Por Guillermo E. Rivera Millán

COLUMNA INVITADA

En Baja California, la protesta se estaba convirtiendo en un idioma común. Era la forma en que los ciudadanos estábamos haciendo resonar nuestras voces en medio del silencio institucional. Si el Estado no actuaba, se manifestaban. Las garitas se detenían, las avenidas se bloqueaban, las oficinas se tomaban. Desde Mexicali hasta Ensenada, la ciudadanía estaba en la transición de comprender que la manifestación no era una anomalía, sino una herramienta democrática. No era violencia: era exigencia.

En ese momento de efervescencia social, cuando las causas empezaban a visibilizarse —personas desaparecidas, salud, educación, justicia, electricidad, medio ambiente, pensiones— el Gobierno del Estado publicó el Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California. Se imprimió en el Periódico Oficial del Estado el 25 de julio de 2025 y entró en vigor al día siguiente, sin haber sido socializado previamente con la ciudadanía.

La omisión de foros, talleres o campañas informativas antes de su publicación oficial puede dejar a la comunidad en desconcierto. ¿Qué implica ahora manifestarse? ¿Qué requisitos existen? ¿Quién decide si una manifestación cumple o no con el nuevo marco normativo? Y más importante aún: ¿este protocolo incentiva el ejercicio del derecho a la protesta, o lo complica?

El documento establece que los ciudadanos deben informar con al menos 48 horas de anticipación sobre cualquier protesta pública. Se exige especificar nombre del responsable, ruta, duración, número estimado de participantes, y aceptar la presencia de observadores institucionales. Asimismo, los organizadores deben colaborar en un Plan de Atención elaborado por el Grupo de Coordinación. Estas obligaciones, lejos de facilitar el derecho, podrían volverlo dependiente de procedimientos que, en la práctica, inhiben la espontaneidad del reclamo social.

¿Y si la causa es inmediata? ¿Si desaparece alguien, si cortan la luz durante una ola de calor, si una escuela colapsa, si un activista es asesinado? ¿Se debe esperar a que se conforme un grupo, se evalúe el impacto, y se apruebe un protocolo para poder salir a exigir justicia? Estas preguntas no son capricho. Reflejan la tensión entre una institucionalidad que busca control y una ciudadanía que exige acción.

Sin embargo, manifestarse, incluso en tono elevado por la indignación colectiva, no debe confundirse con el vandalismo. Romper puertas, dañar edificios o incurrir en actos arbitrarios no fortalece la causa, sino que la distorsiona. Para eso ya existen normas como la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, que establece límites y sanciones cuando se sobrepasan. Una protesta firme puede ser vehemente, pero debe sostenerse en el respeto a los espacios públicos y a los derechos que la sustentan.

Lo más preocupante es que el protocolo aparece justo cuando Baja California empezaba a entender la protesta como mecanismo de participación, no como estorbo. A diferencia de Ciudad de México —donde este derecho ha evolucionado jurídicamente y culturalmente— en nuestro estado apenas se estaba gestando una identidad cívica basada en la manifestación. Y justo ahora, cuando la voz comenzaba a afinarse, se le impone un filtro.

El protocolo contempla un plazo de 30 días para capacitar al personal del Poder Ejecutivo. Pero ¿quién capacita a la ciudadanía para entender qué puede o no puede hacer? ¿Dónde están los materiales explicativos, las mesas de análisis, los manuales legales para manifestarse sin caer en sanciones? Sin esa dimensión social, el instrumento corre el riesgo de convertirse en herramienta de control, no en garantía de derechos.

Además, en esta nueva era, la manifestación no ocurre solamente en plazas: ocurre también en redes sociales. ¿Se contempla la protesta digital dentro del protocolo? No. Y sin ese reconocimiento, se corre el riesgo de que expresiones legítimas en plataformas virtuales sean fiscalizadas o censuradas sin criterios claros.

La manifestación no necesita permiso: necesita garantías. Y si el Estado quiere acompañar la protesta, debe hacerlo desde el entendimiento, no desde la vigilancia. El protocolo debe evolucionar hacia el respeto pleno de derechos humanos, incluyendo supervisión ciudadana real.

La ciudadanía tiene ahora dos caminos: someterse al procedimiento o apropiarse del conocimiento. Saber cómo funciona el protocolo, exigir que se aplique con perspectiva de derechos y no permitir que se convierta en excusa para censurar o desmovilizar, incluso impugnarlo legalmente.

Porque protestar no es delito. Protestar es democracia en voz alta.
Y si ese grito se quiere regular, la respuesta no debe ser el silencio, sino la organización.

Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.