Corrupción
Denuncian a Valeria y piden salida de Netza
Por Dianeth Pérez Arreola
Una denuncia contra Valeria Oceguera fue interpuesta este lunes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de representantes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD y PES, quienes además piden la destitución del secretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán.
Acudieron a la FGE Mario Osuna, presidente estatal del PAN; Joel Blas del PRI; el presidente del PRD, Omar Sarabia, y Carlos Patiño García, presidente municipal del PES, así como la senadora Gina Cruz, la secretaria general estatal del PAN Rosario Rodríguez y el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Alejandro Cota.
Osuna informó que denunciaron penalmente a funcionarios de Gobierno del Estado por los delitos de desvío de recursos y la utilización de programas sociales en materia electoral. Lo hicieron ante la FGE pero también lo harán ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Esto es algo que se ha venido dando a nivel nacional en el gobierno de Morena, donde a través de los funcionarios de Bienestar se han estado utilizando los programas sociales para beneficiar a las corcholatas que están participando en el proceso de designación de coordinador del movimiento, explicó.
“Baja California no es la excepción, la propia gobernadora ha admitido que se ha incurrido en este desvío de recursos y sin embrago no pasa absolutamente nada, como no ha pasado en algunas otras denuncias que hemos presentado también”, indicó.
Joel Blas, en representación de Guadalupe Gutiérrez Fregoso, presidenta estatal del PRI, manifestó que también denunciarán los hechos que involucran a Oceguera y Jáuregui ante el Instituto Estatal Electoral en relación a un procedimiento especial sancionador.
Como medida cautelar solicitarán que se retire del cargo al secretario del Bienestar, ya que está violentando los principios de imparcialidad.
Sarabia, por parte del PRD, añadió que una de las corcholatas, Marcelo Ebrard, he denunciado los mismos hechos que hoy señalan los cuatro partidos. “Si hubiese un estado de derecho aquí en Baja California no habría necesidad de que estuviéramos presentando estas denuncias, ya hubieran cesado al Secretario del Bienestar y es lo que pedimos”, subrayó.
Patiño, representante del PES, precisó que no permitirán ningún tipo de extorsión a los ciudadanos y piden la cárcel para Oceguera.
Por su parte, la senadora Gina Cruz, resaltó que los funcionarios de Marina del Pilar roban, mienten y traicionan al pueblo de Baja California. Mañana tomará la tribuna en Ciudad de México para hacer del conocimiento del país lo que está ocurriendo en esta entidad.
“Que deje de mentir Marina del Pilar sobre todo cuando ella dice que Netzahualcóyotl Jáuregui son sus ojos, su mano derecha, su mano izquierda, son sus oídos, lo cual quiere decir que ella está plenamente consciente de lo que estaba sucediendo… finalmente es la punta del iceberg de lo que verdaderamente está sucediendo en este gobierno corrupto de Marina del Pilar”, dijo.
La denuncia es contra Oceguera y “contra quien resulte responsable”, y con esto los partidos políticos esperan que se investigue al superior de la exfuncionaria, es decir el secretario del Bienestar. También considerarán hacer una ampliación de la denuncia.
Caso José Ramón “N”
Blas explicó que en el caso de la denuncia contra el regidor José Ramón “N” ya se encuentra en el Tribunal de Justicia para lo que es substanciación. La fiscal general María Elena Andrade acaba de llegar, pero la conminan a darle celeridad a estas investigaciones.
Corrupción
Asegura IMOS que dejó de trabajar con empresa sancionada hace un año
El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.
En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.
El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.
Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.
De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.
Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.
Corrupción
Obtuvo Wermak Publired, sancionada por la OFAC, contrato con Agencia Digital de BC
El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.
La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.
El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.
El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.
En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.
La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.
Corrupción
Detienen a presunto autor de fraude inmobiliario en Tijuana
Por los probables delitos de fraude procesal, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Tijuana cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jair Alejandro “N”.
La diligencia se llevó a cabo aproximadamente a las 12:50 horas del 24 de septiembre de 2026, en Ruta Hidalgo, colonia Mariano Matamoros. De acuerdo con los datos que obran en la investigación, el 21 de diciembre de 2018, el detenido, en conjunto con otras personas, habría realizado actos tendientes a inducir al error a la autoridad administrativa denominada Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana.
Como parte de los hechos investigados, se señala que Jair Alejandro “N” habría presentado ante dicha autoridad un contrato de compraventa de fecha 17 de marzo de 2010, supuestamente celebrado entre la parte ofendida y el imputado, respecto de una vivienda ubicada en Jardines de Agua Caliente, primera etapa del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en esta ciudad.
Asimismo, la investigación refiere que, aprovechándose de las facultades derivadas de determinados cargos, el 20 de diciembre se habría realizado la ratificación del referido acto jurídico, mediante el cual se habría declarado frente a terceros a Jair Alejandro “N” como propietario del inmueble señalado.
Derivado de las investigaciones realizadas y en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Oralidad del Estado de Baja California, agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron al señalado.
Tras su detención, se le hizo del conocimiento el motivo de esta y se realizó la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.
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