La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes que exista una persecución política en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con “muchísimas pruebas” para sustentar el proceso penal que enfrenta el panista por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las declaraciones del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, quien calificó a Ruffo Appel como un “preso político” y acusó al Gobierno Federal de utilizar a las instituciones de justicia para perseguir a opositores.

“Es falso, absolutamente falso”, respondió Sheinbaum al rechazar esos señalamientos. Afirmó que la investigación fue integrada por la FGR con una amplia cantidad de evidencias y que el caso debe analizarse desde el ámbito judicial y no político.

La presidenta subrayó que el expediente no se limita al exmandatario bajacaliforniano, sino que involucra a varias personas más, presuntamente relacionadas con una organización dedicada al tráfico ilegal de combustibles, delito que, dijo, representa un fraude tanto para el Estado mexicano como para la población.

Recordó que un juez federal ya vinculó a proceso a Ruffo Appel y a otros implicados, luego de considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Sheinbaum insistió en que será el Poder Judicial el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes y reiteró que su administración no interviene en las decisiones de la Fiscalía ni en las resoluciones de los jueces.

Las declaraciones de la mandataria se producen en medio de la defensa pública que dirigentes del PAN han emprendido a favor del exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso judicial derivado de la investigación federal sobre una presunta red de “huachicol fiscal”.

En días recientes, la propia presidenta señaló que Ernesto Ruffo Appel aparece como principal accionista de una de las empresas bajo investigación y afirmó que, de ser necesario, la FGR podría hacer públicos los registros mercantiles que sustentan esa relación. No obstante, aclaró que no tiene información sobre una posible investigación relacionada con el financiamiento de actividades políticas mediante recursos provenientes de ese presunto esquema ilícito.

Baja California retrocedió en el ranking nacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ubicarse en la posición 27 de las 32 entidades evaluadas en el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, dos lugares por debajo de la clasificación obtenida el año pasado.

De acuerdo con el informe del IMCO, Baja California forma parte del grupo de entidades con desempeño medio-bajo en las condiciones para impulsar la participación económica de las mujeres. Entre los factores que explican este resultado destaca una de las mayores caídas a nivel nacional en el indicador de mujeres con educación media superior o superior, aspecto considerado determinante para facilitar su acceso al mercado laboral.

El estudio analiza 16 indicadores agrupados en tres ejes: entrada al mercado laboral, permanencia en el empleo y autonomía económica. Aunque 15 estados registraron avances durante 2026, ninguna entidad alcanzó un nivel de desempeño “muy alto”, lo que evidencia que persisten barreras estructurales para garantizar igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.

El IMCO señala que uno de los principales obstáculos continúa siendo la distribución desigual de las labores de cuidado. A nivel nacional, las mujeres dedican 58 por ciento más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado y nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para atender responsabilidades de cuidado son mujeres.

El organismo también advierte que las mujeres reciben, en promedio, un salario 13 por ciento menor que los hombres y que únicamente el 38 por ciento de los niños de entre cero y cinco años tiene acceso a un centro de atención infantil, una cobertura que considera insuficiente para favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo.

En materia de autonomía económica, el informe destaca que el acceso de las mujeres a ingresos propios y a la propiedad de activos, como viviendas, sigue siendo limitado en gran parte del país. Las diferencias entre entidades son amplias: mientras en Veracruz el 38 por ciento de las mujeres no percibe ingresos directos, en Baja California Sur esa proporción es de 17 por ciento.

El ranking nacional es encabezado por Baja California Sur, seguida de Ciudad de México y Nuevo León, mientras que Oaxaca ocupa el último lugar por segundo año consecutivo. Además de Baja California, entre las entidades con mayores rezagos se encuentran Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco.

Ante este panorama, el IMCO recomendó a los gobiernos estatales fortalecer los sistemas de cuidados mediante políticas públicas específicas, asignar mayores presupuestos para este rubro y ampliar los permisos de paternidad, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares, incrementar la participación laboral de las mujeres y contribuir al crecimiento económico.

La organización civil Somos México exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien considera víctima de un “inaudito atropello” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la agrupación calificó la detención como arbitraria e ilegal, y señaló que se trata de una acción destinada a distraer la atención pública de los escándalos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado que involucran a gobernadores y funcionarios cercanos al actual gobierno federal.

“Los huachicoleros no están en la sociedad civil, sino en el gobierno”, afirma el documento, en el que se acusa a la fiscal Ernestina Godoy de actuar de manera abusiva contra Ruffo mientras, según la organización, ignora “la más grande de la historia” en materia de fraude fiscal y tráfico ilegal de combustibles.

Según Somos México, la detención de Ruffo Appel —prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano— forma parte de una cortina de humo para desviar la atención sobre las “grabaciones públicas de la gobernadora Marina del Pilar” y sus supuestas negociaciones al margen de la ley con agentes norteamericanos.

La organización también recordó que en meses anteriores Ruffo Appel había hecho públicas sus denuncias sobre irregularidades en trámites administrativos relacionados con la importación de aduanas y productos energéticos, señalando directamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como responsable de permitir o no evitar el tráfico de huachicol.

“Exigimos la inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo de esta organización”, concluye el comunicado fechado el 16 de julio de 2026.

Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno federal han emitido una respuesta oficial a las demandas de Somos México. El caso ha generado polémica en círculos políticos y empresariales, donde se debate si se trata de un legítimo acto de procuración de justicia o de un uso político de las instituciones.