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Corrupción

Simulan competencia y los favorece INIFE

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La empresa Península Doce, de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, es una de las favoritas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE).

De 17 contratos del 2021 al 2024 que le aparecen a la empresa en el Portal Nacional de Transparencia, 12 son con el INIFE, 3 con la Secretaría del Bienestar y 2 con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

De los doce contratos con INIFE, solo uno fue ganado por licitación pública; la rehabilitación de un módulo sanitario para una secundaria. El resto fueron 6 por adjudicación directa y 10 por invitación a cuando menos 3 personas.

Península Doce está registrada, según datos de la Secretaría de Economía, a nombre de Kenya León Meza, en 2019. Ella es esposa de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, y hermana de Mónica León Meza. Los tres participan en las invitaciones y licitaciones como personas físicas y como Península Doce.

La empresa y Mónica León Meza comparten el mismo domicilio fiscal, una casa habitación en la colonia ex ejido Coahuila, que aparece en los documentos oficiales como si estuviera en la colonia Maestros Federales.

Se solicitó vía el portal de transparencia información sobre contratos con INIFE a nombre de Península Doce, Kenya León Meza, Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez y Mónica León Meza del 2020 al 2024. Aparecen 31contratos que suman más de 70 millones de pesos; 6 por adjudicación directa, 9 por licitación y 16 por invitación.

Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron, todo aparentemente bajo la protección de Javier Urbalejo Cinco, quien actualmente aparece en el directorio de SIDURT como Subsecretario de Planeación, Inversión Sectorial y Control Obra, y fue titular de INIFE al inicio de la administración de Avila Olmeda.

Una de las escuelas donde hizo obra península Doce, en Mexicali.

En entrevista, Joaquín Armando Vale Ríos, actual titular del INIFE, manifestó que la Ley de Obras Públicas tanto del estado como la federal permite hacer invitaciones o adjudicaciones directas.

“En este caso nosotros nos estamos apegando a la ley de obras del estado, más que nada el tema es el tiempo que lleva realizar una licitación. La mayoría de las obras que tenemos en INIFE o que la Secretaría de Educación nos adjudica a nosotros para ejecutar, pues siempre tienen el factor del tiempo, la premura, la necesidad en las escuelas y esto hace que busquemos nosotros el método más rápido de contratación para atender esa necesidad que se requiera en una escuela y atenderla lo antes posible”, indicó.

Eso implica muchas veces tener un plantel cerrado, que los niños no tengan clases, entonces nos lleva a nosotros como instituto ejecutor, a buscar esa ruta y utilizar ese mecanismo que da la ley; al final de cuentas existe por una razón, señaló.

Cuestionado sobre la diferencia de tiempo entre una licitación y los otros esquemas de invitación y adjudicación directa, Vale Ríos explicó que en un tiempo óptimo una licitación pública sin ningún contratiempo puede llevar un mes hasta la contratación. En cambio, una invitación solo puede llevar de 15 a 20 días como máximo, y la adjudicación directa, una semana.

Joaquín Armando Vale Ríos, titular del INIFE BC.

Agregó que en una licitación pública puede haber muchos factores que extiendan el proceso, muchas veces entran más participantes, desconocen los temas de infraestructura educativa, necesitan más información, etc.

Si se declara desierta hay que volver a empezar, entonces si duraba un mes, se amplía a otro mes. Muchas veces por solicitud de la Secretaría de Educación hacemos estos procedimientos y nos solicitan en carácter de urgente iniciar trabajos, dijo. “No podemos iniciar un trabajo hasta que no tengamos un contrato, y esto nos lleva a irnos por este tipo de procedimientos”, añadió.

Al titular del INIFE se le preguntó si existía una revisión exhaustiva de las empresas participantes, ya que Península Doce, Kenya y Mónica León Meza, y Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, son la misma empresa simulando competencia.

“Nosotros decidimos a qué empresas vamos a invitar a participar, son empresas con un antecedente previo en INIFE, que han tenido buenos tiempos de entrega, o trabajos bien cumplidos. Se trata de invitar a empresas en las que el instituto ya tiene una experiencia previa con ellos”, opinó.

Sobre la competencia simulada, declaró que “Sí lo revisamos, tan así, que en los mismos procedimientos no pueden participar dos empresas que pertenezcan a una misma persona… necesitaría revisar a fondo pero la misma ley no nos permite contratar en ese esquema”.

Aceptó que no se hace un análisis detallado pero que en los requisitos de la ley se establece que la empresa debe tener un registro en el padrón de contratistas que emite la SIDURT, que se actualiza año con año.

Acerca de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior del Estado a las obras de Península Doce, remarcó que “Ellos de antemano ya revisaron toda esa parte y ya otorgaron el registro del padrón de contratistas porque la empresa a la fecha en que se aprobó el registro se podría decir que no tiene ninguna observación. También se da el caso que hay muchas observaciones a las empresas por parte de los órganos fiscalizadores, pero son observaciones que se van solventando. Muchas veces hay observaciones dentro de contratos de algunas empresas que no son por causas imputables al contratista, sino errores o situaciones que el mismo proceso traía, que no estaba contemplado de origen”.

Península Doce construyó unos módulos sanitarios por más de 13 millones de pesos en el estadio de beisbol previo a la Serie del Caribe, donde al menos el primer día del evento no tenían agua y cobraron 10 pesos por su uso.

Los sanitarios del estadio de beisbol Nido de los Águilas.

Corrupción

Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón

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La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

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Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Corrupción

Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena

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La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.

Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.

“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.

Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.

“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).

La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.

El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.

Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.

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