El presidente de Copafmex Mexicali, Ernesto García Manjarrez, respondió que el diputado federal Armando Samaniego les ha dicho que “ve muy viable” que se de el decreto del IVA preferencial al 8 por ciento para la zona fronteriza en 2027, que el legislador dio como un hecho esta semana.

García Manjarrez explicó que han sostenido interacciones sobre el tema con el diputado Gilberto Herrera y con el senador Loera, quien preside los asuntos fronterizos en el Senado. También dijo que Samaniego se reunió con ellos hace un par de semanas, donde le expusieron la situación.

El dirigente empresarial subrayó que Coparmex sacó el tema hace varias semanas precisamente porque “no podemos estar con mayores elementos de incertidumbre”, pues el ánimo para invertir ya está golpeado por la incertidumbre económica y que desconocer cuándo se concretará la extensión frena la actividad de aquí al fin del año.

Recordó que la última extensión se dio justo el 30 o 31 de diciembre e insistió que se trata de eliminar al máximo posible la incertidumbre.

“Necesitamos un cuándo más preciso. Entiendo que no depende de una sola persona, pero si todos estamos enfocados a que esto, esta primera extensión del decreto, un decreto nuevo, quede de manera inmediata, nos da tranquilidad y se pueda trabajar en que cambien la ley de ingresos y la ley”, expresó García Manjarrez.

Después de cuatro días de bloqueo en la garita comercial Mexicali-Calexico, transportistas de carga acordaron retirar sus unidades tras establecer con el Gobierno de Baja California una mesa permanente de diálogo para atender la cancelación de visas estadounidenses y las diferencias en torno a las actividades que pueden realizar los operadores mexicanos en territorio estadounidense.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre representantes del sector y el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, quien se comprometió a dar seguimiento a los casos y gestionar su atención ante las autoridades correspondientes.

Como parte de los acuerdos, se instalará una mesa permanente en la que participarán autoridades estatales y representantes de las secretarías de Gobernación y de Economía, con el propósito de revisar los procedimientos mediante los cuales fueron canceladas las visas de los transportistas y buscar mecanismos de atención conjunta con las autoridades de Estados Unidos.

El conflicto comenzó el pasado jueves, cuando alrededor de 300 operadores bloquearon los accesos a la garita comercial de Mexicali en protesta por el retiro de visas B1 a transportistas mexicanos. Los inconformes señalaron que tan sólo el 2 de septiembre fueron retiradas las visas a 17 choferes en Mexicali.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la interpretación que autoridades estadounidenses hacen del llamado cabotaje, es decir, el traslado de mercancías entre puntos dentro de Estados Unidos que no corresponde al transporte internacional autorizado para operadores extranjeros.

Los transportistas han reclamado que durante las revisiones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se les cuestionan actividades realizadas durante sus recorridos y, en algunos casos, se les retiran sus visas. El gremio sostiene que existe incertidumbre sobre las reglas que deben cumplir una vez que ingresan a territorio estadounidense.

La protesta se extendió posteriormente al cruce comercial de San Luis Río Colorado, Sonora, mientras los operadores exigían reglas claras y una revisión de los casos individuales.

Durante las movilizaciones, representantes del Consulado de México en Calexico también acudieron a la zona para recopilar los testimonios y documentación de los transportistas afectados, con el objetivo de remitir los casos a la Cancillería y darles seguimiento ante autoridades estadounidenses.

El levantamiento del bloqueo no significa el cierre del conflicto. Los transportistas establecieron que esperan avances concretos en la revisión de las visas revocadas y en la definición de las reglas relacionadas con el cabotaje. En caso de no obtener resultados dentro del plazo acordado, advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y ampliar las protestas a otros cruces fronterizos de la región.

La confianza de los empresarios de Baja California en el desempeño del gobierno estatal se encuentra entre las más bajas del país, mientras que la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre económica aparecen como algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios, de acuerdo con los resultados de DataCoparmex 2026.

El indicador “Marcaje a mi gobierno”, presentado hoy por Ernesto García Manjarrez, presidente de Coparmex Mexicali, revela que únicamente 11.8 por ciento de los socios de Coparmex en Baja California considera que el gobierno estatal ha cumplido con los propósitos para los cuales fue electo, porcentaje que contrasta con el 29.2 por ciento nacional.

Con este resultado, Baja California se ubicó en el lugar 30 de 31 entidades, 17.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, dijo. Entre quienes consideran que el gobierno estatal no está cumpliendo con sus objetivos, la inseguridad aparece como la principal falla señalada, con 29 por ciento de las menciones, seguida por corrupción, con 21.5 por ciento, e infraestructura y servicios públicos, con 18 por ciento, comentó.

La proporción de empresarios que señala la inseguridad como principal deficiencia también supera el registro nacional, que fue de 22.7 por ciento, manifestó García Manjarrez.

Corrupción, otro foco de preocupación

El indicador “MxSinCorrupción” señala que 36.4 por ciento de los socios Coparmex en Baja California experimentó algún acto de corrupción durante el último año, frente al 30.4 por ciento registrado a nivel nacional, agregó el presidente del organismo empresarial.

La entidad se ubicó así en el quinto lugar de 31 estados considerados en este indicador. No obstante, el resultado representa una reducción de 10.7 puntos respecto a 2025, cuando el porcentaje alcanzaba 47.1 por ciento, añadió.

Menor disposición para invertir

El panorama tampoco resulta alentador en materia de inversión. El indicador “Ánimo para invertir” registró en Baja California apenas 18 por ciento, por debajo del 23 por ciento nacional, remarcó el presidente de Coparmex Mexicali.

La entidad ocupó el lugar 27 de 31, luego de registrar una caída de 14.8 puntos respecto a 2025, cuando 32.9 por ciento de los socios consideraba que era un buen momento para invertir. A pesar de ello, 50.9 por ciento de las empresas consultadas manifestó tener planes de ampliar su número de colaboradores, sucursales o productos, ligeramente por encima del 50.3 por ciento nacional, indicó.

Entre los principales obstáculos para el crecimiento empresarial destaca la incertidumbre económica, con 25.7 por ciento de las menciones; le siguen la inseguridad, con 20.8 por ciento, y la incertidumbre política, con 19.7 por ciento. Esta última supera en 3.1 puntos el porcentaje nacional de 16.6 por ciento, precisó.

Casi seis de cada 10 empresas reportan problemas con trámites

Otro de los indicadores que coloca a Baja California en una posición desfavorable es el “Gasto regulatorio”, observó. Seis de cada diez socios Coparmex reportó haber enfrentado algún problema al realizar trámites gubernamentales durante el último año, frente al 46.9 por ciento nacional. Con ello, el estado se ubicó en el tercer lugar de 32 entidades.

Aunque el porcentaje disminuyó 6.4 puntos respecto a 2025/I, cuando era de 66.3%, Baja California continúa entre los estados con mayor proporción de empresas que enfrentan dificultades en sus trámites. Aseveró que los problemas se presentaron principalmente ante gobiernos municipales, con 36.1 por ciento de las menciones, seguidos por el ámbito estatal, con 34.2 por ciento, y el federal, con 29.7 por ciento.

En el caso específico del SAT, 29.5 por ciento de las empresas en Baja California reportó haber enfrentado algún problema entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ocho puntos por encima del promedio nacional, declaró García Manjarrez. La principal problemática fue la devolución de impuestos pendientes, señalada en 58 por ciento de los casos, frente a 50 por ciento nacional.

Inseguridad: baja la victimización, pero aumenta el impacto de la extorsión

En materia de seguridad, 44 de cada 100 los socios Coparmex en Baja California manifestó haber sido víctima de algún delito durante el último año, porcentaje inferior al 45.6 por ciento nacional, dijo.

Sin embargo, entre las empresas que sí fueron víctimas de un delito, la extorsión o cobro de piso representa el principal problema, con 23 por ciento de las menciones, cinco puntos por encima del promedio nacional de 18 por ciento. Le siguen el robo de mercancía en tránsito, con 13.8 por ciento, y el delito informático, con 12.6 por ciento.

Además, dentro de las empresas víctimas de extorsión, 61.4 por ciento señaló que ésta ocurrió vía telefónica, mientras que 15.8 por ciento reportó cobro de piso y 8.8 por ciento extorsión por internet, explicó García Manjarrez. Ante este escenario, 47.5 por ciento de las empresas bajacalifornianas aumentó su gasto en medidas de seguridad durante el último año, por encima del 44.3 por ciento nacional.

Los resultados de DataCoparmex dibujan así un escenario contradictorio para Baja California: aunque existe una proporción ligeramente mayor de empresas que planea crecer respecto al promedio nacional, persisten niveles elevados de percepción de corrupción, dificultades regulatorias, inseguridad e incertidumbre económica y política, factores que coinciden con un marcado descenso en el ánimo empresarial para invertir.