A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.

La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.

La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.

La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.

La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.

Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.

“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.

García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.

“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.

La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.

Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.

Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.