Corrupción
Península Doce, empresa favorecida del gobierno estatal
Por Jaime Delgado/Periodismo Negro
Península Doce es una empresa que ha logrado obtener numerosos contratos en un periodo de 4 años, entre los gobiernos de Jaime Bonilla y Marina del Pilar Avila, y que sobresale tanto por el número de obras hechas en el sector educativo, como por su indisciplina en la ejecución de las mismas, y que a pesar de eso sigue siendo favorecida por autoridades emanadas de Morena.
La más reciente sin duda fueron los baños del estado de beisbol Nido de Los Águilas, una obra que fue una erogación de 13 millones de pesos, pero de igual forma el gobierno estatal contrató a la empresas para construir módulos de venta de mercancías y comida dentro del inmueble que alberga la Serie del Caribe 2025.
Un empresario hizo llegar los primeros documentos para denunciar que en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), a través de Javier Urbalejo Cinco -ex alcalde priista de Tecate y hoy flamante subsecretario de Inversión del gobierno del Marina del Pilar- se está favoreciendo a esa empresa.

Península Doce es una Sociedad de Responsabilidad Limitada en modalidad de Capital Variable. Es propiedad Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, quien ha utilizado la estrategia de licitar bajo otros nombres: el de su cuñada Mónica León Meza y el de su esposa Kenya León Meza.
“Tal pareciera que ser licitante es la mejor opción para poder hacerse millonario, siempre y cuando uno se moche con la autoridad, en esta ocasión el INIFE BC ha sido múltiples veces denunciado por casos contundentes de corrupción sin que a la fecha haya habido alguna consecuencia, soy licitante y estoy plenamente consciente de las dificultades que una persona de a pie sufre para poder ingresar a licitar a una institución de estas”, indicó el denunciante.
Sin embargo, los procesos están sumamente amañados y distan de ser transparentes. En este caso el INIFE es fiel partícipe de estos incidentes, otorgando licitaciones millonarias a familias que se han enriquecido gracias al erario y al uso de empresas fantasmas, comentó.
En este caso sus dueños son esposo, esposa y cuñada; esta triada participa en los mismos procesos donde se supone debería de haber participación de muchas empresas, no obstante han optado por hacer adjudicaciones directas e invitaciones para saltarse los procesos de licitación ya que estos sí son públicos, dijo.
Los nombres de los licitantes son Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, la esposo de Kenya León Meza, quien lícita como Península Doce, hermana de Mónica León Meza, quien a su vez es su contadora, todos con el mismo domicilio fiscal; existen procesos en los cuales los 3 participan generando ganancias millonarias, y claro dando su respectivo diezmo a las autoridades presentes en dichos eventos, señaló.
Cómo funciona la empresa
La relación que existe entre los participantes a las convocatorias de obra de infraestructura educativa, así como las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas que han ejecutado, les han dado los recursos para echar a andar más negocios. Por ejemplo, usan la misma maquinaria para licitar los tres, registran el mismo domicilio fiscal en los procesos, y a veces para evitar que sea demasiado evidente, participan unos por otros, por ejemplo ha participado la esposa como Península Doce, quien hace tiempo tuvo de representante legal a Salvador Díaz Gutiérrez, y ha participado como proveedora y contratista la hermana y cuñada Mónica León.
La empresa como tal surge el 24 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mexicali, está registrada en el padrón de contratistas en el Gobierno del Estado bajo el número PC-BC-MXL-M-15-3433, sin que se le haya aplicado algunas de las causas para cancelación de acuerdo con la Ley de Obras de Baja California.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la empresa fue registrada hasta el 2019, con Notario Público, y con el objeto de hacer obras y diseños de proyectos, entre otras actividades.
Los dueños son Kenya León Meza con la posición mayoritaria por el número de acciones sobre el socio Jesús Francisco Rodríguez Rodríguez, quien funge como gerente de la empresa.
Las licitaciones por invitación
La empresa Península Doce y Mónica León, quienes comparten la misma dirección , que aparece como ubicada en la colonia Maestros Federales -aunque en realidad está en la Ex-ejido Coahuila-, recibieron 16 invitaciones para obtener contratos de obras, además de participar en 6 adjudicaciones directas y en 9 licitaciones públicas.
En total se habla de al menos 31 contratos localizados desde 2020 a 2024, sumando más de 70 millones de pesos, desde el 2020 hasta el 12 de agosto de 2024.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron.
Esta empresa maneja prácticamente un 10 por ciento del presupuesto anual del Instituto encargado de construir infraestructura educativa en Baja California. Cabe destacar que el INIFE es un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo, y esto es importante porque Javier Urbalejo Cinco, quien fue director del INIFE al inicio de la presente administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, a pesar de una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado, no lo despiden; le dan una subsecretaría en SIDURT.
Acoso a Abogada
Una abogada que prefiere conservar el anonimato, relató que Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez la acosa a raíz de una petición de información que hiciera vía transparencia, y desde donde hubo una fuga de información a través del Instituto de Infraestructura Física y Educativa (INIFE) , que enteró a Díaz Gutiérrez de dicha petición.
Refiere que se dedicaba a ser contacto de licitaciones, por lo que hizo una única petición de información que involucraba al constructor y su empresa en 2022. Díaz Gutiérrez obtuvo una captura de pantalla con los datos personales de la abogada, mostrándosela, y desde entonces cada que alguien solicita información sobre él o Península Doce, le llama a ella para amenazarla, o a alguno de sus familiares.
La abogada ha reclamado al INIFE esta fuga de información institucional. Le informaron que se reunió el Comité de Transparencia para tratar sobre su caso y que el resultado fue que “nadie fue”.
También acudió ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para contarles sobre lo sucedido con su solicitud. Llenó un formato de queja a mano, pero le manifestaron que no podían hacer nada.
Las observaciones de la ASE al INIFE sobre las obras de la empresa
En el contrato CP-INIFE-BC-MXL-FAM-20-07, de Salvador Alejandro Diaz Gutiérrez, se observó que durante el proceso de auditoría, las propuestas presentadas por los concursantes excedieron el techo financiero, por lo que la obra fue contratada por un monto de 8 millones 991 mil 750 y el mismo día de la firma del contrato se redujeron las metas de la obra mediante convenio modificatorio por 1 millón 491 mil 750 para quedar en 7 millones y medio, por lo que se observa una mala planeación y presupuestación de los alcances reales de la obra.
En el contrato CP-INIFE-MXL-FAM-22-12, “Rehabilitación de cubiertas de aulas y fosa séptica para la escuela Justo Sierra, sustitución de cubierta en módulo de 3 aulas y módulo sanitario para la escuela Saltillo, construcción de módulo sanitario para la E.S.T. #4 construcción de pozo de absorción y by pass para la escuela Melchor Ocampo, en el municipio de Mexicali”, la auditoría señala que falta todo el documento de bitácora de obra.
Además se observó la falta de boquilla de remate en acceso a baño de hombres y que las losetas en acceso están despegadas y quebradas, en la Escuela Secundaria Técnica 4. En la primaria Melchor Ocampo se observó una filtración pluvial en cubierta, en área de comedor y cooperativa, así como el plafón y pintura dañados por filtraciones de humedad.
Arturo Espinosa Jaramillo, titular de SIDURT, declaró en entrevista que todas las empresas se deben boletinar y aplicar las sanciones correspondientes si algún funcionario no está siguiendo las observaciones del Orfis o de la propia transparencia interna. No comentó nada sobre la colocación de Urbalejo Cinco en una subsecretaría a su cargo.
Corrupción
Confirma FGE antecedentes de regidor Molina; SSC justifica entrega de carta
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en integración diversas investigaciones relacionadas con el regidor Francisco Molina cuyos antecedentes de investigación datan de 2021 y años anteriores, entre ellos asuntos por robo de vehículos, informó el fiscal central, Jesús Manuel López Moreno.
El funcionario indicó que, debido a que los expedientes continúan bajo revisión, no es posible proporcionar mayores detalles sobre los casos. Como publicó Brújula News, el funcionario tiene antecedentes por robo de vehículo, posesión y lesiones calificadas, no obstante pudo cumplir el requisito de entregar carta de no antecedentes para acceder a su cargo.
Precisó que algunos asuntos ya prescribieron, mientras que en otros se celebraron acuerdos reparatorios.“Los que él tiene en relación de antecedentes de investigación es del año 2021 hacia atrás”, señaló López Moreno al ser cuestionado sobre la temporalidad de los registros.
Respecto a los asuntos relacionados con robo de vehículos, explicó que corresponden a la Fiscalía especializada en esa materia y que algunos todavía se encuentran en proceso de integración.
Sobre una investigación por presunto intento de homicidio, el fiscal central evitó ofrecer información adicional y señaló que revisaría los datos específicos, incluido el domicilio relacionado con el caso y quién presentó la denuncia.
Este miércoles, en ficha informativa, la FGE informó que el regidor de Mexicali, tuvo dos denuncias antiguas y archivadas por no ejercicio de la acción penal. La institución precisa que una de las denuncias corresponde a 2012 y la otra a 2021.
Asimismo, aclaró que una tercera denuncia mencionada en medios de comunicación, relacionada con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, corresponde a una persona homónima, por lo que no se trata del regidor.
Por separado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, responsable de expedir las cartas de no antecedentes penales en el ámbito estatal, informó que, tras consultar la base de datos utilizada para emitir esos documentos, la persona en cuestión no aparece registrada como responsable de algún delito.
La dependencia explicó que, en ciertos casos, cuando una persona enfrentó un proceso penal por un delito considerado no grave y obtuvo una sentencia absolutoria, la ley le permite solicitar ante la instancia correspondiente la cancelación de ese antecedente para que no aparezca en las constancias requeridas con fines laborales.
La Secretaría indicó que esta posibilidad podría explicar la ausencia del registro en la base consultada para expedir la carta, aunque aclaró que ello no significa que la información desaparezca de los sistemas internos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En esos registros, añadió, los antecedentes pueden permanecer aun cuando exista una sentencia absolutoria.
Corrupción
Asegura IMOS que dejó de trabajar con empresa sancionada hace un año
El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.
En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.
El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.
Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.
De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.
Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.
Corrupción
Obtuvo Wermak Publired, sancionada por la OFAC, contrato con Agencia Digital de BC
El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.
La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.
El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.
El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.
En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.
La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.
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