(Everything Everywhere All at Once, 2022), dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es una película cuyo tema central es la búsqueda de sentido en medio del caos y las posibilidades infinitas.

En dos meses hemos tenido audios filtrados de la Gober, la detención y liberación de Pedro Ariel Mendívil, el destape de Macalpin, el besamanos de los aspirantes morenistas con Bonilla, una declaración autoinculpatoria de Norma Bustamante sobre su exdirector de policía, agentes de fiscalía asesinados, agentes de policía detenidos por estar relacionados con la desapariciones, más los temas permanentes como el desabasto de medicamentos, la falta de maestros en las escuelas, la tardanza en el pago a interinos, los cortes de agua en la zona costa, los apagones y  los choques mortales.

En la última reunión de gabinete convocada por Marina del Pilar, además de quitarles los teléfonos (lo que ya es un procedimiento estándar para cualquier audiencia individual o colectiva con la mandataria) les dijo que tenían hasta el 14 de agosto -el viernes de la próxima semana- para que levantaran la mano quienes quieran participar como candidatos en las elecciones del 2027.

En la conferencia mañanera de hoy en Tijuana no hubo grandes explicaciones sobre el caso Pedro Ariel, y como no fue la fiscal argumentando cuestiones de salud, no se abundó mucho tampoco por el lado de la FGE. Solo dijo Juan Carlos Buenrostro, coordinador de gabinete de esa institución, que están revisando la resolución judicial.

Muy raro que la fiscal no haya aparecido hoy, seguro no quieren exponerla más al tema, como sucede con Norma Bustamante, quien nos tiene que explicar cómo estuvo ese intento de operativo del ejército, por qué sería la acusación que le pedían que hiciera, si lo informó a alguien y por qué no se hizo nada ante esa certeza del ejército sobre los señalamientos de deshonestidad sobre Pedro Ariel.

Recordemos que al exjefe de policía le quitaron la visa, y a Norma Bustamante por no remover a Mendívil.

Me comentaron fuentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali que está raro que la agente de policía que dio su testimonio contra Pedro Ariel, y que incluso pidió medidas de protección por supuesta intimidación por parte de los abogados del exdirector, tenía una orden de aprehensión por el asunto del fraude dentro de la Fraternidad Policiaca cuando la denunció el presidente de la misma, Luis Antonio Navarrete Castillo, por apoderarse del dinero de la agrupación al hacer una asamblea apócrifa y otras linduras para quedarse con el control. Pensando mal, pues podría tratarse de un acuerdo con fiscalía para limpiar su expediente a cambio de clavar a su exdirector.

Y hablando de fiscalía, este viernes confirmó la detención de cuatro personas, entre ellas tres exfuncionarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, así como una persona civil, investigadas por presunto fraude procesal, uso de documentos falsos y cambios irregulares de propietario.

El coordinador de la Fiscalía informó que durante el fin de semana se realizó un operativo derivado de diversas denuncias relacionadas con modificaciones de propietarios presuntamente realizadas mediante documentación apócrifa; concretamente un predio ubicado en el fraccionamiento Urbi quinta del Cedro, Tijuana.

Al parecer las travesuras de los funcionarios incluyen la presunta simulación de un contrato de compraventa; la inscripción registral de una operación cuya fecha de ratificación sería posterior a su registro; la presunta utilización de documentación irregular para modificar la situación jurídica del inmueble; la posterior presentación de una escritura presuntamente apócrifa para cancelar un gravamen, y como cereza del pastel, el involucramiento de una notaría de Campeche de cuya existencia hay duda.

Se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con el Registro Público de la Propiedad, entre ellas un analista, un exregistrador, un exsubregistrador y el actual subregistrador, además de una persona civil. Se trataría de Otilia, Humberto, José Antonio y Diego Isaac.

El coordinador de gabinete de la FGE, Juan Carlos Buenrostro dijo hoy que una de las personas se encuentra en prisión preventiva, mientras que otras están sujetas a distintas medidas cautelares.

El coordinador de la institución señaló que existen “varios grupos y diversos tentáculos” relacionados con lo que calificó como un “cártel inmobiliario”, y confirmó que ya hay civiles detenidos por estos hechos.

Ya hemos publicado varios ejemplos de fraudes en el tema inmobiliario, donde es indudable la participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, y ni a ellos ni a los estafadores les ha pasado nada.

El caso de Miguel Cristalinas es especialmente triste: Rafael Camarillo Flores, un estafador que tiene una empresa llamada Inmobiliaria 33, esta vez bajo el nombre de Rogelio Márquez Lamarque, pondría a la venta la casa de Miguel.

El contrato de servicios por seis meses lo firmaron en julio de 2025, y un mes después su casa aparecía en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) a nombre de Geometar Asesores Inmobiliarios, representada por Refugio Ramírez Rubio, en operación pasada por la fe del notario número 15.

Miguel vive ya fuera de la entidad, en la casa de su hijo y su familia, deprimido y desesperanzado porque ve que la justicia no funciona en Baja California. Rentaba la casa para poder seguir pagando el crédito adquirido para hacerse de esa propiedad, el cual sigue pagando porque la deuda no desaparece con la estafa.

En otro tema, trascendió que el exdirector de Comunicación Social del Congreso del Estado, Hugo Ruvalcaba, le tiró a la toalla a Julieta Ramírez como su estratega de comunicación. Al parecer ya no aguantó la soberbia de la senadora con licencia. Solo le queda Edgar Covarrubias, quien parece tener más estómago para aguantarla.

Finalmente, esta joya de TikTok, producto de un criterio alterado por la edad y el amor.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, llegó en uno de los momentos políticos más delicados para el gobierno de Baja California. En cualquier otra circunstancia habría sido presentada como un golpe contundente contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Hoy, en cambio, despierta más preguntas que aplausos.

Porque cuando una administración atraviesa una tormenta de credibilidad, cada movimiento deja de leerse por lo que es y comienza a interpretarse por lo que parece.

Y lo que parecía una operación destinada a cambiar la conversación pública podría terminar convirtiéndose en exactamente lo contrario: una auténtica caja de Pandora.

No la que anunció con entusiasmo la fiscal María Elena Andrade, sino una mucho más incómoda para el propio gobierno.

Porque un hombre como Pedro Ariel Mendívil no es un improvisado. Es un policía formado, conocedor de las leyes, de los procedimientos, de las cadenas de mando y, sobre todo, de los secretos que rara vez quedan asentados en un expediente. Sabe quién ordenó, quién autorizó, quién calló y quién prefirió no preguntar.

Si decide hablar, difícilmente lo hará únicamente ante la Fiscalía estatal.

Tendrá mucho de qué conversar con Omar García Harfuch. Con Ernestina Godoy. Y, si las circunstancias lo empujan, también con las agencias estadounidenses que desde hace tiempo mantienen la lupa sobre Baja California.

Ahí es donde la historia deja de ser una nota policiaca para convertirse en un problema político de enormes dimensiones.

Porque la verdadera interrogante no es por qué detuvieron a Mendívil.

La pregunta es por qué tardaron tanto.

La propia fiscal aseguró que la investigación comenzó en enero de 2023. Si eso es cierto, entonces el dato resulta devastador.

Significa que durante veinte meses un funcionario bajo sospecha e investigación de una autoridad judicial estatal, continuó dirigiendo la Policía Municipal de Mexicali.

Veinte meses. Veinte meses asistiendo a las mesas de seguridad. Veinte meses compartiendo información sensible. Veinte meses coordinándose con corporaciones estatales, federales e incluso con autoridades internacionales. Veinte meses representando institucionalmente a la capital del estado. Veinte meses “protegiendo y sirviendo”.

Y nadie consideró prudente separarlo del cargo.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica. Si las pruebas eran insuficientes para removerlo, entonces ¿por qué detenerlo ahora?

Pero si desde entonces existían elementos sólidos para investigarlo, la pregunta es todavía más incómoda. ¿Quién autorizó que permaneciera al frente de la corporación?

Porque las investigaciones penales podrán ser muy complejas, pero las responsabilidades administrativas no necesitan esperar veinte meses.

Más aún cuando, desde su paso por la Fiscalía Especializada en Mexicali, circulaban versiones persistentes sobre su presunta cercanía con un grupo criminal que opera en la región. Eran rumores, sí. Pero justamente por eso una investigación debía extremar las precauciones, no relajarlas.

Lo verdaderamente preocupante es que el gobierno parece celebrar hoy una captura que, en realidad, exhibe una omisión monumental.

Es como si el capitán de un barco presumiera haber encontrado una vía de agua… después de navegar casi dos años con ella abierta.

La Fiscalía pretende vender la imagen de una institución que actúa.

Lo que termina proyectando es la de una institución que observó, documentó… y esperó. Esperó mientras un jefe policiaco seguía tomando decisiones. Esperó mientras seguía administrando información estratégica. Esperó mientras seguía teniendo acceso a todo aquello que hoy, supuestamente, constituye parte del problema. Esperó mientras seguían desapareciendo jóvenes y apareciendo fosas.

Y en un estado golpeado por desapariciones, homicidios y una creciente desconfianza ciudadana, ese detalle no es menor.

Porque los bajacalifornianos ya no exigen únicamente detenciones espectaculares.
Exigen respuestas.

Exigen saber quién permitió que un funcionario investigado permaneciera casi dos años al frente de la corporación policial más importante del municipio.

Exigen conocer si hubo negligencia, protección o simple incompetencia.

Y exigen que las responsabilidades no terminen, como tantas veces ocurre, únicamente en el último eslabón de la cadena.

Capturar “charalitos” difícilmente impresionará a Washington que exige tiburones.

Mucho menos devolverá la confianza de los mexicalenses, que siguen buscando a sus desaparecidos y siguen esperando una explicación convincente sobre el deterioro de la seguridad.

Porque la verdadera caja de Pandora no se abrió con la orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil.

Se abrió en el instante mismo en que la Fiscalía reconoció que llevaba veinte meses investigándolo… y, aun así, decidió dejarlo al mando de la policía.

Y esa, por mucho que intenten cerrarla, será una explicación mucho más difícil de contener que cualquier conferencia de prensa.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Eugenio Rivera Millán

Arranca el 31 de agosto de 2026, ciclo escolar 2026‑2027

El Programa de Protección Integral Escolar (PIE) 2026, que incorpora como uno de sus anexos el Protocolo para la Protección e Integridad de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, representa un avance que debe reconocerse. Por primera vez, Baja California admite que el ecosistema escolar enfrenta riesgos crecientes y que el magisterio ha operado durante años sin una protección clara frente a denuncias, presiones sociales y linchamientos digitales. Ese reconocimiento no resuelve el problema, pero abre la puerta para construir la ruta de protección y cuidado al magisterio que la reforma de 2019 prometió y que aún está pendiente.

La reivindicación y revalorización docente constituyen el eje político‑pedagógico central de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Desde la reforma constitucional de mayo de 2019, el gobierno federal anterior en su narrativa buscó reconocer al docente como agente de transformación social. Sin embargo, entre 2019 y 2026 el contexto cambió profundamente: la expansión de redes sociales, la viralidad de conflictos escolares, el uso de inteligencia artificial, el ciberacoso y el aumento de denuncias sin fundamento colocaron al magisterio en una posición de vulnerabilidad que la legislación aún no ha previsto ni resuelto.

El Protocolo para los Trabajadores de la Educación fija principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, y establece medidas frente a denuncias maliciosas. No es una legislación nueva: gran parte de su contenido ya existe en diversas normas. Su valor radica en compactar y visibilizar esos principios, y en incorporar la voz del magisterio para colocar un tema estructural que había sido ignorado.

Aun así, el diseño del PIE y del Protocolo deja claro que no son la solución completa. Lo nuevo no es el principio jurídico, sino el reconocimiento político y administrativo de que el sistema no estaba cumpliendo lo que prometió. Esa aceptación obliga a actuar para evitar que estos instrumentos queden en el papel o en el discurso.

El reto más complejo está en las denuncias. Regularlas no es sencillo. Cuando se trata de menores, el Estado tiene la obligación de escuchar, proteger y actuar con sensibilidad. Pero también debe evitar que denuncias falsas, maliciosas o manipuladas destruyan la vida de un docente, personal administrativo, auxiliares o intendentes, o generen conflictos comunitarios irreversibles. La protección de los trabajadores de la educación no compite con la protección de menores y mujeres; ambas deben coexistir en un sistema equilibrado. La línea entre una denuncia legítima y una falsa no siempre es evidente. En ocasiones, detrás de una acusación hay un conflicto escolar, una disputa familiar, un malentendido o un hecho grave que requiere investigación especializada. Por eso, el sistema no puede depender de un solo marco legal.

Actualmente, las denuncias se procesan bajo rutas distintas: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege a mujeres y niñas; el Código Penal atiende delitos; el Protocolo Docente protege a trabajadores de SE e ISEP; y el PIE clasifica riesgos, pero no define cómo se verifican. El resultado es un sistema fragmentado que genera incertidumbre para docentes, directivos, estudiantes y familias, y abre espacios para el uso indebido de denuncias falsas.

Para corregir esto, el PIE debería fortalecer áreas que hoy están subdesarrolladas: psicología escolar especializada, metodologías de prevención del conflicto, protocolos de entrevista a menores sin inducción, equipos interdisciplinarios de investigación y la vinculación con Consejos de Paz y Cultura de Paz que reconstruyan el tejido social escolar. La evidencia internacional demuestra que la mediación, los círculos restaurativos y la cultura de paz reducen la violencia, previenen denuncias precipitadas y ayudan a distinguir entre conflictos escolares y posibles delitos.

El ciclo escolar 2026‑2027, calendarizado del 31 de agosto de 2026 al 6 de julio de 2027, obliga a que estos avances se conviertan en práctica. Las escuelas abrirán sus puertas y el magisterio seguirá enfrentando denuncias legítimas y denuncias falsas, conflictos de convivencia, presiones en redes y expectativas sociales altas. El PIE y el Protocolo deben ser usados como punto de partida, no como punto de llegada.

La ruta que sigue requiere corresponsabilidad. Docentes, sindicatos y familias deben apropiarse de estos instrumentos y exigir continuidad: acuerdos de convivencia con reglas claras sobre denuncias y redes sociales; Consejos de Participación Social que funcionen; acompañamiento jurídico y orientación profesional con presupuesto asignado; y formación para madres, padres y alumnos que entienda que la denuncia es un mecanismo de protección, no de linchamiento.

Al mismo tiempo, el estado debe avanzar hacia una Ley Integral para Trabajadores de la Educación, una ley que articule lo que hoy está disperso: tipos de denuncias, rutas de atención, protección docente, convivencia escolar, participación social y uso responsable de redes. Es una oportunidad para actualizar la Ley del Servicio Civil y las leyes educativas locales, y promover, junto con diputadas y diputados federales, ajustes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y el Código Penal. No se trata de confrontar a las autoridades, sino de completar lo que ya se reconoció como insuficiente y garantizar que estos instrumentos no queden en el papel.

El mensaje para los trabajadores de la educación y las familias debe ser claro: este es el momento de dar seguimiento, no de soltar el tema. Integrar el Protocolo en los Acuerdos de Convivencia Escolar, capacitar y orientar en el manejo de conflictos y denuncias verdaderas y falsas, asegurar investigaciones que protejan a las víctimas y respeten los derechos de los imputados, y reconstruir el tejido social mediante cultura de paz será clave para que el sistema escolar de Baja California avance hacia una protección real y sostenible.

* Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.