Reportaje
“Ley Transa” en Ciudad Juárez permite circular sin placas

Bajo un esquema alterno al oficial, la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con requisitos de ley para transitar, una actividad que se lleva a cabo en contubernio con vendedores de autos usados, a través de una tienda de abarrotes y souvenirs donde han entregado más de 100 mil permisos en los últimos 12 meses
Investigación: La Verdad Juárez
Con la complicidad de vendedores de automóviles usados, la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con el esquema oficial, en una actividad irregular que tan solo en el último año pudo haber generado unos 42.5 millones de pesos –más de 2.2 millones de dólares–.
La entrega de esos permisos temporales se realiza en un negocio denominado La Tiendita, en la avenida Teófilo Borunda, a unos 550 metros de la dependencia municipal, que funciona como oficina paralela a Seguridad Vial, también conocida como Tránsito.
En vez de ser rechazados, los propietarios de autos usados que no cumplen con los requisitos oficiales para conseguir de manera legal el permiso provisional para circular sin placas, son enviados por los propios funcionarios de Seguridad Vial a La Tiendita, un negocio con venta de botanas y souvenirs.
En ese lugar, los loteros, como son conocidos los vendedores de autos usados, cobran en efectivo por el permiso sin entregar a los dueños de los automóviles un recibo o ticket por el pago del trámite –en contra de las normativas fiscales–.
Además, esos documentos para circular sin matrícula son expedidos por Seguridad Vial a nombre de los vendedores de autos usados, y no del poseedor del automóvil, como se establece en las normas del municipio.
Ciudadanos en el exterior de la oficina de la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez, ubicada en la avenida Óscar Flores, casi Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández
Fachada de La Tiendita, ubicada en la avenida Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández
Esto ocurre pese a que no existe un sustento legal que permita que los loteros gestionen permisos para que sean usados en vehículos de los que no tienen la propiedad, de acuerdo con datos y documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información.
Si bien admiten que no existe una autorización explícita para la operación de este esquema, el dirigente de la Asociación de Loteros, Sergio Grijalva Domínguez, como el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, aseguran a La Verdad Juárez que dos disposiciones los amparan: por un lado, un oficio en el que las autoridades municipales conceden a los loteros un descuento en el trámite de los permisos y, por el otro, una carta poder que piden firmar a todas aquellas personas que acceden al documento por esta vía.
Sin embargo, esta investigación periodística pudo constatar que en el acuerdo entre el municipio y los loteros que ambas fuentes mencionan, identificado como el DGIC/034/2021 y firmado en octubre de 2021, no se hace referencia a ninguna autorización para que vendedores de autos gestionen permisos a nombre de terceros, ni para que usen sus nombres en permisos de vehículos de los que no tienen la propiedad, como tampoco para permitir que se expidan documentos a solicitantes que no cumplen con todos los requisitos de ley.
El documento se limita a indicar que “por disposición del Presidente Municipal (Cruz Pérez Cuéllar) se otorgará el 50% de descuento para todas las asociaciones” y se citan tres oficios previos –el 340/2021, 342/2021 y el 347/2021– en los que se detalla el nombre de las 15 agrupaciones de vendedores de autos usados beneficiarias de esa disposición.
Oficio del Gobierno Municipal sobre el acuerdo de los descuentos que se otorgan a loteros en la expedición de permisos de circulación, con fecha de octubre de 2021, obtenido por Transparencia
Bajo este esquema con loteros, del 25 de julio del 2023 al 25 julio del 2024 se otorgaron 105 mil 435 permisos, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP), corporación de la que forma parte la CGSV, en respuesta a una solicitud de información formulada para esta historia. Si se considera que los permisos se tramitan seis días a la semana, de lunes a sábado, se puede calcular que durante ese año se expidieron un promedio de 346 por día.
Pese al descuento del que, en el marco del acuerdo con el municipio, disponen los loteros, estos cobran completo a los ciudadanos el precio oficial de 425 pesos por un permiso de 30 días. Al tomar en cuenta que a ese monto ascendió el precio del documento en 2024 luego de que, en 2023, se pagaban 375.70 pesos, una sencilla multiplicación dará que los loteros recaudaron en el mismo período, por los más de 100 mil permisos provisionales expedidos, alrededor de 42 millones 543 mil 229 pesos.
La cifra es mayor que los 31 millones 992 mil 861 pesos que el propio municipio recibió durante ese plazo anual por concepto de la emisión regular de 90 mil 818 permisos.
Pero la duda razonable que queda es si esos fondos finalmente ingresaron a la Tesorería Municipal.
“Si hay un precio completo y no se está pagando (…) se trata de un daño importante a la hacienda pública, (serían recursos) que no están sirviendo para mejores parques, luminarias, calles”, dice en entrevista René Moreno, activista en materia anticorrupción.
Esta vía informal, hasta irregular, para obtener los permisos se puso en marcha en medio de la creciente circulación en la ciudad de vehículos sin placas, de los que se calcula hay en la actualidad unos 200 mil vehículos, así como ante la implementación del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, llamados chuecos, que arrancó el Gobierno Federal en febrero del 2022 para automóviles que ya estaban en en el país.
Este último es el programa al que alude el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, en su entrevista con La Verdad Juárez. Lo invoca para justificar la expedición de permisos bajo ese esquema con loteros. Asegura que el decreto federal alentó la importación de autos y rebasó todas sus expectativas.
Tráfico vehicular sobre la avenida Tecnológico en Ciudad Juárez. Fotografía: Alicia Fernández
“No había ni engomados ni placas y los ciudadanos querían circular”, dice. Según su versión, ante la presión de los usuarios, las autoridades habrían optado por otorgar los permisos por vías alternas, a fin de atender hasta a quienes incumplieran con los requisitos exigidos en la normativa.
De haber sido así, se trataría de un giro inexplicable para René Moreno, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Considera que la detección de dificultades para la expedición de un permiso debería ser motivo para la revisión del trámite, antes que una invitación a la ciudadanía para que burle el trámite y actúe en connivencia con una irregularidad que las propias autoridades alientan.
“Si realmente les interesara hacer los permisos bien, quitas el trámite del pedimento o dejas algo que sea cumplible, que sea legal. Si no lo hacen es porque evidentemente hay una mochada. ¿Para quiénes? Quién sabe. Se supone que los municipios tienen comités de mejora regulatoria, ¿qué están haciendo si están viendo que miles de personas no cumplen con el trámite?”, subraya.
El Coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez, no respondió a las solicitudes de entrevistas presentadas por La Verdad Juárez a través de Comunicación Social de la dependencia. Y, de hecho, la entrevista con el jefe de Permisos, Manuel Aguilar, se dio de manera imprevista o colateral. Se había concertado una entrevista con Sergio Grijalva Domínguez, dirigente de la Asociación de Loteros. El encuentro tuvo lugar en un local comercial, donde Grijalva se presentó en compañía de otro individuo, que luego intervino en la entrevista con algunas respuestas. Solo entonces reveló que era Aguilar, un alto funcionario de Seguridad Vial.
También se buscaron las versiones de varios de los loteros cuyos nombres aparecen en los permisos a los que La Verdad Juárez tuvo acceso y de representantes de agrupaciones de vendedores de autos usados, pero hasta la fecha no se había obtenido respuesta de ellos.
En Tránsito empieza el tráfico
El tráfico de permisos se inicia en la Coordinación de Seguridad Vial en contubernio con loteros y concluye en La Tiendita, a la vista de quien quiera comprobarlo.
De lunes a sábado, cada persona que acude a tramitar su permiso de circulación entra a las oficinas de la CGSV, ubicada en la avenida Óscar Flores, y entrega los documentos al personal de Seguridad Vial que revisa cada papel. Si todo está en regla, se emite la orden de pago y, cuando este se ha concretado, el solicitante recibe el permiso expedido a su nombre y de acuerdo a los días de vigencia que haya solicitado.
Pero cuando el personal de la dependencia vial detecta que, en realidad, falta algún requisito o, al menos, que existe una posibilidad de hacer creer al ciudadano que no cumple con lo estipulado para seguir con el trámite, se le ofrece una solución inesperada: ir a la cercana La Tiendita. Allá le ayudarán los loteros, para quienes deberá firmar una carta poder con la que buscan blindar la irregularidad.
Fue el caso de Ernesto (nombre ficticio), por ejemplo, quien accedió a conversar con La Verdad Juárez a cambio de que se reservara su identidad. “En la ventanilla de permisos [de Seguridad Vial], una chica que trabaja ahí me dijo: ‘Hay una manera de sacar el permiso cuando no cumples con los requisitos necesarios, la única diferencia es que el permiso no va a salir a tu nombre, va a salir a nombre de alguien más’”, cuenta. En esa oportunidad, Ernesto buscaba un permiso para una camioneta importada de Estados Unidos. Pero debió desviarse por el camino de los loteros cuando en Tránsito le hicieron notar que los documentos del vehículo no estaban a su nombre y, por lo tanto, no podía completar el trámite regular.
“Yo le pregunté ‘¿y esto me va a generar algún problema a mí, que el permiso no esté a mi nombre?’”, continúa Ernesto su relato. “Entonces ya me explicó: ‘no, tenemos un convenio con la Asociación de Loteros. El permiso sale a nombre de ellos, pero nosotros mantenemos un registro de quién es la persona que tramita el permiso, en este caso, aunque esté a nombre de otra persona, sí vamos a tener la información de que tú lo tramitaste’”.
Esta experiencia se repite en los testimonios de al menos una docena de las personas entrevistadas para esta investigación, que acudieron a Seguridad Vial a tramitar sus permisos como es debido. Los detalles coinciden en cada relato, aunque lo que suele cambiar es el pretexto que los funcionarios alegaron para remitirlos a La Tiendita: unos por la falta de engomado ecológico, otros por carecer de holograma del Registro Público Vehicular (REPUVE) o por no contar con documentos que acrediten la propiedad del vehículo.
El permiso de circulación se basa en el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en su artículo 9 fracción XVIII, que señala que el Coordinador de Seguridad Vial tiene la facultad de expedir permisos provisionales para circular sin placas.
Por la normativa, entre los requisitos y recaudos que deben cumplir quienes deseen obtener los permisos figuran: “Ser vehículo regularizado, ya sea nacional o importado nuevo por agencia vehicular, importado en calidad de usado por pedimento de importación o regularizado por decreto presidencial. Documentos que acrediten el registro y la propiedad del vehículo como lo son facturas, pedimento de importación, constancia de recepción de información en el Registro Público Vehicular (REPUVE) y holograma de REPUVE según sea el caso. Documentos de identificación del solicitante como son: identificación oficial con fotografía, licencia de conducir y comprobante de domicilio. En caso de ser vehículo de placas registradas con anterioridad, se solicita la baja de placas”.
Al momento de solicitar el trámite, los solicitantes deben presentar el vehículo al que el permiso corresponderá, de modo de permitir que las autoridades revisen algunos aspectos. Según informa la SSP en su respuesta 080155924000840, entonces se revisan los documentos en la Plataforma México para correr serie y verificar que no haya reporte de robo, además de que se hace una revisión física del vehículo. Una vez terminada esa revisión, se capturan los datos, se emite la orden de pago y luego se hace el mismo en Tesorería Municipal. Solo contra la entrega de la orden de pago y del comprobante correspondiente, el solicitante recibirá el permiso.
Ventanillas de permisos en la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez. Fotografía: Gobierno de Ciudad Juárez
Pero nada de eso ocurre en La Tiendita, pues ¿para qué? No en vano, para allá encaminan los funcionarios de Seguridad Vial a quienes justamente no cumplen los requisitos.
“No llevé tampoco el vehículo presencial porque me dijeron que, cuando vas a hacer el trámite de manera correcta, sí te piden que lleves el vehículo, inclusive la inspección en el número de serie y algunas otras cosas, pero de esta manera (cuando se hace el trámite irregular) no se hace inspección alguna de vehículo, entonces no llevé este vehículo”, dice una de las personas entrevistadas.
Otro de esos entrevistados dice: “Cuando te falta algún documento, en mi caso (…) el engomado ecológico, (el permiso) se da por medio de un lotero”.
Y otro más recuerda: “Nos dijeron en voz alta que el permiso no iba a salir a nuestro nombre, que iba a salir a nombre de alguien de la Asociación de Loteros, que aún así, nosotros teníamos la responsabilidad de no cometer infracciones, porque sí tenían nuestra información y nuestra información estaba ligada al número de permiso a pesar de que no tuviera nuestro nombre”.
En efecto, cuando las personas aceptan esta opción, se les pasa a un jardín que está dentro de las instalaciones de Seguridad Vial, donde se les informa que, debido a un convenio existente entre el Municipio de Juárez y la Asociación de Loteros, es posible expedir los permisos de circulación sin placas a nombre de comerciantes de vehículos usados.
Y de allí salen a continuar el trámite con los loteros en La Tiendita.
Personas formadas en fila en el exterior de La Tiendita, donde se mantienen a la espera de ser llamados para pasar por el permiso para circular para su vehículo; 11 de julio a las 11:30 horas. Fotografía: Rocío Gallegos
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En La Tiendita lo consigues todo
La Tiendita es un comercio de venta de botanas, refrescos, souvenirs y artículos básicos de higiene. También ofrece algunos productos y servicios de papelería. Una suerte de tienda de conveniencia. Se encuentra a unos pasos de la Central Camionera de Ciudad Juárez, sobre la avenida Teófilo Borunda, y comparte estacionamiento con el Hotel Central y con el restaurante Rincón del Refugio. Todos estos locales quedan muy cerca de la sede de la Coordinación General de Seguridad Vial de Ciudad Juárez.
Por lo general, alrededor de las 10:30 horas llegan al local las personas que desde las oficinas de Seguridad Vial envían a tramitar el permiso de circulación. Apenas minutos antes, al lugar habrá arribado un hombre que porta un folder.
Al fondo del comercio comienza a hacerse una fila de personas que el hombre pronto se encarga de atender. Según constató La Verdad Juárez en un par de visitas, este individuo cobra el canon correspondiente (algunos testimonios indicaron que el pago fue de 25 pesos más que el precio oficial) y entrega el permiso a cada uno de los solicitantes. Del pago a la emisión del documento, con una vigencia de hasta 30 días, pasan apenas un par de minutos.
Por el procedimiento se atiende a unas 30 personas por turno, con cinco turnos al día; así podría llegar la cuenta a 150 personas por jornada. El reciente 30 de julio, La Verdad Juárez pudo constatar que 93 personas obtuvieron su permiso, mientras que 127 lo hicieron al día siguiente. El permiso es el trofeo con el que todos quieren marcharse tras la rápida gestión. Aunque observen un detalle que por sí solo sugiere que algo irregular ocurre: a nadie le entregan un comprobante del pago.
Un hombre identificado como el encargado de entregar en La Tiendita los permisos de circulación a los propietarios de los vehículos que incumplen con el esquema oficial. Fotografías: Anabel Rojas.
En la entrada al local, del lado derecho, hay un mostrador en el que la cajera y su ayudante sacan copias y enmican los permisos, en caso de que alguien lo requiera. Ambas organizan también el acceso al comercio cuando aumenta el flujo de personas en la fila.
A veces es tan grande la cantidad de personas que acuden a La Tiendita para pagar el permiso de circulación, que se hacen filas afuera del comercio, visibles a los ojos de los transeúntes, incluso ante los ojos de elementos de policía.
El pasado 31 de julio, por ejemplo, La Verdad Juárez fue testigo de cómo dos sujetos con armas y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación llegaron al comercio en un vehículo oficial y saludaron a uno de los gestores encargados de entregar los permisos. Después de permanecer dos horas en el local, los policías se retiraron mientras seguía sin sobresaltos la operación de pago y entrega del documento oficial.
En semanas recientes se instaló dentro de La Tiendita, al fondo, un módulo especialmente dedicado a la entrega de los permisos. En la pared de esa especie de módulo están pegados siete escritos que distintos loteros dirigen a Manuel Aguilar Romero, el Jefe de Permisos de la CGSV, por los que autorizan a terceros para actuar en representación de ellos en la entrega y recepción de los permisos vehiculares.
Los firmantes de los diferentes oficios son Ciro Alberto Rivera Gutiérrez, representante del lote La Curva; Carlos Lozoya Mendoza, de CLM Automotriz; Fátima Alondra Lomelí Luján, de Sam-Lom Car´s; Edgar René Gallegos Nájera, de Unión de Vendedores de Autos Ejército Nacional; César Ibarra Soto, de Grupo Cislot INMEX AC; Carlos Antonio Lechuga Ávila, de la Asociación de Vendedores de Autos Usados; y Miguel Francisco Rojo Balderrama, de Autos Rojo.
En una de las visitas realizadas al comercio fue posible hablar con Carlos Baray, quien se ostenta como propietario de La Tiendita.
El hombre asegura que él solo se encarga de rentar el espacio a la Asociación de Loteros, pero se negó a identificar a las personas a cargo del negocio que tratan con él, así como a dar detalles sobre la operación del lugar, con el argumento de que se trata de un negocio privado.
Alega además que en el lugar están a la vista documentos en los que aparecen los nombres de los loteros autorizados para hacer los trámites, y que ahí solo se entrega el permiso de circulación, porque la gestión se hace en Vialidad.
Baray asegura que el módulo opera de manera irregular, porque “de repente van y vienen” y a la fecha tendría solo un par de meses ofreciendo ese servicio en La Tiendita. “Son como dos meses, de repente como que agarran otro módulo de entrega, dependiendo, y se vienen otra vez para acá, dependiendo las necesidades de ellos”, dice.
Sin embargo, La Verdad Juárez pudo confirmar que el módulo funciona al menos desde enero de este año. Por su lado, el propio individuo que renta el lugar, Sergio Grijalva, de la Asociación de Loteros, refiere que llevan ahí como un año y medio, algo que contrasta con lo que Baray afirma.
Baray descarta que se trate de una actividad ilícita. Se basa en su propia experiencia como lotero, actividad a la que, según revela, alguna vez se dedicó; por lo tanto, conoce de lo que habla. Recalca que nunca ha tenido problemas con Vialidad.
Sin embargo, este negocio no está autorizado para procesar pago alguno del Municipio, como confirmó la Tesorería de Juárez en varias respuestas a solicitudes de información.
En la actualidad, precisa la Tesorería, la administración que encabeza el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar tiene convenios con el supermercado Smart y con las cadenas de autoservicio Del Río y Oxxo para permitir el pago en sus sucursales “única y exclusivamente del Impuesto Predial y de infracciones de vialidad”.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública detalla, también en respuesta a una petición de información, que el trámite completo solo puede realizarse en las oficinas públicas de la CGSV.
Ciudadanos al salir de La Tiendita luego de recibir el permiso de circulación para sus vehículos. Fotografías: Anabel Rojas
“Se informa que todos los trámites de permisos provisionales para circular sin placas se realizan ante el Departamento de Permisos de la Coordinación General de Seguridad Vial y todos los pagos se efectúan por parte del titular del permiso ante las cajas de Tesorería Municipal”, dice la dependencia municipal en otra respuesta.
Sergio Grijalva Domínguez, líder del tianguis de autos Chavira Jilotepec y de la Asociación de Loteros de Ciudad Juárez que opera en La Tiendita, asegura que el esquema “es un trato especial” que las autoridades dan a los vendedores de vehículos usados a raíz del creciente número de carros que circulan sin placas en la localidad.
Al tiempo que asegura que ese privilegio no es nuevo, dice que desde hace un año y medio empezó la expedición de los permisos bajo esta modalidad. En cambio, el jefe de Permisos de Seguridad Vial, Manuel Aguilar, menciona que iniciaron bajo este esquema desde octubre de 2022, a unos meses de la implementación del programa de regularización de autos chuecos.
“Los permisos salen a nuestros nombres, es para el vehículo, pero es responsabilidad de la persona que usa la unidad”, explica Grijalva Domínguez y añade que es Seguridad Vial quien así lo autoriza. “En Tránsito revisan todo y ellos determinan si se autoriza o no el permiso”.
Cuestionado sobre por qué no se entrega un recibo por el pago del servicio a los ciudadanos, el líder lotero dice: “Nosotros pagamos el permiso, el comprobante se nos entrega a nosotros”, pero se niega a mostrar al menos uno de esos tickets, que permita confirmar su versión.
Seguridad a la venta y con descuento
En Ciudad Juárez, una comunidad de más de un millón y medio de habitantes, circulan casi un millón de vehículos.
De esa cantidad, 730 mil lo hacen de manera legal, es decir, cuentan con una placa metálica oficial, de acuerdo con datos a julio de este año reportados por Recaudación de Rentas, instancia estatal encargada de expedir y canjear placas vehiculares.
Al mismo tiempo son más de 200 mil los vehículos chuecos, es decir, sin placas oficiales, según estimaciones de Seguridad Vial del Municipio de Juárez. Esta cifra ofrece una dimensión del mercado de los permisos provisionales para circular, que en una importante porción se atiende a través del esquema paralelo con los loteros.
Con el argumento de resguardar la seguridad pública, el Gobierno Municipal de Juárez comenzó en 2006 a emitir un permiso provisional para circular sin placas, de manera que hubiera forma de identificar a los carros chuecos.
Pero la ironía es que permisos como los entregados en La Tiendita vulneran esa previsión de seguridad, pues llevan impresos nombres diferentes a los de los propietarios reales de los vehículos.
Ya en 2017, un doble homicidio puso en evidencia las consecuencias de esa contradicción.
En aquella ocasión, dos hombres fueron acribillados en el estacionamiento de un restaurante. La camioneta desde la que les dispararon portaba un permiso de circulación sin placas a nombre de un tal Alberto Rivera, quien resultó un líder de vendedores de autos que no era el dueño efectivo de la unidad involucrada en el asesinato. Al circular con un permiso expedido a nombre del vendedor de autos, no se pudo conocer la identidad del dueño de inmediato.
El mismo año del crimen las autoridades aceptaron que había un convenio para que vendedores de autos tramitaran permisos a su nombre y luego los vendieran a terceros. Así, en esta frontera binacional, circulaban y circulan todavía vehículos de los que no se sabe quiénes son los dueños, gracias a un sistema que funciona al amparo de la propia corporación encargada de conservar la seguridad vial en las calles.
Con el mismo propósito de reforzamiento de la seguridad se implementaría luego el decreto que permitió la regularización en todo el país de los llamados vehículos chuecos.
Según las autoridades federales, “el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera irregular en México y que existe una considerable cantidad de éstos en el territorio de las entidades federativas de la frontera norte”, como se indica en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
El permiso que actualmente expide la CGSV de Juárez está impreso a color y exhibe un holograma, el sello de la corporación, número de folio, fecha de expedición, número de días de vigencia del permiso, fecha de vencimiento, el escudo del Ayuntamiento de Juárez, la imagen institucional del Gobierno Municipal, y debe llevar la firma del coordinador general de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez.
Sin embargo, en una decena de permisos entregados en La Tiendita, y a los que tuvo acceso La Verdad Juárez, se aprecian algunos vacíos, como la falta de holograma o del número de días que se puede circular. Además, se aprecian al menos tres firmas distintas.
En los permisos que La Verdad Juárez revisó se repiten unos cuatro nombres: Carlos Lechuga, Alfonso Surita Rosas, Alberto Rivera Gutiérrez y Miguel Francisco Rojo Balderrama. Son líderes del gremio de vendedores de autos usados.
El oficio DGIC/034/2021 detalla que las organizaciones beneficiadas con un descuento del 50 por ciento en el costo del permiso de circulación son: GRUPO CISLOT INMEX, AC, Renacimiento La Curva, Autos X, Lote Chavira II, Turys Car, Lote Troncoso, Tetos Cars, Autos Chavira Jilotepec, UIVAC, Venta de Autos Ejército Nacional, La Curva Perimetral, Autos Rojos SA de CV y SERVIGON Servicios Aduanales, Agencia de Importación Vehicular.
El descuento otorgado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar se ampara en la autorización para “condonar derechos y aprovechamientos de tipo corriente” de la que dispone ese cargo, según lo establecido en el artículo 88-A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua y en el 126 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
Antes de esa disposición, el Municipio de Juárez ya había firmado al menos tres autorizaciones (correspondientes a los oficios TM/CJT/3034/2021, TM/CJT/3037/2021 y TM/CJT/3136/2021), en las que se comprometía a otorgar descuentos de entre 30 a 40 por ciento a diferentes agrupaciones de loteros, con el argumento de que los vehículos importados pudieran circular debidamente identificados “al momento de su reparación o pruebas de manejo”.
Pero en ninguno de estos acuerdos se menciona la autorización para que los loteros revendan o gestionen permisos a nombre de terceros, o para que presten sus nombres para la expedición de documentos.
Manuel Aguilar, jefe del Departamento de Permisos, comenta que este mecanismo operado por loteros es una forma de brindar “apoyo” y “facilidad” a la ciudadanía que no cumple con los requisitos para tramitar el permiso, lo que así prevendría el tráfico y la compra de permisos falsos.
Además, Aguilar recuerda que las autoridades han llegado a detectar la expedición de permisos falsos. Pero que, al final, presentados ante la Fiscalía General del Estado, los casos quedaron cerrados, pues el Ministerio Público terminó acreditándolos como compras de buena fe.
El funcionario explica que la puesta en marcha del mecanismo con loteros obedeció a una instrucción dada “desde Presidencia”: “Nos dijeron que buscáramos la forma de que se cubriera el objetivo primordial, que teníamos que pensarla, y el procedimiento se ha ido puliendo a lo largo de este tiempo”, proceso que sintetiza con un refrán: “La carga echa a andar el burro”.
Pero a la vez dice que no recuerda el nombre de la persona que dio la orden; solo sabe que ocurrió en una reunión en la que participaron los representantes jurídicos de varias áreas. En cambio, sí está en posición de confirmar que quien quiera que haya dado la orden no fue ni su jefa inmediata, a quien identificó como Carolina Hermosillo, Jefa Administrativa de CGSV; ni tampoco César Tapia, el Coordinador General.
“Estuvimos buscando cómo hacerle y se llegó a un acuerdo con los líderes de loteros (…) el primordial propósito es la seguridad. Es primordial que el vehículo tenga una identificación (…) que el ciudadano ande bien, que circule sin exponerse a multas excesivas o que se cometan ilícitos con vehículos no identificados”, insiste Aguilar.
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Créditos:
Coordinación:
Rocío Gallegos
Gabriela Minjáres
Investigación:
Anabel Rojas
Rocío Gallegos
Gabriela Minjares
Itzel Ramírez
Fotografías:
Anabel Rojas
Alicia Fernández
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Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Aquí puedes consultar la publicación en La Verdad Juárez.
Corrupción
Despojan a mujer de su propiedad en el Valle con contubernio de autoridades

El 17 de marzo pasado, Gabriela López Cital tuvo una llamada desde un número de teléfono de Estados Unidos con una mujer que se ostentó como la propietaria de un predio en el Valle de Mexicali que está en posesión de la familia de Gabriela desde hace cuatro generaciones.
Acordaron verse en un lugar y llevar cada una los documentos que las amparan como propietarias del mismo terreno, ubicado en la colonia Colorado Cinco, delegación Cerro Prieto, de 10 hectáreas de superficie.

Gabriela consultó con su abogada, quien le recomendó no ir y no mostrar el documento que la respalda como auténtica propietaria del predio a nadie que no sea la autoridad.
Las diez hectáreas fueron otorgadas al padre de su suegro, tras el movimiento del asalto a las tierras. Con el paso del tiempo, la familia fue permitiendo que diversas familias se asentaran en una parte del predio. Al quedar viuda, Gabriela decidió actualizar la propiedad para lotificarla y quedó asentada en un documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) una superficie de 7.5 hectáreas para no afectar a las familias. En ese predio tenía una casa rodante donde a veces pernoctaba.

El 20 de marzo a Gabriela se le deja venir un vehículo salir de su propiedad, y su auto queda parcialmente fuera del predio. La aborda la mujer de la llamada telefónica, Celia del Carmen Astudillo Oropeza, alias Carmen Oropeza Hernández, alias Carmen Oropeza viuda de Astudillo, alias Celia Astudillo Oropeza, alias María del Carmen Oropeza Hernández.
Esta mujer tiene más de 90 denuncias, muchas por fraude. Una parte de ellas aparecen en el viejo sistema, y muchas las ha zanjado con reparación del daño, de acuerdo con información de fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado.
También la increpa por la ventanilla un hombre encapuchado, identificado como José Ángel Soto Cuevas y otro sujeto, quienes le piden irse del predio con palabras y gestos amenazantes. Para su alivio, ve acercarse una patrulla de la Policía Municipal, pero el agente al acercarse le pide lo mismo que la mujer y los dos hombres: que abandone su propiedad.

Ella contesta que no se irá y da reversa a su auto, para regresar a su casa rodante. El hombre encapuchado llama a la Fiscalía General del Estado (FGE) y llegan dos unidades, un pick up y un auto pequeño, que tienen los logos de la corporación, los cuales permanecen horas afuera del predio, junto con el hombre encapuchado como una manera de intimidar a Gabriela, pues los agentes no buscan hacer contacto con ella. Llama al 911 y no llega nadie. La abogada llega a la comandancia del ejido Michoacán de Ocampo para convencer a la policía que la acompañe al predio, para hacer frente al asedio que sufre Gabriela.
El agente de la FGE que iba en el pick up, quien permanece con el rostro cubierto, le dice al policía municipal que es Ministerio Público del área de Patrimoniales, pero no quiso identificarse ante Gabriela y su abogada. El policía que levantó el reporte, tampoco quiso proporcionárselos.
Eso sucedió como a las tres de la tarde, y las unidades de la FGE se fueron cerca de las ocho de la noche. Interponen una primera denuncia contra Celia del Carmen por ataque peligroso al día siguiente, el 21 de marzo (NUC 0202-2025-07155).

De esta mujer saben que tiene domicilio en Estados Unidos, y para sus asuntos legales da una dirección de la colonia Santa Rosalía, en Mexicali. Se ostenta como abogada y sus empleados se refieren a ella como “la licenciada”, sin embargo, no aparece cédula profesional alguna a su nombre o alguno de sus múltiples alias.
Gabriela manda a hacer varias lonas que coloca en el perímetro de su terreno, para decir que es propiedad privada. El 26 de marzo se encontraban tres trabajadores de Gabriela haciendo un cerco cuando se aproximan dos patrullas de la Policía Municipal. Esposan y suben a dos de ellos mientras el tercero toma video de los hechos con su teléfono desde lejos.
En eso llega una grúa, y enfrente de los agentes -aprovechando la ausencia de Gabriela-, engancha la casa rodante y se la lleva. Para llevarse un vehículo de esas dimensiones se necesita una grúa especial, así que la acción ya estaba planeada, y se ejecuta frente a la policía sin que medie documento alguno que avale esa medida y sin que intervengan.
La patrulla donde se llevan a los dos trabajadores se dirige a la carretera a San Felipe. Se estacionan por cuatro horas junto a un retén de la Guardia Nacional. Los hombres son mantenidos incomunicados y sin información del motivo de su detención o su destino inmediato.
Finalmente, los llevan a la comandancia de la colonia Robledo, donde los dejan esposados a una banca, y un agente les dice que hablará con el juez calificador. Cuando éste regresa les dice que ya se pueden ir porque no fue nadie a ratificar la denuncia. Nunca los presentan ante el juez.
Al día siguiente, el 27 de marzo, Gabriela y su abogada interponen una segunda denuncia (NUC 0202-2025-07861), ahora por robo calificado, y la amplían el dos de abril con los testimonios de los trabajadores, fotos y videos de los hechos.
La propia fiscalía les recomienda que interpongan otra denuncia por amenazas, lo cual hacen el 4 de abril, para asegurar que se le otorguen medidas de protección a Gabriela. Se las otorgan, pero no se han cumplido.

A los pocos días encuentran la casa rodante vandalizada, con la cerradura violada y las llantas destrozadas. Tras hacer las costosas reparaciones, la regresan al predio.
Gabriela pide a sus trabajadores que hagan una zanja para que no puedan volver a cruzar vehículos. En una de las idas al predio, le cuenta un vecino que fue Lino Amelio, junto con el hombre encapuchado, de nombre José Ángel Soto Cuevas y un tercero, en una camioneta negra de lujo, a preguntar quién había hecho la zanja.
De la camioneta desciende Lino Marcel Amelio Vila. Es el dirigente del Sindicato de Transportes Leonardo Rodríguez Alcaine, organización integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que a nivel nacional lidera el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.
El vecino les dice a los hombres que Gabriela le pagó para hacer la zanja. Los hombres lo amenazan y le advierten que para el siguiente día debe tapar la zanja porque van a regresar.
El vecino lo hace, pero le cuenta a Gabriela. Se pasa todo el día siguiente en su predio, pero no pasa nada. El día posterior aprovechando que no hay nadie, vuelve y sacan la casa rodante otra vez.
La encuentran abandonada como a un kilómetro, pero antes de llevársela, la abogada pide a la FGE que vaya al sitio para que incorpore esa prueba al expediente.
Desde entonces, a plena luz del día y con un ejército de trabajadores, levantaron un cerco con materiales de primera calidad, metieron al terreno una oficina móvil, y dejaron ahí a dos hombres.
El patrimonio de Gabriela está en otras manos sin que su contraparte haya podido acreditar ser la legítima dueña del predio, con acciones ilegales como sacar la casa rodante en las narices de la policía, ocupando el predio ilegalmente y cercándolo sin su consentimiento.

Las sospechas de Gabriela y su abogada, es que Celia es solo la cara visible de una organización con una maquinaria muy bien aceitada para llevar a cabo despojos en el Valle de Mexicali. Han sabido de otros casos similares y tienen la esperanza de que una vez difundido el caso, aparezcan más víctimas de estos u otros estafadores. Refieren el caso de un acaudalado agricultor, a quien el crimen organizado no solo lo despojó de un gran predio en Islas Agrarias, también levantó y vendió la cosecha que había en el lugar.
Celia del Carmen y José Ángel Soto Cuevas tienen entre sus contactos de redes sociales a pastores, ministros y diversas páginas y centros de culto cristianos. La abogada incluso recibió una invitación de la acusada para que acudiera a un evento de su congregación.

Por su parte, José Ángel Soto Cuevas se dice empleado de “la licenciada” pero actúa como mano derecha de Lino Amelio. A su vez, el líder sindical del Catem señaló ser solo el representante de los trabajadores de la obra en desarrollo. “No es asunto nuestro quien sea el dueño solo ejecutamos la obra por contrato con nuestro sindicato. El contratista utiliza maquinaria y camiones del sindicato para ejecutar la terracería”, comentó.
Al referirle que efectuaban obras para alguien que no puede acreditar la legítima propiedad del predio, y que su presencia en el lugar está asentada como parte de una denuncia, declaró que solo ha hablado con el contratista que solicitó los camiones y la maquinaria, que solo tienen interés en la “ejecución y tiempo de entrega de las calles” y que seguramente el vecino lo confunde con alguien más.
Junto a la extraña participación de Lino Amelio, dirigente del Catem, hay rumores de que ese sindicato se dedica a invadir terrenos y Gabriela apunta a Patricia Sosa, secretaria General de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California, y titular de comunicación social de Catem a nivel nacional,de quien hay rumores que invade terrenos ayudada por la fuerza sindical.
A Celia del Carmen Astudillo Oropeza le aparecen cuatro propiedades en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Todos de 2024 y todos en la colonia Cerro Prieto II. El primero es por casi un millón y medio registrado en marzo; el segundo por 503 mil pesos; el tercero por 125 mil pesos; y otro por 2 millones 220 mil pesos. Estos tres últimos el mismo día: 11 de abril.
Todos estos registros de compra-venta han sido con el notario número 10, Tobías Duarte, quien es vicepresidente del Colegio de Notarios de Baja California, fue secretario del Ayuntamiento en la administración de Francisco “Panchito” Pérez Tejada y poseedor de un valioso capital inmobiliario.
Maribel Avilés Osuna, en su carácter de apoderada legal del XXI Ayuntamiento, presentó una denuncia en 2021 donde se involucra a Duarte en compras irregulares de terrenos por parte de su esposa, Romina Castellanos García.
La impotencia de Gabriela y su abogada ante el despojo sufrido, es evidente. Hablan con tristeza y coraje de lo acontecido, de la protección a los responsables, de la falta de cumplimiento de las medidas de protección que le dieron, pero que no están cumpliendo.
La víctima de robo, amenazas y despojo subraya lo rápida que puede ser la justicia cuando se trata de personajes políticos, y lo vacío que resulta el mensaje del gobierno estatal cuando se trata de la protección de las mujeres. “Este es el cobro de piso que estamos pagando muchos en el valle”, concluye.
Los señalados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Corrupción
Simulan competencia y los favorece INIFE

La empresa Península Doce, de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, es una de las favoritas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE).
De 17 contratos del 2021 al 2024 que le aparecen a la empresa en el Portal Nacional de Transparencia, 12 son con el INIFE, 3 con la Secretaría del Bienestar y 2 con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
De los doce contratos con INIFE, solo uno fue ganado por licitación pública; la rehabilitación de un módulo sanitario para una secundaria. El resto fueron 6 por adjudicación directa y 10 por invitación a cuando menos 3 personas.
Península Doce está registrada, según datos de la Secretaría de Economía, a nombre de Kenya León Meza, en 2019. Ella es esposa de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, y hermana de Mónica León Meza. Los tres participan en las invitaciones y licitaciones como personas físicas y como Península Doce.
La empresa y Mónica León Meza comparten el mismo domicilio fiscal, una casa habitación en la colonia ex ejido Coahuila, que aparece en los documentos oficiales como si estuviera en la colonia Maestros Federales.
Se solicitó vía el portal de transparencia información sobre contratos con INIFE a nombre de Península Doce, Kenya León Meza, Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez y Mónica León Meza del 2020 al 2024. Aparecen 31contratos que suman más de 70 millones de pesos; 6 por adjudicación directa, 9 por licitación y 16 por invitación.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron, todo aparentemente bajo la protección de Javier Urbalejo Cinco, quien actualmente aparece en el directorio de SIDURT como Subsecretario de Planeación, Inversión Sectorial y Control Obra, y fue titular de INIFE al inicio de la administración de Avila Olmeda.

En entrevista, Joaquín Armando Vale Ríos, actual titular del INIFE, manifestó que la Ley de Obras Públicas tanto del estado como la federal permite hacer invitaciones o adjudicaciones directas.
“En este caso nosotros nos estamos apegando a la ley de obras del estado, más que nada el tema es el tiempo que lleva realizar una licitación. La mayoría de las obras que tenemos en INIFE o que la Secretaría de Educación nos adjudica a nosotros para ejecutar, pues siempre tienen el factor del tiempo, la premura, la necesidad en las escuelas y esto hace que busquemos nosotros el método más rápido de contratación para atender esa necesidad que se requiera en una escuela y atenderla lo antes posible”, indicó.
Eso implica muchas veces tener un plantel cerrado, que los niños no tengan clases, entonces nos lleva a nosotros como instituto ejecutor, a buscar esa ruta y utilizar ese mecanismo que da la ley; al final de cuentas existe por una razón, señaló.
Cuestionado sobre la diferencia de tiempo entre una licitación y los otros esquemas de invitación y adjudicación directa, Vale Ríos explicó que en un tiempo óptimo una licitación pública sin ningún contratiempo puede llevar un mes hasta la contratación. En cambio, una invitación solo puede llevar de 15 a 20 días como máximo, y la adjudicación directa, una semana.

Agregó que en una licitación pública puede haber muchos factores que extiendan el proceso, muchas veces entran más participantes, desconocen los temas de infraestructura educativa, necesitan más información, etc.
Si se declara desierta hay que volver a empezar, entonces si duraba un mes, se amplía a otro mes. Muchas veces por solicitud de la Secretaría de Educación hacemos estos procedimientos y nos solicitan en carácter de urgente iniciar trabajos, dijo. “No podemos iniciar un trabajo hasta que no tengamos un contrato, y esto nos lleva a irnos por este tipo de procedimientos”, añadió.
Al titular del INIFE se le preguntó si existía una revisión exhaustiva de las empresas participantes, ya que Península Doce, Kenya y Mónica León Meza, y Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, son la misma empresa simulando competencia.
“Nosotros decidimos a qué empresas vamos a invitar a participar, son empresas con un antecedente previo en INIFE, que han tenido buenos tiempos de entrega, o trabajos bien cumplidos. Se trata de invitar a empresas en las que el instituto ya tiene una experiencia previa con ellos”, opinó.
Sobre la competencia simulada, declaró que “Sí lo revisamos, tan así, que en los mismos procedimientos no pueden participar dos empresas que pertenezcan a una misma persona… necesitaría revisar a fondo pero la misma ley no nos permite contratar en ese esquema”.
Aceptó que no se hace un análisis detallado pero que en los requisitos de la ley se establece que la empresa debe tener un registro en el padrón de contratistas que emite la SIDURT, que se actualiza año con año.
Acerca de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior del Estado a las obras de Península Doce, remarcó que “Ellos de antemano ya revisaron toda esa parte y ya otorgaron el registro del padrón de contratistas porque la empresa a la fecha en que se aprobó el registro se podría decir que no tiene ninguna observación. También se da el caso que hay muchas observaciones a las empresas por parte de los órganos fiscalizadores, pero son observaciones que se van solventando. Muchas veces hay observaciones dentro de contratos de algunas empresas que no son por causas imputables al contratista, sino errores o situaciones que el mismo proceso traía, que no estaba contemplado de origen”.
Península Doce construyó unos módulos sanitarios por más de 13 millones de pesos en el estadio de beisbol previo a la Serie del Caribe, donde al menos el primer día del evento no tenían agua y cobraron 10 pesos por su uso.

Estatal
Irregular contratación de pantallas publicitarias sin permisos de operación

En el concentrado de contratos publicitarios del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al 2024, hay contratos con tres denominaciones diferentes pero relacionados con la misma empresa de pantallas electrónicas; es Maya Publicidad, que suma 2 millones 257 mil 285 pesos en total.
Firman los contratos Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque. Ésta última, aparece como secretaria técnica en un documento de la administración municipal del panista Gustavo Sánchez.

A Maya Publicidad la representa la empresa IBRS Consultores, y uno de los empleados es Jesús Daniel Orona Gastélum, quien es el director jurídico de la Dirección de Administración Urbana (DAU), que encabeza Daniel Valenzuela.

Uno de los socios fundadores de la empresa consultora es Víctor Francisco Ibarra Peralta, a quien le da ventaja que uno de los integrantes de su empresa, sea el director jurídico de la DAU.
Fue su subalterno en la administración de Gustavo Sánchez:

Cabe destacar que información de una fuente confiable dentro de la administración municipal, señaló que las pantallas electrónicas de Maya Publicidad no cuentan con el correspondiente permiso del Ayuntamiento, lo que parece no importar a la hora de otorgar los contratos de publicidad.

Orona Gastélum hace negocios como juez y parte dentro del XXV Ayuntamiento de Mexicali, y se ve muy seguido a Víctor Francisco Ibarra Peralta haciendo antesala para ver a su empleado y funcionario municipal.

Por lo que toca a las personas que firman los contratos, hay pocas pistas en internet de la trayectoria de Mario Alberto. Sobre ella, aparte de su trabajo en el XXII Ayuntamiento de Mexicali, en el Registro Nacional de Profesionistas se encontró una cédula expedida en el 2010 que acredita una licenciatura en Negocios Internacionales en el Cetys.
Se encontró en el Registro Público de la Propiedad un inmueble que adquirieron Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque en el año 2022, en el fraccionamiento Viñedos del Mar, en Ensenada, con valor de 3 millones 300 mil pesos.


Ese es el único inmueble donde aparece el nombre de Mario Alberto Lares Solís, pero con el nombre de Yamile Baduy Lamarque hay varias propiedades: un lote rústico en Tecate, un inmueble de más de 6 millones en el fraccionamiento El descanso II en Rosarito adquirido en el 2023 y otro par de propiedades en Mexicali: uno por donación de su madre y otro adquirido junto con dos de sus hermanas.
Maya Publicidad inició en el 2015, según el perfil de la empresa en la red LinkedIn, la cual registra solo dos empleados. No hay evidencia de que Baduy y Lares sean prestanombres, pero es una posibilidad.

Los contratos de Maya Publicidad con el Ayuntamiento se remontan a 2020, el primer año completo de la ahora gobernadora Marina del Pilar Avilar Olmeda al frente de la administración municipal. Antes de ese año los registros aparecen vacíos.
Estas son algunas de las pantallas de Maya Publicidad que carecen de permisos:



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