistas. ¡Qué bueno! Nunca es tarde para descubrir las bondades del diálogo, particularmente cuando se tiene la mira puesta en la gubernatura.

La joven política ofrece escuchar las exigencias, dudas y demandas de los comunicadores. Habrá que ver. Porque una cosa es convocar a los reporteros para explicarles las bondades de la transformación y otra muy distinta sentarse frente a ellos cuando las preguntas no vienen precisamente con flores.

Julieta también reconoció que durante el proceso interno de Morena hubo guerra sucia, páginas creadas para atacar y pautas millonarias. No dio nombres en las declaraciones que conocemos, pero la acusación merece atención. Si hubo dinero para fabricar campañas de desprestigio, sería saludable conocer quién lo puso, quién lo recibió y quién hizo el trabajo. La transparencia, después de todo, también sirve para iluminar los rincones de casa.

Lo curioso es que la flamante coordinadora parece olvidar que las inconformidades no nacieron exclusivamente en las redacciones. Dentro de su propio partido hubo quienes cuestionaron el procedimiento que la llevó al nombramiento. Evangelina Moreno Guerra, por ejemplo, impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral y reclamó condiciones de equidad en la contienda interna.

¿También eso fue guerra sucia? ¿O las dudas son legítimas únicamente cuando las formula alguien que no amenaza el proyecto político propio?

Porque ahí está el detalle: Morena presume las encuestas como el gran instrumento democrático para elegir a sus abanderados, pero cuando alguien cuestiona el procedimiento, la celebración de la democracia suele adquirir un incómodo parecido a una reunión familiar en la que todos deben estar de acuerdo con quien reparte la herencia.

Julieta tiene derecho a defender su designación. Lo que no puede exigir es que los demás renuncien a examinarla.

Después vino la parte internacional del discurso. La coordinadora habló de la derecha mexicana con proyección internacional, del resurgimiento del fascismo y de presiones diplomáticas, económicas y políticas contra México. También llamó a los periodistas a no prestarse a narrativas intervencionistas.

Vaya responsabilidad la que pretende encomendarles. Además de investigar, preguntar y fiscalizar al poder, ahora los periodistas tendrían que pasar por una especie de aduana ideológica para demostrar que sus publicaciones no atentan contra la soberanía nacional.

Conviene recordar algo elemental: cuestionar a un gobierno mexicano no convierte automáticamente a nadie en agente extranjero, como tampoco criticar a Morena significa trabajar para la derecha. Hay periodistas que hacen propaganda, desde luego; los hay también que investigan, documentan y exhiben aquello que el poder preferiría mantener fuera de la conversación pública. Confundir ambas cosas es una manera bastante cómoda de desacreditar al mensajero sin responder el mensaje.

Julieta elogió al periodismo como una lumbrera en medio de la dictadura y recordó a los hermanos Flores Magón. El reconocimiento es pertinente. Lástima que la historia del periodismo mexicano también esté llena de gobiernos que aplaudían la libertad de expresión mientras las preguntas les parecían razonables y la condenaban cuando dejaban de serlo.

La coordinadora debería tener presente que la prensa no está para hacerle la vida fácil ni a ella ni a nadie. No es su departamento de relaciones públicas, tampoco una oficina de aplausos contratados. Su función es incomodar al poder, venga de donde venga.

Y aquí llegamos al verdadero asunto. Julieta no solamente necesita mejorar su relación con los medios. Necesita demostrar que puede gobernar sus propias reacciones frente a la crítica, distinguir entre una campaña de desprestigio y una investigación periodística, y responder con argumentos en lugar de repartir etiquetas.

Su cercanía política con Marina del Pilar Ávila forma parte de su trayectoria y, por tanto, también de su responsabilidad pública. La nueva coordinadora no puede pretender que su proyecto sea examinado en una vitrina aislada de los seis años de gobierno que están por concluir. Si quiere continuidad política, tendrá que aceptar también las preguntas sobre esa continuidad.

La designación le abrió una puerta importante rumbo a 2027. No le entregó un cheque en blanco, mucho menos la gubernatura. Todavía tiene que convencer a los ciudadanos y demostrar que su liderazgo va más allá del respaldo de la dirigencia partidista y de los acuerdos internos.

Su ofrecimiento de apertura es una buena noticia, si se traduce en hechos. Que haya acceso a la información, respuestas oportunas y respeto a quienes preguntan. Que no se confunda la publicidad con la información ni la crítica con la conspiración.

Porque la empatía que Julieta ofrece a los periodistas no puede funcionar como un contrato de reciprocidad: yo te trato bien y tú hablas bien de mí.

La prensa no necesita una coordinadora que la quiera mucho. Necesita una política que entienda para qué sirve.

Y si Julieta realmente aspira a gobernar Baja California, más vale que empiece a acostumbrarse: los periodistas no siempre preguntan lo que los políticos quieren contestar.
Precisamente para eso existen.

Morena: democracia por docena

Morena abrió el registro para aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación en Mexicali y ya hay, por lo menos, una docena de interesados en ocupar la silla principal del Palacio Municipal. El partido presume entusiasmo y participación. Por el número de inscritos, cualquiera pensaría que la democracia está de fiesta. Pero cuidado: una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta saber qué hacer con quienes entran.

Dicen que hay más aspirantes registrados que parejas inscritas en las bodas colectivas que promueve el Ayuntamiento. La diferencia es que los enamorados, por lo menos, suelen conocerse antes de comprometerse. En Morena, en cambio, basta con anotarse para comenzar a soñar con la alcaldía.

El problema no es que haya muchos aspirantes. Al contrario, la competencia puede enriquecer la vida pública. El problema es confundir cantidad con calidad democrática, como si llenar una lista de nombres fuera suficiente para acreditar transparencia, capacidad y vocación de servicio.

¿Dónde están los criterios claros para evaluar a los participantes? ¿Qué experiencia administrativa tienen? ¿Qué conocen de los problemas de Mexicali? ¿Quién examinará sus resultados, sus propuestas y su conocimiento de una ciudad que no se gobierna con discursos partidistas ni lealtades de ocasión?

La democracia no consiste en organizar una fila para ver quién llega primero al registro, sino en garantizar reglas claras, información pública y una evaluación seria de quienes aspiran a gobernar.

Porque si el método consiste en registrar a todos, levantar una encuesta y después pedir unidad en torno al elegido, no estamos necesariamente ante una competencia democrática.

Estamos ante una simulación con lista de asistencia. Y así cualquiera puede presumir participación. Lo difícil es demostrar que, detrás de tantos nombres, hay capacidad para gobernar Mexicali. Ahí es donde la lista se reduciría bastante.

El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, formuló este viernes una serie de planteamientos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante una sesión en la Cámara de Diputados. El legislador abordó temas de integración regional, estímulos fiscales, soberanía sobre el Golfo de California, apoyo a pequeñas y medianas empresas, y agilización de trámites de importación.

El diputado expuso siete puntos. En primer lugar, propuso activar corredores geográficos estratégicos, como Calibaja y la relación Sonora-Arizona, mediante mecanismos que, bajo rectoría nacional, den mayor formalidad a las dinámicas regionales ya existentes.

En segundo lugar, solicitó que el programa de estímulos fiscales a la frontera, impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y prorrogado mediante decretos, se convierta en ley para generar certidumbre, en lugar de esperar cada 31 de diciembre la renovación.

Tercero, pidió revisar una iniciativa sobre la soberanía de México respecto al Golfo de California (Mar de Cortés), especialmente sobre los recursos del lecho marino, y mencionó dictámenes de la Secretaría de Marina que respaldarían esa reivindicación.

Cuarto, sugirió analizar la posible recreación de un instrumento similar al desaparecido Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) para impulsar de manera más efectiva a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Quinto, planteó un esquema de gradualidad en las tasas del Impuesto Sobre la Renta para empresas nuevas durante sus primeros años de operación.

Sexto, invitó a revisar una iniciativa sobre la responsabilidad por abuso de la personalidad jurídica, con el fin de que los fraudes cometidos a través de sociedades mercantiles no queden impunes y puedan alcanzar el patrimonio de los socios, en beneficio especialmente de las pequeñas empresas.

Finalmente, reconoció la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Economía, pero pidió soluciones para que las revisiones más exhaustivas de reglas de origen —derivadas del aumento de carga de trabajo— no generen demoras injustificadas en los avisos automáticos de importación (BUSEM).

Respuesta de Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agradeció la intervención y propuso sostener una reunión de trabajo para abordar con detalle los siete temas. Adelantó algunas posiciones.

Sobre la relación Sonora-Arizona, explicó que el objetivo actual es profundizar la asociación con Arizona y que se trabaja con la Universidad de Arizona, epicentro del desarrollo de capital humano para la industria de semiconductores.

Señaló que Phoenix recibirá alrededor de 100 mil millones de dólares de inversión en los próximos años, principalmente de origen taiwanés, orientada a reducir la dependencia de Asia en microprocesadores. México busca certificar habilidades en las 32 entidades federativas este año y participar a mayor escala en varios procesos.

Respecto a los estímulos fiscales de la frontera, consideró que se trata de “un buen punto”. Sobre el Golfo de California, afirmó conocer el caso. En materia de innovación y emprendimiento, indicó que se trabaja a través de Innovafest Emprendimiento y que la Secretaría cuenta con una unidad dedicada; no ve en el corto plazo la necesidad de crear un nuevo instituto, aunque está dispuesto a profundizar el diálogo.

Sobre la ley de abuso de la personalidad jurídica, reconoció su importancia. En cuanto a los avisos de importación y las reglas de origen, explicó que el comercio se orientará cada vez más hacia ese tipo de revisiones y que se preparan para el próximo año con mayor uso de inteligencia artificial, de modo que las empresas sin problemas no enfrenten dificultades innecesarias, en un esquema comparable al Global Entry de Estados Unidos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su jurídico, Joel Blas Ramos, presentó una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en contra de la Secretaria de Educación del Estado, Irma Martínez Manríquez, y la Coordinadora de Comunicación Social de dicha dependencia, Brenda Angélica Covarrubias Sánchez, por el presunto uso indebido de recursos públicos con fines electorales.

El abogado señaló que la denuncia expone la difusión de videos en Facebook se utiliza material con frases partidistas, ya que en el audio se escucha “Con B de bienestar, con C de compartido, en todo Baja California la 4T sí gobierna contigo”, en el marco de la visita de Mario Delgado a la entidad, el secretario de Educación a nivel nacional.

El documento fue entregado formalmente el 15 de octubre de 2026 ante Gabino Emmanuel Castañeda Ramírez, Secretario Ejecutivo en funciones del Consejo General del IEEBC, bajo la solicitud de iniciar un procedimiento ordinario sancionador.

Esto, explicó Blas Ramos, vulnera de forma directa el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos con imparcialidad y sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.

Por lo anterior, solicitaron medidas cautelares, y exigen que la autoridad electoral ordene a la Secretaría de Educación de Baja California y a su titular de comunicación el retiro inmediato de todos los elementos denunciados, así como de cualquier propaganda o material en el que aparezcan niños, niñas y adolescentes.