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Analiza familia de Vanesa denuncia por negligencia médica

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Vanesa Lizbeth Zavala Meza llegó a la clínica privada Quiroz en Mexicali el sábado 24 de mayo, donde dio a luz mediante cesárea a su segundo hijo, quien pesó 3 kilos 800 gramos y está sano.

Su madre en cambio, falleció cuatro días después tras descubrirse un sangrado uterino que la dejó con muerte cerebral. Tenía 31 años.

El día 24 la atendió en la clínica Quiroz el médico Juan Carlos Martínez Noriega, quien decide trasladarla al hospital Materno Infantil ante el empeoramiento de su condición, después de traer al mundo al segundo hijo de Vanesa y Jair González Fernández, quien narró los hechos que llevaron al fatal descenlace de su esposa.

Explica que a Vanesa le hacen un ultrasonido que no arroja información sobre el sangrado que poco a poco la deja más débil. Se quejaba porque sentía mucho dolor; le cambiaron el vendaje y le retiraron la oxitocina que le habían puesto para ayudar a que se contrajera el útero.

Deciden trasladarla al Hospital Materno Infantil esa misma noche, donde le ponen dos unidades de sangre. Tras unas horas ahí, deciden llevarla al Hospital General, que dirige Román Arturo De la Torre Valenzuela.

Hasta “empaquetan” a Vanesa; es el término que usan los médicos para explicarle a Yair que la abrirán para llenarla de gasas y apósitos para detener el sangrado del útero, como medida de emergencia. El ginecólogo está presente en esa intervención.

Moverla de terapia intensiva la pone en riesgo, asi que esperan que esté un poco mejor para poder hacerle una tomografía, ven el sangrando interno y le ponen 20 unidades de sangre, 20 de plaquetas y 20 de plasma. Su cuerpo se apaga poco a poco y sus órganos dejan de funcionar.

Ante el fallo renal intentan hacerle una hemodiálisis, sin éxito. Su cuerpo ya no puede más.

El martes 27 sigue empeorando y la someten a una histerectomía para extirparle el útero y ver si así se recupera. El propio director del Materno Infantil, José Rojas Serrato, es quien junto con un equipo de su nosocomio, realiza la operación.

El director del Hospital General convoca a una reunión al marido de Vanesa, y ahí están además del propio De la Torre Valenzuela, la subdirectora, la nefróloga, los encargados de las áreas de Cirugía y de Terapia Intensiva, y médicos internistas.

En esa reunión le explican a Yair la condición de su esposa, a quien también le hicieron una angiotomografía cerebral que muestra el poco flujo de sangre al cerebro y quieren explicarle la grave condición de Vanesa.

“Creemos que ella tiene muerte cerebral, y quisimos reunirnos y explicarle que es una condición irreversible”, le dicen a Yair, quien hace preguntas que no tienen respuesta porque no había un ginecólogo presente. Juan Carlos Martínez Noriega no estaba. Eso si: le insisten en que lo procedimientos que se le hicieron a su esposa se le hicieron en tiempo; la sangre, las plaquetas, los estudios, las intervenciones.

“Usted debe entender algo; lo que ella ha necesitado, todo se le ha dado” subrayaron al hoy viudo. “Estamos tratando de resolver su situación, y aquí ha tenido personal casi exclusivo para ella; es la persona más atendida en el hospital”, le comentan.

También hacen hincapié en que es un caso muy raro, nada común, el de Vanesa. Que no saben qué factores influyan para que esto pasara. Yair pregunta que si la condición de su esposa es por una negligencia médica.

“No podemos saber”. “No nos consta”. “Esos detalles no los tenemos”, son las respuestas.
Le aseguran que el sangrado no fue normal, que le puede pasar a cualquiera, que no es lo más común, pero sí pasa. Como procedió Juan Carlos Martínez Noriega, el ginecólogo que la atendió, es como hubiera procedido el 99 por ciento, agregan los médicos.

Antes de terminar la reunión, el director del Hospital General le dice al esposo de Vanesa. “No me lo has preguntado, pero te lo voy a decir: hay un 95 por ciento de posibilidades de que el nuevo estudio confirme la muerte cerebral, y 98 por ciento de que fallezca debido a todos los fallos orgánicos que tiene”.

En una reunión posterior al fallecimiento de su esposa, con el ginecólogo, le comenta que no lo puede asegurar, pero que tal vez debido a la cesárea anterior de Vanesa, hubo vasos sanguíneos que se rompieron.

Le asegura que el sangrado posterior no tuvo nada que ver con la cesárea, pues se dio gradualmente. Que hizo todo lo que tenía que hacer y que el ultrasonido no detectó el sangrado. Le dijo que acompañó a los doctores en el quirófano, a quienes la operaron en el Hospital General, pero se desliga de los procedimientos y las decisiones.

Cabe destacar que Juan Carlos Martínez Noriega es hijo de Virginia Noriega; la eterna líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), quien reina entre el personal del Hospital General de Mexicali. Al parecer tiene comisionado al sindicato a su hijo, para darle tiempo de trabajar en la medicina privada.

Dados estos antecedentes, el ginecólogo no es ajeno al Hospital General. La buena relación entre la líder sindical y el director del Materno Infantil es pública y conocida. Que el director de ese nosocomio vaya acompañado de su mejor equipo a operar en el Hospital General, es algo fuera de lo ordinario.

La reunión organizada por el director del Hospital General con los médicos especialistas e internistas que atendieron a su esposa, y los responsables de áreas como Cirugía y Terapia Intensiva, lo es aún más.

Cuando Yair le pregunta a Martínez Noriega cómo fue que su esposa terminó pasando por el Materno Infantil y por el Hospital General, el ginecólogo batalla para dar una explicación. No le dice que su madre seguramente movió los hilos para cubrir su falta. Solo le comenta que los dos nosocomios son parte del sector salud y que siempre tienen comunicación.

Es cierto; ambos dependen del IMSS Bienestar, que ahora dirige un exdirector del Hospital General, Miguel Romero, quien fue contactado para que se pronunciara sobre este asunto y no respondió. Sobre la comunicación entre clínicas privadas y el sector salud, no la hay sin un interventor, promotor, o interesado. En este caso el mismo ginecólogo, pero no lo acepta frente a Yair.

Las cesáreas antiguas son siempre un factor de riesgo en un nuevo embarazo, esa es una posible explicación al destino de Vanesa. La otra es que se trató de una negligencia médica.

Esta se produce cuando un profesional sanitario no cumple las normas de atención, lo que provoca daños. Según información consultada en sitios médicos en internet, en problemas como hemorragias internas tras una cesárea, la negligencia suele implicar errores quirúrgicos, vigilancia inadecuada o respuestas tardías a los síntomas.

Puede tratarse de un error quirúrgico, como apuntan los rumores dentro del Materno Infantil y el Hospital General, sobre la perforación accidental del útero de Vanesa.

También puede ser la falta de vigilancia, pues a pesar de que su condición no mejoraba, no respondieron de manera adecuada a buscar la causa de la condición.

Rumores señalan que compraron el informe del patólogo para respaldar la versión oficial de que se trató de una “complicación”. Yahir precisó que espera ese informe estará listo el miércoles próximo, y que está considerando interponer una denuncia por negligencia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

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Pide CPJ federalizar asesinatos de periodistas

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Ante el incremento de los asesinatos de periodistas en México, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer su facultad de atracción sobre estos casos y asumir las investigaciones para combatir la impunidad.

De acuerdo con el organismo internacional, seis periodistas han sido asesinados en México durante 2026, cinco de ellos en un periodo de poco más de dos meses, lo que representa uno de los episodios de violencia más mortíferos contra la prensa documentados por el CPJ en más de una década.

Los casos corresponden a Carlos Castro, asesinado en enero en Poza Rica, Veracruz; Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados en julio después de haber sido reportada como desaparecida; Luis Ángel López, también asesinado en Poza Rica; el periodista ambiental Alex Serna, localizado muerto en Guerrero; Josué Martínez, asesinado en Puebla; y Alejandro Leyva Aguilar, quien fue atacado a tiros en Oaxaca.

El CPJ consideró insuficientes las respuestas de las autoridades federales y estatales frente a esta ola de violencia. El organismo señaló que, pese a las exigencias de justicia realizadas por familiares, periodistas y organizaciones de libertad de prensa, no se han anunciado acciones específicas a nivel federal para responder al conjunto de asesinatos.

Por ello, pidió a la FGR atraer los casos de periodistas asesinados, fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales y reforzar las medidas de protección para comunicadores mediante el Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El organismo recordó que el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga facultades a las autoridades federales para intervenir en investigaciones de delitos contra periodistas cuando existen funcionarios públicos involucrados.

Además, señaló que en algunos casos de alto perfil, como los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdez, las autoridades federales consiguieron condenas contra algunos de los responsables.

El CPJ advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que incentivan los ataques contra periodistas en México. Según sus investigaciones, las fiscalías estatales mantienen un historial deficiente en la investigación de agresiones contra la prensa y existen indicios de participación de funcionarios públicos locales en al menos dos de los asesinatos registrados este año.

México se mantiene entre los países con peor desempeño en materia de impunidad para crímenes contra periodistas.

El CPJ señala que, de 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios registrados en el país desde 1992, 97 permanecen como casos no confirmados respecto a su vínculo directo con la labor periodística, debido a que las investigaciones no han permitido determinar con claridad el móvil de las agresiones.

El organismo también advirtió que las disputas territoriales entre grupos delictivos y el narcotráfico colocan en especial situación de vulnerabilidad a los periodistas que cubren temas de corrupción, seguridad y nota roja. A ello se suma la presunta participación de funcionarios públicos, particularmente elementos policiales, como agresores en algunos casos.

El CPJ también cuestionó el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Según información citada por el organismo, alrededor de 500 periodistas forman parte actualmente del programa de protección. Sin embargo, Andrés Solís, integrante del consejo consultivo de evaluación de medidas de protección, estimó que aproximadamente el 80 por ciento de las solicitudes de ingreso presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos son rechazadas, cifra que representaría un incremento respecto de años anteriores.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, sostuvo que las autoridades todavía tienen capacidad para prevenir nuevos ataques, proteger a los comunicadores y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.

El organismo internacional advirtió que México enfrenta una nueva escalada de violencia contra la prensa y llamó al gobierno federal a romper con el ciclo de violencia e impunidad que, según sus investigaciones, ha marcado durante años la relación entre las autoridades y los periodistas.

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Familiares de detenidos en cateo de la Carranza exigen audiencias completas

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Esta tarde, familiares de las personas detenidas tras el cateo a una fiesta realizada en La Carranza, el pasado 10 de abril, solicitaron públicamente la intervención de las autoridades para garantizar el desarrollo de audiencias completas y dar seguimiento a sus casos.

Claudia Ramírez, familiar de uno de los detenidos, explicó que son 21 familias las que aseguran enfrentar una situación de injusticia debido a la falta de continuidad en los procesos judiciales de sus familiares.

Expuso que en diversas ocasiones las audiencias han sido suspendidas ante la ausencia de representantes de la fiscalía, por lo que se asignan nuevas fechas; sin embargo, nunca se concretan las diligencias.

Las familias aseguraron que las audiencias han sido pospuestas en al menos cinco ocasiones, sin que hasta el momento se les expliquen claramente los motivos de las suspensiones.

Ante esta situación, el llamado a las autoridades es una mayor coordinación interna para que sus casos sean atendidos y puedan llevarse a cabo las audiencias completas, ya que son 4 meses en los que han estado sus familiares en prisión sin una resolución pronta.

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Agricultores mantienen bloqueo de distrito de riego ante falta de pago

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Este martes continuó el bloqueo a las instalaciones del Distrito de Riego 014, Río Colorado, por parte de agricultores que exigen el pago acordado por el descanso de tierras.

Ana Quirino, representante de la Asociación de Usuarios Defensores del Agua del Río Colorado (ADURC), informó que permanecían a la espera del presidente del Distrito de Riego 014, Juan Carlos Fierro Yáñez, para conocer si existe ya una solución al pago correspondiente a las más de 7 mil hectáreas.

Entre las peticiones de los manifestantes también se encuentra la apertura del salón de eventos del distrito, con el propósito de contar con un espacio para resguardarse de las altas temperaturas; Quirino aseguró que de ahí no se van hasta que se les pague.

En el lugar también estuvo presente la diputada local del PAN, María Yolanda Gaona, quien acudió a petición de la representante de la ADURC, señaló que se han presentado diversos exhortos ante el Congreso del Estado a fin de apoyar a los agricultores y se resuelva esta problemática.

Expresó que también hace falta la presencia del titular de la Comisión Nacional del Agua en Baja California, Manuel Guerrero Luna, así como la instalación de una mesa de diálogo que permita alcanzar una solución y concretar el pago acordado.

Por su parte, la legisladora señaló que corresponde a la Conagua, como dependencia responsable, informar cuánto recurso correspondió a cada módulo de riego y precisar la superficie considerada para el pago.

Gaona reiteró que continuará brindando apoyo a los agricultores para que reciban el recurso que les corresponde, al destacar que la mayoría son personas de la tercera edad y que se trata de un asunto de justicia social.

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