Gerardo Rodríguez Ruiz, presidente del comité directivo municipal del partido político Somos, afirmó este martes que espera un porcentaje de votación del 10 por ciento en las elecciones de 2027.

Una tercera parte de las candidaturas serán para jóvenes menores de 35 años; otro tercio para perfiles con causa, como las madres buscadoras, y el resto para ciudadanos sobresalientes, aclarando que no tendrán cabida los corruptos, los narcotraficantes, ni los funcionarios públicos que son nocivos para el país, manifestó.

Comentó que el partido enfrentó una “odisea” de obstáculos por parte de las autoridades electorales para obtener su registro, y advirtió que opera en una clara desventaja frente a las demás fuerzas políticas que ya llevan meses en campaña.

Según explicó, mientras los demás partidos “desde hace meses ya empezaron sus campañas”, Somos apenas obtiene el reconocimiento formal tras cumplir con la legalidad. “Nos encontramos hoy en día en una gran desventaja. Por no existir pues piso parejo para todos”, señaló.

El partido recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo obligó de manera “autoritaria” a cambiar de nombre, emblema y color cuando aún se denominaba Somos México. Afirmó que esa decisión vulneró la voluntad de miles de ciudadanos que ya apoyaban la organización con esa identidad, la cual había operado durante 18 meses con autorización de la misma autoridad.

Sobre el sentido de su nacimiento, el partido sostuvo que surge “para defender las piezas fundamentales de una vida colectiva en paz, en libertad, en igualdad con derechos, con seguridad; sin patronazgos; de ciudadanos adultos e independientes”.

“Somos se propone convertirse en una acción ciudadana libre e inobservablemente crítica. Somos es una oposición, una oposición firme y escrupulosa que nace para enfrentar precisamente el autoritarismo, el populismo, el cinismo de la política en el gobierno y en el partido mayoritario”, opinó Rodríguez Ruiz.

El dirigente estuvo acompañado de Gloria Topete, de la secretaría de organización y desarrollo institucional, precisó que es necesario que los bajacalifornianos en conjunto estén atentos a la legalidad el día de las elecciones, por lo que convocan a la observación ciudadana y detener el retroceso de la democracia que se vive con el régimen político actual.

Ernesto Ruffo pertenece al consejo ciudadano nacional, no es militante ni está afiliado, aclaró el dirigente municipal. Verónica Ruffo ya se inscribió para la encuesta del PAN, según dijo la presidenta del PAN; “sabemos que las encuestas esas están medio raras”, agregó.

Otros miembros del partido presentes fueron Juanita Jiménez, de la secretaría de Igualdad; Imelda Arellano, secretaria de operación electora y alianzas; Ángel Urrea, secretario de Juventudes; Jorge Chacón, de sectores productivos; Heidi Pimentel, secretaria general del comité municipal; Marco Acosta, de finanzas; y Fernando García, secretario del Campo.

Después de años de inconformidades de los pescadores de San Felipe por las restricciones que limitan su actividad, el Gobierno estatal reconoció que las modificaciones a los polígonos de pesca apenas comienzan a abrir alternativas para el sector, en un proceso que todavía no contempla compensaciones económicas para las familias afectadas.

Juan José Pon Méndez, secretario general de Gobierno de Baja California, señaló que los cambios establecidos en el acuerdo del pasado 14 de octubre son resultado de un proceso prolongado de negociación en el que participaron pescadores, organizaciones no gubernamentales y autoridades nacionales e internacionales.

Cuestionado sobre por qué las modificaciones se concretaron hasta ahora, pese a que los pescadores de San Felipe llevan años manifestando su inconformidad, el funcionario argumentó que se trata de un asunto complejo por sus implicaciones ambientales y comerciales, que requiere la intervención de distintas instancias.

“No es fácil porque también es un tema internacional, entonces se ha venido trabajando, se ha venido escuchando”, respondió, al asegurar que el Gobierno estatal ha buscado respaldar al sector pesquero y evitar que las familias que dependen de esta actividad sean criminalizadas.

El funcionario sostuvo que el nuevo acuerdo representa un avance porque, además de modificar algunas restricciones, busca conciliar la conservación de la vaquita marina con la supervivencia económica de las comunidades pesqueras. Sin embargo, reconoció que todavía hay pendientes por resolver para atender las demandas del sector.

La modificación del acuerdo contempla la reducción de una parte del área de prohibición para el uso de redes de enmalle, la habilitación de una zona de aprovechamiento especial para actividades pesqueras con otras artes de pesca y la apertura de un canal de tránsito para las embarcaciones.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, este último cambio permitirá que los pescadores se trasladen hacia otras zonas sin tener que rodear un trayecto de aproximadamente 225 kilómetros, lo que representa un ahorro en el consumo de gasolina y diésel. No obstante, aclaró que el canal podrá utilizarse únicamente para el tránsito, sin realizar actividades de pesca dentro de la zona de cero tolerancia.

Asimismo, explicó que en el área de aprovechamiento especial podrán desarrollarse actividades distintas a la pesca con redes de enmalle, como la captura de almeja generosa, con el propósito de ampliar las alternativas productivas del sector.

Pon Méndez también defendió el acuerdo al señalar que la eliminación de una línea de restricción permitirá a México ajustarse a las normas internacionales y avanzar en las negociaciones con Estados Unidos para evitar el embargo camaronero.

Añadió que el cumplimiento de esas disposiciones podría facilitar el ingreso de productos pesqueros locales al mercado internacional y mejorar sus precios, aunque el funcionario reconoció que algunos pescadores consideran que los cambios no necesariamente se traducen en beneficios inmediatos, debido a que las áreas habilitadas podrían no contar con suficientes especies para capturar.

Ante ese escenario, aseguró que las mesas de trabajo continuarán para revisar las condiciones en las que quedó el nuevo polígono y definir cómo se desarrollarán las actividades pesqueras en adelante.

“Siempre al momento de haberse definido estos polígonos, sinceramente nunca se consideró proteger a una especie en extinción como es la vaquita marina, pero nunca se consideró la dignidad y la sobrevivencia de los pueblos pesqueros, en este caso de San Felipe, y hoy se está considerando”, declaró.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda atribuyó los avances a la coordinación con la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que el objetivo es proteger a la vaquita marina sin dejar de atender las necesidades de las comunidades que dependen de la pesca.

Por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y uso indebido de aeronave pilotada a distancia, Salvador “N” y Óscar “N” fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).

Estas personas fueron detenidas por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en Tijuana, Baja California, quienes aseguraron, además, dos controles remotos para operar un vehículo aéreo no tripulado, dos drones y un arma de fuego tipo pistola con su cargador y tres cartuchos.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de Salvador “N” y Óscar “N”, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada un plazo de dos meses de investigación complementaria.

A los mencionados se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.