La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en integración diversas investigaciones relacionadas con el regidor Francisco Molina cuyos antecedentes de investigación datan de 2021 y años anteriores, entre ellos asuntos por robo de vehículos, informó el fiscal central, Jesús Manuel López Moreno.

El funcionario indicó que, debido a que los expedientes continúan bajo revisión, no es posible proporcionar mayores detalles sobre los casos. Como publicó Brújula News, el funcionario tiene antecedentes por robo de vehículo, posesión y lesiones calificadas, no obstante pudo cumplir el requisito de entregar carta de no antecedentes para acceder a su cargo.

Precisó que algunos asuntos ya prescribieron, mientras que en otros se celebraron acuerdos reparatorios.“Los que él tiene en relación de antecedentes de investigación es del año 2021 hacia atrás”, señaló López Moreno al ser cuestionado sobre la temporalidad de los registros.

Respecto a los asuntos relacionados con robo de vehículos, explicó que corresponden a la Fiscalía especializada en esa materia y que algunos todavía se encuentran en proceso de integración.

Sobre una investigación por presunto intento de homicidio, el fiscal central evitó ofrecer información adicional y señaló que revisaría los datos específicos, incluido el domicilio relacionado con el caso y quién presentó la denuncia.

Este miércoles, en ficha informativa, la FGE informó que el regidor de Mexicali, tuvo dos denuncias antiguas y archivadas por no ejercicio de la acción penal. La institución precisa que una de las denuncias corresponde a 2012 y la otra a 2021.

Asimismo, aclaró que una tercera denuncia mencionada en medios de comunicación, relacionada con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, corresponde a una persona homónima, por lo que no se trata del regidor.

Por separado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, responsable de expedir las cartas de no antecedentes penales en el ámbito estatal, informó que, tras consultar la base de datos utilizada para emitir esos documentos, la persona en cuestión no aparece registrada como responsable de algún delito.

La dependencia explicó que, en ciertos casos, cuando una persona enfrentó un proceso penal por un delito considerado no grave y obtuvo una sentencia absolutoria, la ley le permite solicitar ante la instancia correspondiente la cancelación de ese antecedente para que no aparezca en las constancias requeridas con fines laborales.

La Secretaría indicó que esta posibilidad podría explicar la ausencia del registro en la base consultada para expedir la carta, aunque aclaró que ello no significa que la información desaparezca de los sistemas internos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En esos registros, añadió, los antecedentes pueden permanecer aun cuando exista una sentencia absolutoria.

El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.

En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.

El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.

Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.

De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.

Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.

El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.

La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.

El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.

El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.

En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.

La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.