Hoy haremos un recuento de las tranzas que se han aventado los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante a través del Departamento de Bomberos.

Empezamos con la más reciente: resulta que por fin habían dado luz verde para comprar uniformes de combate a los bomberos. Lo iban a hacer con la empresa Uniformes Julián, pero oh sorpresa, que se entera Ignacio Lozoya, y detiene todo.

Como antecedente, este bombero Lozoya, junto con el “tigre” Antonio Castañeda Bustamante detuvo la compra de las 14 máquinas de bomberos, un vehículo de rescate y 4 ambulancias para meterle mano a esa compra y llevarse un buen moche. Tuvieron meses “guardadas” esas unidades en la empresa Nicoya, cerca del aeropuerto, porque ya venían en camino cuando decidieron que podían ponerle sobreprecio.

Pues ahora se la aventaron igual; Lozoya y el Tigre vieron su oportunidad y metieron repentinamente a un proveedor de Tijuana, lo que significa más tiempo sin uniformes y más gasto porque esa movida fue para ponerle sobreprecio a los cerca de 300 equipos de combate.

El jueves pasado iban a ir a tomarles las medidas los de Uniformes Julián y pues nada. Los bomberos recuerdan que cuando Marina del Pilar era presidenta municipal pasó algo parecido. Ya estaba acordado que adquirirían los uniformes y que la erogación sería de 28 millones de pesos, y a la hora de la hora salió en los medios que el costo había sido de 31 millones.

1. Sistema de “moches” (extorsiones a negocios e inspectores)

• Edson López Vilchis (exadministrador y luego jefe del Departamento Técnico): En octubre de 2023 convocó a inspectores a una reunión en la caja de ahorro ADES. Según una denuncia anónima enviada a redacciones, les pidió apagar celulares y acordó una cuota semanal de 5 mil pesos por inspector. Quienes no pagaran serían removidos. También se les pidió ideas para generar más ingresos ilegales, como imponer multas altas a comercios y cancelarlas a cambio de pagar al menos la mitad (moche). Se mencionan cancelaciones masivas de multas y que López Vilchis controlaba cambios de personal a su beneficio. Se señaló que tenía protección “de arriba” (incluyendo hijos de la alcaldesa).
• Bernardo Sánchez Nevárez (y colaboradores): En 2025 se denunció que exigía al menos 10 mil pesos semanales de moches. Con ayuda de la arquitecta sin título María Dolores Mejía Peraza y Javier Preciado (quien coordinaba a los inspectores y les indicaba a dónde ir a “cobrar piso”). Roberto López Loera recibía quejas y las “sepultaba”. Dos inspectores (Víctor Covarrubias y Jesús Torres) renunciaron porque no podían cubrir las cuotas.
• Otros señalamientos: Multas disfrazadas de moches tras incendios (ej. en recicladoras), un moche de 100 mil pesos a una recicladora, y acoso a locatarios para que compraran instalaciones de seguridad a través de ellos.
• 2. Robo de cajero automático en incendio de Soriana

Tras el incendio de un Soriana se robaron el contenido de un cajero automático con 433 mil pesos. La investigación apuntaba a elementos de Bomberos, quienes habrían forzado la caja con herramientas especializadas mientras custodiaban el lugar. El fiscal de Mexicali (antes de ser reemplazado) habría señalado en esa dirección. Por ese caso interpusimos denuncia en Sindicatura; no se reportaron resultados (y como dijo Don Teofilito..)

3. Cobro de cheques sin trabajar (caso del bombero Alberto Álvarez Mena)

El bombero estuvo más de un año en Estados Unidos por un asunto legal, pero alguien siguió cobrando sus cheques. El director Osuna aceptó los señalamientos junto con el subdirector Gabriel Corral y Edson López Vilchis. Se solicitó investigación a Sindicatura sobre quién firmó las nóminas; no hubo resultados visibles (ni los habrá).

4. Nepotismo y favoritismo

• Crearon un área para Rubén Omán Osuna (hijo del director Rubén Darío Osuna), con pick-up y gasolina gratis; lo dejaron encargado de la zona de Palaco a pesar de quejas por flojera e inexperiencia.
• Contrataciones de hijos de bomberos y ascensos irregulares (ej. Raúl Lorenzo Enrique Rosado Valdez, sobrino de un funcionario de Protección Civil, con fama de cobramoches; Luis Ascencio, que se saltó el escalafón gracias a palancas pese a sobrepasar la edad límite).
• Edson López Vilchis estaba en lista prioritaria para base sindical.
• 5. Las máquinas “guardadas”
• Brújula News documentó entre septiembre y diciembre de 2024 el caso de 18 camiones de bomberos y 10 ambulancias que permanecían estacionados/ocultos en el enorme terreno del Parque Industrial Nicoya mientras el Ayuntamiento retrasaba o reconfiguraba su compra.
• Las unidades estaban “guardadas” en Nicoya mientras el cuerpo de bomberos sufría falta grave de equipo (estaciones sin máquinas, como la 21 de El Faro y la 3 de González Ortega). Esto se evidenció en incendios donde tuvieron que pedir apoyo a otras estaciones o ejidos.
• Se denunció que la operación se estaba armando a sobreprecio para beneficiar a Antonio “Tigre” Castañeda (hijo de la alcaldesa Norma Bustamante). Se habló de una triangulación en la compra.
• Ignacio Lozoya (nombrado subdirector de Bomberos, según las columnas, por influencia de Castañeda) era el contacto con el vendedor (ubicado en Tijuana). El anterior subdirector (Jesús Corral) no se habría prestado a la operación. Aparecieron mantas en puentes de la ciudad denunciando el caso y a Lozoya.
• A finales de 2024 las sacaron de Nicoya y las llevaron a talleres municipales para revisión. Finalmente el 19 de febrero de 2025 el Ayuntamiento entregó públicamente 19 unidades (14 máquinas extintoras, 1 de rescate urbano y 4 ambulancias) en el Centro Histórico. La inversión anunciada fue de 20 millones de pesos. Se pagó por esas 19 unidades lo que se pagó por una sola unidad barredora tiempo después.
• 6. Otras irregularidades mencionadas
• Mal manejo de un caso de acoso sexual a una bombera.
• Falta de equipo y unidades (menos que al inicio de la administración; unidades con fugas, ambulancia usada para favores personales).
• Inspecciones omitidas o amañadas (ej. a mercados, circo de Francesco, empresas de familiares del director).
• Quejas de malos tratos y prepotencia del director Osuna y subdirector Corral; manifestación de bomberos del turno B ante el sindicato.
• En 2026 se reportó incumplimiento de pagos a bomberos jubilados.

Ni con el broncón en que se metió por sus declaraciones sobre Pedro Ariel Mendívil, cuida la alcaldesa las formas.

La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.